MADRID.- El ministro de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro, ha anunciado este miércoles en el Congreso
de los Diputados que el Gobierno distribuirá un total de 12.152 millones
de euros a las comunidades autónomas a través del Fondo de Liquidez
Autonómica (FLA) y de la Facilidad Financiera. Cataluña, tutelada por
Moncloa a través del artículo 155 de la Constitución, volverá a ser la mayor beneficiaria
de la cantidad y recibirá más del 25% de estos fondos, con 3.477
millones. Ese dinero, dijo Montoro, "ha servido para que estas
administraciones puedan atender hospitales y colegios y pagar a
proveedores", matiza hoy elEconomista.
El
titular de Hacienda comparecía en la Cámara Baja para dar cuenta de la
marcha de la nueva financiación autonómica, si bien dejó pocos titulares
en este sentido. Prefirió referirse a las medidas puestas en marcha por
su gabinete para afrontar la mala situación en que la financiación de
2009 dejó a las arcas regionales, y recordó que los fondos de liquidez
han repartido desde su puesta en marcha nada menos que 251.000 millones
de euros para atender compromisos de pago.
Respecto a la propia
financiación, Montoro insistió en que este año las comunidades recibirán
4.000 millones más que el año pasado por el incremento de la recaudación,
por lo que en conjunto estas administraciones captarán recursos por
valor total de 104.000 millones. De ahí que de cara al nuevo sistema
Hacienda no tenga intención de aumentar el dinero a poner encima de la
mesa, puesto que es el propio crecimiento y la subida de ingresos la que
está engordando las arcas. "Los recursos ya están creciendo a un ritmo
del 6,7%", remachó.
Y
es en este punto donde el ministro sorprendió, aceptando la posibilidad
por primera vez de aceptar quitas de deuda autonómica. "Tenemos que ver
qué hacemos con la deuda de las comunidades autónomas y más aún, de la
parte de la deuda que se debe al Estado y que ha sido generada por una
financiación insuficiente", señaló. Esta, la de las quitas, es una
demanda constante de las comunidades del Arco Mediterráneo, Andalucía y
Castilla-La Mancha, y cabe recordar en este punto que, por concepto de
FLA, las autonomías deben al Estado más de 170.000 millones de euros.
Este momento, por efecto de la
recuperación, por el aumento de más de un 6% de los ingresos y de las
buenas perspectivas a medio plazo, "es el propicio para que reformemos el sistema
y no cometamos los mismos errores que se cometieron en 2009". Montoro
se refería a la reforma del último Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero, cerrada en plena crisis económica y en la que el Ejecutivo de
entonces regó a las autonomías con 11.000 millones de euros más cuando
lo que pedían Europa, España y la propia economía eran "prudencia y
austeridad".
En este sentido, y para reformar
la financiación "en el plazo más breve que sea posible", el titular de
Hacienda llamó a la oposición a alcanzar un pacto para que los efectos de la recuperación se noten en todas las administraciones.
"Hablamos de dar estabilidad y fortaleza a una parte muy importante del
Estado de Bienestar", arguyó, en referencia a la educación, la sanidad y
las prestaciones sociales.
El futuro sistema, dijo Montoro,
deberá sustentarse en los principios de suficiencia, garantía de acceso a
los servicios, transparencia, respeto a la estabilidad presupuestaria y
equidad. Ahora mismo está siendo evaluado por el Comité Técnico de
Evaluación del Consejo de Política Fiscal, en el que se sientan las
administraciones y también la Autoridad Fiscal.
"Es muy importante que
el sistema garantice un mismo nivel de servicios públicos, sobre todo
teniendo en cuenta las diferencias en PIB per cápita entre las
autonomías", continuó, deslizando que las regiones más ricas tendrán que
seguir contribuyendo más a la caja común. Reducir la brecha del
desarrollo económico es, a juicio de Hacienda, "una asignatura
pendiente".
El ministro de Hacienda también tuvo palabras de agradecimiento para las administraciones regionales por la enorme reducción del déficit,
que a finales del año 2017 se habría situado "considerablemente por
debajo del 0,6%" que había fijado el Consejo de Política Fiscal y
Financiera. En este sentido, cabe destacar que es la primera vez desde
que hay controles en que la administración autonómica cumple el límite
de desvío que le impone anualmente el Estado.
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