MURCIA.- La ministra Teresa Ribera sigue sin pagarle a
Francisco Turrión los 12.000 euros correspondientes a los 6 meses y 5
días que estuvo suspendido de empleo y sueldo en 2018 cumpliendo tres
sanciones disciplinarias en la CHS por ser el autor del informe publicado por
Greenpeace "La trama del agua en la cuenca del segura, diez años
después". Sanciones declaradas nulas por sentencia del Juzgado N° 6 de
Murcia en febrero de 2019 y confirmada íntegramente después por el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en diciembre pasado.
"Como
le ha recordado a la Vicepresidenta del Gobierno -y ministra para la
Transición Ecológica y el reto Demográfico- el TSJ en esta última
sentencia, las sanciones disciplinarias declaradas nulas por el Juzgado
de lo Social en primera instancia no tienen recurso. Es decir, son
firmes desde el momento de la sentencia. Por tanto, desde hace más de un
año el hidrogeólogo de la CHS Francisco Turrión, debería tener
ingresado en su cuenta eso 12.000 euros de los salarios no percibidos,
satisfechas en la Seguridad Social las respectivas cuotas y haber podido
disfrutar de las vacaciones correspondientes a ese periodo.
Cosa
distinta es la indemnización de los otros 12.000 euros a la que condena
el Juzgado de lo Social n° 6 al Ministerio por los daños y perjuicios
causados al expedientado por indemnización que también ha sido confirmada por el TSJ, y
que si admite recurso ante el Tribunal Supremo en Casación por
Unificación de Doctrina.
Pero lo sorprendente, es
que el propio Abogado del Estado en su recurso de súplica ante el TSJ ni
siquiera cuestionaba dicha indemnización, se limitaba a decir que el
expediente disciplinario estaba bien instruido.
Pues
bien, para CCOO ha sido una sorpresa muy desagradable saber que la
Abogacía del Estado, suponemos que por orden de la ministra, ha
anunciado recurso ante el Tribunal Supremo. No nos preocupa el recurso
sobre la vulneración del derecho fundamental a la libertad de expresión,
que es lo único que cabe ya (no los salarios), sino la dilación del
proceso, los meses que van a seguir pasando hasta que Francisco Turrión
cobre dicha indemnización y los salarios (unos 24.000 euros totales)".
Para CCOO, "esta actitud del Ministerio de recurrir
algo tan evidente y consagrado en la doctrina del Tribunal
Constitucional y del Tribunal Supremo, como es el derecho a la libertad
de expresión, es una estrategia de alargar el acoso contra Francisco
Turrión, y manda un mensaje nítido a los funcionarios públicos de la
CHS: ya sabéis que el que hable y cuente posible irregularidades en la
gestión del agua de todos, no se lo vamos a poner fácil, aunque recurra a
los juzgados y éstos lo amparen.
Y tal actitud de
hostigamiento económico, pues es evidente que a cualquiera le hace
falta ese dinero de las 6 nóminas de 2018 que el compañero no ha cobrado
todavía en marzo de 2020, choca frontalmente con la Directiva 2019/1937
del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor el pasado 17
de diciembre, y que protege a los whistleblowers (los que "tocan el
silbato"), es decir los empleados que alertan a la sociedad de posibles
irregularidades sobre la gestión pública que nos perjudican a todos".
CCOO va a pedir una reunión urgente con la ministra
Teresa Ribera para que nos explique por qué no paga los 12.000 euros de
salarios a Francisco Turrión que no tienen recurso, y que jurisprudencia
ha encontrado para recurrir ante el Tribunal Supremo la meritada
sentencia del TSJ de Murcia, lo que va a dilatar el proceso varios años.
En caso de que no nos reciba, acudiremos al Defensor del Pueblo Europeo".
No hay comentarios:
Publicar un comentario