lunes, 4 de febrero de 2019

Tensa situación con Venezuela tras el reconocimiento de Guaidó / José Oneto *

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha anunciado, desde el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia ante la prensa sin preguntas, que el Gobierno español ha reconocido como Presidente encargado de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, para convocar elecciones cuanto antes. 

La Asamblea Nacional es el órgano legislativo elegido democráticamente por el pueblo venezolano e ignorado y perseguido por el presidente Nicolás Maduro, que tomó posesión recientemente de un segundo mandato, tras unas elecciones en las que no participó la oposición.

Sánchez ha recordado que este Lunes terminaba el plazo de ocho días que varios países de la Unión Europea, de forma coordinada, habían dado a Maduro para que convocase unas elecciones transparentes o de lo contrario los países de la Unión, en una Posición Común (salvo excepciones) reconocerían al nuevo Presidente perteneciente al partido Voluntad Popular, que forma parte de la Internacional Socialista y que ha conseguido, por primera vez en muchos años, una unidad total dentro de la oposición.

El “horizonte claro” de este reconocimiento, según Sánchez, debe ser “convocar elecciones en el menor plazo de tiempo posible. “Unas elecciones libres, democráticas, con garantías y sin exclusiones”. “El pueblo de Venezuela debe decidir en exclusiva su destino”, ha añadido el Presidente español, para que el resto de países deben “acompañar” y “garantizar” este proceso. 

Sánchez ha apostado por la “multilateralidad” anunciando que mantendrá este mismo lunes, contactos con el resto de países de la Unión Europea y con países iberoamericanos para avanzar en este camino… “No vamos a dar un paso atrás.  España estará a la altura de lo que se espera de ella en este conflicto”.

El Presidente no ha querido explicar cuál será la contribución de la UE para la convocatoria y celebración de esas elecciones después de que Nicolás Maduro haya insistido en que las únicas elecciones a celebrar son elecciones parlamentarias con el objetivo de renovar la actual Asamblea Nacional, de donde emana toda la legalidad constitucional actual, especialmente la jura como presidente interino de Guaidó el pasado 23 de Enero. 

Lo único concreto que ha dicho sobre este particular es que “impulsará y apoyará” al Grupo Internacional de contacto creado en la Unión Europea, a instancias de España, para “acompañar a Venezuela en este proceso”. También el presidente ha anunciado que España “está dispuesta a trabajar y a colaborar activamente con otros países y otros actores internacionales, especialmente el “Grupo de Lima”. 

“A la comunidad internacional nos corresponde ayudar a que esos comicios se celebren, respetar los resultados y verificar que se desarrollan con todas las garantías”.

El Presidente del Gobierno ha terminado su intervención anunciando un plan de ayuda humanitaria en colaboración con toda la Union Europea y la ONU, entrando de lleno en el plan que más preocupa ahora en Estados Unidos, Brasil y Colombia, de cómo llega esa ayuda humanitaria a Venezuela, si como parece las órdenes de Maduro a las Fuerzas Armadas es que no se deje entrar todo esos productos no perecederos y de primera necesidad, productos infantiles y medicinas, especialmente para el tratamiento de enfermedades más graves como el cáncer, el sida. Ahora el reto de toda la Comunidad internacional es cómo meter en el país toda esa ayuda.

Como ha sido una comparecencia sin preguntas se desconoce si el actual embajador venezolano en Madrid tendrá que abandonar el país, si como está previsto Guaidó nombra a un nuevo representante diplomático, y si se produce una expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva, un diplomático con experiencia en América Latina que ha estado de embajador en Panamá y que ya ha tenido conflicto con el gobierno de Maduro, hasta el punto de tener que ser llamado a consultas a Madrid después de celebrar varias reuniones en la embajada española de todos los representantes diplomáticos de la UE en la capital venezolana.

Ahora la principal preocupación del Gobierno español es la seguridad de los más de 200.000 españoles que viven en Venezuela, la colonia extranjera junto a la portuguesa, más importante en el país. La seguridad en la embachada española en Caracas se ha reforzada con equipos de GEOS y aumento de los servicios de inteligencia del CNI. 
 
La situación, en estos momentos, puede calificarse de muy tensa y preocupante, después de que Maduro en entrevista al programa de Jordi Évole, calificase a Pedro Sánchez de “farsante” y que comparase el ultimátum que le envió, al mismo que podía haber enviado él a la Unión Europea para que reconociese la independencia de Cataluña. 
 
 
 
(*) Periodista y economista
 
 

El segundo frente / Ramón Cotarelo *

El desvencijado navío hispano está encallado y zozobrando entre la mar bravía de un movimiento independentista que no ceja  y los escollos del acervo comunitario en materia de derechos que no ceden. 

La farsa político judicial escenificada en Madrid lo dice todo. El Supremo pretende juzgar con un ojo en el TEDH, y empieza por negar la entrada a los observadores internacionales con excusas pueriles que solo revelan talante autoritario. Ya todo el mundo se malicia lo peor y aún no hemos comenzado.  De ahí la campaña del Estado en todos los horizontes, especialmente el propagandístico. 
 
En él se cree un águila, aunque su vuelo es siempre gallináceo. Al fin y al cabo, la propaganda es una invención de la iglesia católica, de los tiempos de la Sacra Congregatio de Propaganda Fide, invención de los jesuitas allá por 1622. Esos mismos jesuitas (la Orden no muere) en cuyo colegio y universidad se educó Marchena, el Radamanto de los indepes.

Pero este juicio político no hay quien lo salve. Es extraño que las izquierdas españolas no reaccionen con contundencia. Entre otras cosas porque si, quienes instigan el juicio, ganan, las siguientes serán ellas, enemigas de la patria. En fin, allá se lo guisen estas izquierdas que, de izquierdas, bien se ve, tienen ya poco.

Es absurdo llamar "normalidad" a una situación en la que se efectúa un traslado de presos como el que se ha hecho con los políticos catalanes. Ese increíble desfile de autobuses, motos, furgones, más motos, "with their red lights flashing in the night", esa narcisista pulsión de exhibir overkilling, trata de crear un clima bélico, como si se estuviera trasladando a peligrosos jefes rebeldes en medio de territorio hostil. 

Esto está adquiriendo niveles grotescos, propios de la tribu que ama la tramoya y lo hiperbólico. Allá van nueve pacifistas que jamás han protagonizado violencia alguna, ni de palabra, algunos de ellos profundamente religiosos en la fe de Cristo que también invocan, por cierto, sus carceleros y sus sayones; alla van, digo, rodeados de motoristas como los heraldos negros de la muerte, precedidos de luces, sirenas, rodeados de furgones enrejados, enrejados ellos/as a su vez en compartimentos estancos. 
 
La crueldad no está reñida con la estupidez. Es más, suelen ir unidas. Véase el increíble vídeo de un guardia civil haciendo mofa de los presos y los manifestantes que, increíblemente, cuelga en la red.

La vicepresidenta Artadi requiere la investidura de Puigdemont, una vez efectuada la reforma reglamentaria correspondiente, con el ánimo evidente de abrir un segundo frente al gobierno, ya que tan guerrero se muestra. El segundo frente de un presidente Puigdemont eficaz investido por el Parlamento en ausencia forzada por una clara voluntad política y una literalmente absurda situación judicial.

Desde la sala del proceso, los independentistas aprovecharán la tribuna que la represión, malgré elle même, les ofrece para explicar al mundo la motivación de sus actos, el carácter pacífico y democrático de su pretensión y su legitimidad desde el punto de vista de los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos. 
 
El reino de España tiene muy difícil, en realidad imposible, justificar por qué hay tal disparidad de derechos en dos Estado de la Unión Europea como Gran Bretaña y España, de forma que los catalanes pagan con la cárcel su pretensión de ejercer derechos que los escoceses ejercen libremente.

Y más difícil e imposible tendrá explicar por qué motivo el presidente de la Generalitat, investido por el Parlament, no puede tomar posesión de su cargo. Ese es el segundo frente, de consecuencias imprevisibles.
 
 
 
La celebración de esta farsa político-judicial está dejando la imagen de España por debajo del suelo en que estaba. La negativa a admitir observadores internacionales permite predecir el curso posterior del proceso. El argumento de que se televisará en directo y se podrá ver en streaming es pueril y no oculta la intención se sustraerse al escrutinio internacional. 
 
Se añade que la selección de pruebas que el tribunal ha hecho ha sido en detrimento de la defensa que, además se ejerce en condiciones de precariedad. Todo esto, así, paladino, a la vista del mundo entero, está provocando una oleada de preocupación en Europa. 

Con un juicio tan descaradamente político, la imagen dominante de España en el extranjero es desastrosa. Muy preocupados, los estrategas del gobierno han lanzado una campaña internacional para detener la caída del prestigio del país y revertirla. Aquí tienen ustedes ya el ministerio de Asuntos Catalanes convertido en ministerio de Información y Turismo, o sea, de Propaganda. Borrell se da un aire a Fraga. Le ciega la misma ardiente pasión por la unidad de España. Y la misma falta de escrúpulos.

Despliegue de actividades a tambor batiente. Irene Lozano, que viene de UPyD, es responsable del programa "España Global", nombre que recibe ahora la Marca España de Rajoy después de su singular y ridículo fracaso. Esta España Global concentra su propósito de ridículo en contrarrestar el vicioso catalanismo internacional, la hidra de infinitas cabezas. Es un organismo de ataque. 
 
Lozano ha asegurado a la BBC que los presos catalanes han cometido delitos y por eso se ven en donde se ven. Típico del recio estilo castellano, la tal España Global pirateó el logo de la FundacióBarça. Aquí tan pronto te meten en la cárcel por haber cometido delitos por los que aún no has sido condenado como te birlan lindamente el logo. La condición es que seas catalán, gente rebelde y tenaz.

El ministerio de propaganda anticatalana está permanenetemente al acecho, imparte órdenes, financia estudios, desplaza peones y alguaciles a reuniones y debates en el exterior a difundir la doctrina oficial o doctrina homologaciana, esto es, España, Estado de derecho homologable con los vecinos.Cuanto más se empeña el Estado en predicar su condición de Estado democrático de derecho, más precaria se ve. Ninguna otra democracia "homologable" tiene que pagar millonadas por los más diversos conceptos (unos más normales que otros) a fin de demostrar al mundo lo que todo el mundo acepta que es, o sea, un Estado democrático de derecho. 

No es el caso de España. Por eso van por ahí cónsules, embajadores, ministros plenipotenciarios, jurando por doquier que España es lo que a los ojos de todo el mundo no es: un Estado democrático dee derecho. De ahí los millones, los ridículos, las presiones diplomáticas, las declaracioness extemporáneas y las mentiras desaforadas.

Pero no hay manera. Un Estado democrático de derecho no tiene presos/as ni exiliadas/os políticos.

Y mucho menos somete a proceso penal la disidencia política. 
 



(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
 

Los 'Goya', entre la insolidaridad y la miseria / José Antich *

¿Qué ha sucedido en España para que artistas o intelectuales guarden absoluto silencio, por ejemplo, en la entrega de los Premios Goya de una situación tan escandalosa como los exiliados y los presos políticos catalanes o el juicio del 1-O que se iniciará el día 12 en el Tribunal Supremo? ¿Cuánto vale la dignidad del sector ante el corsé impuesto de que aquel que se mueve se queda fuera de ofertas profesionales en España o se desata directamente una campaña de rechazo? 

La entrega de los Premios Goya era una oportunidad al ser presentada por catalanes y al tener que recoger el premio artistas catalanes.

Entre la versión benévola de que todo se debe a la autocensura por querer conservar sus actuales privilegios y la descarnada de que a España hay que ir con una coraza si uno quiere salir vivo/a y tener trabajo, no hay mucha diferencia. El silencio del mundo de la cultura con el caso catalán es, con honrosas excepciones, escalofriante. 

Y también preocupante. Quizás los tiempos actuales son esto. Olvidar a presos y exiliados y, en todo caso, hacer chistes del exilio para que se ría la gente. Un Puigdemont con un gran lazo amarillo. ¡Qué gran idea!  Sin duda, a la altura de quien lo pensó y quien lo aplaudió. ¿Cómo no se va a producir una ruptura total con estas actitudes?

El silencio durante varias horas de gala de personas siempre dispuestas a posicionarse en debates entre derecha e izquierda. Los propietarios de la ceja, siempre dispuestos a posicionarse al lado del PSOE o de Podemos contra la derecha española y que ahora callan. 

Es fácil ir contra Aznar o Rajoy y de la mano de Sánchez, Zapatero o Iglesias. Pero ante la mayor vulneración de derechos individuales políticos que se ha producido en España en las últimas décadas, no. Mejor mirar hacia otro lado.

No por previsible es menos imputable. Sobre todo, porque ninguno pueda decir que su gesto o su actitud no era importante.

 La pancarta del 'Camp Nou'

Aunque la directiva del FC Barcelona ha hecho esfuerzos ingentes para rebajar la catalanidad del club, su singularidad como una institución que es sin duda més que un club, por historia y por deseo de sus socios y aficionados, en cada partido que se juega en el estadio se cuelga en la segunda galería una pancarta al inicio del partido que tiene que ver con la excepcionalidad que vive Catalunya. 

En la de este sábado se leía "Self-determination is a right, not a crime" (La autodeterminación es un derecho no un crimen). La pancarta pretende llamar la atención, en este caso, con el juicio del 1 de octubre que se celebrará en el Tribunal Supremo a partir del próximo día 12.

Que el Barça no ha estado a la altura durante todo este tiempo es una obviedad. No se trataba de pronunciarse o no a favor de la independencia, pero sí al menos de expresar la más mínima empatía hacia el Govern de Catalunya destituido y cuyos miembros o están en la prisión o en el exilio. 

De hecho, hasta muy recientemente, hace un par de semanas, ni el presidente del Barça ni ninguno de sus vicepresidentes se habían acercado a ninguno de los tres centros penitenciarios en que estaban distribuidos los nueve presos políticos. Y cuando lo hizo, necesitó el paraguas de un proyecto de la Fundación del Barça para ayudar a los niños que tienen a sus padres en las cárceles.

No ha sido este el único gesto tendente a tomar distancia. El pasado mes de mayo se cambió el protocolo del palco del Camp Nou para desplazar al president de la Generalitat, Quim Torra, que, desde la época en que fue presidente del Barça Raimon Carrasco, todos lo habían mantenido primero con Tarradellas y después con Jordi Pujol, Pasqual Maragall, José Montilla, Artur Mas y Carles Puigdemont. 

Seis presidentes de la Generalitat y otros seis del Barça y cuarenta años entre ceder la presidencia del partido al president de la Generalitat y arrebatársela sigilosamente. Otro ejemplo: progresivamente se le ha ido cayendo al capitán del Barça en muchos partidos el brazalete con la senyera y se ha sustituido por otro con los colores blaugranas.

El Camp Nou es el campo de los barcelonistas, claro está. Y todos tienen derecho a defender las opciones que les venga en gana. Pero la directiva tiene que saber interpretar a la mayoría, representar al club. Adoptar posiciones aunque a veces sea incómodo. 

La diferencia entre un club propiedad de un acaudalado ruso, chino, de los Emiratos Árabes, Singapur o de tantos otros países o que sus socios sean los propietarios de la entidad radica justamente en eso. Así de sencillo y así de difícil.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


El caos del Brexit / Félix de la Fuente *

No es sólo Gran Bretaña la que está sumida en un caos político por razón el Brexit. También la UE se encuentra ante un reto de proporciones monumentales, con el riesgo de cerrar el problema en falso y aumentar aún más la desilusión por la integración europea. Son muchos los retos organizativos que la UE tendrá que resolver, haya o no acuerdo de salida (aduanas, Erasmus, residencia, transporte, y, sobre todo, la libertad de movimiento y de residencia de los ciudadanos). 

Ante esta perspectiva, tenemos que formularnos muy en serio varias preguntas. ¿Cómo habría sido el voto de los ciudadanos británicos si hubieran sabido, porque alguien les hubiera hablado, que les esperaba tal embrollo? ¿No nos hubiéramos ahorrado los costes millonarios del Brexit, si el artículo 50 del Tratado de la UE no permitiera una salida tan fácil? ¿Cómo es que deja en mano de una sola de las partes la decisión de salir de la UE, sin tener en cuenta la opinión de las otras dos partes: los demás Estados miembros y todos los ciudadanos de la UE? ¿Cómo es que solamente se pensó en la posibilidad de salir de la UE y no en la posibilidad de que a un Estado miembro se lo pudiera echar? 

Si un Estado miembro de la UE degenerara en dictadura, no habría forma de echarlo, pues no está previsto. Y si es que estamos pensando que al echar de la UE a un Estado miembro se está perjudicando a los ciudadanos de ese Estado, ¿cómo es que no se ha pensado que con la decisión de un Gobierno o de un 50,001% de la población se puede estar perjudicando al otro 49,99% de los ciudadanos? ¿Es acaso serio que Gran Bretaña pudiera decidir quedarse en la UE así sin más después de todo el galimatias que ha armado? ¿No habría que echar a Gran Bretaña de la UE en caso de que decidiera seguir dentro, pero otorgando la ciudadanía de la UE a todos los ciudadanos que han votado en contra del Brexit o que quieren seguir dentro de la UE? ¿No sería necesario modificar profundamente el artículo 50 del Tratado EU? ¿Necesita acaso la UE permiso de Gran Bretaña para otorgar la ciudadanía europea a quien le plazca?

Tengo otros muchos interrogantes que podría formular, pero lo que más me preocupa, como europeísta, son los millones de ciudadanos privados de la ciudadanía europea en contra de su voluntad, y me preocupa que cualquier país pueda repetir el camino del Reino Unido. Me preocupa que mi país o mi gobierno puedan privarme algún día de la ciudadanía europea. 

¿Se quedaría calladito mi gobierno si un día Francia quisiera despojarme de la ciudadanía española? ¿Por qué no han dicho ni “mu” las instituciones europas al ver cómo se les priva de la ciudadanía europea contra su voluntad al 50% de los ciudadanos británicos? Si es que jurídicamente no se puede hacer nada según los Tratados de la UE, ¿Cómo es que se tolera tal aberración jurídica? Si el artículo 50 no se modifica, que se deje de hablar de ciudadanía europea para siempre.

El abandono que sienten en su carnes los ciudadanos del Reino Unido que han votado contra el Brexit es algo mucho más grave que todos los problemas que pueda suponer apertura o el cierre de la frontera de Irlanda del Norte o de tantas empresas afectadas, y es también el abandono que sentimos los que estamos luchando por la integración europea y nos consideramos ciudadanos europeos. 



(*) Ex funcionario de la Comisión Europea

domingo, 3 de febrero de 2019

'Salinera Española' y 'Anse' firman un acuerdo de custodia para la conservación de las salinas de San Pedro del Pinatar


SAN PEDRO DEL PINATAR.- Salinera Española y la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse) han firmado un convenio con una duración de 14 años para la conservación de la biodiversidad asociada a la explotación de las Salinas de San Pedro del Pinatar. Este espacio protegido alberga las principales colonias de nidificación de aves acuáticas de la Región de Murcia, además de hábitats dunares y saladares.  La iniciativa se enmarca dentro del denominado LIFE Salinas, proyecto financiado por la UE.

Julio Fernández, director de las Salinas de San Pedro del Pinatar, y Pedro García, Director de la Asociación de Naturalistas del Sureste, firmaron un acuerdo de Custodia del Territorio que pretende garantizar el desarrollo de acciones de conservación de este espacio durante los próximos 14 años.
El convenio de Custodia del Territorio ha sido concebido en el marco del "Proyecto LIFE “Conservación de hábitats y aves acuaticas en el LIC y ZEPA ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”" financiado por el instrumento LIFE de la UE coordinado por Salinera Española, y que tiene como socios beneficiarios a ANSE, la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia, el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, la Universidad de Murcia y Mae d´agua, Lda.
El convenio prevé que las acciones de conservación de aves acuáticas (gaviota de audouin y otras larolimícolas) y de los hábitats dunares (entre otros las estepas salinas y bosques de juniperus) prosigan una vez haya finalizado el proyecto. Las acciones previstas para los próximos años son:

a) Actuaciones específicas de control de Especies Exóticas Invasoras en los espacios dunares y restauración de vegetación autóctona.
b) Desarrollo de actividades de educación ambiental, voluntariado ambiental y de conservación de la biodiversidad.
c) Evitar el establecimiento de colonias de gaviota patiamarilla en áreas de nidificación de especie amenazadas, dada su depredación sobre las mismas.
d) Desarrollar actuaciones de protección de las dunas de La Llana frente a la erosión mediante el uso de arribazones de posidonia oceánica.

Salinera Española aportará los recursos económicos necesarios para el desarrollo de estas acciones, complementarios a los de la Unión Europea y otros aportados por el resto de socios del proyecto.
Las salinas de San Pedro del Pinatar albergan las principales colonias nidificantes de aves acuáticas de la Región de Murcia, incluyendo la amenazada gaviota de Audouin, charranes, avocetas y cigüeñuelas entre otras, y presenta amplias comunidades de hábitats dunares y de saladar, motivo por el cual fueron incluidas como ZEPA y como LIC en la Red Natura 2000. 
Las salinas constituyen un excelente ejemplo de sostenibilidad ambiental entre una actividad productiva (obtención de sal) mediante el uso de energías renovables (sol) y la conservación de la biodiversidad.

El PP despliega una 'ofensiva' parlamentaria para que Cartagena mantenga la sede del Cuartel de las Fuerzas de Protección de la Armada

MADRID.- "Cartagena debe seguir siendo la sede del Cuartel General de las Fuerzas de Protección de la Armada (FUPRO)", así lo ha manifestado la portavoz adjunta del PP en el Congreso de los Diputados, Isabel Borrego, quien ha añadido que es un gasto innecesario su traslado a Ferrol y además una pérdida de 'activo' para la ciudad.

El Partido Popular ha desplegado una ofensiva parlamentaria a nivel regional, nacional y también a nivel municipal con el fin de impedir que el ministerio de Defensa consume su intención de trasladar el destacamento militar emplazado en las instalaciones de La Algameca.
Desde el PP ha recalcado Borrego, "solicitamos al Gobierno de la Nación que se oponga públicamente al traslado a Ferrol del mando de la fuerza de Protección de la Armada y que este órgano se mantenga en su actual base de Tentegorra".
En este sentido, la portavoz adjunta en el Congreso rechaza el traslado de la FUPRO de su actual ubicación ya que "carece de toda justificación porque son unas instalaciones que no se han quedado desfasadas, muy al contrario, ni el traslado de las mismas es a un establecimiento mayor, ni más moderno, ni mejor situado desde el punto de vista de optimización de presupuesto o material".
Además, ha recordado Isabel Borrego, "no hay que olvidar que en esta Estación Naval se encuentra situado el Tercio de Levante además de otras muchas instalaciones asociadas a la Armada que tienen su sede en la ciudad de Cartagena".
La Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) constituye una de los tres componentes de la Fuerza de Infantería de Marina, ha señalado Borrego, quien ha apuntado que su misión "pasa por garantizar la seguridad y protección del conjunto de bases, instalaciones, centros, organismos y personas de la Armada".
El puesto de mando de la FUPRO está ubicado en Cartagena, en la Estación Naval de La Algameca. El Mando de la Fuerza de Protección lo ejerce un General de Brigada de Infantería que a su vez dispone de un órgano Auxiliar de Mando, que coordina las diferentes áreas de la Seguridad Física.
Desde el PP "solicitamos a nivel regional, nacional y también a nivel municipal, que la actual sede de la FUPRO continúe en las instalaciones de la Estación Naval de La Algameca y se descarte cualquier plan para su traslado a Ferrol", ha finalizado Borrego.

Ciudadanos pregunta en el Congreso

Ciudadanos ha llevado al Congreso de los Diputados el posible traslado a Ferrol de la Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO), con sede en la Estación Naval de La Algameca, en Cartagena. 
Los diputados José Luis Martínez y Miguel Garaulet piden al Gobierno que “aclare si quiere realizar este traslado, y si es así, que explique las razones que lo justifican y si tiene previsto medidas para reducir el impacto de la medida, como convocar concursos de traslados o facilitar el cambio de residencia de los efectivos”.
“Queremos saber si también si Defensa ha calculado el impacto económico que supondría para Cartagena este traslado, y si se encuentra dentro de un marco dispositivo mayor y que aclare a cuántos efectivos va a afectar”, ha destacado José Luis Martínez, quien también considera que la Armada “debería haber realizado un estudio previo para facilitar el traslado de los familiares del personal militar que se vería afectado por este cambio y haberlo puesto en conocimiento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas”. 
Finalmente, Ciudadanos también inquiere al Gobierno a que aclare si estos “reiterados cambios organizativos” se ven provocados por la baja o el alta en el servicio de alguno de los buques de la Armada.
La Fuerza de Protección de la Armada (FUPRO) constituye uno de los tres componentes de la Fuerza de Infantería de Marina y tiene como misión garantizar la seguridad física y protección del conjunto de bases, instalaciones, centros, organismos y personas de la Armada. 
Está compuesta por tres Tercios, una Agrupación y una Unidad de Seguridad. A su cargo está un General de Brigada de Infantería, que coordina varias unidades, como son el Tercio del Norte (con base en Ferrol), el Tercio del Sur (en San Fernando, Cádiz), el Tercio de Levante (el que está estacionado en Cartagena), la Agrupación de Madrid y la Unidad de Seguridad de Canarias.

C's-CT pide a la alcaldesa que apoye el 40 aniversario del Tajo-Segura y busque el de la Federación de Municipios

CARTAGENA.- Ciudadanos-Cartagena solicitó en la última sesión plenaria que el Ejecutivo municipal contactara con el Sindicato de Regantes Tajo Segura (Scrats) para la instalación en la fachada del Palacio Consistorial o del Edificio Administrativo de San Miguel del cartel conmemorativo preparado por el sindicato para la conmemoración de los 40 años del Trasvase Tajo-Segura, y que pactara otras maneras para promover y defender esta infraestructura, "sobre todo ahora cuando formaciones como PP, PSOE, o Vox fuera de la Comunidad Autónoma atacan y piden el fin de esos trasvases de los que dependen 250.000 empleos y abastecen a 2,5 millones de personas en el sureste español".

El edil de C's, Alfredo Nieto, presentó esta iniciativa en el Pleno y recordó que "el Ayuntamiento de Archena fue el primer municipio en colocar una pancarta del 40 aniversario del Trasvase Tajo-Segura en su fachada, como primer acto dentro del programa por el Scrats para la conmemoración de este aniversario".
"Desde Ciudadanos consideramos que se trata de una iniciativa muy positiva y que nuestro Ayuntamiento debería sumarse, y ponerse en contacto con el sindicato para saber de qué otra manera puede promover o ayudar, por ejemplo mediante el uso del logo en las comunicaciones municipales externas e internas; si no lo hacen en los próximos días llevaremos una moción al próximo Pleno en busca de apoyos para obligarles", ha señalado Nieto que ha añadido que "todo lo que el Ayuntamiento de Cartagena pueda hacer para apoyar a nuestros regantes y promover la solidaridad en el reparto de los recursos hídricos será poco".
El edil naranja también cree necesario impulsar un acuerdo entre regantes y la Federación de Municipios de la Región de Murcia para extender de manera que se involucren el resto de ayuntamientos. "Debemos recordar que la alcaldesa de Cartagena es la vicepresidenta de la Federación, por lo que puede y debe liderar e impulsar esta acción".

La CARM programa 77 cursos específicos este año para más de mil jóvenes en paro

MURCIA.- La Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente ha programado para 2019, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), un total de 77 cursos de formación específicos para jóvenes menores de 30 años e inscritos en Garantía Juvenil. En total, se ponen a disposición de los alumnos un total de 1.155 plazas, gracias a las subvenciones de 1,6 millones de euros que el SEF ha concedido a las entidades que impartirán la formación.

Dicha formación, que está cofinanciada por el Fondo Social Europeo, podrá ser de tres tipos: en primer lugar, se ofertan 59 cursos en sectores con elevada inserción laboral, como el comercio, el transporte, la administración o la hostelería, y que en la mayoría de casos conducen a la obtención de un certificado de profesionalidad. 
Además, también se ofrecen 12 acciones formativas en idiomas, y finalmente se han programado seis cursos que orientarán a aquellos jóvenes interesados en emprender.
Las entidades que ofrecerán mayor número cursos son Fremm (17) y el Centro de Formación San Nicolás (13). 
También impartirán acciones formativas el Centro de Estudios Infer, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Proexport, Aula Nova, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo de Cartagena, los ayuntamientos de Blanca y Yecla o el Centro de Formación Inmeco, entre otros. 
Los cursos están disponibles en la sección 'Busco un curso' de sefcarm.es, donde se debe seleccionar como colectivo 'Garantía Juvenil'.
Por lo que respecta a los cursos que dan acceso a certificados de profesionalidad, algunos ejemplos serán los de 'Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos', suficiente para desempeñar puestos como los de auxiliar de archivo o de oficina, así como los de 'Actividades de gestión administrativa' (auxiliar administrativo), o 'Docencia de la formación para el empleo' (para convertirse en docente de cursos de formación).
En el caso de los idiomas, la meta principal es potenciar el dominio del inglés, ya que esta lengua abarca todas las acciones formativas, desde el nivel A1 (inicial) hasta el C1 (avanzado). 
Como factor de interés para los jóvenes, estos cursos incluyen un examen final llevado a cabo por una entidad certificadora externa, como Cambridge o Trinity. El alumno no deberá realizar ningún pago por estas pruebas.
La directora general del SEF, Severa González, destacó sobre estos cursos que "dominar el inglés es hoy algo prácticamente obligatorio no sólo para acceder a un puesto de trabajo, sino también para progresar en él. 
Pero realizar un curso de inglés no debe significar un gasto obligatorio para el alumno, y por eso esta formación es gratuita, de máximo nivel y, lo que es más relevante, conduce a una titulación de prestigio".
Finalmente, la formación en emprendimiento incluye por primera vez cursos específicamente diseñado con el objetivo de cualificar en innovación a jóvenes titulados superiores, para posteriormente subvencionar su contratación en prácticas en empresas de la Región de Murcia. 
Esta acción formativa, denominada 'Gestión de la innovación', ha sido desarrollada conjuntamente por el SEF y el Instituto de Fomento, y consta de unas 200 horas de formación presencial, talleres y tutorías.

Medio Ambiente edita una guía con toda la información sobre los 600 tipos de hongos y setas que hay en la Región


MURCIA.- Una completa enciclopedia que recoge todo el conocimiento sobre los más de 600 tipos de hongos que hay en la Región, El 'Atlas de los hongos de la Región de Murcia', es una obra póstuma del catedrático de Biología de la Universidad de Murcia Mario Honrubia y en él se actualiza toda la información recopilada por este reconocido experto micológico a lo largo de su trayectoria y se explica, de una manera práctica y didáctica y con abundante material gráfico de gran calidad, la evolución, características y particularidades de estos diferentes tipos de hongos y setas.

La obra, que acaba de ser editada por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, contiene también una 'lista roja preliminar de hongos amenazados en la Región' en la que figuran un total de 16 especies entre las que se encuentran la 'polvera gigante' (Calvantia gigantea) en la imagen; la 'Volvariella pusilla' o el 'Schizostoma laceratum'. 
En este apartado, además, se recogen algunas de las principales amenazas para la población fúngica y una serie de propuestas para contribuir a su preservación.
La directora general de Medio Natural, Consuelo Rosauro, destacó que esta obra "representa un importante avance en el conocimiento de estos organismos, además de suponer una aproximación precisa a los hongos y setas que los visitantes de los espacios naturales pueden encontrar en sus paseos y caminatas por nuestros montes y bosques y crear así una cultura micológica en la Región".
En este sentido, Consuelo Rosauro recordó que un mayor conocimiento de los hongos y setas ayudará a su vez a una mejor conservación de unas especies "que aportan enormes beneficios para el medio ambiente, ayudando a la descomposición de la materia orgánica o sirviendo como fuente de alimento para otros animales; y para los seres humanos, ya sea como alimento o por servir tanto para elaborar productos antibióticos y otras medicinas como pan, vino o quesos. Todo ello hace que los hongos, setas o trufas tengan también un elevado potencial como herramientas de desarrollo sostenible".
El 'Atlas de los hongos de la Región de Murcia', obra también de las profesoras del departamento de Biología Vegetal del área de Botánica de la Universidad de Murcia Mar Zamora, Almudena Gutiérrez y Asunción Morte, puede descargarse en formato pdf en la página web de la Dirección General de Medio Natural.

Denuncian el abandono, la degradación y nula señalización del Palmeral Chico de Zaraiche


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia, Huermur, ha instado al Ayuntamiento de Murcia a que realice acciones urgentes de mantenimiento y conservación del Palmeral Chico de Zaraiche, así como una limpieza de urgencia de este singular espacio de la Huerta de Murcia.

Para Huermur, no es de recibo que uno de los pocos espacios naturales que se conservan accesibles en la Huerta de Murcia permanezca de esta forma, “lleno de maleza, con ramas caídas o partidas, y con una imagen de dejadez y abandono”.
Desde la asociación conservacionista consideran que “se debe hacer un mayor esfuerzo desde la administración pública para conservar en las debidas condiciones este emblemático espacio, y por ello ya pedimos el año pasado su catalogación y protección para que se pueda conservar con las garantías legales necesarias”.
Para Huermur también “hay que mejorar el entorno del Palmeral Chico, colocar cartelería informativa, indicar las especies vegetales presentes, señalizar la acequia y limpiar y abrir la zona vallada junto a ésta, para que se pueda entender el origen de los palmerales de nuestra Huerta de Murcia, ligados a las acequias y su regadío”.
Por último,  la Asociación Huermur destaca que ya reclamó hace 6 meses, el pasado verano, la protección municipal para este palmeral, para que se catalogara como arboleda singular y de interés local, al no estar recogido en el PGOU de Murcia. 
A pesar de esa petición, el Ayuntamiento de Murcia no se ha dignado a contestar la solicitud oficial que cursó Huermur
Por ello, la entidad conservacionista realizará las oportunas quejas municipales para que se investigue esta falta de respuesta por el consistorio.

Un marroquí de 15 años viaja en los bajos de un camión toda la noche desde Cádiz hasta Alhama de Murcia

ALHAMA DE MURCIA.- Un menor de 15 años y de nacionalidad marroquí fue interceptado en la mañana de este domingo viajando en los bajos de un camión de Primafrio desde Cádiz hasta Alhama de Murcia, donde tiene sede la empresa dedicada al transporte por carretera. 

Un vigilante de seguridad era quien descubría al joven en el camión, quien dio la voz de alarma y se ponía en contacto con la Policía Local de Alhama de Murcia.
El menor había viajado desde la localidad de Bornos, en Cádiz, hasta Alhama de Murcia agarrado a los bajos de uno de los camiones de Primafrio durante una noche entera, en la madrugada de este domingo.
El menor fue trasladado hasta la Casa de la Espiritualidad del Ral, un centro de acogida de menores gestionado por Cáritas y la fundación Arcos del Castillo, por agentes de la Policía Local, que trasladó el caso a la Policía Nacional y Guardia Civil.

Desplome de votos, fugas y ruido interno

MADRID.- El Partido Popular ha vendido su llegada al Gobierno de Andalucía a pesar de perder 300.000 votos y gracias a los pactos alcanzados con Ciudadanos y Vox como el primer éxito de la gestión de Pablo Casado al frente de la formación política después de su triunfo en las primarias de julio, reflexiona hoy eldiario.es

"Va a ser el primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el PP y también para la recuperación del Gobierno de España en cuanto haya elecciones generales", aseguraba Casado el pasado 18 de enero durante el acto de toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta. 
La realidad que vive el partido está lejos de esa visión gloriosa que intenta trasladar su principal dirigente, que en la Convención Nacional de mediados de enero refrendó su estrategia de mantener un discurso duro –más de derechas que el de su predecesor, Mariano Rajoy, al que la dirección popular ya ha dejado atrás–. 
Casado aseguró que "el PP ha vuelto fuerte y unido" y consideró que no son necesarios más cambios internos para contrarrestar la pérdida de apoyo electoral de los últimos años: "Estamos preparados de sobra".
La formación afronta un imparable retroceso en las urnas desde 2016 que, según las últimas encuestas, proseguirá en próximas citas electorales; varios exdirigentes que en el pasado más reciente ocuparon cargos de responsabilidad en el partido han decidido dejar el PP, y la estrategia de Casado que ha supuesto un giro a la derecha y un acercamiento a los postulados de Vox ha generado discrepancias internas que han salido a la luz en las últimas semanas.
Además, la corrupción vuelve a acechar a los populares con las últimas pesquisas sobre la Operación Kitchen, el entramado policial montado supuestamente por el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Rajoy para espiar y robar documentos comprometedores para el PP al extesorero de los populares Luis Bárcenas.
En las elecciones andaluzas del 2 de diciembre el PP perdió más de 300.000 votos. Los comicios –los primeros tras la salida de Rajoy de la Moncloa que abrieron un ciclo electoral que proseguirá en mayo con las autonómicas, municipales y europeas– evidenciaron como nunca antes la fragmentación de la derecha en tres partidos, el de los populares, Ciudadanos y Vox, cuya suma resultó imprescindible para desbancar al PSOE del poder después de 36 años de hegemonía en la Junta andaluza.
La dirección de los populares se afana en destacar que el partido logró mantenerse el 2D como la fuerza hegemónica de la derecha –al menos como la más votada de las tres–, aunque el cosechado en las urnas en diciembre fue su peor resultado de la historia en unas elecciones andaluzas. 
Las encuestas publicadas en los últimos días apuntan a que la caída sufrida por el PP en los últimos años no se frenará en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo ni tampoco en las generales que, si Pedro Sánchez no decide finalmente adelantarlas, se celebrarían el próximo año.
El Barómetro de enero del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)  publicado este jueves reflejaba un nuevo importante descenso del PP respecto a la anterior encuesta del organismo que dirige José Félix Tezanos. 
El partido caería ahora a la cuarta posición por detrás de PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, y parte de los votos que pierde se van precisamente a uno de sus grandes competidores, Vox, que crece casi tres puntos en voto directo.
Los populares pasan, según el CIS, del 19,1% de los votos de comienzos de enero al 15,4% de esta encuesta, muy lejos del 33% que lograron en las últimas elecciones generales y consolidando una tendencia a la baja que no ha remitido pese a la llegada de Casado a la presidencia del PP.
En la Comunidad de Madrid, uno de los feudos tradicionales del PP –donde ha ganado de forma consecutiva en los últimos 23 años– la caída también es imparable según las encuestas publicadas más recientemente. La  elaborada por Celeste-Tel para eldiario.es apunta a que los populares pasarían del 33,1% de los apoyos de las elecciones autonómicas de 2015, donde fue la fuerza más votada con 48 escaños, al 20,8% que obtendría ahora, quedándose en segundo lugar por detrás del PSOE, con apenas 29 asientos en el parlamento regional. 
Una posible repetición del pacto alcanzado en Andalucía con Ciudadanos y Vox y que hizo en enero presidente de la Junta al popular Juan Manuel Moreno Bonilla sí podría, en todo caso, dar el Gobierno de la Comunidad de Madrid a la derecha.
Algo similar podría suceder en otra administración habitualmente favorable para el PP, el Ayuntamiento de Madrid, donde los populares han sido la fuerza más votada desde 1992. 
La encuesta que Celeste-Tel realizó para este diario muestra que el partido que preside Pablo Casado caería ahora al segundo lugar, por detrás de Más Madrid –plataforma con la que concurrirá la actual alcaldesa, Manuela Carmena– y estaría en una situación de empate con Ciudadanos, su gran rival en la capital. Los populares pasarían del 34,9% de los votos y 21 concejales que obtuvieron en 2015 al 21,9% de los apoyos y 13 ediles, los mismos que el partido de Rivera.
Además de la caída en las urnas, la cohesión interna también preocupa en las filas populares. Solo en la última semana el PP ha registrado tres bajas significativas –las de José Ramón Bauzá y los hermanos Alberto y Álvaro Nadal–, que ponen en cuestión los mensajes sobre la integración que lanza el equipo de Casado.
El expresident del Govern balear José Ramón Bauzá  anunciaba el miércoles que dejaba de militar en el partido y que entregaba su acta de senador acusando a su partido de haber sido en Baleares "el que ha sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar". 
Desde entonces, Bauzá no ha disimulado sus simpatías por Vox, aunque aún no ha confirmado oficialmente que vaya a marcharse a la formación que preside Santiago Abascal.
Los hermanos Nadal, ambos muy cercanos a la rival de Casado en las primarias, la exvicepresidenta Soraya Sáenz Santamaría, decidían, por su parte, dejar su dedicación a la política de estos últimos años tras perder peso en la dirección nacional de los populares con los fichajes del sector más aznarista realizados por el líder del PP, como el de su jefe de Gabinete, el ultraliberal Javier Fernández-Lasquetty o el del economista Daniel Lacalle, principal gurú económico de Casado. 
El exsecretario de Estado de Presupuestos Alberto Nadal, que hasta ahora ocupaba la secretaría de Economía de la dirección del PP, ha solicitado plaza para reincorporarse como funcionario en la Administración Pública en varios sitios, entre ellos la Oficina Económica y Comercial en Washington, y está a la espera de la respuesta de la comisión de destinos. 
Su hermano Álvaro, exministro de Energía, se encuentra en la misma situación según han informado distintos medios la última semana, y estaría a punto de dejar su escaño en el Congreso.
Estas fugas se suman al ruido interno generado recientemente por quienes no comparten la deriva derechista de Casado. El más claro en ese sentido ha sido el portavoz del PP en el Parlamento vasco y candidato del partido a la Alcaldía de San Sebastián, Borja Sémper, que ha criticado los acuerdos con Vox y los intentos por parecerse a la formación de extrema derecha. 
"Si continúa esta política de decir la cosa más fuerte; si el populismo reaccionario nos arrastra a los demás a las trincheras, yo no pinto nada en política", apuntaba en una entrevista en El País
Los populares gallegos y su influyente presidente,  Alberto Núñez Feijóo,  también han tratado de dejar claras sus discrepancias con la dirección de Casado sobre todo a raíz de la predisposición del líder del PP a equiparar la violencia machista con la violencia en el ámbito familiar, siguiendo la línea marcada por la extrema derecha.
Feijóo ha mantenido  un discurso contradictorio respecto al defendido por Génova al criticar abiertamente a Vox –al que Casado copia argumentario– llamándole "extrema derecha" y  reivindicando la moderación.
 También el líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, lleva meses pidiendo al PP que no pierda el centro ante el giro a la derecha emprendido por el presidente de los populares y su equipo. 
La elaboración de las candidaturas también han hecho florecer las rencillas internas que son especialmente graves en algunas comunidades como Cantabria o Asturias. En la primera, Casado impuso a Ruth Beitia como candidata a la presidencia de la comunidad frente a la presidenta regional del PP, María José Sáenz de Buruaga, generando un auténtico terremoto interno entre los populares cántabros, pero finalmente la exatleta renunció a la candidatura en favor de Buruaga.
Algo similar sucedió en Asturias, donde el líder del PP puso como candidata a la expresidenta de Hunosa, María Teresa Mallada, y no a la líder regional Mercedes Fernández, generando un fuerte malestar en la dirección autonómica y en los populares afines a la histórica dirigente asturiana. 
La conformación del Gobierno andaluz también ha revelado las diferencias que existen entre los populares de la comunidad a pesar de conseguir el gobierno regional. 
La división se reflejó ya cuando se elaboraron las listas para las elecciones del 2D y cuando Casado impuso a cuatro de los cabezas de lista provinciales frente a los candidatos del hoy presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que en las primarias no apoyó al actual líder del PP sino a su rival Soraya Sáenz de Santamaría. 
Génova, de hecho, había preparado el escenario de la derrota en Andalucía dando por contado que el PSOE podría volver a gobernar tras los comicios. 
Según explicaban dirigentes populares justo después de las elecciones, Casado había situado al exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como cabeza de lista por Sevilla precisamente para que él se hiciera cargo de la gestora que se iba a poner en marcha en el PP andaluz tras la debacle en las urnas y una salida forzada de Moreno que se daba por hecha y que se consiguió evitar gracias a que los populares pudieron pactar con Ciudadanos y Vox para lograr la Junta.
Casado tampoco ha conseguido dejar atrás la corrupción en su partido. La investigación de la Operación Kitchen, entramado montado por el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz para espiar a Bárcenas y para el que supuestamente se utilizaron fondos reservados, salpica de lleno a la nueva dirección del PP. 
El propio Fernández Díaz mantiene un puesto de responsabilidad en la Ejecutiva de Casado, su mano derecha, el exsecretario de Estado de Seguridad, sigue siendo diputado y presidente de una comisión en el Congreso, y el director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, es ahora el portavoz del PP en el Senado.
Después de que este viernes  el diario  El Mundo publicara que algunos policías que participaron en la operación se quedaron con 600.000 euros de fondos reservados, Cosidó aprovechaba un encuentro con periodistas en el Senado para recordar que él no tenía ninguna capacidad de gestión de esos fondos y que por tanto no tuvo responsabilidad ni participación en su utilización. 
El portavoz popular en la Cámara Alta responsabilizaba "directamente" de la gestión de los fondos reservados a Martínez. "Como director de la Policía tenía múltiples competencias dirigiendo todos los planes estratégicos y políticos y la lucha contra el crimen. 
Pero entre las competencias atribuidas al director no estaba ni el control ni la gestión de los fondos reservados que es algo que realizaba directamente la Secretaría de Estado de Seguridad", aseguraba Cosidó. 
El PP llega a la precampaña en medio de este panorama desfavorable que Casado intentará contrarrestar multiplicando de nuevo su presencia por todo el país. Esta semana se ha embarcado en una  nueva gira maratoniana que le llevará a participar en hasta 50 actos antes de la semana santa y a visitar una treintena de capitales de provincia. 
El objetivo es defender las siglas ante las elecciones que se avecinan y trasladar al electorado de derechas que el voto a los populares es el único útil para desbancar a la izquierda del poder. 

El Gobierno culmina su giro en inmigración al embarcar guardias civiles con Salvamento

MADRID.- En ocho meses, el Gobierno de Pedro Sánchez ha virado su discurso en materia de inmigración. De acoger al 'Aquarius' a impedir que zarpe del 'Open Arms'. La última medida en esta línea es la de embarcar a la Guardia Civil en el buque de Salvamento Marítimo 'Clara Campoamor', un gran barco civil destinado al rescate de inmigrantes en el Mar de Alborán, según denuncian los sindicatos de Salvamento Marítimo (Sasemar). Interior afirma que no se trata de un plan generalizado. En medio, la irrupción de Vox y su discurso de mano dura contra la inmigración, recuerda hoy El Confidencial.

Sasemar ha reunido a los sindicatos para explicarles los planes de las próximas campañas. Según fuentes de CGT, el sindicato mayoritario, una de las principales novedades es tener el buque 'Clara Campoamor' como centro de operaciones en el mar de Alborán usando como puertos Almería, Motril o Málaga. Este buque tendrá un refuerzo de tripulación y dará apoyo a las distintas Salvamares, lanchas más pequeñas.
El 'Clara Campoamor' es un buque de 80 metros de eslora con base en Cartagena previsto para luchar contra la contaminación, pero ya ha participado en operaciones de rescate de personas en alta mar. 
La novedad es que a partir de ahora a bordo irán tres guardias civiles, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. Fuentes de CGT denuncian que el Gobierno de Pedro Sánchez "militarice un servicio civil de salvamento" y temen que el mando real corresponda a estos agentes armados. 
Sobre todo, porque en agosto el Gobierno creó un mando único en materia de inmigración y puso al frente a un general de la Guardia Civil. El 'Clara Campoamor' desde entonces sigue órdenes de este mando único.
Las patrulleras de la Guardia Civil trabajan también en tareas de salvamento y en ocasiones los responsables de Sasemar les han pedido ayuda para que guardias civiles vayan en sus barcos si auguran problemas con alguna patera. 
Pero fuentes sindicales insisten en que es distinto que poner el centro de operaciones con tres guardias civiles a bordo. El año pasado España rescató a casi 50.000 personas en 2.300 embarcaciones.
El Ministerio de Interior resta importancia al tema. En contraste con las órdenes dadas a los trabajadores, el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska asegura a este diario que "no hay ningún plan para que los guardias civiles vayan en barcos de Sasemar" y que solo en determinados rescates "puede haber supuestos en que la Guardia Civil tenga que subir, pero desde luego no con carácter general".
El gesto de llevar de forma permanente guardias civiles embarcados en operaciones de Fomento se une a decisiones anteriores del Ejecutivo. Interior ha rescatado un acuerdo con Marruecos de los año 90 para devolver a 116 inmigrantes en 24 horas, Fomento ha impuesto un apagón informativo en redes sociales sobre las operaciones de rescate que realiza Sasemar y además ha negado el permiso de navegación a los buques 'Open Arms' y 'Aita Mari' de ONG que se dedican al rescate de inmigrantes en el Mediterráneo. 
La retirada de concertinas en la valla de Ceuta y Melilla aún no se ha concretado y los aviones de Salvamento llevan meses sin radar para detectar pateras.
El pasado jueves en el Congreso, el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, se defendió de las críticas de la oposición por haber cambiado radicalmente de política migratoria desde el 'Aquarius'. 
"La decisión del Gobierno de España de acoger al 'Aquarius' el pasado verano, que tanto se utiliza, supuso lanzar un mensaje, que fue atendido por distintos Estados miembros que han participado en el reparto solidario de inmigrantes. 
El Gobierno sigue trabajando a nivel europeo para dejar de dar respuestas 'ad hoc' e institucionalizar y sistematizar el reparto de estos inmigrantes que llegan a nuestras costas".
Sobre por qué Fomento no da permiso para zarpar al 'Open Arms' y al 'Aita Mari', respondió que estos "incumplen la normativa internacional de salvamento y, por ello, no obtienen el permiso para volver al Mediterráneo central". 
Ábalos justificó que "el cierre de los puertos a buques de ONG en la zona en la que pretenden operar, junto con la negativa de estos buques de proceder al desembarco en Libia, hace que los buques de las ONG se vean forzados a tomar rumbo a España por ser su país de abanderamiento".
El resultado, siempre según el ministro, es que eso convierte sus operaciones "en un transporte de personas de varios días hasta llegar a España en buques que no cumplen las condiciones de seguridad necesarias para ello, poniendo en riesgo la seguridad del buque, de su tripulación, de las personas auxiliadas a bordo e incluso de los posibles barcos que pudieran acudir en su ayuda en caso de emergencia". 
Esos buques, añadió, "no cuentan con los certificados que garantizan el cumplimiento de la normativa internacional de seguridad marítima y prevención de la contaminación del medio marino para el transporte de un elevado número de personas a bordo".
Las críticas al Gobierno por su política migratoria le llegan desde sus aliados. A Ábalos le contestó el diputado de Unidos Podemos Marcelo Espósito: "No tiene derecho a impedir que los buques españoles salgan al Mediterráneo a impedir que rescaten a migrantes y refugiados". 
Y en su réplica añadió: "Nos toma por tontos. El Gobierno hace dibujitos con la mano izquierda y emborrona con la derecha", en alusión a las relaciones entre Fomento e Interior. 
 Marta Sibina, diputada de los Comunes, ha comenzado a votar sistemáticamente en contra de todo lo que llegue a la Cámara hasta que no zarpe el 'Open Arms'. Sibina rompe la disciplina de voto de su grupo y genera una situación incómoda en Unidos Podemos.
Iñigo Barandiaran, portavoz de Fomento del PNV, reclamó a Ábalos que "reconduzca la situación" para que los buques de ayuda humanitaria 'Aita Mari' y 'Open Arms' puedan salir al Mediterráneo a salvar vidas. 
Barandiaran calificó como "inaceptable" que los dos barcos permanezcan amarrados e insistió en que "la acción del Gobierno no puede ser ajena a las consecuencias que respecto de los Derechos Humanos pueda producir".
En el último barómetro del CIS, el 11,1% de los encuestados señaló la inmigración como uno de los tres principales problemas de España. En junio, ese porcentaje era solo del 3,5%. La irrupción de Vox en Andalucía y el discurso duro del Pablo Casado en el PP contra la inmigración ha influido en el cambio en Moncloa en el tema. 
Podemos ha señalado a los ministros Grande-Marlaska y Ábalos por el cambio pero el Ejecutivo asegura que busca una respuesta común europea.

La conjura de los barones debilita aún más el liderazgo de Pablo Iglesias en Podemos

MADRID.- En una antigua finca de la alta sociedad toledana se fraguó el cónclave que ha puesto en solfa el liderazgo del líder del «partido de la gente corriente». Un hotel que perteneció durante el siglo XVIII a un célebre músico conocido por Señor de Caravantes fue el escenario de una conjura de once líderes territoriales, un hecho inédito en la historia del partido, y que agrava la crisis de liderazgo de Pablo Iglesias, recuerda hoy El Mundo

 La jerarquización vertical del partido sufre un intenso seísmo, que incluso obligó a la cúpula nacional a rectificar -tras la presión de los barones- su negativa a negociar con Íñigo Errejón. Una rectificación que llegó días después de que Manuela Carmena y Ada Colau doblaran el pulso al líder de Podemos, logrando vía libre para hacer y deshacer al margen de la formación morada sus equipos para Madrid y Barcelona. Desaires, todos ellos, que erosionan, debilitan el liderazgo.
«Hay que generar un equilibrio de poder. Esto es clave. Porque si no, ocurre lo que hasta ahora, que las decisiones las toma una minoría desde un sillón de Madrid. Y la realidad de España es compleja y difícil de interpretar», explica a este diario uno de los líderes territoriales de Podemos, y que asistió a esta reunión trascendental.
«Hay una desconexión municipal-autonómica-estatal, no hay contrapoderes, balanceo. Y así, un resfriado en Madrid es una pulmonía en todo el país», resume otro secretario general autonómico. «Los líderes territoriales se han empoderado. Y eso es positivo».
Todos los dirigentes consultados señalan que en el ámbito político sí hay autonomía, pero que «los problemas empiezan a nivel organizativo. 
En lo interno. Las injerencias a la hora de negociar los equilibrios en un territorio». Un ámbito, el organizativo, cuyo máximo responsable es Pablo Echenique, secretario de Organización. 
Por tanto, en cierta manera, además de en Iglesias, el foco se pone en él.
Frente a la decisión unilateral de Iglesias de confrontar en Madrid con Errejón -que renunció a la marca Podemos para aliarse con la plataforma de Manuela Carmena-, los líderes territoriales convocaron una reunión. Hasta aquí nada extraño. 
En ocasiones anteriores ha habido reuniones, como recuerdan los líderes consultados, sobre todo de direcciones de comunidades limítrofes, para pactar una política común sobre el agua, la agricultura o las cuencas mineras. 
Lo excepcional, lo novedoso, lo que rompe la dinámica y cerca a Iglesias: el cónclave fue al margen de la dirección estatal; firmaron un manifiesto contrario a la estrategia de Iglesias; hicieron pública su discrepancia; al encuentro acudieron líderes pablistas.
«Toledo tuvo un efecto. La dirección adelantó el Consejo Ciudadano Estatal del sábado al miércoles porque veían que podían pasar más cosas. Es más, vieron que si pretendían una votación sobre confrontar o no con Errejón, la podían perder», expone uno de los asistentes.
«Es positivo que haya más de una voz y que Podemos tenga una visión más territorial. El partido será más fuerte cuanto más arraigo territorial tenga y más descentralización», analiza Daniel Ripa, secretario general de Asturias.
Además de presionar a Iglesias para buscar la «unidad» y «no competir» con Errejón, los barones intensificaron su petición de autonomía; capacidad de decisión. «Es necesaria más autonomía, pero siempre en consonancia con los documentos de Vistalegre II. Necesitamos lealtad para hacer política de forma autónoma», desgrana José García Molina, líder de Castilla-la Mancha, y anfitrión del cónclave de Toledo.
El documento político de Podemos recoge «el derecho a decidir a la interna para que, a diferencia de lo que ocurrió en Vistalegre I, la decisión sobre cómo acudir a las siguientes elecciones municipales y autonómicas se tome de manera soberana en cada territorio». 
Sin embargo, todos los líderes regionales consultados demandan más independencia, capacidad de decisión.
«Los documentos de Vistalegre II ya recogen la descentralización. Hemos sido lentos. Se ha ido haciendo, pero no se ha materializado de forma suficiente. Las direcciones autonómicas están para que los debates y propuestas se lleven a cabo fundamentalmente en los territorios», es la visión de Molina.
«El proyecto de descentralización no está desarrollado. Falta generar una serie de confianzas, respetarlas, e ir hacia una organizidad mayor. No es de recibo que la dirección estatal pase por encima de las autonómicas ni viceversa», describe un destacado líder regional, que pide anonimato.
Para Nacho Escartín, líder de Aragón, se trata de una cuestión «natural». «Simplemente se constata que a cuatro meses de unas elecciones municipales y autonómicas, en las propuestas, acciones y discursos debe tener más peso nuestra posición dentro de un ámbito estatal. Creo que a medida que se acerque la cita electoral, habrá más presencia de cuestiones locales».
Este hecho «natural», sin embargo, se ha visto exponenciado ahora. Nunca desde enero de 2014, líderes territoriales se habían conjurado para confrontar contra la dirección nacional. Ni se había vivido la dimisión de un líder afín a Iglesias -Ramón Espinar-, por no compartir su estrategia política.
Como describen asistentes al Consejo Ciudadano Estatal (CCE) del pasado miércoles, «hasta gente que nunca se había movido de la posición oficial dijo lo que pensaba». «Hubo crítica, debate, opiniones sobre si la crisis de Madrid debía ser por la vía rápida o más lenta». Escartín considera que en el CCE «va a haber más pluralidad de voces. Hay que hablar de cosas generales, sí, pero también es importante la singularidad propia de cada territorio».
Asistentes al CCE explican que además de pedir unidad, los líderes territoriales expusieron la necesidad de saber que «mandan ellos». Pidieron «protagonismo político-mediático». «Se evidenciaron problemas orgánicos», resume uno de los presentes en la séptima planta de la madrileña calle Princesa.

La banca prepara un 'manguerazo' de crédito hacia el sector inmobiliario

MADRID.- El ladrillo ya no es un tabú en el sector financiero. Esta palabra, que durante años ha dado escalofríos a los banqueros y se ha llevado por delante entidades, ha pasado en los últimos meses de ser una amenaza a un deseo, según El Confidencial.

Con la mayor parte de la digestión de la crisis finalizada, los bancos se centran ahora en conseguir un nuevo negocio rentable. Y es ahí donde entran tanto las hipotecas como los nuevos créditos para hacer promociones. La banca concedió nuevos préstamos para la compra de vivienda por valor de 44.000 millones en 2018, el máximo desde 2010, según datos recientes del Banco de España. Y la previsión de los banqueros es que vaya a más en 2019.
"Se está dando una evolución positiva, pero nada que ver con los números de los picos que nadie desea que regresen, no estamos nada cercanos a una burbuja", explicó José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, una de las entidades que más fuerte está apostando por el ladrillo. El número dos de Santander, José Antonio Álvarez, piensa igual.
El grupo nacionalizado obtuvo la autorización para volver al sector promotor en 2018, y prestó 400 millones para nuevos proyectos, sobre todo residenciales. Este año quiere llegar a 1.000 millones. Y en hipotecas, donde concedió casi 3.000 millones con un 6,5% de cuota, pretende llegar al 10%, lo que implicaría más de 4.000 millones.
En lo que coincide tanto esta entidad como sus competidores es en que la actividad no se frenó por la polémica del Supremo con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, ya que el último trimestre fue especialmente activo. 
Y también hay consenso en que a pesar de la apertura del grifo del crédito, los filtros de control de riesgos siguen muy presentes, tras la experiencia de la crisis. Pero que haya filtros no implica que no haya apetito por prestar.
Mientras haya crecimiento económico —este año se prevé algo más del 2% del PIB— y no haya señales de burbuja, la mayoría de entidades prevé seguir creciendo en el negocio inmobiliario este año. 
"Las holgadas condiciones de financiación y la favorable evolución macroeconómica han continuado impulsando la recuperación del mercado inmobiliario", señalaba en su último informe el Banco de España.
"La economía española muestra un importante dinamismo, especialmente frente a otros países europeos. La demanda doméstica va a seguir siendo fuerte, apoyada por la creación de empleo y las condiciones financieras favorables", añadió el viernes Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, ante los inversores.
A la mejora económica, se suma la expectativa de que salgan al mercado una avalancha de pisos y suelos en desarrollo, que los fondos extranjeros han ido comprando en los últimos dos años. 
Según un estudio de Oliver Wyman, estos inversores han comprado desde que estalló la crisis créditos morosos y adjudicados de los bancos por valor de más de 150.000 millones, muchos de los cuales tienen que rentabilizarse pronto. Para ello, necesitan promotores y familias con financiación, algo por lo que pelean los bancos.
En línea con otros competidores, Oliu espera que el saldo neto de hipotecas (nueva producción menos amortizaciones) se estabilice en 2019 tras casi una década de contracción. Gracias principalmente a los nuevos créditos, en el que la competencia seguirá siendo alta. 
Además, se espera que la destrucción del saldo inmobiliario se frene tras las ventas de las mayores carteras de activos problemáticos.
"Seguimos viendo tendencias positivas y vamos a seguir siendo un competidor fuerte", expuso ante analistas Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, entidad que aumentó en un 9% la concesión de nuevas hipotecas en 2018. 
Liberbank lo hizo en un 25% y Bankinter ha sido uno de los pocos bancos que ha podido aumentar su saldo neto, en 600 millones.
Cifras que podrían quedarse cortas frente a lo que se anticipa para los próximos meses. La banca es consciente de que el apetito inmobiliario va a frenarse a medida que se desacelere la economía, y no quiere desaprovechar esta oportunidad de hacer negocio, mientras dure la fiesta.

Manifestaciones contra la caza en 35 ciudades españolas, entre ellas Murcia y Cartagena

MADRID.- Manifestaciones en 35 ciudades españolas han reivindicado hoy la prohibición de la caza como actividad legal en España. Convocadas por la plataforma ‘No a la Caza’ (NAC), las concentraciones han tenido lugar a las 12.00 horas bajo el lema ‘Cuanto más indefensa está una criatura, más derecho tiene a ser defendida’.

“Todas las personas. Todas las ciudades. Todas las comunidades autónomas salimos el próximo 3F para reclamar un rotundo ‘No a la Caza”, señala la plataforma a través de las redes sociales.
La plataforma NAC ha convocado estas concentraciones “porque ni las consideradas presas, ni los seres sintientes empleados como arma (galgos, podencos o cualquier otro animal, con independencia de raza o especie), merecen sufrir por simple diversión humana”.
En total ha habido concentraciones en 35 ciudades. Así, en La Coruña, la manifestación ha sido en Obelisco, en Alicante en la Plaza de los Luceros; en Almería en El Palmeral (Playa de Zapillo); en Arrecife (Lanzarote), en el Recinto Ferial; en Badajoz ha sido en la Delegación de Gobierno; en Barcelona se ha convocado en la Plaça Catalunya; en Bilbao ha tenido lugar en el Teatro Arriaga; y en Burgos en el Teatro Principal, de la Diputación.
También ha habido concentraciones en Cáceres, donde se ha celebrado en Cruz de los Caídos, del Paseo de Cánovas; en Cádiz, que se ha celebrado en la Plaza de San Antonio; en Cartagena en Plaza de España; en Castellón, en Plaza Cardona Vives; en Cuenca, en la Estación de Renfe; en Gijón, que ha sido en la Plaza del Humedal; y en Gerona, en Parc de la Devesa.
Asimismo, han salido a la calle los ciudadanos de Granada, que estaban convocados en los Jardines del Triunfo; en Guadalajara, en el Palacio del Infantado; en Jaén, en concreto en la Estación de Renfe; en Las Palmas (Gran Canaria), en la Biblioteca Insular, ubicada en Plaza de las Ranas; en León en la Plaza de San Marcos, en el Parador; en Logroño, donde se ha convocado en la Plaza del Mercado; y en Lérida, convocada en Plaça de la Pau, donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno.
La capital española también ha sido testigo de la manifestación contra la caza y del maltrato animal. En Madrid, animalistas se han manifestado en la Puerta del Sol; en Mérida, en la Puerta de entrada del Teatro Romano; en Murcia ha habido concentración en la Glorieta de España; en Pamplona en Plaza del Castillo; y en Puerto del Rosario (Fuerteventura) en la calle Primero de Mayo, 39.
Igualmente, ha habido manifestaciones en Salamanca, en la Plaza Mayor; en San Sebastián, en el Ayuntamiento de Donosti, en los Jardines Alberdi Eder; en Santa Cruz de Tenerife en la Plaza Weyler; en Santander en Plaza Porticada; en Sevilla en Prado de San Sebastián, en la estación de metro; en Toledo, en el Parque de ‘La Vega’, en el Paseo Merchán; en Valladolid, donde se ha celebrado en Plaza de España; y finalmente en Zaragoza, donde ha habido concentración en Plaza de España.
Según el informe ‘El impacto de la caza en España’, de Ecologistas en Acción realizado en 2016, las licencias de caza han disminuido en los últimos 40 años en un 40%, rondando en la actualidad las 800.000.
La organización ecologista indica que la caza “no es compatible con la conservación de la biodiversidad, ya que además de la mortandad directa de especies no cinegéticas que se provoca, se dan también efectos graves derivados de trampas y cepos, así como los derivados de la introducción de especies exóticas”.
En este sentido, continúan, la caza “no sirve para gestionar la fauna ni para controlar sobrepoblaciones, ya que lo que interesa es que haya siempre animales sobre los que ejercer tal actividad”.
Además, subrayan que “la caza no solo mata, también maltrata, como lo demuestra la gran cantidad de perros de las rehalas que son abandonados todos los años, heridos o simplemente cuando no han llegado a tiempo a la llamada de los rehaleros, quedando a su suerte en los montes, para morir de hambre y de sed”.
“Consideramos que estas razones son suficientes como para que la sociedad se conciencie y demande que la actividad cinegética desaparezca”, concluye Ecologistas.