La empresa García-Carrión defiende la legalidad de sus actuaciones a la hora de comercializar sus vinos con la Denominación de Origen Valdepeñas.
La empresa de origen jumillano rechaza así los delitos por los que está siendo investigada en la Audiencia Nacional, que la acusa de comercializar como crianza, reserva y gran reserva unos caldos que, según se investiga, no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble.
"García Carrión cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorias legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la Denominación de Origen Valdepeñas", asevera la empresa.
De hecho, la compañía vinícola afirma que fue ella quien denunció, junto con los agricultores, estos hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional donde García Carrión aparece como investigada junto a la bodega Félix Solís.
En este sentido, la firma jumillana incide en que "lleva proponiendo desde hace más de cuatro años de manera reiterada medidas de transparencia para la Denominación de Origen Valdepeñas que los Tribunales de Justicia han respaldado e implantado", y cita tanto el auto del 19 de noviembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia de Valdepeñas como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 17 de abril de 2023.
"García Carrión niega cualquier participación y responsabilidad en los hechos investigados", concluye.
Acusaciones por estafa y publicidad engañosa
Será el 4 de diciembre de este 2023 cuando José García Carrión tendrá que acudir a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez José Luis Calama, que está investigando estos presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.
Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".
Desde entonces, apunta el juez, ha recibido informes policiales, documentación de las mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.
El juez señala que, al igual que con el anterior grupo de investigados, la documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, "pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA y Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella".
Apunta además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.
En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, "lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados".
Una guerra entre dos familias
Primero acabó con el consejo regulador y luego con la Asociación Interprofesional que heredó sus funciones. Y ahora, el presunto fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), ha acabado con los máximos ejecutivos de Félix Solís y García Carrión citados a declarar en la Audiencia Nacional.
Un informe interno del consejo regulador calculaba ya en 2020 que había casi 14 millones de litros que se habían comercializado como crianzas o reservas en el mercado por parte de las distintas bodegas más de los que realmente se habían declarado. Estaban mal etiquetados y la calidad no se correspondía con la real. Era vino del año.
Pero, ¿cuál fue el origen del problema?, se pregunta elEconomista. Todo comenzó como una batalla entre las dos grandes familias del mundo del vino en Castilla-La Mancha: los García Carrión y los Solís.
Los primeros encabezados por José García Carrión y los segundos por Felíx Solís, ambos presidentes y propietarios con una presencia muy destacada en el sector pero con personalidades completamente contrapuestas, que suman continuas denuncias, demandas y querellas cruzadas entre si, acusándose de querer controlar tanto el consejo regulador, ya desaparecido, como a la propia denominación de origen, una de las mayores de toda España, que ha quedado ahora con la imagen muy deteriorada.
El grupo bodeguero García Carrión, muy conocido por ser el dueño de la marca Don Simón, fue el primero, junto a las organizaciones agrarias, en denunciar una situación de irregularidad y denunciar a su competidor, lo que hizo estallar por los aires al propio consejo regulador.
El problema es que la denuncia acabó volviéndose también en su contra. La Fiscalía de Ciudad Real dio traslado mediante un escrito a la Audiencia Nacional en el que se aseguraba que "durante la investigación preprocesal se ha podido acreditar que las irregularidades que se denuncian no sólo han podido ser cometidas por el operador directamente denunciado, D. Félix Solís o sus bodegas o empresas de comercialización" y que "los expedientes de investigación de la Consejería de Agricultura han puesto de relieve que se dan irregularidades en más bodegas".
El informe del consejo regulador, de hecho, así lo acreditaba. "Existen diferencias muy significativas que indican (...) que habría vinos que han salido al mercado, bajo las indicaciones crianza, reserva y gran reserva, que han sido declarados a la Denominación de Origen de Valdepeñas como vinos embotellados sin mención de envejecimiento".
Por tanto, decía el consejo, "cabe suponer que ha existido un incumplimiento de lo establecido en la Ley del Vino y en el pliego de condiciones de la DO Valdepeñas, sobre los periodos de envejecimiento".
Así, en abril de 2021 el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y decidió investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- habían comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo deenvejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella".
En definitiva, que como mucho eran vino joven o del año.
La implicación de la Junta
Calama tomará declaración este 23 noviembre al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, como testigo. Además, según el auto se le pedirá que entregue "el expediente que se hubiera podido realizar en cuanto a la producción y elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas en sus distintas categorías entre los años".
Un mes más tarde, el 4 y el 11 de diciembre, será el turno de José García Carrión y de Félix Solís.
La gravedad del caso acabó no solo con la propia liquidación del consejo regulador, sino también con su heredera, la Asociación Interprofesional. Los productores decidieron en 2021 abandonarla y su presidente, Carlos Nieto, mano derecha de Félix Solís, contra el que García Carrión se había querellado por manipulación de documentos. Aunque la DO Valdepeñas no desapareció quedó bajo el control de la consejería de Agricultura y, eso sí, herida de muerte.
Subvenciones bajo sospecha
Y por si fuera poco, todo ello salpica, además, al Gobierno autonómico. Y es que Félix Solís puso en marcha el mayor almacén de barricas del mundo con el apoyo financiero de la Junta de Castilla-La Mancha, a pesar de la investigación abierta contra la compañía.
Las obras fueron denunciadas por García Carrión ante el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Consejería de Medio Ambiente de la región, "por no contar con el informe previo de evaluación ambiental, que es obligatorio conforme a la legislación autonómica y estatal en esta materia", aunque todo quedó finalmente archivado.
Las dos compañías, tanto García Carrión como Félix Solís, han emitido ahora sendos comunicados en los que muestran su disposición a colaborar en todo con la justicia, pero niegan las acusaciones.
Las empresas se defienden
García Carrión recuerda así que fue ella quien "denunció, junto con los agricultores, los hechos que investiga la Audiencia Nacional" e insiste en que "cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorías legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la DO Valdepeñas".
La compañía que preside José García Carrión insiste en que "desde hace más de cuatro años lleva proponiendo de manera reiterada para la Denominación de Origen medidas de transparencia que los tribunales han respaldado e implantado".
De hecho, un auto de 19 de noviembre de 2020 de un juzgado de primera instancia de Valdepeñas y una sentencia de 17 de abril de este año del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le dieron la razón.
Félix Solís asegura, por su parte, que "como miembro de la DO Valdepeñas durante sus más de 70 años de historia, la empresa ha estado firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación de origen, que garantizan la alta calidad y trazabilidad de nuestros vinos".
"Las supuestas
discordancias que se investigan entre las cantidades de vino
comercializadas entre 2017 y 2019 y lo reflejado en las declaraciones de
aptitud de dicho periodo, se justifican, entre otros motivos por no haber tenido existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en este proceso de instrucción", concluye la bodega.
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