CARTAGENA.- El juez José Yusty Basterrache, que ha paralizado hoy la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, es un viejo conocido en Cartagena por pertenecer a dos ilustres familias de la Armada española relacionadas con la antigua Zona Marítima del Mediterráneo.
Y es que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid ha suspendido hoy de forma provisional el informe del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que concedía la licencia urbanística para llevar a cabo la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
En un auto con fecha 25 de febrero el juez José Yusty Basterrache paraliza cautelarmente la licencia de obras tras una demanda particular.
El
magistrado impugna el informe del consistorio de fecha 26 de noviembre
de 2018 por el que se declaraba "admisibles las actuaciones urbanísticas
consistentes en levantado del pavimento de mármol, retirada de la losa
de piedra que cubre la sepultura de Francisco Franco" y su "traslado a
otro lugar".
El juez argumenta que el acuerdo del Consejo de Ministros
del 15 de febrero de 2019 implica la "inminencia de la citada
exhumación" con las obras y subraya que en el "caso de autos no se
aprecia especial urgencia" para exhumar a Franco que lleva en el Valle
de los Caídos 44 años.
Posteriormente apunta que lo "realmente importante" de la demanda es que "a falta de expediente administrativo", que
no disponen de ello, dudan que las obras sean "conformes a la legalidad
vigentes" y si se pueden efectuar "con seguridad para las personas".
"Es
decisivo recordar que se trata de remover unas losas de mármol que, a
su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso",
advierte al tiempo que vislumbran un "riesgo evidente".
Se
apoya el juez en un dictamen pericial de dos arquitectos, José Ismael
de la Barba Palacio y Enrique Porto Rey, que plantea que en la
documentación aportada "falta un riguroso análisis de la seguridad,
estabilidad e instalaciones subterráneas que puede existir bajo la
sepultura de Franco".
"Una decisión del Consejo de Ministros, por legítima y conforme a la legalidad que sea, lo que aquí no se cuestiona, no puede ejecutarse sin las garantías técnicas y mecánicas
que puedan poner en peligro la vida o la integridad física de los
técnicos u operarios", apostilla al tiempo que apunta al artículo 1º de
la Constitución sobre la vida humana.
Contra
el auto no cabe recurso y es firme aunque el Ayuntamiento de San
Lorenzo tiene tres días para que "alegue lo que a su derecho proceda".
El
auto lo ha dictado el juez Yusti, quien en 2007 redactó un artículo
titulado 'Gobierno y armada española en la monarquía absoluta' en el que
acusaba al entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero de revivir "con oscuras intenciones todos los hechos y
situaciones que llevaron a nuestra patria a aquellos momentos
difíciles", en relación a la ley de Memoria Histórica.
Es también el mismo juez que en 2017 prohibió un acto previsto a favor del referéndum soberanista del 1-O
en un local municipal de Madrid y planteó que la libertad de expresión
se puede ejercer en cines, teatros o en la calle y plazas, pero no en un
espacio cedido por el Ayuntamiento.
José Yusty Bastarreche nació en Madrid en 1953, y se licenció en
Derecho en la Universidad Autónoma en 1976. Ingresó en el Cuerpo de
Secretarios Judiciales en 1981, sirviendo destinos en Plasencia
(Cáceres), Albacete y Madrid, y en 1992 accedió a la categoría de
Magistrado por el turno de juristas de reconocida competencia, y ha
estado destinado en Pontevedra aunque desde 1998 en el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo nº 3 de Madrid.
Ha sido profesor de Derecho Administrativo en la UAM desde el curso
1986-87, de la Escola Galega de Administración Pública (1993-1998), y de
la Escuela Naval Militar (1995-1998), y participa asiduamente en los
cursos de doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos.
El Gobierno dice seguir con los trámites
El Gobierno ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos pueden "retrasar" la fase final del traslado de los restos.
Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales".
Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión -tiene contabilizadas doce-, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo.
En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -como el que ha dictado el auto- "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".
Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones.
"Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.
Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido hoy es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.
En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.
Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno -como ha ocurrido en este caso- dé la razón a la parte demandante.
El Gobierno admite que todos estos procedimientos pueden acabar retrasando la fase final para hacer efectiva la exhumación de Franco. Fase en la que aún no se está, recuerda Moncloa, porque aún quedan trámites administrativos.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar "nada" respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente.
El Gobierno dice seguir con los trámites
El Gobierno ha lamentado este martes el "obstruccionismo" que está practicando el "entorno" de Francisco Franco para evitar la exhumación del dictador presentando numerosas demandas judiciales, y ha admitido que estos procedimientos pueden "retrasar" la fase final del traslado de los restos.
Tras conocer este auto, el Gobierno ha recalcado que el expediente de exhumación de Franco sigue su curso "con absoluta normalidad, cumpliendo la ley y observando los plazos y resto de garantías procedimentales".
Ha admitido no obstante que las numerosas demandas judiciales que piden la suspensión -tiene contabilizadas doce-, cualquiera que sea su resultado, podrían retrasar la fase final de la ejecución del acuerdo de exhumación.
Fuentes del Ejecutivo han explicado que la Abogacía del Estado está trabajando desde hace días en la posibilidad de acumular todos estos procedimientos judiciales en uno solo.
En el Gobierno consideran que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo -como el que ha dictado el auto- "no son competentes para resolver sobre los acuerdos que adopta el Consejo de Ministros, sino el Tribunal Supremo".
Además critican desde Moncloa que el auto declara la suspensión cautelarísima de las actuaciones urbanísticas "sin ni siquiera haber escuchado al Ayuntamiento", al que da ahora tres días para que presente alegaciones.
"Estamos en presencia de un nuevo ejemplo del obstruccionismo que el entorno del dictador Franco está practicando con la decisión de un Parlamento y un Gobierno democrático, que fue la exhumación del dictador de una tumba de Estado como es la Basílica del Valle de los Caídos", lamentan desde el Gobierno.
Hasta la fecha le constan al Ejecutivo doce demandas judiciales. Según subraya, en siete de ellas se han rechazado ya las medidas cautelarísimas, y el caso conocido hoy es el único en el que el juzgado admite unas cautelares urgentes sin escuchar a la otra parte.
En el Gobierno están "convencidos" de que cuando el juzgado escuche al Ayuntamiento y sus argumentaciones dictará una resolución tanto en la pieza de medidas cautelares como en la sentencia sobre el fondo del asunto.
Moncloa considera en cualquier caso que tantas demandas individuales con la misma fundamentación jurídica solo buscan una cosa, obligar a que sean muchos los juzgados que deban conocer sobre este asunto para aumentar las probabilidades de que alguno -como ha ocurrido en este caso- dé la razón a la parte demandante.
El Gobierno admite que todos estos procedimientos pueden acabar retrasando la fase final para hacer efectiva la exhumación de Franco. Fase en la que aún no se está, recuerda Moncloa, porque aún quedan trámites administrativos.
En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este martes, al llegar a la presentación de la Fundación Pedro Zerolo, que la decisión del juzgado no va a paralizar "nada" respecto a la exhumación de Franco, pese a que la licencia urbanística para llevarla a cabo ha sido suspendida cautelarmente.
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