Zaplana declaró 744.562 euros de IRPF el año anterior a su detención

VALENCIA.- La apertura total del caso Erial ha revelado algunos datos sobre la situación económica del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, al margen de las actividades supuestamente ilícitas que se le atribuyen. El ex ministro defiende que su patrimonio es ajustado a sus ingresos y los de su esposa durante los últimos años, recuerda hoy El Mundo. 

En su último ejercicio fiscal declarado antes de su detención, en mayo de 2018, el ex ministro declaró a Hacienda unos ingresos anuales de 744.562,90 euros. Así consta en su declaración de la renta de 2017, incorporada a las actuaciones que dirige la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia Isabel Rodríguez.

A lo largo de la investigación, Zaplana siempre ha defendido que tanto su patrimonio como el de su familia -varios coches y pisos de lujo- se corresponden única y exclusivamente a sus ingresos oficiales. 

De hecho, el sumario incluye también un informe pericial que detalla la evolución de su patrimonio inmobiliario en que resume que sus ingresos entre 2001 y 2017 alcanzaron los 8,2 millones de euros. 

En el caso de su mujer, sus ganancias durante ese periodo ascendieron a 1,4millones de euros.

El informe es del despacho Ayuso Lainez&Monterrey y concluye que "los inmuebles que son o han sido propiedad del matrimonio entre Zaplana y Rosa Barceló se ha financiado con fondos procedentes de los ingresos del trabajo de ambos cónyuges, préstamos y el producto de las ventas y plusvalías obtenidas de las ventas de otros inmuebles". 

Incluye documentos que, según la defensa de Zaplana, justifican el origen de todo su patrimonio. De hecho, durante la instrucción, por ejemplo, se desbloqueó el embargo que pesaba sobre su domicilio de Benidorm, adquirido en 2015, tras considerarse acreditado que lo había comprado antes de que se desarrollaran los hechos por los que está siendo investigado.

Respecto a la renta de Zaplana , la cantidad debería incluir al menos tres conceptos: su salario como asesor en Telefónica, que nunca se ha hecho público y sobre el que la compañía tampoco da detalles ahora, tras su despido fulminante después de casi una década. Zaplana fichó en 2008 como delegado para Europa siendo presidente César Alierta. 

Cuando se conoció su detención, en mayo de 2018, la compañía informó de que suspendía «con carácter inmediato la relación laboral, en el área de Asuntos Públicos» que mantenía con él.

A ese salario se debían añadir, al menos, sus percepciones como consejero de Logista, heredera de Tabacalera, que ascenderían a unos 99.000 euros anuales desde 2012 hasta que él mismo dimitió el año pasado; y las percepciones derivadas de la actividad de la consultora Decuria Consulting, creada justo cuando abandonó la política y que, según informaciones basadas en las cuentas registradas, facturó 2,1 millones entre 2008 y 2015.

Los ingresos de Zaplana en la actividad privada multiplican con mucho el salario que percibía, por ejemplo, como presidente de la Generalitat (1995-2001), que superaba mínimamente los 60.000 euros. Como ministro añadió unos 13.000 euros más a esa cifra y algo más como diputado cuando acumuló el cargo de portavoz en el Congreso.

El ex ministro aportó a la juez una copia de su declaración de la renta y la de su mujer, Rosa Barceló, para solicitar, a finales de junio de 2018, el desbloqueo de su cuenta del Banco Sabadell para poder pagar el resultante de su declaración. En el caso de Rosa Barceló le salió a pagar 9.300 euros -declaró ingresos de 110.000 euros- y en el del ex presidente de la Generalitat también a pagar 2.554 euros.

En el entorno de Zaplana se prefiere no dar detalles sobre sus percepciones y se alega que se ha cumplido con Hacienda. Sin embargo, el sumario del «caso Erial» revela una estructura oculta a través de la que Zaplana canalizaría dinero obtenido ilícitamente.

La cantidad obtenida supuestamente por Zaplana a través del cobro de comisiones alcanzaría los 12 millones de euros que presuntamente le inyectaron, en parte, la familia Cotino a cambio de adjudicaciones de los Parques Eólicos Valencianos y la contrata del servicio de la ITV. 

Las cuentas oficiales de Zaplana coincidirían con el perfil que dibujó de él el abogado uruguayo Fernando Belhot, la persona que gestionaba en el extranjero el dinero de la trama en la que junto al ex ministro participaba sus dos hombres de confianza: Joaquín Barceló y Alfonso Grau.

En contra de lo que se sostiene contra él, el informe pericial en que se basa la defensa de Zaplana no sólo incluye su salario -debidamente acreditado ante Hacienda-, sino que el matrimonio obtuvo 2,6 millones de euros en plusvalías "tras las sucesivas compras y ventas realizadas por el matrimonio".

 Ademas, se acredita que los bienes inmuebles que al día de la fecha son de su propiedad son el piso en Madrid, cuyo precio de adquisición en 2018 fue de 1,8 millones de euros y el chalé de Benidorm, cuyo precio de compra en 1995 fue de 270.455 euros".

La declaración "clave"

En su declaración realizada por videoconferencia el 25 de enero de 2019 desde Uruguay-donde delató al ex jefe del Consell sin ningún tipo de miramiento- aseguró a los investigadores que se presentó, dijo, como un «empresario de éxito con un patrimonio personal y familiar importante y no quería exponerlo públicamente».

Según la declaración de Belhot, el 90% del dinero que le envió a Zaplana lo recibió en Madrid su secretaria, que también está investigada en la causa, a quien se lo entregaba «algún contacto con el exterior, o incluso algún amigo o chofer». 

En siete años de «colaboración» calcula que le hizo llegar 2,3 millones de euros, principalmente entre 2016 y 2017. Una llamada de Zaplana le aclaró que «todo había sido conforme».

Belhot presenta a Zaplana como la «figura protagónica», y sus dos colaboradores, según él, le indicaron que buscaban sus servicios «por la confidencialidad» que le caracterizaba, sobre todo «en atención a Eduardo Zaplana». Todo lo acordado iba a ser «verbal», no tenía nada firmado con ellos.

En esta línea, declaró que, a su juicio, Joaquín Barceló, conocido como Pachano era el hombre de paja del ex ministro y que tenía una sociedad panameña llamada Adua, titular de una cuenta en la Banca Privada de Andorra, en los que le habían hecho «una gestión espantosa» y había invertido un 60% en un banco griego que quebró.

Belhot admitió que la luxemburguesa Imison Internacional -la mercantil que crearon los Cotino para pagarle las mordidas al ex ministro- traspasó su actividad y titularidad a dos sociedades uruguayas, Disfey SA y Misnely SA, que el traspaso de fondos «lo decidió Zaplana». De hecho, en la primera parte destapada del sumario el pasado mes de febrero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil viajó al menos en dos ocasiones a Uruguay en el año 2009 y su estancia allí coincide con la creación de dos empresas opacas en las que ahora los investigadores buscan los 3,5 millones procedentes de sobornos que recibió de la familia Cotino que todavía no han conseguido localizar.

Fernando Belhot figuraba en la causa como investigado. De hecho, pesaba sobre él una orden de detención internacional que, en principio, habría quedado suspendida con su declaración por videoconferencia ante la juez. Belhot se ha mostrado colaborador con la investigación como estrategia de defensa.