El 'caso Pokemon' llega a la Región con siete ex altos cargos bajo sospecha

MURCIA.- El 'caso Pokemon' llega a la Región con siete ex altos cargos bajo sospecha. La jueza de Lugo deriva a los juzgados de Murcia, Cartagena y Lorca las tres piezas del caso que investiga la supuesta corrupción en Aquagest para hacerse con contratos públicos.

Tres de esas piezas terminarán de instruirse en los juzgados de estas tres ciudades, donde se investigan presuntas prácticas ilegales cometidas en los ayuntamientos de estas tres ciudades, con el objetivo de favorecer la adjudicación de concursos públicos a Aquagest o Hidrogea.

Ha sido la magistrada cartagenera Pila de Lara, titular del juzgado número 1 de Lugo, la que a través de un auto deja constancia de que directivos de Aquagest estuvieron durante años recurriendo presuntamente a sobornos en todas sus modalidades, con el fin de gratificar a los cargos públicos y altos funcionarios "que bien directa o indirectamente han realizado actos para beneficiar a esta empresa".

El modus operandi consistía en influir sobre los técnicos que redactaban los pliegos de condiciones, utilizando incluso sociedades afines para simular que existía competencia en los contratos negociados sin publicidad.

Hay siete ex altos cargos investigados, que se habrían beneficiado de sus relaciones con Aquagest. Por ejemplo en Cartagena habrían disfrutado de viajes por España, Europa y América entre 2005 y 2012.

Bajo sospecha están la exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, la exconcejal cartagenera y antigua consejera de Sanidad, María Ángeles Palacios, los exediles Agustín Guillén, José Cabezos Navarro, José Vicente Albaladejo; el exconcejal de Murcia Joaquín Moya-Angeler, y el exconcejal lorquino Melchor Morales. 

El resto de los investigados son Sergio Miguel Soriano Ruiz y Enrique Font Martínez (por la trama del Ayuntamiento de Murcia); Antonio Jesús Navarro Reina, José Juan González Giménez y José María Padial Gallego (Consistorio de Cartagena), además del alto directivo de Aquagest Luis Rodolfo García Berenguer.

El 'caso Pokemon' investiga presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude, uso de información privilegiada, asociación ilícita y falsedades documentales.