La Región, a la cola del país en rendición de cuentas públicas

MURCIA.- Las entidades locales de la Región son las terceras, por comunidades autónomas, que menos rindieron cuentas en el ejercicio 2015 al tribunal español que las fiscaliza, pues solo un 63% del total se las presentaron. Este porcentaje solo es inferior en Andalucía (34%) y Castilla-La Mancha (62%). 

Según un informe de fiscalización aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas sobre la rendición de las de las entidades locales de 2015, a fecha 31 de diciembre de 2016, el 56% de las entidades locales cumplieron esta obligación en el plazo legalmente establecido, porcentaje inferior al registrado en 2014, cifrado en un 62%. 

Los niveles de rendición más bajos correspondieron a los cabildos y consejos insulares (10%), agrupaciones de municipios (15%), mancomunidades (40%) y entidad de ámbito territorial inferior al municipio (49%).

El único nivel de rendición superior al 90 % se alcanzó en las entidades locales de Aragón (93%) y, por encima del 80%, se encuentran las de la Comunidad Valenciana (88%), La Rioja (88%), Asturias (87%), Galicia (86%), Cataluña (83%), Madrid (82%) y Canarias (81%).

Para contribuir a la mejora de la rendición de las cuentas, el Tribunal de Cuentas recomienda homogeneizar, en las normativas estatal y autonómica, los plazos de rendición de las mismas en todo el territorio nacional; fortalecer las medidas legislativas encaminadas a fomentar el cumplimiento en plazo, e incrementar los importes de las multas coercitivas en caso de incumplimiento. 

Por otra parte, el Tribunal de Cuentas ha comprobado que, a las mismas fechas de finales de 2015, el sector público local estaba integrado por 12.968 entidades, entre ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades y otras instituciones menores, lo que supone una disminución del 0,5% respecto al año 2011.

Con la fiscalización se quiere analizar el nivel de cumplimiento de la obligación de rendición de las cuentas generales por parte las referidas entidades, identificando las causas que ocasionan el incumplimiento del deber; examinar la observancia de los plazos previstos en la normativa para la aprobación del presupuesto y para la formación, aprobación y rendición de la cuenta general de las entidades locales, y verificar el sistema de información contable de los ayuntamientos que no han cumplido.