MADRID.- Más de 13.000 profesores de Religión en la enseñanza pública temen
quedarse en el paro o empezar a malvivir con salarios de miseria si el
nuevo Ejecutivo plasma en un real decreto-ley su intención de reducir la
asignatura a migajas. Uno de los puntos del pacto de gobierno
PSOE-Unidas Podemos es que la religión deje de computar para nota y que
deje de existir una asignatura espejo para los alumnos que no la quieran
cursar. Sin computar y sin la obligación de ir a una clase alternativa,
los profesores sospechan que van a impartir una asignatura muerta con las aulas vacías.
Y en un trabajo en el que cobran por horas o por módulos de tiempo,
según la comunidad autónoma, quedarse sin alumnos les llevará a la
ruina, razona El Confidencial.
La situación es complicada para estos 13.000 profesores, porque ningún
organismo de peso los apoya abiertamente. La ministra de Educación, Isabel Celaá,
ya les ha dicho indirectamente que les tiene en poca estima, y tampoco
pueden apoyarse en los sindicatos mayoritarios para que velen por sus
intereses.
Si un profesor de Religión propone hacer otras labores dentro
de su colegio o impartir otras clases para redondear su salario, antes debe superar unas oposiciones
como cualquier miembro del cuerpo de docentes, advierten los sindicatos
a este diario digital.
Lo contrario sería inconstitucional, ya que
discriminaría al resto de profesores, en especial los interinos. Que
tanto Gobierno como sindicatos estén alineados en esta causa no es la
mejor noticia para este colectivo profesional, que promete sacar las
uñas para defenderse en los tribunales si se confirman los peores
presagios.
"Vamos a tener muchas pérdidas de puestos de trabajo, de profesores que
llevan más de 20 años en la función pública y que han demostrado a lo
largo del tiempo, por las dificultades, ser unos docentes de talla
mayor", aseguró días atrás la coordinadora nacional de las Plataformas
de Profesores de Religión en la Enseñanza Pública, Amelia Álvarez.
"Van a por nosotros. Hay un ataque a las libertades, al punto 27.3 de
la Constitución. Va a haber una reducción clara, pero
constitucionalmente podemos ganar, porque no puede haber pedagógicamente
una asignatura en un sistema educativo que no se pueda evaluar y
calificar", dijo Álvarez, que calificó de "problema ideológico y de
ataque frontal a la Iglesia católica" el acuerdo del nuevo Gobierno de
coalición.
"Tendrá una incidencia grave en el número de horas trabajadas y en la
reducción de sueldos. Ya vivimos una situación parecida durante muchos
años en los que Religión no computaba para la nota [gobiernos de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero],
pero nunca había ocurrido que no tuviera asignatura alternativa. Es un
escenario nuevo y no sabemos cómo nos afectará", explica Jesús María Losada,
presidente de la Federación Estatal de Profesores de Religión (Feper).
"Nuestro futuro está en manos del ministerio y de los sindicatos. Como
no formamos parte del cuerpo de profesores, el Estado no tiene ninguna
obligación con nosotros, en todo caso, tiene una obligación de tipo
moral, no puede despedir masivamente a todo un colectivo sin ofrecer
alternativas".
Losada sospecha que el nuevo Gobierno quiere anular los
acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede sin romperlos: se sigue
ofertando la asignatura de Religión pero en unas condiciones de clara desventaja respecto a las demás.
Obligados a pasar oposiciones
Consultados por este
diario digital, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación de
Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza (STES)
coinciden en que los 13.000 profesores de Religión los tendrán de su
lado si se vulneran sus derechos laborales, pero nada más allá.
De
reciclarlos en otras asignaturas como Ética, Valores o en una especie de
Religión 2.0, o introducirlos en las aulas como personal de apoyo a
otros profesores, los sindicatos no quieren ni oír hablar.
"Habrá que ver de qué manera se puede reconocer el tiempo
trabajado de estos profesores en la enseñanza pública y darles una
solución dentro del marco jurídico", afirma Francisco García Suárez,
secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
"Un
funcionario debe aprobar unas oposiciones y un interino pasar un proceso
selectivo. Sería ilegal reciclar por decreto a estos profesores, porque
cualquier interino podría acudir a los tribunales porque se ha
vulnerado el principio de igualdad, y tendría razón. Aquí partimos de una situación muy difícil de resolver,
ya que estos 13.000 profesores han sido seleccionados por una diócesis,
no a través de un proceso selectivo estatal. Hay que reflexionar y
estudiar una salida que se ajuste a la jurisprudencia".
¿Y
reconvertir Religión en una asignatura no confesional del tipo Cultura
de las Religiones o una solución intermedia? "Nos encontraríamos con el
mismo problema: esos profesores antes deberían aprobar unas oposiciones o superar unas pruebas.
¿Porque, cómo le explicas a un profesor interino de Filosofía o de
Historia, o a un teólogo interesado en dar clases, que una persona que
no ha pasado por ningún proceso selectivo ocupará esa nueva plaza a
dedo? Hay muchos profesores interinos de 50 años y más que viven en
condiciones de precariedad y no pueden ser menos que los profesores de
Religión que se queden sin clases. Debemos encontrar una fórmula válida
para todo el mundo", insiste García Suárez.
Los
profesores de Religión no son funcionarios, pero tienen plaza fija en
los colegios. Tienen su propia regulación y están sujetos al Estatuto de los Trabajadores.
A nivel retributivo, se equiparan a los funcionarios interinos, si bien
el número de horas lectivas se ha ido reduciendo con el paso de los
años. En la mayoría de comunidades autónomas, cobran en función de las
horas trabajadas.
"Siempre vamos a defender a los trabajadores. Porque una cosa es nuestra
posición sobre la salida de las religiones de las aulas y otra el
efecto laboral que pueda tener esta decisión", afirma José Ramón Merino,
responsable de Política Educativa de STES.
Sin embargo, matiza: "En
este caso, hablamos de personal laboral ajeno a las juntas de personal
docente. Las distintas diócesis, que son quienes proponen a estos
profesores, deberían dar un paso al frente en la búsqueda de una salida
al problema. Es personal laboral suyo. Igual que ha
habido reconversiones en muchísimos sectores y se ha negociado la salida
de esos profesionales, habrá que plantearlo con los profesores de
Religión. Pero hasta que eso no ocurra, todo es especular".
La raíz del problema siempre es la misma: son las
distintas diócesis las que seleccionan a los profesores de Religión en
los centros públicos, que pasan a ser personal laboral de la
Administración pública en condiciones más o menos estables según cada
comunidad autónoma.
Por eso, defenderlos desde el plano de mérito
laboral por parte de los sindicatos e incluso del resto de profesores
que sí han superado unas oposiciones se hace complicado. Eso, claro, sin contar con el componente ideológico, que los profesores de Religión consideran fundamental en esta presunta caza de brujas
por parte del nuevo Gobierno progresista.
El Ministerio de Educación
gasta cerca de 100 millones al año en salarios para los profesores de
las distintas religiones en Educación Infantil y Primaria,
mayoritariamente de religión católica, según datos oficiales.
"Ya
sobrevivimos muchos años complicados con la LOE [2006-2013] e incluso
antes. Aunque sí es cierto que entonces podías desempeñar otras labores
en el centro educativo y ahora se está muy pendiente de que eso no
ocurra", explica María del Rosario Álvarez, responsable
nacional de la Asociación Profesional de Profesores de Religión en
Centros Estatales (Apprece).
"Yo no sería alarmista ante esta nueva
situación, de momento, solo es un proyecto de ley. Primero hay que ver
qué pasa con ese acuerdo de gobierno, porque organizativamente es muy
difícil llevarlo a cabo. ¿Qué haces con los alumnos que no cursan
Religión esa hora? No puedes mandar unos niños a casa a media mañana.
Espero que el Gobierno no cruce la línea roja de poner las clases de
Religión fuera del horario escolar, eso sería un escándalo y tomaríamos
todas las medidas pertinentes. Existen fórmulas, como la que hace un año
propusimos desde Apprece, un currículo integrado en el que unos alumnos
puedan cursar Religión y Valores y otros solo Valores. Lo propusimos al
ministerio y estuvieron muy receptivos".
"Muchos creen que se está dando catequesis",
se quejó días atrás la responsable de las plataformas de profesores,
cuando, según subrayó, el currículo de esta materia está aprobado por el
Ministerio de Educación.
También argumentó que la actual asignatura es
"similar a los programas de más de 30 países desarrollados" y que ya es
"de carácter voluntario", pues los alumnos pueden optar por ella o por
una alternativa.
Dejar de ofrecer una asignatura espejo vulneraría,
según el colectivo de profesores de Religión, el artículo 27.3 de la Constitución,
que señala que los poderes públicos deben garantizar el derecho de los
padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo
con sus propias convicciones.
Ese artículo, junto a los acuerdos con el
Vaticano, es la principal baza legal que emplearán los 13.000
profesores afectados si el proyecto de ley toma forma de real decreto en
el Congreso.
