El Ayuntamiento de Murcia comenzó ayer una ronda de inspecciones en
locales de ocio nocturno de gran aforo en las zonas de Atalayas y
Mariano de Rojas que tienen órdenes de cierre para, en el caso de que
continúen abiertos como ocurría con las discotecas incendiadas, proceder
a su precinto.
Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez. "Murcia está conmocionada y entendemos que todos los esfuerzos que se hagan para esclarecer estos hechos son necesarios", ha asegurado Pérez. También ha anunciado nuevos protocolos para que "nunca jamás vuelva a ocurrir" una tragedia similar.
Rebeca Pérez, que no especificó cuántos locales tienen una orden municipal de cese de actividad, si bien reconoció que éstas afectan a todo tipo de negocios y “con una casuística diversa”, no solo al ocio nocturno.
Además, Pérez dijo desconocer por qué el expediente
de cierre de Teatre no siguió “el avance lógico”, que habría sido el de
precintar el local tras la visita que un inspector hizo en octubre de
2022, e insistió en que el objetivo es ahora determinar si hay otros
expedientes en la misma situación, con órdenes de cierre que no han
llegado a ejecutarse.
Desde el lunes el municipio revisa todos los expedientes pendientes de cierre y a partir de este jueves se realizarán visitas a todos los locales. Comenzando por los negocios relacionados con el ocio. Ha advertido del precinto de todos los que incumplan la normativa.
Por el momento, no se ha dado a conocer el número de locales que se encontraría en esta situación, pero ha asegurado que se actuará al respecto, puntualizando, al hilo, que desconoce por qué razón siguió ejerciendo su actividad Teatre S.L. pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección.
Sobre la decisión conocida a última hora de la tarde del alcalde José Ballesta de apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre 'Teatre Murcia S.L.' en 2022, ha explicado que "desde que arrancaron los trabajos de la comisión de vigilancia interna se ha estimado conveniente proceder por cautela apartar a los funcionarios que intervinieron directamente en este expediente".
Sobre si se les ha suspendido de empleo y sueldo o se les ha asignado otra tarea a los trabajadores que llevaban el expediente de Teatre, ha indicado que "se ha apartado de esa responsabilidad que ostentaban hasta el momento", tras lo que ha advertido que "no se descarta tomar otro tipo de medidas y puede ésta no ser una cifra definitiva de personas, puede variar la cifra".
Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, consideró que el Ayuntamiento de Murcia fue “lo suficientemente claro y rotundo en cuanto a la transparencia y en cuanto a depurar responsabilidades” respecto a los incendios de las discotecas de la zona de Atalayas.
Por ello, mostró su confianza en cómo está llevando el Consistorio esta situación. “Depurarán responsabilidades”, zanjó en un contacto con los medios al ser preguntado por este asunto.
Este jueves las familias de los trece fallecidos están comenzando a recibir los cuerpos de las víctimas después de que la titular del juzgado de Instrucción nº 3haya emitido las autorizaciones de entrega de los 13 cadáveres tras ser plenamente identificados. Mientras que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ha tomado declaración ya a una veintena de testigos.
Las familias de siete de los trece fallecidos en el incendio de las discotecas han solicitado la repatriación de los cuerpos a sus países de origen (Nicaragua, Colombia y Ecuador) mientras que las otras seis descansarán en cementerios de Murcia, Caravaca de la Cruz y Molina de Segura.
Además, desde el pasado domingo, el consistorio de Caravaca de la Cruz, donde vivían cuatro de las víctimas, se ha volcado con la causa y ha facilitado alojamiento a 61 personas en un hotel de la ciudad y ha costeado la llegada de los seres queridos de los fallecidos desde Valencia, Zaragoza, Gran Canaria y Marsella (Francia), además de otros nueve vuelos desde Sudamérica. Este viernes a las 16:00 horas se celebrará en la localidad un funeral conjunto.
El sindicato UGT se ha pronunciado comunicando su voluntad de personarse como acusación popular en la investigación judicial por los incendios. Reclama intensificar las laborales de control y vigilancia y una mayor intervención de la Inspección de Trabajo y de los servicios de inspección de las Administraciones públicas, para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.
Así se recoge en el borrador de las nuevas ordenanzas fiscales para 2024 que se han aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno municipal, y que deberán ahora pasar por el pleno para su aprobación definitiva.
Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda, José Francisco Muñoz, el objetivo de las medidas contenidas en las ordenanzas es el de mantener y mejorar los servicios públicos, y el modelo llevará aparejado un paquete de medidas de “racionalización y contención del gasto” para equilibrar unas cuentas municipales que acumulan con remanente negativo de 32 millones de euros.
En cuanto a la subida de los tres impuestos principales (IBI, Vehículos e IAE), Muñoz ha resaltado que se actualizarán con el IPC del último ejercicio, y no de la serie histórica, lo que habría supuesto una subida de del 12,9%, frente a la planteada del 5,9%.
De esa manera, según el edil, el recibo del IBI aumentará de media unos 4 euros al mes (48 euros anuales), por lo que “Murcia continuará con uno de los recibos más bajos de España”.
Como novedad, la ordenanza fiscal del próximo ejercicio deberá recoger la obligación del ayuntamiento de aplicar la tasa estatal de residuos y suelos contaminados que el Gobierno central ha derivado a las entidades locales.
Para reducir la carga sobre los contribuyentes, ha dicho el edil, Murcia reducirá en un 7,48% el coste del total del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria.
En cuanto a los tributos que bajarán, lo hará el ICIO, que será un 0,25% menor, pasando del 4 al 3,75%, lo que ahorrará unos 2 millones de euros a los contribuyentes, ha dicho.
La ordenanza mantendrá todas las bonificaciones a familias y empresas que ya están en vigor, que suponen que las arcas públicas dejen de ingresar unos 14 millones de euros cada año.
En cuanto a las tasas y precios públicos de los servicios municipales, se mantendrán congelados durante el ejercicio 2024.
Este aumento del salario, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 enero de este año, se debe al acuerdo que el pasado año suscribieron entre el Gobierno central y los sindicatos de las Administraciones públicas para el periodo 2022-2024. El Ejecutivo central, actualmente en funciones, dio luz verde a esta medida el pasado martes.
El incremento retributivo está vinculado a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en los últimos 12 meses. Inicialmente para este 2023 se acordó una subida salarial del 2,5%, que ahora se ve incrementada en medio punto adicional,
La medida afecta a unos 90.000 funcionarios, de los que 62.000 trabajan para la Comunidad Autónoma. El resto son unos 13.200 de la Administración central y unos 16.500 funcionarios municipales.
Su aplicación en la Región ha recibido el 'ok' del Consejo de Gobierno, reunido este jueves. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha informado del inicio de los trámites para aplicar la subida salarial adicional del 0,5% para los 62.000 empleados públicos. Supondrá un desembolso de más de 17,2 millones de euros para la Administración regional.
La mejora de las condiciones laborales, explican desde la Comunidad, "está íntimamente ligada a la calidad del servicio público y tiene como objetivo contar con una Administración cada vez más moderna y eficiente y más orientada a las necesidades de los ciudadanos".