viernes, 6 de octubre de 2023

El 80% de los abusos sexuales a menores los cometen un familiar o conocido del niño


MADRID.- Un informe elaborado por Save the Children en el que se han analizado 400 sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España arroja una aterradora radiografía que arroja datos tan alarmantes como que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente.

También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo. 

Hay víctimas que continúan teniendo que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children, «solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».

Según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes. 

«Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así», señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de discapacidad, aunque no se especifica más. 

Sin embargo, en 28,9% de los casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata de víctimas sin discapacidad.

Como se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11 años. 

«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.

Eso sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15 años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual infantil.

En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas. Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende, incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia. 

 Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre y el padre.

Además, en casi siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020. Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual

Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares contra los supuestos agresores. 

Así, en el informe de esta ONG dicen que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en conjunto con otras medidas. 

En el periodo anterior, la más aplicada era la orden de alejamiento».

También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena. «De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5 años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%, mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».

El Ayuntamiento de Murcia precinta cuatro locales en el municipio, que estaban abiertos pero con orden de cierre


MURCIA.- Los servicios de inspección del Ayuntamiento de Murcia han precintado y procedido  al cierre de cuatro locales, tres en la zona de ocio de Las Atalayas y Mariano Rojas y uno en la pedanía de Gea y Truyols, según han confirmado fuentes del Consistorio.

Precisamente, en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno y vicealcaldesa, Rebeca Pérez, reconocía que había más locales del municipio sobre los que pesaba una orden de cierre y cese de actividad y que estaban abiertos, anunciando que desde ese mismo momento el Ayuntamiento iba a proceder a una revisión actuando, en primer lugar, en la zona de Atalayas y en la de Mariano Rojas, lo que supondría "un refuerzo de inspección de licencias".

Este jueves comenzaron a cursarse visitas para comprobar que los locales "han dado curso a la orden del Ayuntamiento de cese de la actividad y si no es así, se clausurará la actividad y se cerrará el local", dijo Pérez. El objetivo es tener una "radiografía" de los locales del municipio.

Dejó claro que se precintará de forma inmediata en caso de no cumplir la orden de cierre. Hay que recordar que Teatre S.L. siguió ejerciendo su actividad pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección desde octubre de 2022 y que los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre 'Teatre Murcia S.L.' han sido apartados.

El objetivo del Ayuntamiento es que "nunca jamás vuelva a ocurrir esto en el municipio". De ahí que se han puesto en marcha una serie de medidas, que pasan por la instrucción ordenada por el alcalde José Ballesta a todos los servicios municipales, especialmente a los servicios de licencia, para "revisar, de manera inmediata, la situación administrativa de las licencias de los locales del municipio".

Una labor sobre la que se ha tenido que priorizar, haciéndose un cribado basándose en el criterio de localización geográfica del ocio nocturno, es decir aquellas áreas donde hay mayor densidad de locales de este tipo, utilizando, como segundo criterio, el volumen de afluencia, lugares de mayor aforo.

Finalmente, el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Jiménez, ha hecho este viernes una llamada a las Administraciones Públicas ante la necesidad de "afinar" los protocolos y "mejorar" las normas para evitar sucesos como el del pasado domingo.

Pérdidas de 50.000 euros y en riesgo de quiebra

La mercantil Teatre Murcia SL, propietaria de la discoteca homónima incendiada el pasado fin de semana en Murcia, tiene escasa cobertura para hacer frente a las deudas y un riesgo de quiebra alto, dado que cerró 2022 con pérdidas por valor de 48.741 euros, según las cuentas de la compañía remitidas al Registro Mercantil, a las que se ha tenido acceso a través de Infoempresa.

Juan Inglés Rojo, administrador de más de una decena de sociedades, es propietario único de la empresa Teatre Murcia, constituida en 2018 y que cerró 2022 con dos empleados, una facturación de 109.698 euros y pérdidas por valor de 48.741 euros, según sus últimas cuentas.

Estas muestran una situación financiera delicada: su patrimonio neto era negativo en 61.765 euros a cierre de 2022.

La mercantil, según la información a través de Infoempresa, tiene un riesgo de impago alto y está registrada en el ámbito de restauración, cafetería, hostelería, bares, discotecas y merenderos; y en comercio y prestación de servicios de productos alimenticios, bebidas, tabaco, cafés y similares, en todo tipo de establecimientos y fuera de los mismos.

Inglés Rojo ha tenido varios negocios y no siempre relacionados con el ocio nocturno, también ha dirigido empresas inmobiliarias, comercios de equipos informáticos o de productos de metales preciosos, entre otros.

Los concursos se elevan un 190% en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023


MURCIA.- El número de concursos recibidos por los juzgados de lo Mercantil de la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023 fue de 371, lo que representa un incremento del 190% con respecto al mismo periodo de 2022, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

El aumento está provocado "fundamentalmente" por los presentados por personas naturales no empresarios, es decir, familias sin actividad empresarial. De estos, se registraron 320 --un 315,6% más que el año anterior--, frente a los 51 de carácter mercantil, empresarios persona física o jurídica.

Estos son datos del informe trimestral 'Efectos de la crisis en los órganos judiciales' del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, que en la Región de Murcia refleja una especial incidencia de la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia, no apreciado, sin embargo, en el conjunto nacional.

Así, salvo en los concursos de acreedores, se observa un descenso generalizado de registro de todos los asuntos de carácter civil y social.

En comparación con el número de concursos presentados por cada 100.000 habitantes en los distintos Tribunales Superiores de Justicia, la Región de Murcia es la cuarta comunidad con más concursos de familias, después de Cataluña, Canarias y Valencia.

El número de nuevos concursos declarados en el segundo trimestre de 2023 en los juzgados de lo Mercantil fue de 222, lo que supone un aumento notable respecto a los 40 declarados el mismo periodo del año anterior.

Esto se explica, según las fuentes, por el fin de la moratoria concursal el 30 de junio de 2022, prorrogada desde marzo de 2020. En este periodo, el deudor concursado no estaba obligado a solicitar el concurso y, en caso de hacerlo, los órganos judiciales no debían admitir a trámite la solicitud.

Asimismo, coincide con los cambios en el proceso de ley de segunda oportunidad y exoneración del pasivo insatisfecho, tras la reforma de Ley Concursal en septiembre de 2022. Desde su entrada en vigor, el deudor, persona física, que no pueda pagar sus deudas por encontrarse en situación de insolvencia puede solicitar directamente al juzgado de lo Mercantil que se cancelen sus deudas, siempre que cumpla unos requisitos y actúe de buena fe.

Ambas circunstancias coinciden con aumento exponencial de concursos declarados desde el tercer trimestre de 2022.

Por otro lado, de abril a junio de 2023, se alcanzó un convenio en 5 procedimientos concursales y se inició la fase de liquidación en 35. Y no se inició ningún expediente de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE) --dos se registraron en el mismo periodo un año antes--. 

Por contra, el número de lanzamientos practicados por los juzgados de Instancia en la Región de Murcia durante el segundo trimestre de 2023, 429 en total, volvieron a experimentar una reducción del 21,4% respecto al mismo trimestre de 2022, consolidando así la tendencia a la baja que viene produciéndose desde el último trimestre de 2021.

De estos lanzamientos, 77 (el 44,3% del total) fueron consecuencia de procedimientos por impago derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 76 (44,7%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 21 restantes obedecieron a otras causas.

Poniendo en relación el número de lanzamientos en el país con la población existente, la Región de Murcia se sitúa como la segunda comunidad autónoma en la que se practican más lanzamientos por ejecución hipotecaría por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 4,9, sólo por detrás de Cataluña, que registró una tasa de 5,3. 

En el segundo trimestre del año, los juzgados de Instancia de la Región de Murcia registraron 195 ejecuciones hipotecarias, un 50,4% menos que en el mismo periodo de 2022. Esta reducción supera la del 17,3% registrado a nivel nacional.

A pesar de ello, atendiendo a las ejecuciones hipotecarias registradas en relación con la población, destacan Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, con 12,6 por cada 100.000 habitantes, como las comunidades con un mayor número de demandas en el periodo de referencia.

Por otra parte, los procedimientos monitorios registrados en el segundo trimestre de 2023 en la comunidad autónoma, también en los juzgados de Instancia, fueron 6.589, lo que supone una caída interanual del 12,7%. El descenso regional contrasta con el incremento del 36,7% en el conjunto nacional de procedimientos registrados para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles. 

Las demandas de despido presentadas en la Región en el segundo trimestre de 2023 mostraron un descenso interanual del 8% (848). Por otro lado, el número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas también en este periodo en los juzgados de lo social, 452 en total, también suponen una reducción del 21,5% respecto a las registradas en el mismo periodo.

Si se atiende al número de habitantes, la Región pasa de ser la segunda comunidad de España con mayor tasa de procedimientos registrados, en el primer trimestre a ocupar la octava posición.

Por otro lado, en el segundo trimestre de 2023 ingresaron en el juzgado especializado de la Región 364 acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantía inmobiliarias para personas físicas, lo que representa un 25,3% menos que en igual trimestre de 2022. Y, de nuevo, contrasta con la subida registrada a nivel nacional.

En este periodo se resolvieron 321, un 71,2% menos, y quedaron en tramitación 2.324, un 14,1% menos. 

Además, en el segundo trimestre de 2023 se registraron en los órganos judiciales de la Región de Murcia un total de 18 juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas --para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social--, lo que representa un 50% menos que un año antes.

En este periodo se han resuelto 24 procedimientos de este tipo y 122 se siguen tramitando.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana denuncia la construcción de un nuevo embalse sin autorización en el Parque Regional de Carrascoy


MURCIA.- Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha presentado una denuncia ante la Consejería de Medio Ambiente por las obras de construcción de un embalse, dentro del Parque Regional de Carrascoy-El Valle, en la pedanía de La Costera de Alhama de Murcia, junto al cauce de la Rambla de Peñas Blancas.

Al parecer, la obra estaría siendo ejecutada por la empresa agrícola de un grupo empresarial agro alimentario con importantes intereses ganaderos e inmobiliarios en la Sierra de Carrascoy y en toda la Región.

En el escrito, dirigido Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática (Subdirección General de Montes y Áreas Protegidas), se denuncia que las obras se están realizando en la “franja de respeto” en la que expresamente están prohibidas las construcciones o instalaciones relacionadas con la actividad agrícola.

Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería que el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Carrascoy (PORN) del Parque Regional lleva en tramitación desde el año 2005, y que tampoco se ha aprobado el Plan de Gestión del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, lo que está siendo aprovechado para la implantación paulatina de grandes extensiones de regadío intensivo con sus infraestructuras asociadas.

Denuncian asimismo que ahora se pretende tramitar solamente el Plan de la Red Natura 2000, manteniendo en el limbo el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional, donde el citado grupo empresarial tiene grandes fincas.

Esta denuncia se suma a las alegaciones presentadas hace unas semanas al estudio de impacto ambiental de un embalse, que pretende construir el Ministerio de Agricultura, en el paraje de la Casa del Caño, en la pedanía de La Costera de Alhama de Murcia, debido a su pésima calidad y falta de exhaustividad necesarias para cumplir las exigencias de la ley estatal de evaluación ambiental, principalmente por carecer de un verdadero estudio de alternativas y por ofrecer una información ambiental muy deficiente.

Junto a la denuncia del pasado año por la destrucción de arbolado de la finca de la Naveta, de más de 100 hectáreas en el Puerto de la cadena, que albergaba un secano extensivo tradicional, así como áreas de vegetación silvestre de gran valor ambiental dada su proximidad a la Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA) de El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, con fines urbanísticos, se evidencia la falta de interés por proteger y la progresiva degradación del Parque Regional Carrascoy-El Valle y el LIC  y ZEPA asociados, permitiendo impactos agrícolas y urbanísticos en el Parque Regional mas cercano a la capital, muy apreciado por la ciudadanía.

El río Segura continúa en situación de alerta por escasez por segundo mes consecutivo


MURCIA.- Los indicadores de escasez global de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han constatado, por segundo mes consecutivo, el estado de alerta en la cuenca del río Segura.

A pesar de ello, no se prevén restricciones en la atención de las demandas para el abastecimiento humano en el presente año hidrológico 2023-2024, que ahora comienza. Esto es gracias a los diversos orígenes de recursos que gestiona la Mancomunidad de los Canales del Taibilla lo cuál introduce una alta garantía.

Por otro lado, la declaración del escenario de Alerta implica que la CHS activará las medidas correspondientes contempladas en el Plan Especial de Sequía para la cuenca del Segura. Esta cuestión se va a proponer a la próxima Junta de Gobierno e implicará una reducción moderada de las dotaciones a suministrar a la espera de la evolución hidrológica de este otoño.

Asimismo, la Comisaria de Agua intensificará el control y vigilancia de los recursos hídricos a fin de garantizar el reparto equitativo de las dotaciones resultantes en razón de las reducciones que finalmente se adopten.

Por todos estos motivos, la CHS quiere hacer un llamamiento a todos los usuarios para que realicen un consumo racional de los recursos disponibles dada la situación de alerta que se constata en la Demarcación del Segura.

Los índices de escasez coyuntural de la cuenca del Segura se encuentran en nivel de alerta a fecha 1 de octubre de 2023.

El índice de escasez del sistema global que incluye las aportaciones y existencias de la cuenca y del trasvase Tajo-Segura está en 0.234 sobre 1, que se corresponde con la situación de alerta.

De forma individualizada, Índice de escasez del Sistema Cuenca está en 0.288 sobre 1, situación de alerta. Por su parte, Índice de escasez Sistema Trasvase está en 0.18 sobre 1, situación de alerta.

Por otra parte, el resto de Unidades Territoriales contemplan la siguiente situación: la zona de cabecera está en prealerta; mientras que la margen derecha e izquierda mantienen una situación de normalidad.

Finalmente, resaltar que la cuenca del Segura mantiene la ausencia de sequía prolongada, que se calcula únicamente con datos de pluviometría, lo que implica el mantenimiento de los caudales ecológicos que contempla la planificación hidrológica y que son una restricción a los usos, excluido el abastecimiento.

Vox Murcia solicitará al Pleno municipal una Comisión de Investigación por la tragedia de las discotecas


MURCIA.- El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Murcia pedirá en el próximo pleno municipal la apertura de una comisión de investigación en relación con los incendios del pasado 1 de octubre en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, en la zona de ocio de Atalayas.

Así lo ha anunciado el portavoz municipal del partido, Luis Gestoso, en una rueda de prensa en la que ha explicado que el objetivo de esta comisión de investigación es poder depurar responsabilidades políticas en torno al suceso sobre el que, considera, tanto el actual equipo de Gobierno, del PP, como el anterior responsable de Urbanismo, del PSOE, han mentido y ocultado información.

Si el pleno acepta la apertura de esa comisión de investigación, ha avanzado, Vox preguntará sobre la situación actual de las familias y las medidas que se han adoptado para proteger a los menores que han quedado huérfanos, pero también se exigirá que se asuman responsabilidades políticas.

Se solicitará, además, información sobre la situación de legalidad o no de las discotecas siniestradas, sobre la cronología en las solicitudes y comunicaciones entre Teatre y el Consistorio o sobre la personación del ayuntamiento en la causa judicial abierta, entre otras cuestiones.

Además de la comisión, el grupo municipal de Vox ha registrado varias solicitudes de información para que les sea entregado una "copia fiel de las órdenes de cese de actividad" que ha firmado el ayuntamiento entre los años 2019 y 2023, y su remisión a los correspondientes servicios municipales para su cumplimiento "agrupadas por actividad".

"Queremos que tengamos un pleno con luz y taquígrafos para que adoptemos las medias políticas que tengamos que adoptar", ha indicado Gestoso, que ha asegurado que en función de las conclusiones de la comisión se solicitarán los "ceses o dimisiones" que el grupo considere pertinentes. 

Lamento del PP

El Grupo Municipal Popular ha lamentado que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, haya permanecido escondido toda la semana y “su primera aparición sea para posicionarse más cerca de los investigados que de los murcianos y la Justicia, que está investigando lo ocurrido en la tragedia del pasado domingo en Atalayas”.

“¿Dónde ha estado Luis Gestoso durante estos días, tras la tragedia de Atalayas que se ha cobrado la vida de trece personas?”, se pregunta el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Murcia tras la aparición pública del portavoz de Vox este viernes.

El Partido Popular ha insistido en que ahora hay que dejar trabajar a los jueces y recuerda que ha sido el Ayuntamiento de Murcia quien actuó contundentemente ante la Justicia e hizo pública la situación de las licencias de las discotecas, en un claro ejercicio de transparencia.

“Se ha actuado con contundencia ante la Justicia y con total transparencia. No hemos hecho política con la tragedia de manera ruin”, ha recalcado el PP.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia fue el único que se ausentó del comité de crisis convocado por el alcalde el mismo domingo, una reunión a la que sí que asistió una de sus compañeras de partido. “¿A qué Vox pertenece Luis Gestoso? Parece que no se entera de lo que ocurre en su propio partido”, se han preguntado los populares.

“Gestoso ha dado el mayor ejemplo de irresponsabilidad y oportunismo político, dando información errónea y contradictoria sobre asuntos que están bajo secreto de sumario”.

El PP recuerda que Luis Gestoso “ha estado ausente en la gestión de la crisis”.

El Grupo Municipal Popular ha explicado los pasos dados hasta el momento para esclarecer lo que ha ocurrido y evitar que esta situación se vuelva a repetir. Para ello, se ha apartado de sus responsabilidades a los funcionarios implicados en la gestión directa del expediente de la discoteca Teatre, se ha anunciado la revisión de los protocolos para mejorar y agilizar los procedimientos y se han reforzado los controles sobre los locales.

Caravaca de la Cruz acogerá una Convención Mundial de Ciudades Santas con motivo del Año Jubilar


CARAVACA DE LA CRUZ.- Caravaca de la Cruz acogerá, con motivo del Año Jubilar 2024, la primera Convención Mundial de Ciudades Santas para la Cristiandad, según anunció el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la reunión del Patronato de la Fundación Camino de la Cruz, celebrada este viernes en el Palacio de San Esteban.

El objetivo de este encuentro internacional será poner en común proyectos y buenas prácticas con el resto de ciudades santas, es decir, Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Santo Toribio de Liébana. 

La fundación Camino de la Cruz ya ha movilizado más de 4 millones de euros en proyectos para la Ciudad Santa. En este sentido, el alcalde de Caravaca, José Francisco García, ha agradecido el compromiso de empresas e instituciones murcianas.

El encuentro tiene vocación de continuidad en el tiempo y se irá celebrando alternativamente por el resto de ciudades santas, y ha sido impulsado de forma conjunta por la Región de Murcia, Galicia y Cantabria para “formar un nexo permanente” entre estos destinos.

López Miras ha informado también de que el programa de actos para el Año Jubilar de 2024 se dará a conocer en una presentación en Madrid el próximo mes de noviembre, y en diciembre se inaugurará como antesala de este año la exposición “Magna Urbe”.

Entre los retos que acogerá la ciudad del Noroeste, López Miras ha destacado la acogida de los peregrinos, que espera doblar con respecto al Año Jubilar de 2017, pasando de medio millón a un millón de visitantes.

Asimismo, ha resaltado la red de caminos regionales que conectan con la ciudad santa, ya que al camino que une Orihuela con Caravaca de la Cruz y que ya está señalizado, se sumarán otros dos, desde Cartagena y Mazarrón hasta la sede de la Vera Cruz.

El objetivo es que “la práctica totalidad de la Región de Murcia quede conectada con Caravaca de la Cruz con diferentes caminos de peregrinación, que no quede ni una ciudad que no sienta el camino como propio y como suyo”, ha señalado López Miras.

Entre las iniciativas más inmediatas, destacan una muestra itinerante de 125 obras de Zacarías Cerezo, la sexta edición de los ‘90K Camino de la Cruz’, así como las cocinas del jubileo y la exposición Magna Urbe. Y el próximo 11 de noviembre tendrá lugar en Madrid la presentación del programa de actividades para el próximo Año Jubilar.

jueves, 5 de octubre de 2023

Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo: "Sin precinto, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa"


MADRID.- La Cadena SER  ha preguntado a Carlos Amoedo Souto, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, por el proceder administrativo del Ayuntamiento de Murcia respecto a las discotecas Teatre y Fonda Milagros

¿Cómo puede funcionar una discoteca sin autorización y decreto de cese de actividad?

"Es bastante sorprendente que, por los datos que estamos conociendo, no sepamos todavía cuál ha sido el problema para que un acto administrativo de paralizar una actividad por carecer de la licencia, no haya sido ejecutado en tiempo y forma. Ya sea la Policía Municipal o el servicio local de aperturas correspondiente. 

Cuando hay una orden de paralización de la actividad, se tiene que precintar el local. Si hay que restaurar la legalidad se tramita, pero el hecho de que funcione sin licencia entraña unos riesgos mayores. Son actividades que conllevan riesgos para las personas", ha señalado el experto. 

¿Puede tener seguro una discoteca que sin autorización?

"Probablemente ese sea uno de los caballos de batalla para saber quiénes son los responsables patrimoniales y civiles por todas las muertes que se han provocado. Uno de los requisitos para conseguir una licencia de actividades es que haya una póliza de responsabilidad civil que pueda respaldar los posibles daños. Desconocemos la anatomía de todo este expediente. 

Se impone una máxima transparencia en el Ayuntamiento de Murcia y lo necesario es que se ponga el expediente inmediatamente encima de la mesa para analizar la trazabilidad administrativa", ha añadido Amoedo.

¿Responsables municipales?

"Hay dos posibles responsabilidades: una del ayuntamiento por haber contribuido con su omisión de los comportamientos administrativos debidos a la provocación del daño, pero además de la responsabilidad civil subsidiaria, hay también una posible responsabilidad penal directa a los funcionarios que hayan causado arbitrariamente esa falta de ejecución del acto administrativo por una prevaricación por omisión. 

Si se puede demostrar que la falta de precinto se debe a una irregularidad o arbitrariedad manifiesta, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa", ha asegurado el experto sobre las posibles consecuencias sobre funcionarios locales.

El Ayuntamiento de Murcia reconoce que hay más locales con orden de cierre y cese de actividad y anuncia que los revisará


MURCIA.- El Ayuntamiento de Murcia ha reconocido este jueves que hay más locales del municipio como Teatre y Fonda Milagros sobre los que pesa una orden de cierre y cese de actividad y que están abiertos, por lo que ha anunciado que procederá a una revisión y se actuará, en primer lugar, en la zona de Atalayas y Mariano Rojas, lo que supondrá "un refuerzo de inspección de licencias".

El Ayuntamiento de Murcia comenzó ayer una ronda de inspecciones en locales de ocio nocturno de gran aforo en las zonas de Atalayas y Mariano de Rojas que tienen órdenes de cierre para, en el caso de que continúen abiertos como ocurría con las discotecas incendiadas, proceder a su precinto.

Así lo ha anunciado este jueves en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, Rebeca Pérez. "Murcia está conmocionada y entendemos que todos los esfuerzos que se hagan para esclarecer estos hechos son necesarios", ha asegurado Pérez. También ha anunciado nuevos protocolos para que "nunca jamás vuelva a ocurrir" una tragedia similar.

Rebeca Pérez, que no especificó cuántos locales tienen una orden municipal de cese de actividad, si bien reconoció que éstas afectan a todo tipo de negocios y “con una casuística diversa”, no solo al ocio nocturno.

Además, Pérez dijo desconocer por qué el expediente de cierre de Teatre no siguió “el avance lógico”, que habría sido el de precintar el local tras la visita que un inspector hizo en octubre de 2022, e insistió en que el objetivo es ahora determinar si hay otros expedientes en la misma situación, con órdenes de cierre que no han llegado a ejecutarse.

Desde el lunes el municipio revisa todos los expedientes pendientes de cierre y a partir de este jueves se realizarán visitas a todos los locales. Comenzando por los negocios relacionados con el ocio. Ha advertido del precinto de todos los que incumplan la normativa.

Por el momento, no se ha dado a conocer el número de locales que se encontraría en esta situación, pero ha asegurado que se actuará al respecto, puntualizando, al hilo, que desconoce por qué razón siguió ejerciendo su actividad Teatre S.L. pese a tener decretado un acta de cierre por Inspección.

Sobre la decisión conocida a última hora de la tarde del alcalde José Ballesta de apartar a los funcionarios que intervinieron en el expediente sobre 'Teatre Murcia S.L.' en 2022, ha explicado que "desde que arrancaron los trabajos de la comisión de vigilancia interna se ha estimado conveniente proceder por cautela apartar a los funcionarios que intervinieron directamente en este expediente".

Sobre si se les ha suspendido de empleo y sueldo o se les ha asignado otra tarea a los trabajadores que llevaban el expediente de Teatre, ha indicado que "se ha apartado de esa responsabilidad que ostentaban hasta el momento", tras lo que ha advertido que "no se descarta tomar otro tipo de medidas y puede ésta no ser una cifra definitiva de personas, puede variar la cifra".  

Por su parte, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, consideró que el Ayuntamiento de Murcia fue “lo suficientemente claro y rotundo en cuanto a la transparencia y en cuanto a depurar responsabilidades” respecto a los incendios de las discotecas de la zona de Atalayas.

Por ello, mostró su confianza en cómo está llevando el Consistorio esta situación. “Depurarán responsabilidades”, zanjó en un contacto con los medios al ser preguntado por este asunto.

Este jueves las familias de los trece fallecidos están comenzando a recibir  los cuerpos de las víctimas después de que la titular del juzgado de Instrucción nº 3haya emitido las autorizaciones de entrega de los 13 cadáveres tras ser plenamente identificados. Mientras que el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Murcia ha tomado declaración ya a una veintena de testigos.

Las familias de siete de los trece fallecidos en el incendio de las discotecas han solicitado la repatriación de los cuerpos a sus países de origen (Nicaragua, Colombia y Ecuador) mientras que las otras seis descansarán en cementerios de Murcia, Caravaca de la Cruz y Molina de Segura. 

Además, desde el pasado domingo, el consistorio de Caravaca de la Cruz, donde vivían cuatro de las víctimas, se ha volcado con la causa y ha facilitado alojamiento a 61 personas en un hotel de la ciudad y ha costeado la llegada de los seres queridos de los fallecidos desde Valencia, Zaragoza, Gran Canaria y Marsella (Francia), además de otros nueve vuelos desde Sudamérica. Este viernes a las 16:00 horas se celebrará en la localidad un funeral conjunto. 

El sindicato UGT se ha pronunciado comunicando su voluntad de personarse como acusación popular en la investigación judicial por los incendios. Reclama intensificar las laborales de control y vigilancia y una mayor intervención de la Inspección de Trabajo y de los servicios de inspección de las Administraciones públicas, para garantizar la seguridad de usuarios y trabajadores.

Murcia es de las pocas CCAA sin ley de espectáculos públicos, lo que provoca "inseguridad" al sancionar discotecas. Un catedrático gallego de Derecho Administrativo, Carlos Amoedo Souto, recuerda que el Gobierno regional ha impulsado en dos ocasiones una normativa para subsanarlo, pero fueron rechazadas por la Asamblea de Murcia, en Cartagena. 
 
El Ayuntamiento Murcia congela todas las tasas municipales y los precios públicos para 2024
 
En otro orden de cosas,  el Ayuntamiento de Murcia actualizará el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el de circulación y el de actividades económicas (IAE) en un 5,9%, mientras que bajará el de Obras, Construcciones e Instalaciones (ICIO) un 0,25% y congelará tasas y precios públicos.

Así se recoge en el borrador de las nuevas ordenanzas fiscales para 2024 que se han aprobado este jueves en la reunión de la Junta de Gobierno municipal, y que deberán ahora pasar por el pleno para su aprobación definitiva.

Según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Hacienda, José Francisco Muñoz, el objetivo de las medidas contenidas en las ordenanzas es el de mantener y mejorar los servicios públicos, y el modelo llevará aparejado un paquete de medidas de “racionalización y contención del gasto” para equilibrar unas cuentas municipales que acumulan con remanente negativo de 32 millones de euros.

En cuanto a la subida de los tres impuestos principales (IBI, Vehículos e IAE), Muñoz ha resaltado que se actualizarán con el IPC del último ejercicio, y no de la serie histórica, lo que habría supuesto una subida de del 12,9%, frente a la planteada del 5,9%.

De esa manera, según el edil, el recibo del IBI aumentará de media unos 4 euros al mes (48 euros anuales), por lo que “Murcia continuará con uno de los recibos más bajos de España”.

Como novedad, la ordenanza fiscal del próximo ejercicio deberá recoger la obligación del ayuntamiento de aplicar la tasa estatal de residuos y suelos contaminados que el Gobierno central ha derivado a las entidades locales.

Para reducir la carga sobre los contribuyentes, ha dicho el edil, Murcia reducirá en un 7,48% el coste del total del servicio municipal de recogida de basuras y limpieza viaria.

En cuanto a los tributos que bajarán, lo hará el ICIO, que será un 0,25% menor, pasando del 4 al 3,75%, lo que ahorrará unos 2 millones de euros a los contribuyentes, ha dicho.

La ordenanza mantendrá todas las bonificaciones a familias y empresas que ya están en vigor, que suponen que las arcas públicas dejen de ingresar unos 14 millones de euros cada año.

En cuanto a las tasas y precios públicos de los servicios municipales, se mantendrán congelados durante el ejercicio 2024.

Unos 62.000 funcionarios de la Región mejorarán un 0,5% su salario 
 
Por otra parte, unos 62.000 funcionarios de la Región mejorarán un 0,5% su salario de este 2023.

Este aumento del salario, que se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 enero de este año, se debe al acuerdo que el pasado año suscribieron entre el Gobierno central y los sindicatos de las Administraciones públicas para el periodo 2022-2024. El Ejecutivo central, actualmente en funciones, dio luz verde a esta medida el pasado martes. 

El incremento retributivo está vinculado a la evolución del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) en los últimos 12 meses. Inicialmente para este 2023 se acordó una subida salarial del 2,5%, que ahora se ve incrementada en medio punto adicional,

La medida afecta a unos 90.000 funcionarios, de los que 62.000 trabajan para la Comunidad Autónoma. El resto son unos 13.200 de la Administración central y unos 16.500 funcionarios municipales.

Su aplicación en la Región ha recibido el 'ok' del Consejo de Gobierno, reunido este jueves. El consejero de Economía, Luis Alberto Marín, ha informado del inicio de los trámites para aplicar la subida salarial adicional del 0,5% para los 62.000 empleados públicos. Supondrá un desembolso de más de 17,2 millones de euros para la Administración regional.

La mejora de las condiciones laborales, explican desde la Comunidad, "está íntimamente ligada a la calidad del servicio público y tiene como objetivo contar con una Administración cada vez más moderna y eficiente y más orientada a las necesidades de los ciudadanos".

Murcia, de las pocas CCAA sin ley de espectáculos públicos, lo que provoca "inseguridad" al sancionar discotecas


MURCIA.- A falta de que se diriman responsabilidades penales tras la investigación por parte del juzgado de instrucción nº 3 de los de Murcia, repasemos qué dicen las leyes autonómicas sobre los locales de ocio y cuáles son las competencias de las Administraciones.

Qué dice la normativa murciana sobre la regulación específica para discotecas 

La Región de Murcia tiene asumida la competencia en materia de espectáculos públicos desde 1992, como el resto de comunidades autónomas según indica el Ministerio de Interior. Sin embargo, frente a la mayoría de autonomías presenta un déficit regulatorio en la materia sobre la normativa de la discotecas en Murcia, según explica el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña, Carlos Amoedo. 

“No se ha aprobado una ley general que regule la intervención administrativa sobre espectáculos y actividades recreativas” en Murcia.

A falta de una normativa específica sobre licencias de discotecas en Murcia, Amoedo reconstruye el desarrollo administrativo en esta materia:

  • Ley 4/2009, de protección ambiental integrada. Es la ley de referencia en la Región de Murcia que regula las licencias de cualquier actividad. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Cartagena o el de Torre Pacheco se acogen a esta legislación para delimitar las cuantías y las sanciones. Por el momento, el Consistorio de Murcia no ha contestado sobre cuál es su mecanismo de sanciones.

El artículo 151 de esta norma estipula las sanciones “sujetas a autorización ambiental autonómica”. Establece como “infracción muy grave” el ejercicio de una actividad sin licencia “siempre que se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la seguridad o salud de las personas”. En este caso, impone multas que van desde los 100.001 euros hasta el millón de euros. 

Aunque, en la práctica, es la ley en la que se basan los ayuntamientos para imponer sanciones a locales sin licencia, Amoedo matiza que “existe un problema de inseguridad jurídica”. Para el catedrático, las actividades de discoteca no solo tienen impacto ambiental, sino también sobre seguridad, que es un título interventor distinto. 

Por ello, el legislador introdujo la disposición adicional duodécima de la Ley 4/2009, redactada en la Ley 2/2017 de medidas urgentes para la reactivación de la actividad empresarial y del empleo a través de la liberalización y de la supresión de cargas burocráticas. Que no incluye un apartado específico de infracciones y sanciones. “De ahí el limbo legal”.

Para el experto, que los ayuntamientos estén aplicando la Ley 4/2009 como normativa para sancionar discotecas sin licencia en Murcia responde a un escenario de inseguridad jurídica. “La determinación de infracciones y sanciones para una materia debe estar clara y expresamente regulado en norma con rango de ley. Las aplicaciones analógicas están expresamente prohibidas”.

Los intentos por incorporar sanciones específicas por actuar sin licencia

Ha habido dos intento fallidos de incorporar sanciones específicas a la normativa de discotecas en Murcia, como recuerda el experto. La primera fue en 2019. La segunda fue a través del Decreto-ley 3/2022, de 22 de septiembre, que fue derogado por la Asamblea de Murcia mediante acuerdo del Pleno de 19 de octubre de 2022, por 23 votos frente a 22. 

Esta norma disponía en su artículo 6, como infracción muy grave:

  • “La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias sin título habilitante” 
  • “La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas ocasionales o extraordinarias quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente”

En opinión del catedrático, las decisiones políticas en este campo “no han sabido responder adecuadamente a los riesgos objetivos de una actividad muy vulnerable, y que se ha reflejado tristemente en este terrible incendio”.

El Ayuntamiento de Murcia: sin competencia para aprobar sanciones

Ante esta falta de normativa específica sobre discotecas y sus sanciones por su incumplimiento, el Ayuntamiento de Murcia se limita a proceder a ordenar el cierre de los locales que no tienen licencia. “Los ayuntamientos no tienen competencia para aprobar infracciones y sanciones en materia de espectáculos públicos, que es competencia autonómica (requiere de ley, por el art. 25 de la Constitución)”, indica. 

Sin embargo, los ayuntamientos sancionan “con una especial inseguridad jurídica, fruto de la mala técnica legislativa” según el experto consultado. En cualquier caso, Amoedo destaca que “la herramienta más segura para un Consistorio es la clausura de actividades por falta de licencia”. 

Para este caso concreto, “el Ayuntamiento de Murcia es responsable de las órdenes que dicta, ¿por qué no fue la Policía a precintar el recinto del local?”, se pregunta el catedrático. Y este es el quid de la cuestión sobre el que podría girar la instrucción penal más allá de los dueños de los locales o promotores de las fiestas, según el catedrático: “Determinar quién es el responsable (público) de que no se haya precintado un local que carecía de licencia de la administración”.

El empresario jumillano José García Carrión investigado en la Audiencia Nacional por varios presuntos delitos


MADRID.- El empresario jumillano José García Carrión Jordán, presidente de la compañía que lleva sus apellidos, declarará el próximo diciembre como investigado en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. No obstante, la firma se desmarca de estas acusaciones y sostiene que colaborará para "constatar que toda la actividad se ha realizado al amparo de la legalidad vigente".  

La empresa García-Carrión defiende la legalidad de sus actuaciones a la hora de comercializar sus vinos con la Denominación de Origen Valdepeñas. 

La empresa de origen jumillano rechaza así los delitos por los que está siendo investigada en la Audiencia Nacional, que la acusa de comercializar como crianza, reserva y gran reserva unos caldos que, según se investiga, no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo de envejecimiento ni en la permanencia en barrica de roble.

"García Carrión cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorias legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la Denominación de Origen Valdepeñas", asevera la empresa.

De hecho, la compañía vinícola afirma que fue ella quien denunció, junto con los agricultores, estos hechos que ahora investiga la Audiencia Nacional donde García Carrión aparece como investigada junto a la bodega Félix Solís

En este sentido, la firma jumillana incide en que "lleva proponiendo desde hace más de cuatro años de manera reiterada medidas de transparencia para la Denominación de Origen Valdepeñas que los Tribunales de Justicia han respaldado e implantado", y cita tanto el auto del 19 de noviembre de 2020 del Juzgado de Primera Instancia de Valdepeñas como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de fecha 17 de abril de 2023.

"García Carrión niega cualquier participación y responsabilidad en los hechos investigados", concluye.

Acusaciones por estafa y publicidad engañosa

Será el 4 de diciembre de este 2023 cuando José García Carrión tendrá que acudir a declarar en la Audiencia Nacional ante el juez  José Luis Calama, que está investigando estos presuntos delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental.

Cabe recordar que fue en abril de 2021 cuando el magistrado admitió a trámite mediante un auto una denuncia presentada por la Fiscalía para investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- comercializaron como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella". 

Desde entonces, apunta el juez, ha recibido informes policiales, documentación de las mercantiles investigadas y de otras entidades e instituciones.

El juez señala que, al igual que con el anterior grupo de investigados, la documentación presentada, así como obtenida a través del Consejo Regulador, de la entidad certificadora Liec Agroalimentaria y de trece mercantiles compradoras, "pone indiciariamente de manifiesto que García Carrión SA y Grupo Vinartis SA y José García Carrión también habrían comercializado vinos tintos de Denominación de Origen Valdepeñas sin cumplir con los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo de envejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble, ni en botella".

Apunta además que la comparación entre los datos de declaración de aptitud proporcionados por estos investigados y la cantidad de vino comercializado a trece sociedades del territorio nacional pone de manifiesto que, en relación con los caldos con mención gran reserva 2018, se habrían comercializado más litros de los declarados como aptos, existiendo una discrepancia de más de seis millones de litros entre los datos de declaración de aptitud del Consejo Regulador y los litros comercializados por la bodega en el periodo de 2017 a 2019.

En cuanto a su capacidad productiva, los datos evidencian, advierte el magistrado, un insuficiente número de barricas para el necesario envejecimiento del vino comercializado, "lo que constituye otro importante indicio de la comisión de los hechos imputados, ya se parta de los dispares datos facilitados por el consejo regulador, entidad certificadora, e investigados".

Una guerra entre dos familias

Primero acabó con el consejo regulador y luego con la Asociación Interprofesional que heredó sus funciones. Y ahora, el presunto fraude masivo en la venta de vino con Denominación de Origen de Valdepeñas, en Ciudad Real (Castilla-La Mancha), ha acabado con los máximos ejecutivos de Félix Solís y García Carrión citados a declarar en la Audiencia Nacional.

Un informe interno del consejo regulador calculaba ya en 2020 que había casi 14 millones de litros que se habían comercializado como crianzas o reservas en el mercado por parte de las distintas bodegas más de los que realmente se habían declarado. Estaban mal etiquetados y la calidad no se correspondía con la real. Era vino del año.

Pero, ¿cuál fue el origen del problema?, se pregunta elEconomista. Todo comenzó como una batalla entre las dos grandes familias del mundo del vino en Castilla-La Mancha: los García Carrión y los Solís. 

Los primeros encabezados por José García Carrión y los segundos por Felíx Solís, ambos presidentes y propietarios con una presencia muy destacada en el sector pero con personalidades completamente contrapuestas, que suman continuas denuncias, demandas y querellas cruzadas entre si, acusándose de querer controlar tanto el consejo regulador, ya desaparecido, como a la propia denominación de origen, una de las mayores de toda España, que ha quedado ahora con la imagen muy deteriorada.

El grupo bodeguero García Carrión, muy conocido por ser el dueño de la marca Don Simón, fue el primero, junto a las organizaciones agrarias, en denunciar una situación de irregularidad y denunciar a su competidor, lo que hizo estallar por los aires al propio consejo regulador.

El problema es que la denuncia acabó volviéndose también en su contra. La Fiscalía de Ciudad Real dio traslado mediante un escrito a la Audiencia Nacional en el que se aseguraba que "durante la investigación preprocesal se ha podido acreditar que las irregularidades que se denuncian no sólo han podido ser cometidas por el operador directamente denunciado, D. Félix Solís o sus bodegas o empresas de comercialización" y que "los expedientes de investigación de la Consejería de Agricultura han puesto de relieve que se dan irregularidades en más bodegas".

El informe del consejo regulador, de hecho, así lo acreditaba. "Existen diferencias muy significativas que indican (...) que habría vinos que han salido al mercado, bajo las indicaciones crianza, reserva y gran reserva, que han sido declarados a la Denominación de Origen de Valdepeñas como vinos embotellados sin mención de envejecimiento".

Por tanto, decía el consejo, "cabe suponer que ha existido un incumplimiento de lo establecido en la Ley del Vino y en el pliego de condiciones de la DO Valdepeñas, sobre los periodos de envejecimiento".

Así, en abril de 2021 el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama admitió  a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía y decidió investigar si las bodegas de la Denominación de Origen Protegida (DOP) de Valdepeñas Félix Solís, García Carrión, Bodegas Navarro López y Bodegas Fernando Castro -así como sus administradores- habían comercializado como crianza, reserva y gran reserva vinos que "no cumplían los requisitos de elaboración, ni en periodo mínimo deenvejecimiento, ni en la permanencia en barrica de roble ni en botella". 

En definitiva, que como mucho eran vino joven o del año.

La implicación de la Junta

Calama tomará declaración este 23 noviembre al consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, como testigo. Además, según el auto se le pedirá que entregue "el expediente que se hubiera podido realizar en cuanto a la producción y elaboración de los vinos de la Denominación de Origen Valdepeñas en sus distintas categorías entre los años". 

Un mes más tarde, el 4 y el 11 de diciembre, será el turno de José García Carrión y de Félix Solís. 

La gravedad del caso acabó no solo con la propia liquidación del consejo regulador, sino también con su heredera, la Asociación Interprofesional. Los productores decidieron en 2021 abandonarla y su presidente, Carlos Nieto, mano derecha de Félix Solís, contra el que García Carrión se había querellado por manipulación de documentos. Aunque la DO Valdepeñas no desapareció quedó bajo el control de la consejería de Agricultura y, eso sí, herida de muerte.

Subvenciones bajo sospecha

Y por si fuera poco, todo ello salpica, además, al Gobierno autonómico. Y es que Félix Solís puso en marcha el mayor almacén de barricas del mundo con el apoyo financiero de la Junta de Castilla-La Mancha, a pesar de la investigación abierta contra la compañía. 

Las obras fueron denunciadas por García Carrión ante el Ayuntamiento de Valdepeñas y la Consejería de Medio Ambiente de la región, "por no contar con el informe previo de evaluación ambiental, que es obligatorio conforme a la legislación autonómica y estatal en esta materia", aunque todo quedó finalmente archivado.

Las dos compañías, tanto García Carrión como Félix Solís, han emitido ahora sendos comunicados en los que muestran su disposición a colaborar en todo con la justicia, pero niegan las acusaciones.

Las empresas se defienden

García Carrión recuerda así que fue ella quien "denunció, junto con los agricultores, los hechos que investiga la Audiencia Nacional" e insiste en que "cuenta con la trazabilidad de todos sus vinos y con las auditorías legalmente exigibles y certificadas por organismos independientes que acreditan la correcta elaboración y comercialización de sus vinos bajo la DO Valdepeñas".

La compañía que preside José García Carrión insiste en que "desde hace más de cuatro años lleva proponiendo de manera reiterada para la Denominación de Origen medidas de transparencia que los tribunales han respaldado e implantado". 

De hecho, un auto de 19 de noviembre de 2020 de un juzgado de primera instancia de Valdepeñas y una sentencia de 17 de abril de este año del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha le dieron la razón.

Félix Solís asegura, por su parte, que "como miembro de la DO Valdepeñas durante sus más de 70 años de historia, la empresa ha estado firmemente comprometida con el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones de la denominación de origen, que garantizan la alta calidad y trazabilidad de nuestros vinos". 

"Las supuestas discordancias que se investigan entre las cantidades de vino comercializadas entre 2017 y 2019 y lo reflejado en las declaraciones de aptitud de dicho periodo, se justifican, entre otros motivos por no haber tenido existencias de vino en almacenes, extremo que será acreditado en este proceso de instrucción", concluye la bodega. 

Los cultivos ecológicos ocupan ya el 32% de la superficie agrícola de la Región


LORCA.- El 32 por ciento de la superficie agrícola regional se destina ya a cultivos ecológicos, un porcentaje que sitúa a la comunidad murciana por delante de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030, que fija para dentro de siete años que más del 25 por ciento de la superficie de cultivo sea para productos ecológicos.

Se trata del mayor porcentaje de suelo para cultivos ecológicos de todo el país, por lo que la Región puede “sentirse orgullosa”, ha dicho este miércoles en Lorca el director general de Producción Agrícola, Juan Pedro Vera, que ha sido el encargado de inaugurar en el Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (CIFEA) las terceras jornadas de agricultura ecológica que se celebran en el municipio.

En las jornadas se han reunido a expertos universitarios en botánica, ingenieros agrícolas, técnicos de consumo e investigadores del ámbito agroalimentario y Vera ha animado a los participantes a trabajar para que la Región de Murcia “siga siendo pionera” en la agroecología.

Más del 50 por ciento de los cultivos ecológicos de la Región corresponde a frutos secos, que suman más de 80.000 hectáreas entre la agricultura convencional y la que está libre de productos químicos.

La mitad de la producción de agricultura ecológica es para el mercado nacional y el resto para mercados exteriores, ha dicho el director general, que ha resaltado que el consumo de este tipo de productos va en aumento dentro de la Región de Murcia.

Los productores de agricultura ecológica “son cada vez gente más joven, porque incluye técnicas novedosas que a veces cuesta trabajo implantar” a los agricultores más veteranos y el único factor limitante al que se enfrenta ahora este tipo de cultivo es el del precio de los productos, que suele ser menos competitivo.

El concejal de Agricultura de Lorca, Ángel Meca, ha dicho que las cooperativas agrícolas del municipio ya tienen divisiones de producción ecológica y que en el municipio, además de frutos secos como almendra y pistacho, también se trabaja de forma creciente en la producción de hortalizas.

El índice de producción industrial en la Región cae un 11,1% en agosto, el tercer mayor descenso anual por CCAA


MURCIA.- La producción industrial descendió en la Región de Murcia el pasado mes de agosto un 11,1% respecto al mismo mes del año anterior, la tercera mayor caída por comunidades autónomas, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, ha descendido un punto y una décima por encima de la tasa interanual registrada en julio. Para el conjunto de España esta tasa se situó en el -3,6%, un punto y medio por debajo del anterior registro.

Analizando los datos según los distintos destinos de los bienes, las repercusión más importante sobre esta evolución interanual de la producción industrial la encontramos en la energía, con -10,131 puntos tras registrar una tasa interanual del -21,2%.

En el mismo sentido repercuten los bienes de consumo no duradero (-0,802 puntos), y los intermedios (-0,760 puntos) tras reducirse interanualmente su producción en un 3,1% y un 3,6%, respectivamente.

Por otro lado, los bienes de equipo y los bienes de consumo duradero ven incrementada su producción en términos anuales, con incrementos del 11,1% y del 10,5%, y repercusiones sobre el índice general de 0,450 y 0,117 puntos.

La actividad industrial que más ha influido en la evolución de la tasa interanual del IPI ha sido la de suministro de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; y refino de petróleo, con una repercusión de -10,083 puntos y un descenso en su índice de producción del 24,9% en los últimos 12 meses.

Las siguientes ramas más relevantes con descensos en su repercusión son la industria de la alimentación y la fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (-0,622 y -0,293 puntos), tras descender sus producciones en términos interanuales en un 2,9% y un 23,5%.

En sentido contrario, con repercusión positiva cabe citar el grupo otras industrias que presenta una repercusión de 0,339 puntos y una tasa de variación del 23,8%.

En cuanto a otras ramas de actividad cuya producción ha tenido una variación interanual destacable, independientemente de su peso en la evolución del índice general, destaca la evolución de la confección de prendas de vestir, cuya producción crece un 16,3% respecto a agosto de 2022 y la reparación e instalación de maquinaria y equipo con una variación del 15,1%.

En sentido opuesto encontramos los mayores descensos junto a la rama de suministros de energía eléctrica, gas vapor y aire acondicionado; refino de petróleo ya comentada, en la industria del cuero y del calzado (-23,3%) y la fabricación de bebidas (-13,7%).

El índice para todas las agrupaciones de actividad sin considerar la energía presenta una tasa del -1,9% respecto a agosto de 2022, cuatro puntos y seis décimas por debajo de la tasa interanual registrada en julio.

Mejora de competitividad fiscal

La Región de Murcia es la comunidad que más mejoró su competitividad fiscal en el último año, con una valoración de 6,28, con lo que ha subido cuatro posiciones en el ranking hasta colocarse en la sexta posición, ya que concluyó la reforma escalonada aprobada en 2019 que rebajaba los tipos impositivos aplicables en todos los tramos de renta.

Se trata de datos del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) realizado por la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation, de Estados Unidos.

Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región se disparan un 9,6% en la primera mitad de 2023


MADRID.- Las exportaciones de frutas y hortalizas de la Región de Murcia crecieron un 9,6% durante la primera mitad de 2023, alcanzando entre enero y junio unas ventas totales por valor 1.915 millones de euros. 

Son datos que ha ofrecido el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en su visita a la Feria Fruit Attraction de Madrid, en la que la Comunidad participa con un total de 111 empresas entre productores, exportadores, cooperativas e industria auxiliar.

El jefe del Ejecutivo regional señala este evento de Madrid como uno de los mejores del mundo del sector del campo. 

El presidente considera que los agricultores murcianos son los mejores embajadores de la Región, y por eso expresa su pleno apoyo al sector que produce el 25 por ciento de las frutas y hortalizas que se exportan en España con tan sólo el 3 por ciento del agua del país.

Por destinos, Alemania sigue siendo el mercado preferente para las exportaciones de la Región, con 595 millones de euros en ventas durante los primero seis meses de 2023, y con un incremento del 15,5 por ciento con respecto al año anterior. Por detrás se encuentran Francia y Reino Unido.

miércoles, 4 de octubre de 2023

Podemos pide personarse como acusación popular en la causa judicial del incendio de Atalayas

 

MURCIA.- Podemos ha dirigido un escrito al Juzgado de Instrucción nº 3 de los de Murcia para personarse como acusación popular en la causa judicial que se instruye por 13 presuntos homicidios imprudentes por los incendios ocurridos en la madrugada del pasado domingo en varias discotecas de la zona de ocio de Las Atalayas de la capital murciana.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el coordinador regional de Podemos, Javier Sánchez Serna, que ha explicado que la razón de personarse es porque "no nos creemos las explicaciones del Ayuntamiento de Murcia, no confiamos en sus responsables", y se niegan a que el Consistorio "sea juez y parte" en este proceso judicial.

Y es que, denuncia, "no se trata de un accidente, sino de una negligencia grave y no entendemos cómo dos locales han operado con normalidad" cuando pesaba una orden de cierre de los mismos, incluso administrativamente no existía La Fonda Milagros, solo Teatre S.L., por lo que ha dejado claro que su labor es llegar "hasta el final para depurar responsabilidades y que un hecho así nunca más se vuelva a repetir".

"Trabajaremos sin descanso para que salga a la luz y se sepa toda la verdad", ha dicho Sánchez Serna, que ha transmitido su apoyo y solidaridad a las familias afectadas por esta tragedia.

Por su parte, la diputada regional de la formación morada, María Marín, ha explicado que "además de la vía judicial", desde Podemos trabajan "para que se depuren todas las responsabilidades políticas por esta tragedia".

Por ello, Marín registró este martes en la Asamblea Regional una solicitud para impulsar una Comisión especial de investigación en la que se pide "que comparezcan en los próximos seis meses todos los técnicos municipales, los posibles responsables políticos y los empresarios de las discotecas".

Marín ha dicho estar preocupada "por el silencio del alcalde José Ballesta (PP) y su antecesor, José Antonio Serrano (PSOE), desde que se conocieron las irregularidades que había en ambas discotecas, así como el silencio del resto de grupos parlamentarios ante el registro de esta Comisión especial para saber la verdad hasta las últimas consecuencias".

No obstante, ha explicado que dicha Comisión deberá ser aprobada por la Mesa de la Asamblea, integrada por diputados de PP y PSOE únicamente, y luego se deberá ordenar en Junta de Portavoces, un trámite que debería estar resuelto en una semana "si tienen interés".

A su juicio, si la Mesa no aprueba dicha Comisión, "el Gobierno regional y el resto de partidos tendría que dar explicaciones de por qué una comisión que pretende esclarecer lo ocurrido no quieren que se debata en la Asamblea, por qué no quieren escuchar a los técnicos del Ayuntamiento, testigos; si no la admiten son muchas las explicaciones que tendría que dar el Gobierno regional".

A juicio de Sánchez Serna, la rueda de prensa ofrecida por los concejales de PSOE y PP fue "vergonzosa" y rechaza que ejerza la acusación "el Ayuntamiento, que debería haber cerrado los locales".

De hecho, considera que es el Consistorio el que "tenía que haber cerrado esos locales y el que debe ser encausado". La denuncia que Podemos ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia incluye 13 presuntos homicidios por imprudencia grave.

En el apartado de hechos, se pone de manifiesto "la quiebra absoluta de las actividades de control por parte del Ayuntamiento", poniendo de manifiesto la "existencia de una presunta responsabilidad penal en los máximos responsables de los departamentos municipales encargados de verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística vigente, a la sazón del anterior concejal de Urbanismo, Andrés Guerrero; y el actual teniente de alcalde, Antonio Navarro".

La representación procesal de Podemos entender que el origen de las muertes "puede situarse en el aparente irregular funcionamiento de unas salas de fiesta que, por no cumplir la legalidad municipal, no deberían encontrarse abiertas y, sin embargo, desarrollaban su actividad con total normalidad".

Unos hechos entienden los abogados de la formación morada, según el escrito por el que solicitan personarse, de "una extrema gravedad que afectarían al irregular funcionamiento de una institución pública como es el Ayuntamiento de Murcia, siendo evidente el interés público del procedimiento".

Según el diputado en el Congreso, "no estamos hablando de un accidente, sino de una negligencia muy grave y sostenida en el tiempo. Nadie puede entender cómo dos locales con un aforo conjunto de más de 600 personas han podido seguir funcionando con total normalidad 20 meses sin licencia y con una orden de cierre que nunca se ejecutó".

Un abogado no descarta proceder contra el Ayuntamiento

El letrado de las familias de dos de la víctimas del incendio declarado el pasado domingo en la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, Pedro López Graña, ha dicho que estudiará "todas las opciones legales" que permitan actuar "de manera contundente" y "sin contemplaciones", con el fin de "descubrir la verdad y quiénes son los responsables" del suceso, en el que perdieron la vida 13 personas.

López Graña ha incidido en que su objetivo como representante de la acusación particular es actuar con "el máximo rigor y el máximo empeño" para que "se descubra la verdad", de manera que las familias "obtengan un poco de justicia después de este drama tan brutal".

Según ha explicado el abogado, en estos momentos la "preocupación prioritaria" de los familiares de los fallecidos es recuperar los cuerpos y darles sepultura.

Aunque ha sostenido que aún es "muy pronto" y está a la espera de la información que se desprenda de la investigación policial, López Graña ha señalado que emprenderá acciones penales porque "entendemos que ha habido una imprudencia muy grave que ha provocado 13 muertos más un montón de heridos".

Esas acciones penales serán contra las personas físicas que podrían ser responsables del incendio, entre los que ha destacado "dueños, encargados" de los locales afectados.

En paralelo, no descarta iniciar una acción en los tribunales civiles para reclamar una indemnización para las familias, y ve "muy posible" impulsar un proceso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento de Murcia, al entender que "ha tenido algún tipo de intervención llamativa".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que "eso está todavía lejos". 

"Ahora mismo no podemos aventurar nada porque no tenemos información prácticamente", más allá de "rumores y comentarios, lo que dicen unos y otros", ha recalcado López Graña.

El Ayto. de Murcia aparta cautelarmente a los funcionarios que intervinieron en el expediente de 'Teatre' en 2022


MURCIA.- El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha dado orden de apartar a los funcionarios que intervinieron en 2022 en el expediente de Teatre Murcia S.L, la sociedad propietaria de las discotecas en las que murieron 13 personas en el incendio del pasado domingo en la zona de Atalayas y 24 resultaron heridas. 

Así, según han informado fuentes municipales en un comunicado, Ballesta había ordenado este lunes la apertura de un expediente informativo con el fin de esclarecer "todo lo ocurrido" en el procedimiento administrativo relacionado con los locales de esta zona. 

La medida cautelar se establece con el objetivo de poder "determinar con precisión" los antecedentes, datos y circunstancias de este proceso administrativo. 

 De esta forma, se ha encomendado al responsable de la instrucción que recabe, con carácter prioritario y urgente, "cuantos datos e informes sean convenientes o necesarios de los distintos servicios" con el fin de depurar responsabilidades.

Estas actuaciones responden al compromiso manifestado el pasado domingo por Ballesta de llegar al total esclarecimiento de los hechos en relación a la orden de cese de esta discoteca, dictada por el concejal de Urbanismo de la anterior Corporación en enero de 2022. 

Cabe recordar que, en cuanto se conoció la situación por la actual Corporación, el regidor dio orden de personarse como acusación en las diligencias judiciales abiertas. 

El propio consistorio explicó este lunes que las discotecas estaban operando sin licencia de apertura y que pesaba sobre ellas una orden de cese de actividad desde 2022, pese a lo cual seguían funcionando.

De igual forma, Ballesta dio orden este domingo de revisar la situación administrativa de todos los locales de ocio del municipio, así como comprobar el cumplimiento de las órdenes de cese de actividad dictadas. 

Identificados los 13 fallecidos en el incendio de Las Atalayas mientras las acusaciones afilan estrategias

 

MURCIA.- Los cuerpos de los 13 fallecidos en el incendio originado el pasado domingo en la zona de ocio de Atalayas, en Murcia, ya han sido identificados, según informaron fuentes de Policía Nacional. 

En concreto, seis de los cadáveres fueron identificados mediante huellas dactilares y el resto -siete- por la obtención de perfiles genéticos (ADN), a cargo de la Policía Científica.

Cabe recordar que el juzgado de Instrucción nº 3 de Murcia asumió ayer martes las diligencias abiertas por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio y que mantiene la investigación bajo secreto de sumario.

Por otra parte, Francisco Adán, el abogado de Fonda Milagros, califica la comparecencia conjunta de PP y PSOE municipal como la unión de populares y socialistas para hacer equipo, con el objetivo de evitar que el Consistorio abone indemnizaciones millonarias a los familiares de los difuntos.

"Entiendo que mi cliente tiene por delante un proceso legal increíble, pero otra cosa distinta es que ahora el Ayuntamiento de Murcia se ponga de digno, anunciando que se personará como acusación particular, cuando como mínimo existe una culpa in vigilando por parte del Ayuntamiento y una responsabilidad civil subsidiaria", según advierte con rotundidad Francisco Adán. 

Y lo hace aludiendo a un principio legal que en la práctica supone que una persona o institución es responsable de los actos que realiza otra, sobre la que tiene un especial deber de vigilancia.

En este caso, apelando al principio de culpa in vigilando, el penalista sostiene que el Consistorio debería de haber supervisado la ejecución de la orden de cierre que se hizo firme hace año y medio, en vez de haber permitido que Fonda Milagros y Teatre continuasen abriendo al público cada fin de semana.

Francisco Adán, abogado de Fonda Milagros, considera que lo que el Consistorio debería haber hecho es velar por ejecutar el cierre de los dos locales, situados uno junto al otro en la calle Isla Cristina de Atalayas: "Cómo no va a saber el Ayuntamiento que allí estaban las discotecas Teatre y Fonda Milagros, si tenía Policía permanentemente cada fin de semana porque en esa calle hay varias salas latinas que dan problemas". 

El letrado apostilla que a lo largo de los últimos años se han producido actuaciones en esa vía por peleas que deben constar en atestados.

El letrado sostiene que el Ayuntamiento no solo era consciente a través de los dispositivos policiales de la existencia de Fonda Milagros, y de que tanto esta sala como Teatre estaban abiertas al público, sino que además existen inspecciones municipales realizadas a la discoteca latina que ponen de manifiesto que eran conocedores de que recibían a miles de jóvenes.  

"Fonda Milagros no lleva funcionando dos meses: está abierta desde antes del confinamiento por la pandemia: ¿Nadie sabía que aquello era una discoteca que no tenía nada que ver con la sala Teatre?", se pregunta con ironía el abogado Francisco Adán.

Fonda Milagros hizo anuncios de su estreno el 8 de junio de 2019. A partir de entonces, no ha dejado de publicitar eventos: desde Halloween a fiestas de Navidad en 2020, conciertos con estrellas de la canción latina, como Jessi Uribe o Yeison Jiménez, donde ofertaban sus palcos para ocho personas a 1.000 euros, 1.500 euros o 2.500 euros. 

Incluso han lanzado eslóganes agresivos: 'Prepárate el hígado, 20% de descuento en botella de aguardiente'. 

El penalista lo tiene claro: "Es una zona con mucho movimiento y me parece surrealista que el Ayuntamiento diga que no existía la Fonda Milagros. En los últimos cuatro años: ¿Ningún policía se ha asomado a la Fonda Milagros?"

El letrado de Fonda Milagros, Francisco Adán, ha recogido el guante lanzado desde el Ayuntamiento y se prepara para librar una batalla legal y demostrar que hay una supuesta concatenación de responsabilidades en la mayor tragedia de la historia de la noche murciana: "Cuando comencé con el caso consideraba que esa información de las inspecciones no era de tanta trascendencia, pero a la vista de lo que ha pasado… Como el Ayuntamiento se persone como acusación particular nos vamos a oponer rotundamente".

Un inspector municipal incumplió en octubre de 2022 la orden de precintar

El 11 de octubre de 2022, el entonces teniente alcalde y concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el socialista Andrés Guerrero, emitió una “comunicación interior” en la que ordenaba a la Inspección de Actividades que visitase la discoteca Teatre y comprobase si seguía funcionando. En caso de que así fuera, el concejal ordenaba al inspector “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”. 

Ese precinto nunca se aplicó, según informa La Verdad. La discoteca Teatre y su local segregado ilegalmente, Fonda Milagros (que nunca existió, a efectos administrativos) ardieron el pasado domingo.

En lugar de lo que le pedía el entonces concejal, el inspector de actividades incumple la orden y decide no precintar el local. Argumenta esa decisión en que los titulares de la empresa aportan “justificación de la presentación de la documentación técnica que les faltaba”, para poder obtener una nueva licencia de actividad, tras la segregación del local de Fonda Milagros en 2019. 

El inspector recoge estos datos en un informe del 21 de octubre de 2022, donde, además, no explicita si ha visitado el local (como pedía el concejal), sino que afirma haber “contactado” con los titulares. Queda pues la duda de si el inspector se personó o no en el local de la calle Isla Cristina 6. El diario La Opinión da por hecho que los trámites se hicieron “sin acudir al local” y que “el inspector no llegó a más que hacer una llamada telefónica o a enviar un correo electrónico”.  

En su informe tras las actuaciones, el inspector omite además la orden expresa del entonces concejal de precintar el local. El inspector arranca su informe con la siguiente frase: “En contestación a la comunicación interior del Teniente Alcalde Delegado de Urbanismo y Transición Ecológica donde se comunica la orden de cese de la actividad y la advertencia de ejecución forzosa al titular del expediente reseñado (…)”. 

Lo cierto es que la comunicación interna del entonces concejal no contiene una “advertencia” de ejecución, sino que ordena “proceder a la ejecución forzosa mediante precinto del establecimiento”.La nota del inspector concluye con un “informándose de esto para sus efectos oportunos”. 

El trámite habitual, según han relatado fuentes municipales a La Verdad, es que ese informe sea elevado al Servicio Administrativo. El ex concejal Guerrero, según el rotativo murciano, “no era capaz de asegurar asi esto ocurrió, defendiendo que ni siquiera se le dio traslado de su existencia”. Queda en el aire la duda de si el exconcejal sabía o no del incumplimiento de sus órdenes por parte del inspector de actividades y de los argumentos que este dio para hacerlo. 

Uno de los abogados de Fonda Milagros, Francisco Javier Verdú, asegura que en ocasiones había tenido que intervenir la Policía Local. No está claro si esas supuestas intervenciones policiales fueron dentro de los locales, en la calle, por reyertas, ruido u otra circunstancia.  

Hoy, el abogado de la sala Teatre de Atalayas, José María Caballero (en la imagen), asegura en La Verdad que en Murcia hay «un montón de locales que están funcionando sin licencia». Responde así a una pregunta sobre la anomalía de que un establecimiento como el que él representa, con la licencia revocada, permaneciera abierto al público, un año después de que perdiera los permisos para abrir.

Caballero admite que Teatre nunca dejó de funcionar aunque la licencia estaba revocada. «Es una irregularidad formal porque la revocación de la licencia se había producido como consecuencia de una situación anómala de la segregación», justificó. 

En este sentido, recalca que antes de pedir esa división en dos locales, Teatre cumplía «absolutamente con todo» y por esa cuestión «puramente administrativa se revoca» la licencia, pero no porque no cumpliera con los requisitos de seguridad.

Señala, además, que cree que no ha habido orden de precinto para Teatre porque cuando existe, se acude a la Policía para que cierre el local. «Aquí no se ha precintado en ningún caso. Por el contrario, Teatre, concretamente, ha estado publicitando la celebración de fiestas y este último año se han celebrado graduaciones de diferentes colegios e institutos y no ha habido ninguna incidencia».

El abogado explica en otra entrevista concedida a Onda Cero que los problemas con la licencia de la discoteca Teatre empezaron cuando la empresa solicitó la segregación para dividirse en dos locales (Teatre y Fonda Milagros) y no estaba prevista una fórmula para que un local bajo una única licencia pudiera segregarse en dos. «Ahí es donde se hace la revocación de la licencia», aclara Caballero.

Por su parte, el abogado añade que en Teatre estaba todo en trámite para continuar funcionando de manera «absolutamente legal» como estaba haciendo antes de solicitar la segregación.

Caballero también se esfuerza por deslindar la actividad de Teatre de la que llevaba a cabo la Fonda Milagros y dijo que una prueba de que se cumplían todos los requisitos de seguridad es que ellos no tuvieron víctimas y el otro local sí las tuvo. De hecho, los trece fallecidos fueron hallados en ese establecimiento del que se quería segregar.