MURCIA.- La fiscalía del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) se ha opuesto a que se utilice
el detector de mentiras durante la declaración del expresidente de la
Comunidad Autónoma de Murcia y exvicepresidente del Parlamento Europeo
Ramón Luis Valcárcel como investigado en el caso de la desalinizadora de
Escombreras.
El ministerio
público ha pedido al juzgado de instrucción que dirige la investigación
abierta por este presunto caso de corrupción que no atienda la solicitud
hecha en ese sentido por un letrado que ejercer la acusación
particular.
Y
añade que el detector de mentiras no constituye un medio de prueba
aceptado por los tribunales españoles, por lo que no procede estimar la
solicitud.
En su escrito de
solicitud de práctica de pruebas, el abogado Diego de Ramón pidió que
previamente a la declaración de Valcárcel, fijada para el 16 de marzo,
la gerencia de Justicia se dirigiera un centro de investigación de la
Universidad de Granada que ha estudiado el funcionamiento del detector
de mentiras con la técnica de la termografía.
El
ministerio fiscal se ha opuesto también a una segunda petición del
letrado, que reclamó que se llamara a declarar como testigo a Florentino
Pérez, presidente de la empresa ACS, la constructora de la
desalinizadora, al no considerarla necesaria por ahora.
En
cuanto a la petición de esta acusación particular de que se ampliara la
denuncia de la fiscalía a la Comunidad Autónoma de Murcia, el
ministerio público también considera que no procede.
El
que fuera presidente regional de Murcia fue citado a declarar en este
caso por una providencia dictada por el juzgado de instrucción el pasado
3 de febrero, que lo investiga por los presuntos delitos de
prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de
subvenciones.
Sostiene la
fiscalía en su denuncia que la construcción de la planta, cuya primera
piedra fue colocada en 2006, ideada desde la iniciativa privada, fue
asumida después por el gobierno regional con grave quebranto de los
fondos públicos, presuntamente.
Según
el contrato asumido por la administración regional, ésta se comprometía
a pagar 600 millones de euros durante 25 años a la constructora aunque
el volumen de agua consumido no llegase a las cifras inicialmente
previstas.
Esta causa, que
afecta solo a Valcárcel, es independiente de la que se tramita en otro
juzgado por la misma obra, en la que aparecen como investigadas varias
personas, entre ellas el que fue consejero de Agricultura y Agua del
gobierno murciano Antonio Cerdá.
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