MADRID.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe en la próxima reunión del Consejo de Ministros un real decreto que derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acorta los plazos de instrucción en los procedimientos judiciales.
Este
mismo martes, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha decidido retirar
su proposición de ley para derogar dicho artículo y ha urgido al
Ejecutivo «a que proceda a remediar esta situación por la vía del real
decreto, lo cual agilizaría el proceso», según manifestó la diputada
morada Gloria Elizo.
La UPF explicó en un comunicado que «la necesidad» de derogar este artículo, aprobado en 2015 por el entonces ministro de Justicia Rafael Català, «no es urgente, es imperiosa» porque «la impunidad no puede seguir campando a sus anchas».
El citado artículo redujo a 6 meses
la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para
investigaciones más complejas, lo que tanto para asociaciones de jueces y
fiscales como para algunos grupos parlamentarios desembocó en «la
impunidad de sonados casos de corrupción política».
«El 'caso Pasarelas' en la Región Murcia -en el que fue absuelto el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez-
el 'caso Colina roja' en Granada, el 'caso Conservatorio' en Ceuta o el
'caso de la Federación Española de Baloncesto' son ejemplos de presunta
corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de
instrucción», precisa el comunicado.
Para la UPF, en lo que queda
de legislatura «hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real
Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia
española».
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