En la era de la "democracia mediática" reina la convicción de que, a través del agenda setting
y otros paradigmas de la comunicación, los medios ocultan, tergiversan
la realidad, la manipulan al servicio de la clase o banda dominante. Y
siempre desde el mismo supuesto: quien se opone al orden constituido,
interpretado por el gobierno es un loco, un corrupto (sic) o un
delincuente, desde rebelde a terrorista, según el libre parecer de los
jueces.
Paradójicamente,
una de las teorías que la derecha suele esgrimir para justificar las
políticas reaccionarias anticrisis, consistentes en enriquecer a los
ricos y empobrecer a los pobres (el llamado "efecto Mateo") es la del
"goteo" (trickle down), según la cual, del enriquecimiento de los
ricos rebosa siempre algo que cae para beneficio de los pobres. Teoría
tan nueva que ya está en los evangelios, en la parábola del rico Epulón y
el pobre Lázaro.
Con los medios sucede lo mismo. La interpretación
mediática hegemónica es delirantemente maniquea: el orden es justo e
inmaculado (lo llaman contra toda evidencia "Estado de derecho") y
quienes a él se oponen son delincuentes movidos por las más repugnantes
ambiciones. Es de risa ver a los sabuesos de Hacienda preguntando con
qué dineros se han pagado unas esteladas colgadas en el balcón
municipal. La misma Hacienda que amnistía a los defraudadores y no
publica sus identidades.
Trickle down.
Es imposible evitar el impacto mediático de un caso como el de Mireia
Boya que destruye de golpe toda la estrategia narrativa del B155 y de
los medios. ¿Repugnantes ambiciones? ¿Junqueras y sus compañeros? ¿Mas y
las suyas? ¿Puigdemont y las suyas? Para tragarse tanta villanía
interpretativa (que si Puigdemont alquila un palacete, que si las
instituciones pagan los gastos y fastos de la independencia, que si
fulano cobraba esto o mengana aquello) hacen falta las tragaderas de
Gargantúa. Ya para tragarse que la motivación de Boya se encaja en
alguna de esas figuras delictivas hacen falta las de Gargantúa y
Pantagruel juntas.
Léanse
las declaraciones de Boya en vísperas de la comparecencia y dígase si
no se resumen en lo siguiente: "Yo no he cometido delito alguno. No hay
violencia. Se me condena por mis ideas independentistas. Si voy a la
cárcel será una condena injusta y yo, la víctima de un delito. De la
cárcel me sacará la República Catalana." Lo último es una apostilla
política de mi cosecha pero que traduce bastante bien la consecuencia de
la actitud de Boya porque es esta, precisamente, la que materializa la República Catalana. No es una declaración. Es una profecía. Hecha en virtud de algo que los villanos mediáticos ni huelen.
Mireia
Boya es un símbolo que eleva un grado más la intensidad de este
conflicto. Con 900 causas pendientes en toda Catalunya y las que los
jueces vayan aflorando en sus actividades particulares, además de un
símbolo, es un faro, que orienta la acción de quienes vienen detrás,
igual que Boya viene detrás de los Junqueras y estos de los Jordis.
¿Cuándo entenderán que esto no es cosa de policías antidisturbios, ni de
espías de pacotilla, ni de jueces comisarios, ni de diplomáticos
camaleónicos? ¿Cuándo se darán cuenta de que es una revolución cívica,
sostenida por una amplia base social, institucional y hasta económica?
Dan risa las cuitas de los medios gubernamentales (todos) por profetizar
la ruina económica al territorio que acaban de declarar los inversores
internacionales como el más interesante para invertir.
No
le hacía falta al movimiento indepe, pero Mireia Boya ha confirmado de
modo aplastante su impulso moral. Y ha abierto de par en par las puertas
a su triunfo. La manera segura de destruir este proceso político es
demostrar que lo es.
La
Constitución no exige su acatamiento a los ciudadanos a los que, sin
embargo, protege protegiendo, entre otras, su libertad de expresión.
Cualquiera puede expresar desacato a la Constitución y propugnarlo,
siempre que no lo haga por medios violentos. Si, no habiendo violencia,
se condena a alguien, se le/la condena por no acatar la Constitución. Y
eso es injusto. Y delictivo. E inútil, porque habría que procesar a
todos los independes, a los republicanos, a los monárquicos de otras
familias, a los ácratas, a todos quienes propugnen pacíficamente cambios
que no gusten a los jueces y a los gobernantes en nefanda coyunda.
Mi artículo de elMón.cat de hoy, así titulado, La dictadura espanyola y la democràcia catalana.
La putrefacción del absurdo régimen español puesto en pie durante la
transición es hoy evidente a los ojos de todo el mundo. Lo que ha pasado
será objeto de numerosos estudios de historia. Cómo un régimen dotado
de una Constitución hecha por sesudos legistas, que contaba con un apoyo
social multitudinario y las simpatías del exterior, se ha convertido en
una sórdida dictadura unipersonal de un indeseable al frente de una
banda de ladrones dedicada a saquear el país.
Una organización que
empezó beneficiando al Rey anterior, (cuya fortuna de 1.800.millones de
euros nadie ha explicado todavía) y ha seguido hasta el último concejal
pepero de pueblo que se llevaba las cucharillas de los banquetes. En
medio, todos los dirigentes del PP, empezando por M. Rajoy (a) el Sobresueldos.
Cómplice de este expolio a cargo del crimen organizado, de una mafia
que se cobra sus venganzas, los partidos de la oposición, especialmente
el PSOE que también tiene lo suyo robado en Andalucía a cuenta de los
EREs, razón por la cual no solamente no hace oposición sino que apoya
activamente a este gobierno corrupto, lo protege e impide que se
investiguen sus crímenes.
Así
ha sido posible llegar a esta situación insólita en el mundo
occidental: un presidente corrupto, unos ministros reprobados que van
dando lecciones de ética, un gobierno implicado en todo tipo de
ilegalidades y juego sucio contra los adversarios, unos medios de
comunicación literalmente a sueldo del gobierno y dedicados a mentir sin
pudor alguno y un poder judicial indigno de tal nombre, compuesto por
jueces siervos de los caprichos de los políticos que están instruyendo
una causa política contra el independentismo y contra los principios
elementales de la justicia.
Algún
día coseguiremos poner nombre a esta desgracia de sinvergüenzas que ha
caído sobre España como una plaga de Egipto: dictadura fascista es poco.
Acabaremos consiguiéndolo. Y, por cierto, si lo conseguimos, será
gracias a los catalanes porque a miseria moral e intelectual, cobardía,
egolatría y estupidez no gana nadie a la izquierda española.
Aquí,
el texto del artículo en castellano, un intento de ofrecer un cuadro de
conjunto de esta catástrofe de España gobernada por auténticos
sinvergüenzas.
La dictadura española y la democracia catalana
El
conflicto en marcha sobre la investidura de Carles Puigdemont como
legítimo presidente de la Generalitat pone de relieve la muy distinta
naturaleza de los contendientes y sus recursos
La
condición de España como Estado de derecho nunca ha sido muy clara
pero, al día de hoy, es inexistente. Gracias a la aplicación del 155 y
circunstancias concomitantes, España es una dictadura, porque dictadura
es el régimen que concentra todo el poder en el ejecutivo (y en la
voluntad de su jefe o presidente que lo es de una auténtica banda de
malhechores), anulando el legislativo y el judicial, que está a sus
órdenes. La dictadura se apoya además en un control absoluto de los
medios de comunicación, al servicio incondicional de la política del
gobierno.
La
dictadura goza del apoyo de la oposición. Apoyo activo en el caso del
PSOE, convertido en el botones del PP; así como de C’s que es la cara
falangista de la derecha oligárquica; y pasivo en el caso de Podemos,
cuya fraseología revolucionaria se detiene en el umbral del “todo por la
Patria” de los cuarteles de la derecha.
Su
método de acción interior es la asfixia económica y la persecución
política del adversario. La guerra sucia del Ministerio del Interior, la
continuas amenazas a los adversarios políticos, las prohibiciones
arbitrarias, las manipulaciones de los medios, van a la par con las
medidas restrictivas de la Hacienda Pública que, no solo permite y
ampara el fraude sistemático de los ricos al erario sino que hurta los
dineros propios de la Generalitat catalana para penalizarla
económicamente e impedir que sus organismos realicen su función.
En
el exterior, la dictadura española se vale igualmente de todos los
medios, legales o ilegales, para obstaculizar la acción de la
Generalitat. El gobierno presiona bajo cuerda a las autoridades de la UE
y las de Bélgica en concreto en contra de la presencia del president
Puigdemont en Bruselas, lo persigue diplomáticamente, lo espía
ilegalmente y trata de impedir que ejerza la función de que es titular
legítimo en conexión con el Parlament que quiere elegirlo.
Igualmente
malversa ingentes cantidades de dineros públicos en sobornar voluntades
exteriores para que no se solidaricen con el independentismo catalán y
decir así que este está aislado internacionalmente. El caso más
bochornoso, el de las tropas españolas desplegadas en la frontera de
Letonia con Rusia y Bielorrusia para silenciar el apoyo letón a
Catalunya.
La
dictadura española corona su infame acción anticatalana valiéndose de
unos jueces a sus órdenes para dar una pátina jurídica a lo que no es
más que una persecución política. El independentismo no es un delito,
por mucho que los jueces franquistas lo crean. Y tampoco lo son los
actos que en su nombre se realicen siempre que no lleven violencia. Es
injusto y prevaricador encarcelar independentistas por su ideología y
pretender luego fabricar un delito con argucias leguleyas.
En España hay
representantes democráticos en la cárcel que no están protegidos por
ley alguna sino directamente entregados al capricho de un juez de
partido que toma las medidas que le da la gana por razones ideológicas.
La dictadura española ha suprimido los principios fundamentales del
derecho al juez natural, el debido procedimiento, el habeas corpus, la
seguridad jurídica, el derecho a la defensa y a no declarar en contra de
uno mismo. La judicatura española no solamente está al servicio del
poder político sino que lo hace de mil amores y con el espíritu
inquisitorial franquista que la caracteriza.
Enfrente,
el adversario, la República Catalana, proclamada como resultado
legítimo de unas elecciones impuestas por la dictadura y en una
inferioridad de condiciones inmoral e ilegal. Los independentistas las
ganaron claramente pero la dictadura española se niega reconocer y
aplicar los resultados. Con la ayuda del PSOE y C’s, pretende pasar por
encima de la voluntad democrática de los catalanes imponiendo la de un
partido corrupto y sus ayudantes.
A
la diáfana legitimidad de origen de la República Catalana añade esta
una escrupulosa legitimidad de ejercicio. A pesar de la persecución
política y judicial de la dictadura, todos los pasos de la República
Catalana están amparados por la legalidad vigente. No obstante, es claro
que siendo dictatorial esta legalidad vigente (que, por cierto, el
primero que incumple es el gobierno de la Gürtel) en algún momento será
preciso entrar en confrontación con los administradores de la dictadura y
sus auxiliares.
De hecho y a pesar del exquisito cuidado de las
autoridades catalanas así debe de haber sido ya puesto que, en principio
por algún motivo ignoto hay personas en la cárcel y en el exilio,
aparte de por el hecho de que al juez Llarena el independentismo le
parezca un delito. No lo es. Lo que es un delito es considerarlo delito y
abusar del poder que la sociedad democrática le otorga para tratarlo
como tal.
Las
dictaduras se basan en el temor, el miedo, la incertidumbre, la
inseguridad acerca de si un comportamiento es o no delito y en el hecho
de estar en manos de la arbitrariedad judicial. En consecuencia, la
legitimidad de ejercicio se mantendrá aunque sea preciso desobedecer
leyes inicuas en atención al mandato democrático y el principio de
equidad, ambos por encima de una legalidad de parte tan inicua como
inepta,
La
República Catalana, que está consolidándose en términos tan
conflictivos como injustos cuenta con tres activos para salir adelante:
la unidad del bloque independentista, el apoyo exterior y la
movilización de la población catalana dispuesta a llegar a la
desobediencia civil en apoyo a su dirigentes encarcelados, exiliados o
presos.
La primera y la tercera, la unidad del bloque independentista y
el apoyo masivo de la población son alternativamente causa y efecto del
propio movimiento. Este no sobreviviría de fallar alguna de las dos, que
son como dos espejos enfrentados: la unidad del bloque refleja la
unidad popular que viene movida por aquella.
El
apoyo exterior, muy importante de momento a pesar de las actividades de
las covachuelas diplomáticas españolas, se irá manifestando más y más
abiertamente a medida que el conflicto consiga presentarse como lo que
es.
Una lucha entre la dictadura española y la democracia catalana.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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