CARTAGENA.- La hasta hoy inédita diputada regional del PP, Rosario Montero, expone
la necesidad de prevenir y combatir la trata y explotación de las
mujeres y niñas, garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad y
promover el acceso al trabajo decente.
Actualmente
existen 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente, de las
cuales la mitad son mujeres y niñas, especialmente vulnerables durante
el desplazamiento, por esta razón, la comisión de Sanidad y Asuntos
Sociales de la Asamblea Regional ha aprobado por unanimidad, una moción
del Partido Popular en la que se solicita al Gobierno de España que se
garanticen los derechos humanos de todas estas mujeres y niñas en
situación de migración.
La diputada ‘popular’ ha
explicado, durante la exposición de la iniciativa, es necesario “seguir
reforzando la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos y
con perspectiva de género a la gobernanza de la migración, que respete
la dignidad de todas estas personas durante todas las etapas de la
migración y proteja sus derechos de acuerdo con la legislación
internacional, incluidos los principios de igualdad y no
discriminación”.
Montero ha recordado que la
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible adoptada en 2015, solicita que
se facilite “la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y
responsables de las personas, también mediante la aplicación de
políticas de migración planificadas y bien gestionadas” e incluye el
compromiso de “aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñas a todos los niveles”.
Por
todas esta razones, la diputada del PP de la Región ha solicitado que
se desarrolle una política de migración con perspectiva de género y
basada en los derechos humanos, promoviendo esta en todas las etapas
migratorias, incluidas las de emergencia humanitaria.
Además,
también ha añadido con la iniciativa que se prevenga y combata la trata
y la explotación de las mujeres y las niñas, de conformidad con las
leyes, normas y principios internacionales sobre derechos humanos, que
se garantice el acceso de estas a servicios sanitarios de calidad y se
promueva el acceso al trabajo decente de las mismas.
De
esta manera, ha señalado Montero, “se reducirá el círculo de pobreza,
favoreciendo que las mujeres disfruten de una mejor situación económica y
sus hijos reciban mejor educación, gracias a lo cual se inicia un ciclo
de prosperidad que se extiende hasta generaciones futuras”.
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