En estos últimos tiempos estamos
asistiendo a comportamientos de las dos grandes fuerzas políticas (PP y
PSOE), ambas soporte durante décadas del Régimen del 78, que vendrían a
poner de manifiesto el listón tan sumamente bajo que aquél presenta a la
hora de conformar sus propios límites éticos. Podría decirse que se
precipita la descomposición moral de un sistema político, mientras que
la descomposición política a fecha de hoy ni está ni se la espera.
Efectivamente, a la par que todo este estado de cosas se hunde en el
descrédito, las inteligentes maniobras del bipartidismo están
posibilitando que sus bases electorales y sociales se hayan recuperado
respecto del período anterior.
Esta
asimetría entre los planos político y moral se evidencia en el proceso
que conduce a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y los
comportamientos políticos que posteriormente exhibe el ejecutivo
socialista. El secretario general del PSOE accede a la Moncloa de la
mano de una amplia coalición que podríamos denominar republicana, que en
lo fundamental plantea una recusación del entramado corrupto que define
el quehacer político del PP. Es decir, se trata más de un movimiento
regeneracionista que de un apoyo político al PSOE, hasta el punto de que
su candidato a la presidencia del Gobierno, durante el debate de
investidura, ni siquiera se molesta en esbozar un programa sobre el que
concitar los apoyos parlamentarios.
Una
vez en el gobierno, Sánchez y sus colaboradores se dan de bruces con
ese listón ético porque está tan bajo, que enseguida te golpeas con él
en la cabeza. Y en este ámbito hay dos cuestiones paradigmáticas. En
primer lugar, está el asunto de la publicación de los beneficiarios de
la amnistía fiscal. El presidente del Gobierno, que en la oposición
aseguraba que ésa sería su primera medida, ahora dice que no es posible.
Pero es el director de la Agencia Tributaria quien afirma que, con una
pequeña modificación legal, esos nombres serían publicables. Es más:
técnicos de Hacienda y juristas afirman que de ese listado, ya se podría
conocer el nombre de aquéllos que se consideraran defraudadores.
El
sistema le ha dicho al PSOE que no permite que representantes de fuerzas
políticas, mundo empresarial y Casa Real queden con sus vergüenzas
expuestas. Y Sánchez ha acatado. También ha mostrado sumisión en el caso
de las cintas de Corina, impidiendo que el parlamento investigue al rey
emérito, a pesar de las evidencias de comportamiento irregular y
fraudulento que este personaje exhibe. En definitiva, el gobierno está
optando por mantener los fundamentos del Régimen aunque ello represente
la consolidación de espacios de impunidad, es decir, de personas y
colectivos para quienes no rige el imperio de la ley.
En
el PP de Casado también hemos visto esto últimos días algún fenómeno
que sólo te puedes encontrar en este país, como tantas otras cosas.
Resulta que el principal partido de la oposición y de la derecha elige
como presidente a una persona que indiciariamente habría obtenido, tanto
la titulación de la carrera como del máster, de manera fraudulenta.
Parece incluso que avanza la posibilidad de ser imputado por este
último. La prensa británica se echaba las manos a la cabeza cuando
describía cómo un partido español muy relevante ponía a su cabeza a
alguien que muy posiblemente habría delinquido para obtener
titulaciones.
Estamos, por
consiguiente, ante una suerte de democracia inmoral y, por tanto,
lastrada y muy imperfecta, donde la exacción de la ciudadanía, propia de
cualquier sistema capitalista, se produce preferentemente por medios
ilegales. Es decir, las élites roban saltándose la propia ley, aunque
también al amparo de ella, como ocurre en lo tocante a la inviolabilidad
de la figura del rey, haga éste lo que haga.
Y aunque esto hoy no
tiene su traducción en lo político (tanto PP como PSOE suben su
intención de voto), llegará el momento en que la crisis ética, espoleada
además por la precariedad social, encuentre su par en una crisis
política de grandes dimensiones.
(*) Profesor
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