MURCIA.- La relación del suegro del consejero Pedro Rivera, que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad con las empresas de ACS propietarias de la desaladora de Escombreras, no se limitó a la redacción del proyecto de la planta. Fue socio fundador y accionista de la empresa promotora hasta que en 2010 vendió su participación por 1.040.000 euros a una sociedad del grupo presidido por Florentino Pérez, según adelanta La Opinión.
A esta cantidad se suman también los honorarios que
cobró por la redacción del proyecto de la desaladora el ingeniero Juan
Jódar, que es uno de los casi treinta imputados en la investigación
judicial sobre los contratos firmados por el desaparecido Ente Público
del Agua con los promotores, entre los que figuran también varios socios
murcianos.
Cuando la acusación
particular pidió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras,
que apartara al consejero de la dirección de los Servicios Jurídicos que
defienden los intereses de la Administración regional en la causa, tal y
como informó La Opinión, el Ejecutivo respondió que el suegro del
consejero había hecho el proyecto técnico y había dejado de tener
relación con la planta en 2009.
La firma de acuerdos con los socios de la desaladora a principios de 2006 compromete a la Comunidad a pagar una cantidad anual que en este momento asciende a 18,5 millones para costear el funcionamiento de la desaladora a la empresa propietaria, Hydro Management de la que forma parte ACS y varios socios murcianos.
El contrato de arrendamiento que tiene la Comunidad establece una cláusula que obligaría a la Administración a adelantar los pagos correspondientes a los 25 años de vigencia pactados, además de las compensaciones por lucro cesante y otras penalizaciones, lo que elevarían el coste de la ruptura con los propietarios a más de 600 millones.
De hecho, Hydro Management llegó a reclamar esta cantidad en los tribunales al Ejecutivo regional en 2013, cuando la falta de ingresos provocó un retraso en los pagos, aunque el proceso quedó suspendido por un acuerdo entre las partes cuando el dinero procedente del FLA permitió saldar la deuda acumulada hasta entonces.
Pese a la relación mantenida por el suegro del consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad con los promotores de la planta que impusieron unas cláusulas consideradas «leoninas» por distintos juristas, el presidente del Ejecutivo regional se niega a quitarle estas competencias a Pedro Rivera.
Ahora, lo letrados de la acusación popular José Luis Mazón y Diego de Ramón han pedido al Juzgado de Instrucción nº 5 que investigue la venta de acciones de la empresa familiar administrada por el suegro del consejero a la sociedad del grupo ACS Cobra Concesiones.
Solicitan a la magistrada que requiera «a la mercantil Cobra para que aporte la información que posea sobre el pago a la mercantil familiar de Juan Jódar (Grupo Oleo) y los honorarios abonados al señor Jódar por dicha firma».
Esta operación aparece recogida en un apunte de las cuentas de Hydro Management correspondientes al año 2010, en las que queda constancia de la venta de las 99 acciones propiedad de la empresa familiar de Juan Jódar a Cobra Concesiones.
El momento es significativo porque en 2010 la Comunidad había asumido la totalidad de las acciones de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, que es la titular del contrato en el que se recogen las obligaciones con la propietaria de la planta.
El importe abonado por esta sociedad del grupo ACS ascendió a 1.040.000 euros y corresponde a la participación de Juan Jódar en el accionariado de Hydro Management. Tras la compra, Cobra pasó a convertirse en el socio mayoritario con el 79,63% de las acciones. En el Grupo Oleo aparece Juan Jódar como administrador, aunque también han estado al frente de la empresa su esposa y su hijo Manuel Jódar.
El Gobierno regional había dicho que el suegro del consejero se había desvinculado de la desaladora en 2009, un año antes de que la Comunidad asumiera la sociedad que heredó las condiciones impuestas por los promotores de la desaladora, lo que hace que la fecha exacta de la venta resulte crucial en la causa.
Por su parte, el consejero de Presidencia eludió pronunciarse sobre la investigación que ha solicitado al juez la acusación popular en el caso La Sal. Pedro Rivera manifestó que sus ocupaciones le impedían atender a esta redacción y remitió a la Oficina de Prensa.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 que investiga los contratos asumidos por la Comunidad y las obligaciones contraídas con las empresas promotoras de la desaladora de Escombreras, María del Mar Azuar, ha prohibido la venta a terceros de cualquier derecho sobre la planta en el auto en el que rechaza la intervención solicitada por la Fiscalía.
En la resolución difundida este miércoles, la magistrada deja clara «la prohibición de disponer de la planta desaladora de Escombreras», que deberá anotarse de forma preventiva en el Registro para evitar que pueda producirse la enajenación. «Dicha prohibición tiene una caducidad de cuatro años», según recoge el auto.
López Miras se la traga entera
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado tajantemente que no tiene intención de quitarle al consejero de Presidencia, Pedro Rivera, las competencias sobre los Servicios Jurídicos, a pesar de que sea el responsable de la actuación procesal de la Comunidad en la causa de la desaladora de Escombreras, en la que está imputado su suegro. La Administración regional está personada además en la investigación como perjudicada.
En su primera comparecencia como portavoz del Ejecutivo regional tras la marcha de la exconsejera Noelia Arroyo, López Miras dejó claro que no se ha planteado ni se va a plantear el traspaso de las competencias de Rivera a otra Consejería.
«No se puede cuestionar el trabajo y la voluntad de este Gobierno en defender el interés de la Región», agregó López Miras.
Sostiene que la representación procesal de la Comunidad Autónoma la lleva «la Dirección General de los Servicios Jurídicos; unos letrados de reconocido prestigio, que son los que plantean la defensa de los intereses de la Región de Murcia».
Hace un par de semanas, cuando este diario trató de conseguir que Pedro Rivera se pronunciara sobre su actuación como consejero a pesar de la relación de parentesco que guarda con uno de los imputados en la causa en la que está personada la Comunidad, el Ejecutivo regional contestó que «la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM, pese a ser un departamento estructuralmente adscrito a la Consejería de Presidencia, dispone de la representación procesal de toda la Administración regional de forma transversal».
Para el Ejecutivo la relación familiar entre Pedro Rivera y su suegro, el ingeniero imputado en el caso de la desaladora Juan Jódar no supone ninguna merma en la defensa de los intereses regionales. Defiende que «las actuaciones que llevan los letrados de la Dirección siempre se hace en aras de la defensa de los intereses de la Administración Pública como persona jurídica, que a la sazón son los intereses de todos los ciudadanos de la Región».
La firma de acuerdos con los socios de la desaladora a principios de 2006 compromete a la Comunidad a pagar una cantidad anual que en este momento asciende a 18,5 millones para costear el funcionamiento de la desaladora a la empresa propietaria, Hydro Management de la que forma parte ACS y varios socios murcianos.
El contrato de arrendamiento que tiene la Comunidad establece una cláusula que obligaría a la Administración a adelantar los pagos correspondientes a los 25 años de vigencia pactados, además de las compensaciones por lucro cesante y otras penalizaciones, lo que elevarían el coste de la ruptura con los propietarios a más de 600 millones.
De hecho, Hydro Management llegó a reclamar esta cantidad en los tribunales al Ejecutivo regional en 2013, cuando la falta de ingresos provocó un retraso en los pagos, aunque el proceso quedó suspendido por un acuerdo entre las partes cuando el dinero procedente del FLA permitió saldar la deuda acumulada hasta entonces.
Pese a la relación mantenida por el suegro del consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad con los promotores de la planta que impusieron unas cláusulas consideradas «leoninas» por distintos juristas, el presidente del Ejecutivo regional se niega a quitarle estas competencias a Pedro Rivera.
Ahora, lo letrados de la acusación popular José Luis Mazón y Diego de Ramón han pedido al Juzgado de Instrucción nº 5 que investigue la venta de acciones de la empresa familiar administrada por el suegro del consejero a la sociedad del grupo ACS Cobra Concesiones.
Solicitan a la magistrada que requiera «a la mercantil Cobra para que aporte la información que posea sobre el pago a la mercantil familiar de Juan Jódar (Grupo Oleo) y los honorarios abonados al señor Jódar por dicha firma».
Esta operación aparece recogida en un apunte de las cuentas de Hydro Management correspondientes al año 2010, en las que queda constancia de la venta de las 99 acciones propiedad de la empresa familiar de Juan Jódar a Cobra Concesiones.
El momento es significativo porque en 2010 la Comunidad había asumido la totalidad de las acciones de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, que es la titular del contrato en el que se recogen las obligaciones con la propietaria de la planta.
El importe abonado por esta sociedad del grupo ACS ascendió a 1.040.000 euros y corresponde a la participación de Juan Jódar en el accionariado de Hydro Management. Tras la compra, Cobra pasó a convertirse en el socio mayoritario con el 79,63% de las acciones. En el Grupo Oleo aparece Juan Jódar como administrador, aunque también han estado al frente de la empresa su esposa y su hijo Manuel Jódar.
El Gobierno regional había dicho que el suegro del consejero se había desvinculado de la desaladora en 2009, un año antes de que la Comunidad asumiera la sociedad que heredó las condiciones impuestas por los promotores de la desaladora, lo que hace que la fecha exacta de la venta resulte crucial en la causa.
Por su parte, el consejero de Presidencia eludió pronunciarse sobre la investigación que ha solicitado al juez la acusación popular en el caso La Sal. Pedro Rivera manifestó que sus ocupaciones le impedían atender a esta redacción y remitió a la Oficina de Prensa.
La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 que investiga los contratos asumidos por la Comunidad y las obligaciones contraídas con las empresas promotoras de la desaladora de Escombreras, María del Mar Azuar, ha prohibido la venta a terceros de cualquier derecho sobre la planta en el auto en el que rechaza la intervención solicitada por la Fiscalía.
En la resolución difundida este miércoles, la magistrada deja clara «la prohibición de disponer de la planta desaladora de Escombreras», que deberá anotarse de forma preventiva en el Registro para evitar que pueda producirse la enajenación. «Dicha prohibición tiene una caducidad de cuatro años», según recoge el auto.
López Miras se la traga entera
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha asegurado tajantemente que no tiene intención de quitarle al consejero de Presidencia, Pedro Rivera, las competencias sobre los Servicios Jurídicos, a pesar de que sea el responsable de la actuación procesal de la Comunidad en la causa de la desaladora de Escombreras, en la que está imputado su suegro. La Administración regional está personada además en la investigación como perjudicada.
En su primera comparecencia como portavoz del Ejecutivo regional tras la marcha de la exconsejera Noelia Arroyo, López Miras dejó claro que no se ha planteado ni se va a plantear el traspaso de las competencias de Rivera a otra Consejería.
«No se puede cuestionar el trabajo y la voluntad de este Gobierno en defender el interés de la Región», agregó López Miras.
Sostiene que la representación procesal de la Comunidad Autónoma la lleva «la Dirección General de los Servicios Jurídicos; unos letrados de reconocido prestigio, que son los que plantean la defensa de los intereses de la Región de Murcia».
Hace un par de semanas, cuando este diario trató de conseguir que Pedro Rivera se pronunciara sobre su actuación como consejero a pesar de la relación de parentesco que guarda con uno de los imputados en la causa en la que está personada la Comunidad, el Ejecutivo regional contestó que «la Dirección de los Servicios Jurídicos de la CARM, pese a ser un departamento estructuralmente adscrito a la Consejería de Presidencia, dispone de la representación procesal de toda la Administración regional de forma transversal».
Para el Ejecutivo la relación familiar entre Pedro Rivera y su suegro, el ingeniero imputado en el caso de la desaladora Juan Jódar no supone ninguna merma en la defensa de los intereses regionales. Defiende que «las actuaciones que llevan los letrados de la Dirección siempre se hace en aras de la defensa de los intereses de la Administración Pública como persona jurídica, que a la sazón son los intereses de todos los ciudadanos de la Región».
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