Tómese nota en los anales de la Historia de España, así, con mayúsculas, de que la Región de Murcia
alcanza la mayoría de edad política en esta legislatura que agoniza, la
novena desde la transformación de la provincia en comunidad autónoma.
El Estatuto aprobado en 1982, parcialmente modificado en 1991, 1994,
1998 y 2002, está a punto de ser modernizado y mutado en una expresión
de voluntad autonomista más exigente con el Estado y en una carta de
derechos sociales e individuales conforme a los tiempos que corren.
La reforma es fruto del acuerdo unánime de los cuatro partidos representados en la Asamblea Regional
(PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos), algo absolutamente inusual, cuyos
respectivos portavoces (Víctor Manuel Martínez, Joaquín López, Óscar
Urralburu y Miguel Sánchez), serán quienes esculpan sus nombres en el
olimpo parlamentario de Murcia, junto al de Fernando López Miras, el
presidente del Gobierno bajo cuyo mandato rezarán las crónicas que se
promulgó la ley más importante en los 37 años de la vida autonómica, con
el mérito añadido –para todos ellos– de que se aprobará durante la
primera legislatura sin mayoría absoluta en la Cámara.
Los astros se han
alineado. Solo un cataclismo político podría evitar que se apruebe el
nuevo Estatuto, pendiente de detalles irrelevantes que, de no superarse,
tampoco serían insalvables. La Asamblea se disolverá en los primeros
días de abril, para iniciar el proceso electoral del 26 de mayo, así que
la reforma del Estatuto deberá votarse antes, primero en comisión (ya
está convocada para el miércoles, 27) y después en Pleno (posible fecha:
1 de abril).
Queda poco tiempo, pero la firme voluntad de consenso
parece –hoy por hoy– superior a cualquier obstáculo. Aunque los
portavoces no sueltan prenda, con el fin de no malograr su empeño
reformador, es seguro que del 95% de acuerdo alcanzado –y confesado por
ellos– hace quince días se ha pasado ya al 99%. Lo que falta es un pelo.
El texto resultante, de unos ochenta folios, deberá sancionarse
posteriormente por el Congreso de los Diputados, donde la unanimidad con
la que se le remitirá desde Cartagena garantiza la mayoría cualificada
necesaria para su publicación en el BOE.
A Canarias, que acaba de
aprobar su reforma estatutaria, se ha mirado en la gestación del
'nasciturus' cuando surgía algún escollo en las negociaciones,
mantenidas por los cuatro portavoces con la lealtad debida a sus
partidos pero con una discreción rayana en el secreto. Los 'padres' del
Estatuto originario, el de 1982, también calcaron párrafos enteros de
los de Asturias y Cantabria, que estaban más avanzados.
A la vista del borrador en circulación, que se ha sometido a la consulta de expertos, los cuatro puntos cardinales del futuro Estatuto vienen determinados por el agua,
la reclamación solemne de una financiación autonómica justa, la
posibilidad de modificar la configuración territorial (y eso mantiene
abierta la vía a que Cartagena se convierta en una segunda provincia) y
un catálogo de derechos que supondrán, en el supuesto de no quedar
reducidos a una mera enunciación retórica, un avance de calado en el
reconocimiento de libertades individuales inexistentes o ya incluidas en
alguna ley regional pero de menos rango que el Estatuto, como el
derecho a la identidad de género y a la no discriminación a causa de la
orientación sexual, que la reforma en ciernes deja blindado frente a
eventuales mayorías parlamentarias extremistas que quisieran derogarlo.
Aunque el 'derecho al agua' (artículo
21) nada asegura en realidad, su inclusión en el Estatuto supone toda
una novedad política, un hito en la política regional, donde el agua
suele arrojarse a la cara del adversario y raras veces concita la
unanimidad: «Se reconoce el derecho de los ciudadanos a disponer de agua
de calidad en cantidad suficiente para garantizar el abastecimiento de
la población y el desarrollo adecuado de actividades económicas y
sociales».
Y más: «Los poderes públicos regionales promoverán las
actuaciones que correspondan ante los órganos del Estado para que se
reconozca el derecho de la Comunidad Autónoma a disponer de los
sobrantes de aguas de cuencas excedentarias, atendiendo a criterios de
sostenibilidad».
Es fácil situar en este apartado una de las
dificultades de la negociación, finalmente saldada con párrafos del
gusto de unos y otros ('disponer de los sobrantes de aguas de cuencas
excedentarias' equivale a trasvases, pero sin mentarlos y supeditándolos
a 'criterios de sostenibilidad'. Todos contentos).
Atentos a los «privilegios económicos» de otras comunidades
Al
menos ayer permanecía en el texto consensuado el precepto de más
enjundia y el que acentúa el carácter exigente de Murcia ante la
Administración del Estado. Se trata de una disposición adicional en la
que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos «reconocen» que la Región ha sido
maltratada por «la inequidad» del sistema de financiación autonómica y
«comparten» la urgencia de mutualizar la deuda pública, para que puedan
financiarse suficientemente los servicios públicos básicos (sanidad,
educación y Dependencia).
El texto va más lejos, al instar a las
instituciones autonómicas (Consejo de Gobierno y Asamblea) a vigilar el
«equilibrio económico» con las restantes comunidades autónomas, de forma
que en ningún caso puedan producirse «privilegios económicos o sociales
en perjuicio de Murcia».
La bifurcación en una segunda provincia
que satisficiera la reclamación de los sectores de Cartagena que la
demandan desde tiempos inmemoriales no figura en la carta autonómica.
Pero tampoco está vedada, pues se define como ámbito territorial «el de
los municipios comprendidos dentro de los límites de la actual provincia
de Murcia», pero «sin perjuicio de la modificación que de dicha
configuración territorial pudiera realizarse».
Quizá el elemento
más renovador del nuevo Estatuto, y por consiguiente el impulso más
modernizador que se quiere imprimir a la sociedad regional venga dado
por la relación de derechos y deberes, que habrán de plasmarse en
disposiciones legales específicas pero que ya quedan proclamados en la
norma principal: los derechos a vivir con dignidad el proceso de la
muerte, a la protección integral a las mujeres víctimas de la violencia
machista, a la identidad de género, a la garantía de que el embarazo y
la maternidad no podrán causar una discriminación de la mujer, el
derecho a que las parejas no casadas inscritas en el registro gozarán
del mismo reconocimiento que las parejas casadas, amén de otros derechos
que, por ambiguos, merecen una menor atención.
No es el caso, antes al
contrario, del derecho que también se reconoce a «optar por una
formación religiosa y moral conforme a las propias convicciones»,
siempre controvertido en el debate ideológico por la dualidad educación
pública-educación privada.
Los partidos llegan lejos asimismo en su compromiso apriorístico con los menos favorecidos.
El proyecto de Estatuto emplaza a la Asamblea Regional a aprobar una
ley que establezca los requisitos para el acceso por parte de quienes lo
necesiten a «los suministros básicos necesarios para una vida digna».
Tarde
o temprano, quienes hayan sufrido persecución debido a su conciencia,
ideología o defensa de su identidad cultural o de los valores
democráticos deberán ser rehabilitados. Es un guiño de PP, PSOE, Podemos
y Ciudadanos a la memoria histórica, llamada indistintamente 'memoria
democrática', que obliga a los poderes públicos a velar por su
mantenimiento «como patrimonio colectivo que atestigua la defensa de la
identidad y la cultura del pueblo murciano y la lucha por las libertades
democráticas».
El listón está alto. Los cuatro partidos harán historia en los próximos días con la aprobación por unanimidad de un nuevo Estatuto,
salvo un encallamiento que a esta hora nadie prevé y nadie desea. El
consenso alcanzado, y el articulado de la ley –que será la más
importante en la historia de la Comunidad–, habrán justificado por sí
solos la novena legislatura de la autonomía regional.
(*) Columnista