MURCIA.- El secretario general de CC OO en la Región, Santiago Navarro, denunció este martes que algunas organizaciones empresariales, sobre todo del sector primario,
están ejerciendo «presiones» a los sindicatos para que firmen
remuneraciones inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI),
cifrado en 900 euros mensuales en 2019.
En una rueda de prensa previa a la reunión de delegados de este sindicato en la comarca de Cartagena, en la que decidirán las movilizaciones que llevarán a cabo durante el 1 de mayo,
Navarro calificó de «miserable» la «actitud pobre» de empresarios como
los del tomate, que quieren fijar hasta el límite máximo de horas del
convenio con el fin de reducir en tres céntimos el coste por hora y trabajador.
El dirigente regional del sindicato censuró el «uso torticero» que están haciendo algunos empresarios para no cumplir la ley del SMI, que supone aumentar en hasta 400 euros el sueldo de hasta 55.000 trabajadores en la Región,
alcanzando los 900 euros mensuales. Además, duda de que, con esta
intención de «ningunear» a los representantes laborales, la patronal
cumpla el Acuerdo para el Impulso de la Negociación Colectiva en la
Región, firmado con CC OO y UGT el pasado 15 de marzo, y que establece
que, conforme se vayan renovando los acuerdos colectivos, en 2020 se
llegue a un salario mínimo por convenio de 1.000 euros mensuales, lo que
puede beneficiar a 130.000 trabajadores.
Navarro compara este comportamiento con el esfuerzo que hicieron los trabajadores en el último decenio, sufriendo pérdidas de poder adquisitivo de un 5%,
mientras que ahora se niegan a revalorizar los salarios en una media
del 2,8%, que se sumaría al 1,17% alcanzado en la renovación de acuerdos
en 2018. También advirtió de que siguen sin negociarse los nuevos
convenios de 32 de los 48 sectores de la Región.
Por otra parte, el líder regional de Comisiones Obreras afirmó que «no se ha avanzado en calidad y estabilidad»,
alertando de que sólo el 9% de los contratos firmados en 2018 son
indefinidos, de los cuales la gran parte corresponden a fijos
discontinuos o a tiempo parcial. Esta situación afecta especialmente a
las mujeres, que firman el 60% de este tipo de contrataciones, lo que
está «agrandando» la brecha de género.
Mientras, el delegado comarcal del sindicato, José Ibarra, advirtió de que hay debilidades en la economía cartagenera, como el aumento del paro desde mediados de 2018 en 1.500 personas,
hasta llegar a 17.159 a finales de marzo, un aumento que coincide con
el descenso de población en el municipio, que perdió 3.700 personas en
el último lustro.
Ibarra detalló que las tres grandes industrias
del municipio (Navantia, Repsol y Sabic) se mantienen «sólidas a corto
plazo» pero no se están preparando «adecuadamente» para los retos de la
cuarta revolución industrial, existiendo además un déficit de formación de los trabajadores y la falta de tejido industrial de tamaño medio en la comarca.
Finalmente, también puso el foco en la existencia de una «burbuja
agrícola» similar a la que vivió la construcción hace 15 años, la falta
de infraestructuras, la ausencia de un Plan General de Ordenación Urbana
que desbloquee la inversión industrial prevista, así como las
deficiencias en los sectores turístico y comercial, que no crean empleo.
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