MURCIA.- La Federación Regional de Organizaciones Empresariales del Transporte
de Murcia (Froet) responsabilizó hoy a la Administración regional y
administraciones locales sobre el hecho de que una parte de las empresas
concesionarias para la prestación del servicio de transporte escolar
carezcan de la correspondiente autorización administrativa, ya que la
"complejidad" del sistema establecido "alarga injustificadamente" los
tiempos de otorgamiento de las licencias.
De esta forma, Froet quiere aclarar los datos relativos a la Campaña
de Vigilancia sobre los Autobuses Escolares puesta en marcha por la
Dirección General de Tráfico (DGT), según los cuales la mayor parte de
irregularidades detectadas se corresponden con la carencia de
autorización para prestar el servicio de transporte escolar.
En este sentido, Froet lamenta que "se esté trasladando una imagen
negativa del sector" y sembrando "la duda e incertidumbre" entre los
padres de los alumnos que utilizan el transporte escolar, cuando se
trata de una situación "en nada achacable a las empresas del sector" que
solicitan las autorizaciones con meses de antelación al inicio del
curso.
La patronal regional del transporte detalló que este servicio se
presta con el conocimiento y el consentimiento tanto de las consejerías
de Educación y de Fomento, como de los respectivos ayuntamientos, y que
la necesidad de modificar el sistema actual de concesión es una
reivindicación del sector que, incluso, ya se puso de manifiesto
públicamente en términos similares el pasado año.
Y es que, el modelo vigente requiere una solicitud previa a cada
ayuntamiento o a la Dirección General de Transportes, que se realiza
entre junio y julio con el itinerario del curso escolar anterior,
acompañando de la documentación técnica sobre el estado del vehículo, de
los conductores y el resguardo del abono de la tasa correspondiente.
Una vez fijado el recorrido exacto, las paradas y el número de
alumnos por cada centro escolar, estos dan traslado de la información a
la Consejería de Educación, ésta a los transportistas y éstos a su vez a
los respectivos ayuntamientos o a Fomento, para incorporarlos al
expediente y obtener la autorización.
A continuación, los ayuntamientos o
Fomento requieren el informe favorable de las paradas señaladas a la
Jefatura de Tráfico; una vez obtenido el informe se traslada al
expediente y, si este es favorable, se otorga la autorización.
El
secretario general de Froet, Manuel Pérezcarro, señaló que "pese a que
los transportistas solicitan la autorización en tiempo y forma, lo
farragoso del sistema hace que nunca se inicien los servicios de
transporte escolar con la preceptiva autorización en vigor".
Asimismo, Froet puntualizó, respecto a las denuncias por carencia del
seguro de responsabilidad ilimitada, que actualmente ya no es
obligatorio llevar el recibo de pago junto a la documentación del
vehículo, puesto que la Guardia Civil puede comprobar 'in situ' si está
en vigor o no.
Sin embargo, las policías locales no disponen de este
sistema informático, lo que se traduce en una denuncia si el conductor
no muestra el justificante de pago de la prima.
Por otra parte, los
seguros no pueden ser de responsabilidad civil ilimitada, ya que no se
admite por las compañías de seguros, estando fijada la responsabilidad
máxima en 50 millones de euros, de conformidad con lo exigido por la
Dirección General de Transportes por carretera del Ministerio de
Fomento, por lo que puede haber una desinformación por parte de las
autoridades de tráfico en este sentido.
Para Froet, medidas como la campaña de Control del Transporte Escolar
son positivas y coinciden en con las reivindicaciones del sector, cuyo
caballo de batalla es lograr una modificación de la actual normativa
para poder atajar además los casos de positivos en alcohol y drogas por
parte de conductores profesionales.
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