MADRID.-El Gobierno de Mariano Rajoy obliga a las comunidades autónomas que solicitan ayuda financiera estatal a firmar un convenio con la patronal farmacéutica que, a la postre, actúa como blindaje de los medicamentos de marca y freno para los más económicos medicamentos genéricos. Sin firma no hay fondos para sostener los servicios autonómicos, afirma El Diario.es
El Ministerio de
Hacienda introdujo este nuevo requisito obligatorio para autorizar los
10.276 millones del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) acordados para
2017 destinados a Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria,
Castilla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Murcia y la Comunidad
Valenciana. El convenio promovido por Hacienda y Sanidad garantiza un
nivel de gasto público anual en productos de Farmaindustria. Un traje a
medida de los laboratorios incluidos en esta patronal.
Al rubricar el acuerdo para que el Ejecutivo
autorice los fondos del FLA, la situación queda así: si las consejerías
gastan en estos fármacos de marca menos que el crecimiento del PIB, las
comunidades autónomas deben compensar a las empresas. Si es al revés,
deberían ser los laboratorios los que compensaran. De esta manera el
mensaje es "gasta en estos productos porque si vas a otras alternativas
serás penalizado", explican algunos de los departamentos afectados.
Se focaliza así la inversión en un sector. Este documento significa, de
hecho, un freno efectivo para alternativas más económicas y refuerza un statu quo a la medida de Farmaindustria, cuentan desde las consejerías.
Aunque el acuerdo recoge literalmente que "se facilitará la adhesión a
aquellas comunidades que lo deseen", es decir, deja patente su carácter
voluntario, Hacienda ha utilizado el sistema FLA de financiación
regional como una palanca para que diez comunidades se incorporen a este
modelo. Lo hizo en la primera oportunidad que tuvo tras rubricar del
convenio: el documento lleva fecha de 29 diciembre de 2016 y aparece
como condición para acceder a la financiación en la asignación "para los
dos primeros trimestres de 2017", según explicó Hacienda.
Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana –una de las
administraciones incluidas– resume que esta obligación "pone entre la
espada y la pared a autonomías que tienen la necesidad de recibir el FLA
ya que sufrimos una grave infrafinanciación".
El bloqueo
¿Por qué se convierte en definitiva en un bloqueo para los genéricos?
Si una administración sanitaria opta por tratamientos a base de
genéricos (medicamentos equivalentes con las mismas propiedades, pero ya
libres de patentes lo que permite su abaratamiento), esa inversión
económica no cuenta para cubrir el compromiso con Farmaindustria por lo
que una medida, en principio, de racionalización de gasto público se
convertiría en una obligación de compensar a esos laboratorios por no
llegar al nivel comprometido.
Vanessa López,
directora de la organización Salud por derecho explica que el convenio
entre el Gobierno y Farmaindustria "está enfocado para mantener el gasto
farmacéutico de medicamentos no genéricos de manera constante". Pone el
ejemplo de que "el presupuesto público en salud ha podido recortarse,
pero el de los medicamentos de uso hospitalario ha crecido hasta un 23%,
sobre todo con medicamentos nuevos".
Otras
de las quejas de los que han debido entrar en el acuerdo para obtener la
financiación que sostenga los servicios autonómicos es que, a la hora
de elegir un tratamiento para un paciente y analizar cuánto cuesta con
este medicamento y cuánto con su equivalente genérico, los números
suelen reflejar que el producto de marca hace el tratamiento más caro.
Pero, en no pocas ocasiones, es el que acaba imponiéndose.
El precio de los medicamentos
Vanessa Lopez dice que muchos de los medicamentos de marca "tienen un
precio abusivo que no tienen nada que ver con los costes reales de
investigación. No se trata de estar en contra de garantizar un
beneficio. Pero un margen razonable: 10, 12, 13%".
Este precio se decide en España de una manera, al menos, poco
transparente. Desde luego, es el Gobierno quien ejerce esa potestad para
todos los productos que reciben subvención pública mediante la Comisión Interministerial de Precios
de los Medicamentos. Este órgano está presidido por el secretario
general de Sanidad y su vicepresidente debe ser el director general de
la Cartera Básica de Servicios. El resto son representantes del
Ministerio de Economía, Hacienda e Industria además de tres enviados de
las comunidades. "El precio lo pone el Gobierno y lo pagan las
regiones", analiza López.
La extensión de los medicamentos genéricos se
topa con barreras en diferentes niveles. Este convenio representa una,
pero hay más. Al fin y al cabo, el mercado de los medicamentos es un
nicho de más de 13.000 millones de euros al año en España. Los genéricos
solo suponen el 20%, según la patronal de sus laboratorios Aeseg.
Su incorporación se ve taponada por
la creación de genéricos por parte de los propios laboratorios de
marca, las triquiñuelas para extender los periodos de vigencia de las
patentes que dan exclusividad a los laboratorios o incluso el pago a
empresas para que no saquen al mercado sus genéricos. La Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia está llevando a cabo una
investigación, según explicó, para establecer si los laboratorios están
desarrollando una estrategia en España destinada a bloquear la entrada
de los genéricos (y el consecuente abaratamiento de los precios).
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