lunes, 27 de noviembre de 2017

El memorándum de Urkullu / Enric Juliana *

“Lehendakari, convocaré elecciones”. Este es uno de los mensajes clave de los espesos días de octubre en Catalunya. El jueves 26 de octubre, entre las diez y las once de la mañana, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmaba al presidente del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, la decisión de convocar elecciones para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya. Siete horas más tarde, después de un mediodía muy convulso, el presidente catalán daba marcha atrás.

La Vanguardia ha informado en los dos últimas semanas sobre los detalles de una complicada mediación que estuvo a punto de desembocar en una convocatoria electoral pilotada por la Generalitat, con el precinto de la autonomía intacto. Hoy podemos aportar más datos sobre la mediación vasca.

Puigdemont y Urkullu establecieron un contacto regular, casi diario, sobre la situación en Catalunya, a partir del 19 de junio, fecha en la que ambos dirigentes se reunieron en Barcelona con ocasión del 30.º aniversario del atentado de ETA en Hipercor. El lehendakari se volcó en el seguimiento de la situación catalana, según consta en un memorándum que obra en poder del Euskadi Buru Batzar, órgano ejecutivo del Partido Nacionalista Vasco. (Anotación al margen: en el nacionalismo vasco, el presidente se debe al partido. En Catalunya, el partido se debe al presidente, según la tradición instaurada por Francesc Macià en 1931).

El 19 de julio, Urkullu fue recibido en la Moncloa por Mariano Rajoy, con la cuestión catalana en el orden del día. Al día siguiente, el lehendakari recibió en el palacio de Ajuria Enea de Vitoria al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El 26 de agosto tuvo que regresar a Barcelona con motivo del atentado terrorista en la Rambla. Precavido ante la enorme tensión política que presidió la manifestación de rechazo –estaban presentes el Rey y el primer ministro Rajoy, que ­fueron abucheados por una parte del público–, optó por ubicarse entre los manifestantes, a una cierta distancia de las cabeceras.

El 20 de septiembre, Urkullu llamó a Rajoy para expresar su protesta por la detenciones de altos cargos de la Generalitat efectuadas por la Guardia Civil. Aquel mismo día envió un mensaje sobre la situación creada en Barcelona al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

El 5 de octubre, un día después del discurso del Rey en televisión, empezó a trabajar en un plan que pudiese evitar la intervención de la autonomía catalana y el consiguiente golpe de péndulo en toda España contra los nacionalismos periféricos. El discurso del Rey es fundamental en los acontecimientos de octubre. 

Dirigida a la comunidad internacional, a todas las instancias del Estado y a la opinión pública española, la enérgica alocución de Felipe VI ahuyentaba la mediación internacional afanosamente buscada por la Generalitat y llamaba a filas al PSOE, que el 3 de octubre había presentado una moción de reprobación contra la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por las cargas policiales del 1 de octubre en Catalunya. Al cabo de una semana, esa moción ya había sido retirada. Urkullu prepara un documento titulado Propuesta de declaraciones concordantes y encadenadas.

El 8 de octubre habla por teléfono con el arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, de la Comunidad de San Egidio, para conocer la disposición del Vaticano a la mediación. Resultado negativo. La Iglesia de Roma no piensa intervenir, pero deja que el arzobispo de Barcelona, cardenal Juan José Omella, mantenga conversaciones con políticos catalanes para evitar una situación sin salida.

El 10 de octubre por la mañana, Puigdemont comunica a Urkullu que dejará en suspenso la DUI en el Parlament de Catalunya. Por la tarde, el presidente catalán le informa de las dificultades que ha tenido con ERC y la CUP antes del pleno y le da las gracias por todas las gestiones que está realizando. (Marta Rovira, secretaria general de ERC, amenazó con dimitir aquella tarde como portavoz de Junts pel Sí). Contactos con Rajoy y Sánchez. Se abre un tenso periodo de espera, mientras el Gobierno prepara la tramitación del 155.

El 19 de octubre, Urkullu efectúa una declaración institucional. Afirma que Puigdemont no ha declarado la independencia y que por lo tanto no hay motivo para aplicar el 155. “Hago un llamamiento a la distensión y al diá­logo. Hay abierta una oportu­nidad al diálogo”. Ajuria Enea ­envía copia de esas declaraciones a Jun­cker y a Donald Tusk.

El día 20 remite unas consideraciones por escrito a Puigdemont y vuelve a conversar con Pedro Sánchez. El 25 recibe en Ajuria Enea a cuatro profesionales y empresarios catalanes (Emilio Cuatrecasas, Juan José López Burniol, Marian Puig y Joa­quim Coello), que le ayudan a coser un pacto de última hora. Puigdemont convocará elecciones, y el Gobierno dejará en suspenso la aplicación del 155, cuya aprobación en el Senado ya no puede ser evitada. El PSOE presenta una enmienda en el Senado para facilitar el compromiso, nunca escrito. 

Primero, un paso; después, otro. Declaraciones encadenadas. Puigdemont acepta. Oriol Junqueras calla y se reserva. La voz más contraria vuelve a ser la de Marta Rovira. Lloros y alguna estridencia en una tormentosa reunión que acaba a las tres de la madrugada del jueves 26. El jueves a las once, reunión del grupo parlamentario de Junts pel Sí. Más lágrimas. Puigdemont mantiene la decisión de convocar y así se lo comunica a Urkullu. Rajoy llega a tener el borrador de la convocatoria electoral encima de su mesa. Todo está preparado, pero la presión ambiental hace mella en el presidente catalán. 

En la plaza de Sant Jaume le llaman traidor, en Twitter su fotografía aparece cabeza abajo y el diputado Gabriel Rufián emite: “155 monedas de plata”. ERC maniobra para capitalizar la decepción. Los consellers Jordi Turull y Josep Rull, del PDECat, hoy en prisión, le imploran que reconsidere su decisión. Dos diputados del partido del presidente dimiten. Los alcaldes convergentes están aterrorizados.

A las dos de la tarde, Puigdemont escribe a Urkullu: “Tengo una rebelión. No puedo aguantar”.

Un mes después, en Sabin Etxea, sede central del PNV, dicen: “Hicimos todo lo que pudimos”.


(*) Periodista y director adjunto de La Vanguardia


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