Nuestros
dirigentes políticos todavía no han captado que no se trata de
presunción de inocencia sino de presunción de decencia. Que solo hay un
código moral de comportamiento y no dos como pretenden hacernos creer:
uno para ellos y otros para el resto de los ciudadanos. Quizá por eso
son vistos como el segundo problema de este país después del paro según
el CIS. Y como no lo captan, no se sabe si por incapacidad intelectual o
mera desvergüenza, asistimos al auge de populismos que pistola en
ristre prometen ley y orden.
Partidos como Vox son la respuesta a la
decadencia de un sistema carcomido por la podredumbre y los chorizos de
traje y corbata que solo piensan en llevárselo crudo o en vivir del
cuento político durante el mayor número de años posible. Resultado: el
pasado vuelve a desfilar por nuestras calles en respuesta a l a
indignación, la impotencia y la decepción de mucha gente que no
encuentra referentes morales a los que aferrarse. Los populistas
rebuscan en un pozo de resentimiento que está lleno de votos.
En la Murcia de los Santos Inocentes, Fernando López Miras
no ha dudado en sumarse al coro de adlátares que han arremetido contra
la oposición tras conocer que la Audiencia Nacional archiva la causa
Púnica contra Pedro Antonio Sánchez, la que le dio la puntilla en
2017. Y lo ha hecho con el traje puesto de presidente, que lo es de
todos los murcianos aunque no haya pasado por las urnas, cuando eso es
cosa de banderilleros.
"Una más archivada...están intentado utilizar la justicia para sacar
rédito político...y por el camino no les importa destrozar la vida de
familias.
Eso sí que debería investigarse, a esos sí que habría que condenar, esos
deberían ser repudiados por la sociedad" escribió López Miras en Twitter después de que su secretario general, Miguel Ángel Miralles hablara de cacería política y exigiera a PSOE, C's y Podemos que pidan perdón a Sánchez
por haberle obligado a dimitir como presidente regional tras ser
imputado por la trama Púnica.
Olvidan maliciosamente que en 2017, Pedro Antonio Sánchez,
cuya sombra sigue siendo alargada y ancha, también estaba imputado por
el caso Auditorio a partir de una dura querella de la Fiscalía y que la
imputación por la trama Púnica no parte de una denuncia del PSOE sino de
la Guardia Civil. ¿Acaso sugiere López Miras que a la Fiscalía y a
la Guardia Civil no les importa destrozar la vida de familias y
deberían ser condenados y repudiados por la sociedad?
Como López Miras
opina que la memoria de los españoles es corta, más bien líquida, habrá
que recordarle también a él que un chivatazo impidió que la Guardia
Civil pudiese recabar más pruebas contra Pedro Antonio Sánchez y su asesor David Conesa. Un chivatazo que sentenció el Tribunal Supremo condenando a dos años de cárcel al ex consejero madrileño Francisco Granados y al guardia civil José Manuel Rodríguez.
El chivatazo, como sospecha la Guardia Civil, dio al traste con la
investigación en curso e impidió que en Murcia se firmara el contrato
con los púnicos como, al parecer, estaba previsto.
Quizá
haya olvidado el escándalo que supuso en su día que la Fiscalía General
del Estado ordenase que desde el Ministerio Público no
se acusara a Pedro Antonio Sánchez por la ‘Púnica’, pese a que las dos
fiscales del caso eran partidarias -al igual que el juez Eloy Velasco-
de actuar contra el presidente de Murcia. Sus superiores, sin embargo,
se lo impidieron.
"No llegó a formalizar los contratos para mejorar su
reputación en internet y, por tanto, no se ha producido perjuicio a las
arcas públicas " fue el argumento argüido por la Fiscalía Anticorrupción
para defender al murciano que horas antes del comunicado de prensa de
Fiscalía se jactó en la cadena COPE de que contaba con el apoyo de
cuatro fiscales del Supremo. Se le escapó una información que
supuestamente no debía conocer y demostró con ello que contaba con
información privilegiada, probablemente del ministro de Justicia Rafael Catalá.
Este proceso judicial supuso el primer gran escándalo en la Fiscalía General del Estado. El fiscal general, José Manuel Maza tuvo que negar en el Congreso que hubiese recibido presiones del gobierno para exculpar a Pedro Antonio Sánchez que
al hablar más de la cuenta destapó las maniobras subterráneas para
librarle de un caso del que finalmente se ha escapado junto a la
senadora Pilar Barreiro. A nadie importa el daño reputacional causado a la región de Murcia durante meses.
Cuando el PSOE registró su moción de censura y C's decidió apoyarla, Pedro Antonio Sánchez estaba acorralado por la trama Púnica y por el caso Auditorio. De no ser por esa moción de censura, no habría dimitido. Pedro Antonio Sánchez
nunca tuvo intención de abandonar San Esteban como los hechos
demostraron.
Tanto él como sus banderilleros reinterpretaron a su antojo
el artículo 54 de la Ley de Transparencia y durante semanas intentaron
silenciar la hemeroteca con argumentarios tan infantiles como ridículos.
De no ser por esa moción de censura, Murcia aún tendría un presidente
entrando y saliendo de los juzgados y a un bueno número de sus
subalternos abonados en Twitter al hastag #yoconPedroAntonio.
Que
el PP de la región de Murcia saque pecho de manera tan desmedida de un
archivo provisional por el caso Púnica les deja en evidencia. Muestran
que Pedro Antonio Sánchez nunca se ha ido, que sigue estando presente. Como si no supieran que el archivo del caso Pasarelas
se produjo por un defecto de forma al haber superado por un día el
plazo de instrucción y está recurrido por la Fiscalía; como si no
supiesen que el caso Auditorio está pendiente de que se fije apertura de
juicio oral -probablemente tras las elecciones de mayo-; como si no
supieran que un juzgado de Lorca acaba de abrirle diligencias por un
supuesto fraude por las obras del centro de la infancia y de la mujer de
Puerto Lumbreras o que la pieza separada no se ha evaporado, sigue viva
y secreta.
La pieza separada del caso Auditorio que abrió la titular del Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Lorca, Consuelo Andreo sigue declarada secreta para no dar al traste con la investigación policial. La juez Andreo
decidió investigar el destino final de la subvención recibida por el
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras de la Comunidad Autónoma para la
construcción del auditorio.
La magistrada señaló en un auto que
"existían fuertes indicios de que los fondos provenientes de la
subvención cambiaron de destino o aplicación, desconociéndose cuáles
fueron esos usos". Abrió pieza separada para investigar si se destinaron
fondos de la subvención del auditorio a otros fines "públicos o
privados". Conviene recordar que en octubre de 2008, cuando apenas se
habían iniciado las obras del auditorio, el Ayuntamiento de Puerto
Lumbreras había destinado 2,7 millones de euros de la ayuda pública a
fines desconocidos.
¿Debiera la juez Andreo, la Fiscalía o la Guardia Civil ser repudiados por investigar a Pedro Antonio Sánchez? ¿Deben, acaso, pedirle perdón?
No
se trata de presunción de inocencia, sino de presunción de decencia y
de responsabilidad política, que en España nadie asume. No constan
dimisiones por la policía política, mal llamada policía patriótica, que
espió para destruir a un adversario político. El Watergate que acabó con
Nixón es una minucia con el Spanishgate. Estamos
asistiendo en directo a la decadencia de un sistema político carcomido
por la podredumbre más infecta.
El espionaje y sabotaje a oponentes
políticos en España es la gota que colma el vaso. No
es que
la gente se sienta más desprotegida, es que está más desprotegida y se
refugia en el único partido que promete mano dura, aunque el tiempo
demostrara que son más de lo mismo. Que los dirigentes de Vox también
vienen a servirse y que sus listas electorales están llenas de
advenedizos que buscan pesebre al calor de las encuestas.
"Ahora nadie cree que el gobierno pueda hacer nada", dijo el sociólogo Zygmunt Bauman que con su "modernidad líquida" describió un mundo
en el que se han desvanecido las
instituciones sólidas que marcaban nuestra realidad y se ha dado paso a
una realidad marcada por la precariedad, el ritmo cambiante e inestable y
la celeridad de los acontecimientos y de la información. Nuestra
sociedad, según Bauman,
ha hecho de la desafección una parte obligatoria de las ocupaciones
vitales".
"Ser crítico está aceptado, y hasta bien visto, pero resulta
inútil cuando la política no es el verdadero poder y el Estado-nación
ya no ofrece respuestas". Los ciudadanos se sienten cada vez más
inseguros y vulnerables porque no encuentran respuestas ni pilares
sólidos a los que aferrarse. Ni los tribunales de justicia inspiran ya
confianza. La impotencia crece. Ningún partido político ha sido
expeditivo con la corrupción que nos roba la educación, la sanidad, las
pensiones, el bienestar y la esperanza. La corrupción se sigue riendo en
nuestra cara con descarado cinismo. Se vale de que nuestra memoria
también es líquida.
(*) Periodista y jefa de Informativos en Murcia de Onda Cero
