jueves, 5 de octubre de 2023

Carlos Amoedo, profesor de Derecho Administrativo: "Sin precinto, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa"


MADRID.- La Cadena SER  ha preguntado a Carlos Amoedo Souto, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Coruña, por el proceder administrativo del Ayuntamiento de Murcia respecto a las discotecas Teatre y Fonda Milagros

¿Cómo puede funcionar una discoteca sin autorización y decreto de cese de actividad?

"Es bastante sorprendente que, por los datos que estamos conociendo, no sepamos todavía cuál ha sido el problema para que un acto administrativo de paralizar una actividad por carecer de la licencia, no haya sido ejecutado en tiempo y forma. Ya sea la Policía Municipal o el servicio local de aperturas correspondiente. 

Cuando hay una orden de paralización de la actividad, se tiene que precintar el local. Si hay que restaurar la legalidad se tramita, pero el hecho de que funcione sin licencia entraña unos riesgos mayores. Son actividades que conllevan riesgos para las personas", ha señalado el experto. 

¿Puede tener seguro una discoteca que sin autorización?

"Probablemente ese sea uno de los caballos de batalla para saber quiénes son los responsables patrimoniales y civiles por todas las muertes que se han provocado. Uno de los requisitos para conseguir una licencia de actividades es que haya una póliza de responsabilidad civil que pueda respaldar los posibles daños. Desconocemos la anatomía de todo este expediente. 

Se impone una máxima transparencia en el Ayuntamiento de Murcia y lo necesario es que se ponga el expediente inmediatamente encima de la mesa para analizar la trazabilidad administrativa", ha añadido Amoedo.

¿Responsables municipales?

"Hay dos posibles responsabilidades: una del ayuntamiento por haber contribuido con su omisión de los comportamientos administrativos debidos a la provocación del daño, pero además de la responsabilidad civil subsidiaria, hay también una posible responsabilidad penal directa a los funcionarios que hayan causado arbitrariamente esa falta de ejecución del acto administrativo por una prevaricación por omisión. 

Si se puede demostrar que la falta de precinto se debe a una irregularidad o arbitrariedad manifiesta, estaríamos hablando de responsabilidad penal directa", ha asegurado el experto sobre las posibles consecuencias sobre funcionarios locales.

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