A todas las cadenas televisivas, radios y periódicos
españoles nos gustaría que en la declaración del IRPF se nos destinara
una parte del 0,7% para mejorar la financiación. Acaso porque esto es lo
que está haciendo la Conferencia Episcopal Española con el canal Trece
TV, una empresa de la que los obispos son accionistas mayoritarios.
El Español cuenta este lunes cómo en las memorias financieras de los
obispos se detalla, por ejemplo, la forma en que se destinaron 20
millones de euros -de los 532 que recibió la Iglesia como asignación
tributaria en 2016 y 2017- para rescatar de la insolvencia a esta cadena
privada.
Es verdad que el de la televisión es un mercado muy distorsionado, marcado por la presencia de televisiones públicas como TVE o las autonómicas y por las prácticas anticompetitivas
de grandes grupos mediáticos como Atresmedia y Mediaset, que, no por
casualidad, tienen un expediente sancionador abierto por su praxis en la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Pero que estemos
ante un mercado que presentas deficiencias graves, no nos debe llevar a
aceptar estas prácticas ventajistas de la Iglesia en favor de su
cadena.
Concordato
Es indiscutible la penetración de la Iglesia
Católica en la sociedad española y, por ello, nos parece plenamente
justificada la existencia de un Concordato con la Santa Sede que se ha
venido perfeccionando y adaptando. Es por ello que en
la declaración de la Renta existe una casilla para que cada
contribuyente pueda donar el 0,7 % de sus impuestos a las actividades de
la Iglesia.
En el asunto que nos atañe, cierto es que el dinero
destinado a Trece TV no procede indiscriminadamente del erario público,
porque es el Estado el que recauda y es el contribuyente quien decide
destinar parte de sus impuestos a la Iglesia. Sin embargo, esa vía de
ingresos no puede utilizarse para actividades empresariales ajenas a los fines propios de la Iglesia: el culto y el clero.
Lo que no se puede tolerar es que las actividades
económicas de la Iglesia -en este caso la de una televisión- se
beneficien de privilegios empresariales sobre los que la Justicia
europea ya se ha pronunciado. En este sentido, el Tribunal de Justicia
de la UE entiende que una ayuda de Estado destinada a una actividad
empresarial privada -diferente a al culto o a la expresión religiosa- es incompatible con el Mercado Único.
En España, el Ayuntamiento de Getafe denegó la exención del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras a un colegio católico. Y
fueron los tribunales quienes le dieron la razón al consistorio
amparándose en la jurisprudencia europea.
Tribunales
Y si la Justicia es meridiana cuando se trata de un
colegio, que pudiera tener más encaje con la labor educativa de la
Iglesia, más grave resulta que quien se beneficie de esta financiación
privilegiada sea una cadena que compite con otros canales y medios. Una
televisión, además, que tiene una línea muy escorada a la derecha,
diferente de la posición política de gran parte de los católicos
españoles.
Lo sustancial es que la Iglesia debe tener una contabilidad separada para sus actividades empresariales. El
Gobierno y la Conferencia Episcopal deben clarificar la fórmula para
que lo que se dona a la Iglesia en la declaración de la Renta no sirva
para sanear las cuentas de una empresa televisiva.
No cabe duda de que cualquier medio tendría motivos para denunciar ante las autoridades de la Competencia el dumping que viene practicando la Conferencia Episcopal
en favor de Trece TV. Y más cuando no han sido pocas las televisiones
que han tenido que cerrar por carecer de estas ayudas, tan injustas para
la leal competencia como injustificables para los contribuyentes.
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