BRUSELAS.- España incumple todas las recomendaciones del Consejo de Europa sobre
independencia judicial y prevención de la corrupción en el Parlamento.
Cuatro años después de lanzar las primeras advertencias, el organismo
europeo que vela por los derechos humanos y la democracia en el
continente constata que España exhibe pocos progresos.
El sistema de nombramientos de jueces y fiscales y el acceso de los
lobistas a diputados y senadores figuran entre las principales
deficiencias recogidas en un informe divulgado este miércoles y recogido por El País de Madrid.
No es habitual que un país suspenda durante años todas las recomendaciones que le dirige el Consejo de Europa.
Pero la parálisis institucional en España —primero por la repetición de
elecciones generales; después por la crisis catalana— y la falta de
voluntad política han debilitado los esfuerzos contra la corrupción.
“El
informe habla por sí mismo. Cuatro años y medio después de publicar las
11 recomendaciones, ninguna se ha cumplido del todo. Tenemos un pequeño
problema”, avisa Gianluca Esposito, secretario ejecutivo del grupo de
Estados contra la corrupción (Greco, por sus siglas en inglés),
dependiente del Consejo de Europa. El documento atribuye a España un
cumplimiento “globalmente insatisfactorio”, aunque en siete de los 11
epígrafes se registran algunos progresos.
El funcionamiento de la justicia ocupa buena parte del análisis del
organismo con sede en Estrasburgo. Pese a admitir que el vacío de poder
que se produjo en España entre 2015 y 2016 ha retrasado las reformas
judiciales, los autores del texto no dudan en lamentar “la falta de
medidas más decisivas”.
Entre las tareas pendientes citan el sistema de
nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —órgano de
gobierno de los jueces— y de los presidentes de tribunales
(provinciales, autonómicos, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo). El
grupo Greco, integrado por 48 países europeos y por Estados Unidos, echa
en falta “criterios objetivos y requerimientos de evaluación” para esos
cargos, aunque deja clara su confianza en la calidad del sistema
judicial español.
Los guardianes de la lucha contra la corrupción en Estrasburgo celebran que el
Partido Popular acordara con Ciudadanos modificar el sistema para que
12 de los 20 miembros del CGPJ fueran designados por los jueces, no
por Congreso y Senado, que eligen a todos. También aplauden el
compromiso de impedir que los parlamentos autonómicos propongan a los
presidentes de los tribunales provinciales, pero instan a aplicar el
mismo rasero de independencia a los nombramientos en la Audiencia
Nacional y el Tribunal Supremo.
Los expertos del Consejo de Europa apelan a la credibilidad de las instituciones para urgir a España a aplicar estas medidas.
“Hace falta un cambio de marchas. Hay más posibilidades de evitar la
corrupción si mejoran las medidas preventivas. Eso es particularmente
relevante en España; desde 2013 se señala la necesidad de que los
ciudadanos recuperen la confianza en los poderes políticos”, reflexiona
Esposito en conversación telefónica.
La independencia del fiscal general del Estado también merece la
atención del grupo Greco. El documento insta a repensar el sistema de
selección y la duración del mandato de esta figura —designada por el
Gobierno tras oír al CGPJ— para darle más autonomía. Los expertos creen
que hay que garantizar la transparencia en las comunicaciones entre el
Gobierno y el fiscal, que deben ser siempre por escrito y publicadas “de
forma adecuada”.
También lastra los esfuerzos anticorrupción el escaso plazo que se da
para resolver los expedientes disciplinarios abiertos a jueces y
fiscales. La ley fija seis meses de margen. Transcurrido ese periodo,
las posibles irregularidades prescriben. El Consejo de Europa destaca
que en el caso de otros funcionarios judiciales (como los secretarios),
el plazo de prescripción es de un año.
Inmuebles, intereses y regalos
Aunque más breve que el apartado judicial, la prevención de la
corrupción en sede parlamentaria ocupa la primera parte del informe. La
institución europea pide crear un código de conducta para diputados y
senadores que dirima posibles conflictos de interés y establezca
protocolos para la aceptación de regalos y comunicación de intereses
económicos, entre otros elementos.
Respecto a la declaración de
intereses, Greco reconoce los avances, pero pide medidas adicionales,
como informar del valor de mercado de los inmuebles que poseen los
diputados, detallar los intereses abonados por los préstamos o consignar
los regalos y los viajes patrocinados que han disfrutado.
Además, Greco exige un marco para regular los contactos con los
llamados grupos de interés (por ejemplo, representantes de empresas que
visitan a los parlamentarios para trasladarles sus preferencias
legislativas).
Ante la resistencia española a aplicar estas recomendaciones, el
Consejo de Europa ha abierto un procedimiento que eleva la presión
política para lograr resultados. El primer paso ha sido el envío de una
carta del presidente de Greco a la jefa de la delegación española en
este grupo de Estados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario