MADRID.- Un informe elaborado por Save the Children en el que se han analizado 400 sentencias sobre abusos sexuales a niños y niñas en España arroja una aterradora radiografía que arroja datos tan alarmantes como que la edad media a la que empiezan los abusos son los 11 años y que en más del 80% de los casos la víctima es una niña o una adolescente. También han constatado que ha crecido exponencialmente el tiempo de
duración de los procesos. Mientras que en el análisis que realizaron en
base a los casos que tuvieron lugar entre 2019 y 2020 el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años, en el estudio actual, que se centra en los años 2021-2022, solo el 23,5% lo ha hecho en ese mismo intervalo.
Hay víctimas que continúan teniendo
que declarar más de una vez, llegando a declarar antes del juicio hasta
tres veces en policía, fiscalía y juzgado. Según Save The Children,
«solo en el 24,9% de los casos consta que se ha utilizado la prueba
preconstituida, es decir, la grabación del testimonio para que no tengan
que repetir esa declaración en reiteradas ocasiones».
Según los
últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, en 2021 se
presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que
tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes.
«Estos datos son solo la punta del iceberg,
ya que se estima que solo el 15% de los casos de abuso sexual llegan a
denunciarse. Todavía existe la creencia colectiva de que estos casos
apenas existen y de que si un niño o niña fuese abusado en nuestro
entorno nos daríamos cuenta, pero los datos evidencian que no es así»,
señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en
Save the Children.
Este informe arroja más datos: en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima,
aunque en algunos llega a haber hasta siete. Además, en el 8% de los
casos analizados se menciona que la víctima tiene algún tipo de
discapacidad, aunque no se especifica más.
Sin embargo, en 28,9% de los
casos no consta nada al respecto y en el 67,3% se confirma que se trata
de víctimas sin discapacidad.
Como
se ha mencionado anteriormente, de las sentencias estudiadas se
desprende que en relación a la media de edad a la que comienzan los
abusos sexuales se mantiene la misma tendencia, alrededor de los 11
años.
«En el periodo 2021-2022 un 50,6% de los abusos se produjeron entre los 10 y los 14 años, mientras que entre 2019-2020 veíamos que el 44,7% de casos comenzaban entre los 13-16 años», apuntan desde la ONG.
Eso
sí, existen notables diferencias de género en cuanto a los menores
agredidos, según el informe: entre los 5-9 años de edad y desde los 15
años, las niñas representan más del 80% de los casos de abuso sexual
infantil.
En cuanto al perfil de los abusadores, en ocho de cada diez casos el agresor es un conocido o conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas.
Entre los espacios más comunes del grupo de personas conocidas sigue
destacando el entorno familiar, aunque esta cifra desciende,
incrementándose otros agresores del entorno conocido que no son familia.
Este perfil de entorno conocido puede incluir amigos o conocidos de la
familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, la
pareja de la propia víctima, etc. Dentro de la familia, las figuras que
destacan son la pareja de la madre y el padre.
Además, en casi
siete de cada diez casos (67,2%) se trata de agresores o agresoras sin
antecedentes, aunque se evidencia un incremento en el número de personas
agresoras con antecedentes del 8,6% con respecto al periodo 2019-2020.
Desde Save The Children destacan de igual modo que solo en el 4% de los casos los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual
Otro de los temas más preocupantes es el proceso judicial al que son sometidos los menores y las medidas cautelares
contra los supuestos agresores.
Así, en el informe de esta ONG dicen
que «a pesar de que en cerca de la mitad de las sentencias no hay ningún
tipo de información sobre estas medidas, comprobamos que en el 12,8% de
ellos no se ha aplicado casi ninguna, y la más utilizada cuando se
aplica (en un 24,1% de los casos) es la prisión provisional sola o en
conjunto con otras medidas.
En el periodo anterior, la más aplicada era
la orden de alejamiento».
También subrayan que en el 88,3% de los casos hay condena.
«De las 56 absoluciones analizadas, 38 fueron por falta de pruebas. En
el 39,3% de los casos la pena principal impuesta es prisión de 2 a 5
años y las penas de prisión de más de cinco años representan el 36,6%,
mientras que las de menos de 2 años, el 13,2%».
