domingo, 15 de julio de 2018

Revuelta rural contra el 'Silicon Valley de los cerdos' en Castilla-La Mancha


MADRID.- Vas por la carretera, por mitad del campo, y un olor nauseabundo te obliga a subir a toda prisa las ventanillas. La escena, común al circular por Lleida o Huesca a causa de los purines, empieza a ser cada vez más frecuente en Castilla-La Mancha. En algunas provincias hay ya bastantes más cerdos que personas. En Cuenca concretamente el doble: 400.000 gorrinos frente a 200.000 habitantes censados. El 'boom' de las llamadas 'macrogranjas' de porcino llevaba años gestándose, pero se ha disparado en el último año, según relata www.elconfidencial.com.

Decenas de pueblos se han puesto en pie de guerra por los efectos medioambientales y sanitarios que pueden llegar a tener estas explotaciones. En cuestión de meses se han creado plataformas ciudadanas que organizan manifestaciones y concentraciones prácticamente cada semana. Ayuntamientos y particulares han contratado abogados para librar la 'guerra del cerdo' en los juzgados, tratando de frenar la llegada de nuevas explotaciones porcinas, especialmente en las áreas menos pobladas. Las nuevas granjas, de última generación, están casi totalmente mecanizadas y no necesitan apenas mano de obra.
Los vecinos acusan directamente al gobierno del socialista Emiliano García-Page. Recuerdan que, en junio de 2016, decidió incluir la ganadería intensiva en los planes de ayuda para la modernización de las estructuras agrarias, atrayendo las inversiones. 
Subrayan, además, las relaciones del PSOE regional con Industrias Cárnicas Loriente Piqueras S.A., más conocida como Incarlopsa. Se trata de la empresa que más factura de todo Castilla-La Mancha y uno de los grandes proveedores de Mercadona. En Tarancón —Cuenca— está su cuartel general y un matadero cuya ampliación se anunció el año pasado a bombo y platillo. Se invirtieron 40 millones de euros para crecer 16.520 metros cuadrados. Sacrifican casi 11.000 cerdos al día.
"Antes traían casi todos los animales de Castilla y León", dice Daniel González, ganadero y portavoz de la asociación conquense Pueblos Vivos. "Pero pactaron un plan con la Junta para criar en Castilla-La Mancha, sobre todo alrededor de Tarancón, en Cuenca. Así se ahorran costes de transporte y controlan su producto con explotaciones en las que son accionistas". 
Desde Incarlopsa rechazaron responder a las preguntas de El Confidencial, pero el propio consejero delegado, Clemente Loriente, admitió durante una entrevista con Radio Tarancón el verano pasado que su objetivo era tener, a medio plazo, entre un millón y un millón y medio de cerdos en cien kilómetros a la redonda del matadero para abastecer sus necesidades. 
"No veo cuál es el problema", dijo, argumentado que crearía puestos de trabajo e incrementaría las exportaciones a países como China o Rusia.
David Llorente, diputado de Podemos en las Cortes de Toledo, habla de "una trama de intercambio de favores" entre la Junta y la empresa cárnica. Se refiere a dos escándalos recientes. En marzo se supo que Incarlopsa había donado 400.000 euros a la Fundación Impulsa, una organización ligada al PSOE castellano-manchego. 
Días después trascendía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que condenaba al gobierno regional por apartar de su puesto en 2016 a dos veterinarios de la Consejería de Sanidad que habían denunciado reiteradamente el incumplimiento de la normativa de bienestar animal.
El fallo concluía que "la Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos". 
Page salió al paso pidiendo que "no se hable mal" de una de las actividades que más empleo genera en la región. "Hay empresas ejemplares que pueden cometer un error" al igual que "hay funcionarios que pueden cometer un error", comentó en comparecencias públicas.

Inhalando purines

Para entender por qué muchos vecinos se levantan contra la llegada de nuevas granjas de cerdos hay que irse hasta Albacete, a localidades como Bonete o Balsa de Ves, donde explotaciones ya a pleno rendimiento —destinadas a abastecer los mataderos de Levante— han revolucionado la vida de los vecinos. 

 Los purines, que hasta la fecha se almacenaban en balsas hasta que se rociaban en abanico sobre los campos de cultivo, ha generado problemas respiratorios y ahuyentado el turismo rural, una industria en la que muchas familias habían invertido sus ahorros. Los vecinos temen que se estén contaminando las capas freáticas y los suelos en muchos kilómetros a la redonda. Hablan de fiestas patronales arruinadas por la peste y de ancianas tomando el fresco con mascarilla.

Natividad Pérez, alcaldesa socialista de Balsa de Ves, recuerda la expectación que se generó cuando se anunció la inversión en 2006, que incluía una granja de 2.500 madres reproductoras —con sus respectivas camadas de lechones— y una planta de biogás. 

"En un pleno del Ayuntamiento apareció el tema. Vino un tipo de traje diciendo que iba a generar riqueza, trabajo, que el pueblo se iba a llenar de niños otra vez. Era un charlatán. Lo cierto es que ese día éramos 222 habitantes censados y ahora somos 136. Nos prometió repoblación y ha sido lo contrario. Dijo que iban a mejorar los caminos y ahora están destrozados, con boquetes, por el paso constante de camiones. De los 17 puestos de trabajo anunciados, se han creado solo cinco y uno de ellos se lo ha quedado la que entonces era la alcaldesa", dice.

Las granjas están ya tan mecanizadas que muchas —casi todas las de cebo— se mantienen con un solo empleado que controla todo a través de un ordenador. "Una sola persona puede estar manejando entre 4.000 y 5.000 cerdos tranquilamente. Como cada granja de cebo tiene dos ciclos y medio, se encarga él solo, en un año, de engordar a 12.000 gorrinos", razona González.

Incarlopsa no tiene granjas propias, pero en enero de 2012 creó una sociedad (ICPOR) a medias con una empresa soriana (Copiso). Actualmente, tienen 200 empleados y en 2017 facturaron 77 millones de euros, un 12% más que el año anterior. Prometen crear 3.000 empleos "a medio plazo" en toda Castilla-La Mancha. "Las granjas de última generación que promovemos dan trabajo a 60 personas entre empleos directos e indirectos", comentan en la compañía. "Los contratos son fijos indefinidos y priorizamos la contratación de vecinos. También generamos riqueza y dinamizamos la economía", abundan.

Inmaculada Lozano vive en Pozuelo (Albacete), a 1,7 kilómetros de los terrenos donde se proyecta levantar otra macrogranja. "Van a meter 51 naves en la misma finca. En total 140.000 gorrinos viviendo a la vez, en un pueblo de 500 habitantes. Lo primero que nos llama la atención es que estén tan cerca de las casas. El agua del pueblo está ya cerca de no ser potable y tememos que se contamine para siempre. Van a pasar 164 camiones a la semana y ya no es solo el olor, sino las partículas que vamos a estar inhalando y que provocan afecciones para la salud. El proyecto ni siquiera dice qué esperan hacer con los purines, solo que los van a repartir entre los agricultores. Estamos a 30 kilómetros de Albacete capital y muchos vivimos aquí por arraigo o para estar en un entorno. Si traen la granja, algunos acabarán marchándose".

Los purines son una mezcla de heces y orina de los cerdos, paja de la cama de los animales y restos de pienso. Todo arrastrado por agua y productos de limpieza. "Esta mezcla se fragmenta y se convierte en un auténtico aerosol respirable que emanan líquidos y gases como amoniaco o ácido sulfhídrico, además de la parte solida o materia particulada. Las partículas también pueden contener virus, bacterias, endotoxinas y hongos", dice Jesús Martínez Moratalla, un doctor de la zona que lleva tiempo alertando sobre los riesgos.

El aparato respiratorio, insiste, se convierte en la puerta de entrada de este aerosol. "Se pueden producir distintas patologías: inflamación de la vía aérea, alteración de la función pulmonar, asma bronquial, alveolitis alérgicas extrínsecas, fibrosis pulmonar, neumonías, cáncer… Hay estudios en los se evalúa la función pulmonar entre los vecinos de las granjas y se documenta mayor deterioro cuanto más cerca están a ellas", insiste. Las partículas pasan a la sangre y generan patologías en otros aparatos y órganos a largo plazo. Por si fuera poco, subraya el doctor, el uso masivo de antibióticos en estas granjas propicia la creación de bacterias multirresistentes.

Marcha atrás de la Junta

Desde la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha son conscientes de que la contestación hace tiempo que dejó de ser cosa de cuatro ecologistas. De hecho, están empezando a dar marcha atrás. "Hemos sido sensibles al movimiento que hay y, de hecho, es inminente la publicación de un decreto donde se duplica la distancia mínima de granjas y núcleos urbanos: se pasará de uno a dos kilómetros de las zonas habitadas", dice Agapito Portillo, viceconsejero de Medio Ambiente.

También van a limitar las subvenciones a las macrogranjas. "Damos preferencia a la agricultura ecológica, la ganadería extensiva, las pequeñas explotaciones y el ecoturismo". Portillo en todo caso rebaja la gravedad y subraya que las sensibilidades son muy distintas según a quién se le pregunte. "En un pueblo pueden estar en contra y en el de al lado están a favor porque crea empleo. Los requisitos son cada vez más exigentes para evitar los olores, que no se filtre nada al terreno, etcétera", insiste.

En general, la Junta defiende la importancia del sector porcino en la región y ofrece datos: un tercio de los jamones serranos que se producen en España proceden de la zona de Tarancón, entre Toledo y Cuenca. "No es solo Incarlopsa, sino que hay otros tres grandes mataderos y muchos secaderos. La industria cárnica da muchísimo dinero y necesita mano de obra. Es una fuente de riqueza tradicional en la zona", comenta Portillo. En su opinión, lo que está ocurriendo en la región no es diferente a lo que pasa en otras zonas de España. "Las granjas de porcino se están trasladando a sitios con menos concentración por una cuestión sanitaria, de aislamiento. En España está aumentando la exportación y hay demanda de terrenos para estos usos. La Junta no las promociona, pero tampoco las puede prohibir".

El cambio de postura de la Junta viene condicionado también por las resoluciones judiciales. "Hasta ahora están siendo favorables, aunque estamos ante una avalancha: el número de proyectos en tramitación es elevadísimo y el camino por los tribunales tarda entre uno y dos años”, dice Pablo Ayerza, abogado especializado en medio ambiente que actualmente lleva tres procedimientos contencioso administrativos contra granjas de porcino en la provincia de Cuenca.

"No se preocupan por los efectos secundarios", argumenta Ayerza. "Hay casos clamorosos como el de Almendros, donde quieren hacer una granja pegada a las ruinas de Segóbriga, uno de los yacimientos más visitados de España. Generalmente se autorizan las granjas sin que se llegue ni a explicar qué piensan hacer con los purines. Tampoco hay un estudio global, del impacto en conjunto. En muchos países europeos se están cerrando este tipo de industrias por los problemas que han generado: olores, insectos, enfermedades, contaminación...".

Las plataformas se quejan finalmente de que apenas hay controles, de que nadie vigila que se cumpla la normativa vigente. "Cuando nos reunimos con la Junta admiten, en privado, que no tienen recursos humanos para vigilar cómo se gestionan los purines", asegura Daniel González. "Lo suyo sería que entrase el Seprona, pero hay tantas granjas… La Unión Europea desde este año obliga a los agricultores a enterrar los purines a 20 centímetros con unas púas si quieren cobrar la PAC, pero la maquinaria para hacer eso es muy cara, de manera que se siguen rociando y nadie lo vigila".

Desde la Junta insisten en que la administración no está cruzada de brazos. "Hay un cuerpo de inspectores para las ayudas europeas. Siempre se podría vigilar más, claro, pero los controles existen". Y los responsables de ICPOR, por su parte, subrayan que los purines no son un residuo, sino "un subproducto ganadero" que tiene un valor como abono orgánico. "Además de aportar minerales a la tierra, le da la estructura que no le aportan los abonos inorgánicos", concluyen.

La figura del tutor MIR solo está desarrollada en siete comunidades autónomas pero no en Murcia

MADRID.- Diez años después de la entrada en vigor del Real Decreto 183/2008, que desarrolla la figura del tutor en Formación Sanitaria Especializada, solo siete comunidades lo han desarrollado con una normativa específica, según Redacción Médica.
Se trata de las siguientes: Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Extremadura, País Vasco, Canarias y Andalucía, que ha sido la última en incorporarse al club, hace escasamente dos meses. Otras autonomías, como Baleares o Asturias, afirman estar trabajando en el proyecto.

Sin embargo, hay una gran heterogeneidad en los incentivos que ofrecen a los médicos para involucrarse en la docencia de los MIR, según ha podido comprobar Redacción Médica al consultar con las Consejerías de Sanidad.

Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades donde se ha regulado el incentivo económico.

Una encuesta de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (Sefse-Areda) en 2015 señalaba que el 87 por ciento de los tutores MIR no recibían compensación económica por su labor.

Cataluña y País Vasco son las únicas comunidades donde se ha regulado este incentivo, individual y dependiente del número de residentes tutorizados y de las horas de tutorización.

Incentivos al tutor MIR
Entre aquellas que no han desarrollado el Real Decreto, Madrid ha establecido un procedimiento de acreditación “en el ámbito de la Atención Primaria” que ofrece, “entre otras, cuatro días libres al año con sustitución, entre un 10-15 por ciento de productividad variable vinculada al cumplimiento de objetivos docentes y compensación horaria por docencia”.

La compensación horaria es la medida más habitual entre las comunidades que han respondido a la consulta de este medio. La otra es el reconocimiento en baremos para los procesos selectivos. La liberación de tiempo específico para dedicar a formación también es frecuente.

Sin embargo, para el representante de Médicos Tutores y Docentes de la Organización Médica Colegial (OMC), Francesc Feliu, se trata de medidas insuficientes. “Se ha regulado que el tutor dedique 5 horas por mes para cada residente, pero la coletilla es importante: que sea en horario de trabajo”. Esto “choca con la presión asistencial que tiene todo médico que está ejerciendo”.

Méritos para la carrera profesional
El principal incentivo que debe regularse, según Feliu, es el reconocimiento y la visibilidad de las administraciones, “que nos repercuta en nuestra carrera profesional, que sea validado, que la acreditación que tenemos como tutor sea reconocida a nivel nacional”. Esto es, que la labor “nos bareme en todas partes” y no solo a nivel de la autonomía en la que uno ejerce.

Feliu: "El 50% de los tutores ha admitido que, al menos una vez, ha sopesado abandonar la tutorización".

La vocalía tiene año y medio de vida y “hasta el momento, he conseguido tener representante en 39 provincias”. Entre los objetivos está la realización de un registro de residentes, algo que muchas comunidades o no tienen o lo tienen de manera oficiosa.

El mazazo de las jubilaciones
Feliu considera que, aunque la figura del tutor también va a recibir “el mazazo de las jubilaciones”, este hecho está algo alejado ya que la mayoría de tutores son jóvenes, “entre los 40 y los 50 años”.

Más acuciante es el problema de las deserciones: en la encuesta de Sefse-Areda, “el 50 por ciento admitió que, al menos una vez, había sopesado la posibilidad de abandonar la tutorización”.

“Somos un colectivo que, si bien se nos ha colgado la etiqueta de imprescindible en el sistema MIR, no se nos ha dado el reconocimiento que creemos que debemos tener”, sostiene. “No tenemos los recursos ni los incentivos que nos merecemos”. 
Y concluye: “La tutorización es casi un trabajo altruista: somos tutores por vocación”.

'Navantia' ya suscribió tantas obras de reparación de gaseros como en el 2017

FERROL.- La división de Reparaciones de Navantia acelera de nuevo el paso en el mercado del sector gasista, en el que ya ha cerrado diez contratos. Siete de los cuales se corresponden con obras que ya han sido acometidas en los muelles y diques de las factorías de Ferrol y Fene durante los seis primeros meses de este año, mientras que otros tres son pedidos que se ejecutarán en los próximos meses, según La Voz de Galicia.

Navantia, que llegó a ostentar el liderazgo en el sector a nivel mundial, había ido cayendo puestos en los últimos años, hasta alcanzar el cuarto nivel, aunque siempre manteniéndose como primero de la fachada Atlántica. Durante el pasado año por las instalaciones de la ría pasaron un total de diez barcos gaseros, la misma cifra que ya está cerrada a estas alturas del ejercicio.
La recuperación del sector cobra especial trascendencia, debido a que es el mercado en el que está especializada la Navantia gallega y el que la ha convertido en un referente mundial. De hecho, únicamente una decena de factorías en todo el mundo llevan a cabo trabajos de reparación en los buques metaneros, que suelen ser obras que requieren tareas complejas y gran conocimiento del sector.
Además de la importancia que tiene en términos de empleo y ocupación, la reparación de barcos gaseros también tiene un impacto muy destacado en las cuentas del mencionado departamento de la empresa pública. De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, el 70 % de la facturación del departamento acumulada este año se corresponde con las obras de este tipo de buques. 
Sin embargo, en términos absolutos, han supuesto siete de los 20 mercantes que han recalado por los diques y muelles de la ría, es decir, poco más de un tercio del total. Esto da idea del peso económico que tienen este tipo de contratos en el conjunto de la actividad y de la marcha del mencionado departamento.

Balance similar
En la comparativa con el número de barcos que fueron reparados en el primer semestre de este año con respecto al anterior, cabe destacar que el balance es similar, ya que los seis primeros meses del 2017 fueron 21 los navíos que pasaron por estas instalaciones, aunque solo cuatro de esos fueron metaneros.
Actualmente, los responsables de la dirección de Reparaciones ya están negociando otros contratos también en el sector gasista, por lo que confían en superar ya durante el tercer trimestre del año la cifra de metaneros del pasado ejercicio.
Además de este tipo de navíos, en la ría ferrolana han recalado también petroleros, barcos de mercancías general, de transporte de pasajeros y quimiqueros, entre otros.
En estos momentos, desde ayer en el astillero ferrolano se encuentra un barco mercante sometiéndose a tareas de reparación y está previsto que un segundo recale en la antigua Bazán el próximo miércoles, día 18. La tarea del departamento, tanto en Ferrol como en Fene, implicará a unas 650 personas, tanto de la plantilla directa como de la auxiliar, según han confirmado fuentes del comité de empresa.
 
Curva ascendente
Navantia inició el año con unos niveles de actividad bastante flojos, algo que viene siendo un denominador común en los últimos ejercicios. Sin embargo, conforme fueron avanzando los meses, empezó a captar contratos, lo que le permitió repuntar la actividad. Las perspectivas que maneja para el segundo semestre del año son buenas, aunque sin perder de vista que es un mercado sujeto a muchas variables y en el que han irrumpido astilleros con políticas de precio agresivas.

Cuenta atrás a medio siglo de peajes

VALENCIA.- Apenas quedan diecisiete meses de peaje en la AP-7. Fin a casi medio siglo (cuarenta y ocho años) de rascarse los bolsillos para las ciudadanas y ciudadanos de Alicante, Castellón y València. Si un cambio de gobierno o de orientación en la política de transportes no lo enmienda de aquí a año y medio. El fin de la concesión, adjudicada durante el franquismo y prorrogada por tres gobiernos democráticos de distinto signo, ha sido reclamada durante años por numerosos colectivos sociales, la ciudadanía y partidos políticos con picos en las reivindicaciones que volvían cíclicamente a la actualidad cuando, por ejemplo, se producían accidentes mortales en las carreteras nacionales paralelas a la «calle Mayor» del Mediterráneo, publica el diario Levante

Aunque el proceso para revertir esta situación no es sencillo y queda un trabajo ingente por hacer. Además del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante, en manos de Abertis al igual que la AP-4 Sevilla-Cádiz, también finaliza la concesión de la AP-1 Burgos-Armiñón, adjudicado a Itínere.
Al respecto, el Ministerio de Fomento confirmaba esta misma semana que exigirá a las concesionarias Abertis e Itínere, concesionarias de las tres autopistas que acaban su plazo de concesión este año y el que viene, que deberán entregarlas al Estado en «adecuado estado de conservación», además de estar obligadas a realizar las eventuales inversiones y actuaciones necesarias para garantizarlo, según confirmó el titular de Fomento, José Luis Ábalos, en su primera comparecencia parlamentaria para explicar las líneas maestras de su departamento.
Ábalos confirmó que Fomento realizará a las tres concesiones una «due dilligence», un estudio pormenorizado del estado en que se encuentran las tres autopistas «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación de la vía previo a su entrega sea el adecuado». Una vez entregadas las autopistas, será el Estado con cargo a las arcas públicas, el que se encargue de su mantenimiento como en el resto de la red.
Las autopistas de peaje en el corredor mediterráneo son una herencia franquista que han perpetuado los sucesivos gobiernos democráticos. La sociedad Aumar (Autopistas del Mare Nostrum) logró la concesión de los tramos Salou (Tarragona)-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años (hasta 1998), el 23 de julio de 1971 y el 21 de diciembre de 1972, respectivamente. 
Un contrato que seguirá vigente hasta 2019 (así se alcanzarán 48 años de concesión), gracias a tres prórrogas que Aumar pactó sucesivamente con Gobiernos de la UCD (en 1981-1982 una prórroga de 6 y 4 años más, hasta 2004), del PSOE (en 1986 una prórroga por dos años más hasta 2006) y del PP (en 1997 por 13 años más, de 2006 hasta 2019). Las renegociaciones siempre se han aprovechado para reducir tarifas a cambio de mejorar y abarcar más tramos y ampliar los años de concesión. 
En la última renegociación, el artífice del acuerdo fue el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, quien pactó con Aumar (con el visto bueno de Aznar) la ampliación de la concesión por trece años más a cambio de una rebaja de tarifas del 30% y el 40% y una inversión de 5.000 millones de pesetas en «mejoras y nuevos enlaces (como el de Terra Mítica)». 
Las primeras autopistas españolas se construyeron en el Mediterráneo por recomendación del Banco Mundial en 1962. El Gobierno franquista adjudicó entre 1967 y 1975 a once concesionarios 17 tramos de autopistas en aplicación del Programa de autopistas nacionales españolas (PANE). Otro dictador, el general Primo de Rivera, ya lo intentó en 1928, al autorizar las primeras concesiones cuyas obras nunca se iniciaron.

Milans del Bosch llama a "hacer algo" para defender al rey en una carta al 'ABC'

MADRID.- "Dios salve al Rey". Es el título de la carta dirigida por Álvaro Milans del Bosch al diario ABC en la que hace un llamamiento a la población a "hacer algo" para "defender" al monarca Felipe VI, según recoge Público.

"Hay un plan y una estrategia de los socios y apoyos de Sánchez parara cargarse el sistema, y de paso al rey", señala en un artículo en la que carga duramente contra el actual presidente del Gobierno, contra Carmena y sus cambios en los nombres del callejero madrileño y contra el presidente de Catalunya, Quim Torrá.
El texto de Milans del Bosch señala que Felipe VI se ha quedado "solo" ante la "permanente sucesión de insultos, humillaciones y desprecios". Así mismo, llega a la conclusión de que aquellos que no confían en la monarquía ni en el sistema "odian a España".
Por lo que se refiere a Torra, califica la decisión del presidente de Catalunya de romper relaciones con la corona como una "chulería" y una "repugnante falta de respeto.
"Nos espera un bombardeo permanente de republicanismo sectario y radical", sentencia.
A la carta de Milans del Bosch hay que añadir un artículo de opinión de Hermann Tertsch, también publicado en el ABC, en el que descarga todo su odio contra el nuevo gobierno de Sánchez que, según él, es capaz de "auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil entre españoles".
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El opinador de ultraderecha considera, además que Sánchez y su Ejecutivo han  declarado la guerra "contra amplias capas de la sociedad española".
"Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen diseñada su guerra civil retórica y virtual", zanja.

Moción de censura a Felipe VI de la izquierda radical y el independentismo

MADRID.- Tras la abdicación de Don Juan Carlos, el relevo de Felipe VI tenía visos de aire nuevo, de renovación y levantamiento de la Corona, de alejamiento, de lastres de acusaciones y conjeturas arrastradas durante años. Pero en realidad, en aquel entonces la pasta no había hecho más que empezar a cocerse. Felipe VI, en apenas cuatro años de reinado recién cumplidos, tiene por delante un escenario que no le permite cumplir con lo que soñó en voz alta durante su discurso de proclamación, ser el máximo representante de los españoles con los que «construir unidos el futuro», publica hoy La Razón.

La crisis de la coyuntura política entre los años 2015 y 2016 fue su primer reto, del que salió razonablemente airoso, y fió su sello de un Rey escrupulosamente ceñido a la Constitución, pero fruto de esa crisis y desmembramiento del bipartidismo por el auge de otros partidos minoritarios, el Monarca se encuentra actualmente rodeado por un puñado de partidos secesionistas que quieren deslegitimar a toda costa el sistema monárquico, un presidente en sus manos al condicionar el éxito de su pasada moción de censura al gobierno de Rajoy a sus votos y unas grabaciones que involucran a su padre, el Rey Don Juan Carlos, en el «caso Corinna», piezas que poco a poco van construyendo el cerco.
Ante esta situación, la pauta a seguir por la Corona es cautela y ninguna reacción oficial de momento. El periodo estival juega a su favor: los actos oficiales se reducen, por tanto la presencia pública del padre de Felipe VI también, lo que permite a la Casa mantenerse «a la espera» mientras se definen las propuestas políticas y la postura tanto del Ministerio de Hacienda como de la Audiencia Nacional respecto a las conversaciones de Villarejo con la empresaria alemana. Mientras tanto, va quedando patente cómo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se encuentra entre las cuerdas de la ofensiva de la izquierda más extremista, afanada en romper con la estabilidad del país en función de sus intereses, y Sánchez, que lidera un partido en esencia constitucionalista, tiene poco margen para defender a la más alta Institución del Estado y más molesta para los soberanismos una vez el Gobierno de Rajoy ha sido derrocado, ya que el principal sentido de su existencia es salvaguardar la unidad del país.
Porque los ataques a la Corona no son personalizados, no son contra Felipe VI, son contra su simbología. Independientemente de que haya habido personas dentro de la Corona que a veces han colocado en segundo plano la ejemplaridad intachable que exige la Institución, la finalidad de las continuas operaciones de descrédito es acabar con la cúspide del Estado. Y en esa situación la Casa del Rey hace pequeños «pinitos» de defensa. Primero fue la carta que –tras el encuentro del jefe del Estado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump– enviaron Torra, Puigdemont y Mas al Monarca exigiéndole que abanderara el diálogo y reprochándole haberse posicionado de parte de los ciudadanos que no quieren fragmentar la nación que él representa. Zarzuela respondió la misiva ciñéndose al artículo de la Constitución por el que Don Felipe refrenda las decisiones del Gobierno, y Sánchez en un conciliador tono manifestó públicamente que esa función no le corresponde al Rey.
Continuas reacciones sin aliento después de haberse maniatado erigiéndose como el artífice del diálogo con los secesionistas catalanes, tal y como evidenció su escasa reacción después del órdago lanzado por Torra a Don Felipe en los pasados juegos Mediterráneos de Tarragona: manifestó su ruptura con la Monarquía, aseguró que no invitaría al Rey a ningún acto organizado por la Generalitat y le regaló un libro en el que se reproducían imágenes sobre la actuación policial en el ilegal referéndum del pasado 1-O. Sánchez se reafirmó en su «mano tendida» al Gobierno catalán del sucesor de Puigdemont y se reunió con él posteriormente en La Moncloa.
Este Gobierno debilitado en su montaje Frankestein, sumado a la reciente encarcelación del cuñado de Don Felipe, Iñaki Urdangarín, propicia que la filtración de las grabaciones del ex comisario Villarejo publicadas en El Español y en Okdiario sean aprovechadas por los partidos republicanos para poner en un brete al Gobierno de Sánchez. El líder de IU, Alberto Garzón, insta a abrir en el Congreso una comisión de secretos oficiales para que forzar las comparecencias tanto del director del CNI, Félix Sanz Roldán, como de la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Esta última, para que detalle las acciones que su ministerio va a emprender «a la hora de investigar las posibles estructuras opacas al fisco» comprendidas en la grabación de Villarejo a la empresaria alemana.
Unidos Podemos no tardó en sumarse a esa ofensiva parlamentaria el pasado viernes al solicitar también la apertura de una comisión de investigación. La postura del partido morado ya quedó clara en boca del secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular, Rafael Mayoral, quien asegurara que las grabaciones son el reflejo de la «anomalía democrática» que, a su juicio, supone la «existencia de una institución que no está sometida ni a escrutinio popular ni a la tutela de los tribunales».

Las cosas que se tiran por la puerta entran por la ventana / Javier Pérez Royo *

El viejo Engels nos recordó en el Anti-Düring con la frase que da título a este artículo que los problemas que se dan por resueltos sin hacerles frente acaban volviendo a hacer acto de presencia. Y lo suelen acabar haciendo en el momento más inoportuno, cuando empiezan a torcerse las cosas.

En la Transición española se tiraron bastantes cosas por la puerta. Pero, sobre todo, una. Se pasó de la Dictadura a la Democracia con un “ejercicio limitado” del poder constituyente del pueblo español, al que se le impuso la Monarquía como un hecho consumado. Una Monarquía que había sido restaurada por el general Franco en 1947 con la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, primera de las Leyes Fundamentales sometida a referéndum.  

El príncipe Juan Carlos adquiriría la condición de Rey tras la muerte del dictador y sería él, con el concurso de algunas de las autoridades del Régimen, singularmente el presidente del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, y con el presidente Adolfo Suárez, el que dirigiría el proceso que hemos definido como la Transición.

La  restauración fue previa a e indisponible para el ejercicio del poder constituyente del pueblo español, es decir, fue previa a e indisponible para la democracia. Con ese equívoco en la relación entre Monarquía y Democracia se ha venido operando desde entonces. Porque hubo Restauración de la Monarquía fue posible la Democracia. Este es el mensaje que se transmitió entre 1977 y 1978 y que se confirmó tras el intento de golpe de Estado del 23F de 1981.

La Constitución de 1978 ha sido la primera de nuestra historia en la que han convivido el principio monárquico y el principio de legitimación democrática del poder. La Monarquía había sido incompatible a lo largo de toda nuestra historia con el principio de legitimidad propio del Estado Constitucional, la soberanía nacional o soberanía popular. 

Tras la afirmación de dicho principio en las Constituciones que iniciaron cada uno de los ciclos constitucionales: 1812, 1837, 1869 y 1931, venía la “reacción monárquica”, que o anulaba por completo dicho principio, como hicieron Fernando VII y el general Franco, o lo reconvertían en el principio “monárquico-constitucional”, como lo hicieron las Constituciones de 1845 y 1876. 

La historia constitucional de España ha sido una historia “reaccionaria”, la historia de las reacciones monárquicas frente a las expresiones del principio de legitimidad propio del Estado Constitucional.

La Constitución de 1978 es la primera en la que no ha sido necesaria la “reacción monárquica”, porque se alcanzó un compromiso en el proceso constituyente. Pero un compromiso en el que lo primero es la Monarquía y lo segundo la Democracia. La Monarquía es previa a e indisponible para la democracia española. A esa indisponibilidad responde la introducción de la cláusula de intangibilidad encubierta que supone el artículo 168 de la Constitución.

Aquí está la raíz de la irreformabilidad de la Constitución. El condicionamiento del principio de legitimidad democrática por el principio monárquico es el que imposibilita la activación del procedimiento de reforma de la Constitución. Podemos hacer reformas constitucionales que nos vienen impuestas desde fuera, desde la Unión Europea. Pero no podemos hacer reformas desde dentro. No sabemos siquiera cómo poder hacerlo.

Esa indisponibilidad de la Monarquía para la Democracia se ha traducido, además, en una parálisis de las Cortes Generales en lo que a la regulación de la Monarquía se refiere. Por eso, no se ha aprobado ni está previsto que se apruebe la ley orgánica prevista en el artículo 57.5 de la Constitución. Por eso se resolvió de manera anticonstitucional la abdicación del Rey Juan Carlos I. Por eso se definió “en fraude de constitución” el estatuto jurídico del Rey tras su abdicación.

Lo que se tiró por la puerta vuelve a entrar por la ventana. Y en un momento sumamente inoportuno. Los seres humanos hacemos la historia en condiciones independientes de nuestra voluntad, escribió Carlos Marx. Parece claro que, en este momento, con todos los problemas con los que tenemos que enfrentaremos, preferiríamos no tener que hacerlo también con la “Monarquía Parlamentaria como forma política del Estado español”. Pero me temo que no nos va a quedar más remedio que hacerlo.


(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla


https://www.eldiario.es/autores/javier_perez_royo/ 

Sánchez y la guerra sucia / Hermann Tertsch *

Alonso Cuevillas, el abogado del prófugo por rebelión, sedición y malversación, Carles Puigdemont, le ha exigido abiertamente al Gobierno de Pedro Sánchez que «neutralice al partido Vox», única acusación particular presente contra los golpistas. Cuevillas recomienda al Gobierno de Sánchez que «utilice los mecanismos que tiene el Estado». Que si no logra convencer a Vox por las buenas, investigue a Vox para buscar elementos de coacción. 

Como ven, los aliados de Sánchez le creen capaz de todo lo que le creen capaz sus peores enemigos. Estos están convencidos de que el presidente y su gabinete extremista son capaces de cualquier cosa por lograr su permanencia en un poder conquistado de forma tan grotesca y anómala con sus 84 escaños. Capaces de todo, hasta de auspiciar intencionadamente un enfrentamiento civil entre españoles. Desde luego, es difícil negar que desde su llegada al poder parece cada vez más probable. 

El abogado Cuevillas recomienda sin pudor en RAC1 al gobierno que lance una «investigación prospectiva», ilegal, para obligar a Vox a abandonar el caso. Pide una guerra sucia para acabar con el único partido que se presentó como acusación particular contra el golpismo separatista catalán. Gracias a Vox, la justicia ha podido actuar como eficaz arma del Estado de Derecho. La inaudita demanda de Cuevillas se supo ayer. De momento, el Gobierno no ha rechazado la propuesta criminal. Y ya están tardando el PP y Ciudadanos en denunciar esta aberración y solidarizarse con Vox que ha hecho solo lo que también era su deber. Sepan que quien pone trampas en la cloaca a un partido se los puede poner a tres. 

España sufre un tsunami de frenesí sectario con decretos inauditos, nombramientos escalofriantes y proyectos de ley despreciables por parte de un gobierno que pretende poner patas arriba a la sociedad española. Y quiere hacerlo ya. Resulta aterrador el desprecio del gobierno hacia los intereses e inquietudes de todos aquellos españoles que creen en una sociedad abierta, democrática y razonable y no participar en la orgía revanchista, la manipulación informativa colosal y colectiva y la permanente sobredosis ideológica frentepopulista con la que al final quiere destruir, nadie se engañe, el marco legal existente de la monarquía parlamentaria.

Ya está claro que la presencia de algún político moderado en ese gobierno era una mera hoja de parra para esconder las vergüenzas de una tropa furiosa de ministras sectarias y agresivas. Que no tienen otro objetivo que producir anuncios de medidas y leyes, gestos y alardes ideológicos que satisfagan a los más radicales del izquierdismo comunista de Podemos. Al que tienen orden de disputar de aquí a 2020 los votos y el mensaje. 

Esta demencial deriva sectaria lleva al Gobierno socialista mucho más allá de la retórica radical porque ya ha tomado medidas que son una declaración de guerra contra amplias capas de la sociedad española. Solo así cabe interpretar su voladura del pacto educativo, el desprecio a todos los demás integrantes del mismo como la masiva operación de castigo contra la verdad, la libertad y la conciencia libre de los españoles que es la nueva Ley de Memoria Histórica. Ni los irresponsables ataques a combustibles y energías que ponen en peligro a sectores enteros de producción. 

O las grotescas medidas de control y experimentación social en las relaciones sexuales que liquidan los restos de igualdad ante la ley así como la presunción de inocencia. Parece que Sánchez y ese núcleo de ministras tienen diseñada su guerra civil retórica y virtual. Cuidado. Porque las palabras de Cuevillas revelan que sus socios consideran a Sánchez un aliado del golpismo tan capaz de violar las leyes como ellos en Cataluña con el permanente golpe de Estado. Y nada de eso es virtual.


(*) Periodista



https://www.abc.es/opinion/abci-sanchez-y-guerra-sucia-201807132132_noticia.html

La solución Conesa / Alberto Aguirre de Cárcer *


Camarillas suena en boca de toda una generación de murcianos como el Rosebud de Orson Welles en 'Ciudadano Kane'. Pero en lugar de remitir a la imagen de un trineo sobre la nieve, como símbolo de la infancia perdida, Camarillas evoca la imagen de un tren que nunca termina de llegar a su destino, como paradigma de un futuro de progreso que se le resiste a nuestra periférica Región. Camarillas, AVE y soterramiento de las vías se acercan y se alejan en el túnel de lo inalcanzable. 

Murcia en su eterno laberinto ferroviario. Un fracaso colectivo, con un veterano expresidente copando el medallero, después de tres décadas de espera para la supresión de las vías en Murcia y transcurridas casi dos desde la firma por Valcárcel en 2001 del Pacto del AVE para que llegase, nos dijeron, solo tres años después. 

Pero cuando ya no cabía imaginar más vueltas de tuerca, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, trajo esta semana novedades relevantes: la puesta en servicio del AVE se retrasará hasta el segundo semestre de 2020 para evitar su entrada provisional en superficie, como estaba previsto hasta el reciente cambio de Gobierno, y para mantener abierto el paso a nivel de Santiago el Mayor el mayor tiempo posible. 

Otra demora más, aunque no se produce, como en ocasiones anteriores, por razones técnicas o presupuestarias, sino por una decisión política del líder de los socialistas, que ha dado prioridad a la movilidad de los vecinos del sur de la ciudad sobre los efectos económicos inmediatos que produciría la llegada cuanto antes del AVE por vía provisional en superficie. 

Una decisión política legítima de Diego Conesa, respaldada por el apoyo de Podemos y Ciudadanos en la Asamblea y el Ayuntamiento, que resuelve el conflicto vecinal pero que deja igual de abierta la fractura social. El delegado recibió el efusivo aplauso de la Plataforma Pro Soterramiento junto a sonoras protestas de los empresarios de Croem por no haber sido ni siquiera oídos antes de la toma de decisión y por las mismas razones por las que siempre criticaron, con las Cámaras y los colegios profesionales, los sucesivos retrasos de la alta velocidad. 

A juzgar por las reacciones de unos y otros, la 'solución Conesa' no es de suma cero. Sigue dejando vencedores y vencidos. Cambian las tornas, pero se perpetúa la brecha que hace de la Región una singularidad nacional: en ningún otro lugar del país se ha visto que la llegada de la alta velocidad provocara tanta crispación social. 

Conscientes de las otras consecuencias del enésimo retraso del AVE, el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, y Diego Conesa han prometido que a partir de la próxima primavera se podrá llegar en tres horas a Madrid. Aún no saben ni cómo ni por dónde (probablemente con trenes híbridos). Lo prudente será, por tanto, dejar en suspenso toda expectativa hasta que el ministro Ábalos concrete esa promesa en su primera visita a Murcia en el mes de septiembre. 

También queda la promesa de acelerar los trámites y los trabajos del soterramiento, pero la realidad es que se sigue de momento con los mismos plazos. Al cabo de esta semana solo hay pues dos nuevas certezas:que el AVE no entrará en superficie provisionalmente, como exigían los vecinos afectados por las obras, y que su entrada en servicio comercial se retrasa cuanto menos más de un año. Ambas son lo suficientemente importantes como para tener sus consecuencias políticas. 

Aún no está claro quién gana y quién pierde a medio plazo con esta confrontación a cuenta del AVE. Tras el 'no' de Pedro Sánchez a aprobar en esta legislatura el nuevo modelo de financiación autonómica y las advertencias de Teresa Ribera, la apocalíptica ministra de «los días contados» para el diésel y los trasvases, los populares de López Miras se encuentran con el relato electoral prácticamente en bandeja. 

El PSOE se lo ha puesto más fácil accionando el freno de emergencia del AVE. El discurso de los socialistas también es previsible. El PP también se lo pone fácil con una gestión regional en materia ferroviaria que causa bochorno de tanto bandazo en dos décadas. Con independencia de lo que señalan las sondeos, espejismos demoscópicos cuando falta un año para las elecciones autonómicas, la pugna política es hoy solo cosa de dos: Fernando López Miras y Diego Conesa. 

Los demás aspirantes lo tienen más crudo. Podemos, porque el PSOE está relanzado y movilizando al electorado de izquierdas, y Ciudadanos, porque anda grogui desde la moción de censura, sin saber ni siquiera lo que en ocasiones vota en la Asamblea Regional. PSOE y PP, otra vez, frente a frente. Esta semana continuará la gresca.


(*) Periodista y director de La Verdad 


El AVE de Manolo Escobar / Ángel Montiel *


"No les podemos robar el balón porque no lo tienen". La frase es del ciezano José Antonio Camacho durante la retransmisión por Tele 5 del partido España-Rusia. Fernando López Miras ha calcado tan ingenioso hallazgo retórico tras el anuncio por el delegado del Gobierno, el socialista Diego Conesa, de que el AVE llegará a la capital de la Región cuando concluyan las obras del soterramiento, obviando la ´solución provisional´ de un adelanto en superficie: «El Gobierno de Pedro Sánchez nos roba el AVE que ya teníamos», dice el presidente de la Comunidad. 

¿Dónde estaba ese AVE? ¿Dónde ha estado durante la larga década en que los sucesivos Gobiernos del PP nos han anunciado su inminente llegada coincidiendo con las uvas de uno y otro año? Ah, que esta vez era cierto, que ya estaba a las puertas, que iba a realizar su primer trayecto el 30 de agosto, cambiando las uvas por los higos... No hay AVE que robar porque, parafraseando a Camacho, el Gobierno regional no lo tiene. Pero lo más evidente, y es a lo que López Miras no quiere hacer oídos, es que la gente no lo quiere. No lo quiere en superficie. No lo quiere partiendo en dos los barrios del sur. No lo quiere como solución provisional, a sabiendas de que lo provisional se eterniza. La gente lo quiere soterrado, tal y como está diseñado precisamente por el Gobierno del PP. ¿O es que no? 

El Gobierno popular ha tenido ocasión de apreciar ese rechazo: una movilización continuada, persistente, incansable, diaria, como nunca se ha dado en esta Región para cualquier otro problema. Y coronado este movimiento con una manifestación de 50.000 personas en pleno centro de la capital. Más una actitud colaborativa de los vecinos: AVE sí, pero soterrado. 

¿Cómo se puede despachar todo esto aludiendo al ´interés general de la sociedad murciana´? ¿Qué cosa es la sociedad murciana? ¿Sólo los estamentos que apoyan la posición del Gobierno? ¿La sociedad murciana se reduce a la CROEM y a ciertos colegios profesionales? ¿No son también sociedad murciana las asociaciones vecinales, los partidos políticos de la oposición que, en su conjunto, tanto en Murcia como en Cartagena y en la Asamblea Regional, suman más apoyos que el partido del Gobierno? 

No existe una Sociedad Murciana SA, sino una sociedad murciana plural, cuyo interés general nadie puede interpretar como si dispusiera del copyraid. La tópica acusación de que el PSOE pretende hundir a la Región es de niños: uno no entiende qué interés podría tener Diego Conesa en cargarse la Región, sobre todo cuando aspira a gobernarla. 

Más bien parece que López Miras pretende reproducir un marco en el que, una vez que su partido ha dejado de gobernar en España, puede por fin exhibir sus dotes reivindicativas. Su problema es que las reivindicaciones respecto al AVE han sido ya atendidas por el PSOE, que ha aceptado el riesgo de escuchar a los ciudadanos antes que a los estamentos, y más cuando éstos, en toda circunstancia, se muestran sistemáticamente comprensivos con el PP. 

Determinados políticos se hartan de decir que hay que salir a la calle y escuchar a la gente, pero salen cuando las calles están vacías; cuando están llenas, mandan a la Policía. El PP debería haber aprendido de la experiencia de la guerra de Irak. Cuando el personal se disocia de la política oficial, da igual que se apele a razones de Estado o a lo que desde el poder se decide que es mejor para los intereses generales. 

Y más cuando la gente no dice cosas raras; los vecinos del sur de la capital sólo piden que el AVE llegue soterrado, lo que curiosamente coincide con el proyecto del PP, pero éste, en vez de contemplar netamente ese deseo, ha pretendido adelantar el suceso en superficie. ¿A qué vienen las prisas después de doce años de retrasos por propia incompetencia en la gestión de gobierno, aunque en favor de López Miras sólo pueda atribuírsele una responsabilidad epigonal?

Murcia necesita el AVE para progresar. Bien. ¿Quiere esto decir que, después de una década de espera el drama se acentúa por añadir dos años más para garantizar que el tren del siglo XXI llegue a la Región en situación de máxima excelencia? Da la impresión de que la falsa alarma propagada desde San Esteban tiene otro origen: el riesgo de que los ciudadanos puedan constatar en la próxima primavera, justo antes de la fecha electoral, que es posible llegar a Madrid en tres horas a través de Camarillas (es decir, sin rodeos, el trazado natural) en un tren convencional tan cómodo como el AVE y mucho más barato. 

No veo a López Miras y a la plana mayor de CROEM manifestándose a diario en las vías bajo el lema «AVE en superficie, ya», aunque debieran hacerlo sólo por la curiosidad de visitar la zona alguna vez en sus vidas. Dice el presidente que la decisión del Gobierno nacional de eludir la llegada pronta en superficie no obedece a razones técnicas sino políticas, sin darse cuenta de que emite un elogio. Los políticos están para hacer política. Lo que él pretendía, contra viento y marea y contra la Plataforma Prosoterramiento, era inaugurar el AVE, de cualquier manera, un minuto antes de las elecciones. Política electoral en grado sumo. ¿Qué le reprocha, pues, a Conesa?

Hay una terea que corresponde al Gobierno regional, a CROEM y a todos los agentes sociales: controlar que el PSOE cumpla sus compromisos, es decir, que el soterramiento siga su curso, que las licitaciones de obras se sucedan de acuerdo a proyecto, que Camarillas deje de ser un tope... Nadie debe fiarse de que el PSOE cumpla, como tampoco antes acerca de que lo hiciera el PP. Mejor establecer el control sobre un diseño de sentido común que alentar protestas por la irrupción del AVE contra la gente realmente concernida por su infumable trazado.

A Manolo Escobar le robaron un carro que no tenía. A López Miras, un AVE que tampoco. Como diría Camacho, «no les podemos robar el balón porque no lo tienen». AVE soterrado cuanto antes. Ese debiera ser el lema común.



(*) Columnista





La mano que mueve la cuna de Sánchez / Ramón Pérez-Maura *

Últimamente ha visitado el Palacio de La Moncloa uno de los personajes más inquietantes de Occidente, George Soros. Él ha sido una de las primeras personalidades internacionales que ha recibido el presidente del Gobierno tras su asalto al poder. 

Soros es un especulador multimillonario que obtiene legitimidad mediática para meterse en política, a diferencia de otros millonarios como Donald Trump al que nadie le reconoce el derecho a nada. La diferencia entre ambos radica en que uno, Trump, actúa de frente, casi como una apisonadora, gritando a los cuatro vientos su programa de Gobierno y, lo más increíble, cumpliéndolo con el respaldo del electorado. 

En cambio Soros nunca se ha presentado a una elección. Él dedica el dinero que ha ganado con la puritita especulación a intentar promover sus ideas políticas. De cuando en vez da una entrevista o escribe un artículo en el que te cuenta a qué está dedicando los cientos de millones que mueve por medio de fundaciones, pero él nunca concurre a una cita electoral. Prefiere poner otros peones sobre el tablero. 

El mejor ejemplo es su Hungría natal, donde lleva años haciendo oposición al primer ministro, Viktor Orban, y apoyando al Partido Socialista con el resultado de que el partido de Orban cada vez saca más votos y los socialistas menos. Pero tantos menos que ya no son ni el segundo partido del Parlamento. Ese puesto se lo ha arrebatado la ultraderecha de Jobbik. La democracia es un poco más complicada que la especulación financiera.

George Soros distribuye una columna por medio de «Project Syndicate», una agencia de artículos de opinión. Ahí presentó una tribuna el 26 de septiembre de 2015 titulada «Reconstruyendo el sistema de asilo». En ella afirmaba: «La Unión Europea tiene que aceptar al menos un millón de demandantes de asilo al año en el futuro previsible».

Lo de aceptar un millón de demandantes de asilo, ya es una tergiversación del lenguaje. Porque en sus orígenes, el término asilo se refería a «un lugar privilegiado de refugio para los perseguidos» según el DRAE. Con el tiempo se ha ampliado a la inmigración motivada por las necesidades económicas. Que es multitudinaria, muy superior a los que buscan asilo político. Pero es revelador que gentes como Soros y Sánchez prefieren mezclar en lugar de diferenciar.

Promoviendo la apertura de nuestras fronteras a millones de inmigrantes Soros consigue que Europa vaya perdiendo sus raíces culturales. Y en esa estrategia, Pedro Sánchez le ha facilitado el mayor efecto llamada de los últimos tiempos. Los inmigrantes que llevan años intentando llegar a Europa saben ahora que en España hay un Gobierno que facilita el acceso. Y el efecto llamada que se genera así también tiene una enorme responsabilidad en el número de muertos que se producen en el Mediterráneo. 

Días atrás veía a un directivo de una ONG que denunciaba en televisión que aunque había conseguido rescatar de una zodiac a 60 personas, otras 340 habían perecido. Lo que nadie le preguntaba era si no se daba cuenta que al decir a los que salen de Libia que hay unos barcos a pocas millas esperando a recogerlos para llevarlos a España, están contribuyendo a la muerte de cientos de personas que, por una u otra razón, no podrán ser recogidos. 

Porque las mafias del tráfico de indigentes, esas que les dan un celular con el número de teléfono de la ONG que tiene un barco en las inmediaciones, cobran a todos los que suben a las lanchas. Y cuantos más barcos de rescate haya, más inmigrantes intentarán cruzar. Y más muertos provocarán esos supuestos héroes del buenismo.


(*) Periodista

El rey demérito / Aníbal Malvar *



Hay que ver cómo han cambiado los cuentos de princesas en la actualidad. Cierto que ellas siguen siendo bellas rubias arias como antañazo, pero los tules, los valses, las carrozas y los zapatitos de cristal ahora los paga el contribuyente, y los sapos canoros, cuando los besan, no se convierten en príncipes, sino en filtradores de información para Eduardo Inda. Supongo que, como en tantas cosas, habrá que echarle la culpa al progreso.

El affaire Corinna ha dejado descolocados a nuestros cada día más desvencijados periódicos de papel, que no están preparados para la nueva narrativa. Ellos querían seguir escribiendo sobre la calabaza transicional convertida en carroza democrática gracias al príncipe Juan Carlos, a la sazón héroe militar contra los golpistas del tejerazo, garante de la unidad de España y tal, todo el día desvelado por su pueblo, campechano hasta la extenuación, dotado de un sentido de Estado que va de aquí a La Meca, pero en AVE.

Busqué por los viejos periódicos la noticia de las grabaciones a Corinna en las que desvela comisiones árabes y blanqueos suizos, mayestáticos urdangarinazos y amenazas de muerte a las princesas en general y a esta en particular. Pobre historia de España, cuento no apto ya para enseñar en los colegios por miedo a que los niños se conviertan en sediciosos republicanistas catalanes de repente.

Por supuesto, la conversación entre el espía Villarejo, el millonarizado amiguete aznarino Juan Villalonga y la “amiga entrañable” no mereció grandes portadas. Al fin y al cabo, que un jefe de Estado se lo lleve crudo a Suiza no tiene por qué ser de interés para la opinión pública española, que aun no está madura para entender los rincones oscuros de la última restauración borbónica.

La Razón, este viernes, lo llevaba a su anodina página 16 con este titular: Los socios de la moción presionan con el ‘caso Corinna’. Y, en el texto, no se habla de los cien millones ni de las amenazas de muerte, sino de “revelaciones”, así en etéreo, como corresponde a un buen cuento infantil.

El País es todavía más cuidadoso, y esconde la noticia en página 21 con una triste columna: Corinna no niega la veracidad de la cinta sobre el rey emérito. Y, un día antes, solventaba el asunto señalando en chiquitito que La Audiencia decidirá sobre una supuesta cinta que atañe al Rey emérito (lo de que una cinta pueda ser supuesta no deja de tener cierta gracia). Se conoce que Antonio Caño aprovechó un despiste de Soledad Gallego-Díaz y se antrincheró un último día en el despacho de director. Como la otra vez, hubo que sacarlo con forceps.

El ABC de mi paisano Bieito Rubido tampoco cita a Juan Carlos en su titular de página 25: Corinna denuncia una campaña política en su contra. Y El Mundo dedica su página 16 a relatar lo mismo y casi con las mismas palabras: Corinna denuncia una campaña de descrédito.

Si Juan Carlos I antes era inviolable, ahora se va convirtiendo en innombrable para nuestra prensa. Sigue causando temor contar a los pobrecitos españoles las verdaderas artes del heredero de Franco, cuya fortuna, salida de la nada, fue otrora cuantificada por Forbes, Eurobusiness y The New York Times en 1.800 milones de euros.

Nuestro rey demérito y sus cortesanos mediáticos ya tuvieron que lidiar hace tiempo con la lenguaraz Bárbara Rey, pero en este caso ya no se trata solo de saltos de cama con una titiritera, sino de una actividad delictiva incluso protegida por los servicios de inteligencia españoles, ese CNI que pagas tú con el dinero que te sobra de tu hambre. Ni siquiera Felipe El Preparao estaba preparao para esto. Este rey nuevo es tan bondadoso e inocente que no se entera de nada, lo que, siendo Borbón, casi le honra.

Lo cual que tenemos una prensa que no considera noticiable tener un jefe de Estado corrupto y peligroso. Siempre nos quedará Venezuela, Ilsa. Aunque quizá sería más adecuado un viajecito a la Isla de Elba.

Los mismos periódicos que cacarean día sí y noche también que nuestra democracia es limpia y pura y está sólidamente consolidada, amojaman el derecho a la información en cuanto la corona borbónica asoma por el lado oscuro. Será para no reabrir heridas. Al español medio primero le obligaron a olvidar una guerra y cuarenta años de dictadura que dejaron decenas de miles de cadáveres en las cunetas. 

Ahora nos piden que olvidemos también otros cuarenta años de juancarlismo. A este paso, cualquier mañana nos vamos a despertar sin Historia de España. Por patriotismo. Id sacando del baúl la lista de los reyes godos, que esos sí que eran campechanos.


(*) Periodista


http://blogs.publico.es/repartidor/2018/07/14/el-rey-demerito/

Borbones sin ley / Juan Carlos Escudier *

Los estudiosos de la criminalidad parecen de acuerdo en que el delincuente no nace sino que se hace, y el factor más determinante en ese proceso no es la clase social de la que se provenga ni el entorno en el que se viva o la educación que se reciba sino la ausencia de los códigos éticos que se interiorizan en la infancia y en la adolescencia. Los amorales tienen tendencia a pasarse el Código Penal por el forro y contra eso no vacuna vivir en palacios de techos altos ni cenar con cubiertos de plata.

Viene esto a cuento de la principal revelación de Corinna zu Sayn-Wittgenstein en las cintas que le grabó el comisario Villarejo, que no es que nuestra enormidad emérita tenga el cabecero de la cama destrozado por las muescas o que pida comisiones hasta para ir al baño, algo sobradamente conocido primero como rumor, luego como secreto a voces y más tarde en forma de certificación genética de su ADN. La gran aportación de la amante alemana sobre Campechano I es psicológica: el hombre cuyo perfil ha ocupado pesetas y euros durante varias décadas no distingue entre lo legal y lo ilegal, no diferencia entre el bien y el mal, fundamentalmente porque nada de lo que ha hecho ha tenido consecuencias.

Ni siquiera haber matado a su hermano Alfonso de un tiro en la cabeza mientras ambos jugaban con un revólver en una de las habitaciones de su residencia de Estoril le supuso castigo alguno, más allá de que su padre le hiciera jurar de rodillas que todo fue un accidente y que un par de días después le empaquetara hacia la Academia Militar de Zaragoza, donde ya había pasado un año de instrucción militar. A los pocos meses, nuestro apuesto príncipe volvía a arrimar croqueta por los salones de la alta sociedad europea sin traumas aparentes.

Quien teóricamente había accedido a la Corona en posición egipcia, con una mano delante y la otra detrás, empezó rápidamente a llenar la hucha con comisiones de las importaciones de petróleo españolas y pasando la gorra entre las monarquías del Golfo con el argumento de que la institución debía fortalecerse y nada mejor que consumir una montaña de dólares como complejo vitamínico. Sin inquietudes intelectuales, se afincó en un páramo cultural urbanizado a todo trapo por el sexo y el dinero, sin importar su procedencia. Basta repasar la historia para comprobar que uno a uno de sus llamados asesores financieros han acabado en el banquillo o a la sombra, lo que permite intuir el tipo de negocios a los que se dedicaban.

A un tipo incapacitado para sentir escrúpulos por sus actos se le concedió además la inviolabilidad, que es como dejar a un mono a los mandos de un Airbus y esperar que aterrice suavemente. Los que nos hemos tragado todos los capítulos de Barrio Sésamo y sí somos capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo deberíamos sentirnos un poco culpables por haber facilitado impunidad absoluta a este rey de los excesos y los lupanares que ahora nos escandaliza con sus cuentas en Suiza y sus mordidas.

No tenemos derecho a quejarnos porque hubo consentimiento y hasta nos pasamos por el arco del triunfo la propia arquitectura legal del Estado para concederle aforamiento cuando un elefante se le cruzó en el camino y se vio obligado a abdicar. No se conoce país en el mundo que reconozca privilegios judiciales a un exjefe del Estado, ya sea por causas penales como civiles, en este último caso para evitar que una cascada de demandas de paternidad incrementaran la familia de tal manera que no se cupiera en Marivent en vacaciones.

Hemos creado un monstruo y le hemos blindado. De ahí que  resulte extraño que ahora se reclamen inspecciones de Hacienda y un exhaustivo catálogo de sus bienes fuera de España, algunos de los cuales estarán a nombre de la tal Corinna, porque la chica, al parecer, se hacía la rubia para ejercer de testaferra y la morena para devolverlos, con la excusa de que eso sería blanqueo de capitales. Milagros del tinte.

Deberíamos asumir que quizás el héroe de la Transición, el sujeto al que dimos el papel de padre de la democracia en esa obra de ficción que tan bien nos ha locutado siempre Victoria Prego, padece eso que algunos psicólogos llaman ‘affluenza’, y que convierte al malhechor en víctima de su propia irresponsabilidad, en un niño malcriado que nunca respondió por sus malas acciones porque nadie le marcó límites y limitaciones, que diría el encantador de perros.

Someter a la ley a quien ni siquiera comprende el concepto y sigue pensando que todo el monte es orgasmo es bastante inhumano. Tendríamos que conformarnos con ampliar la condena a Urdangarin que ya tiene el cuerpo hecho a la cárcel y podría ejercer como recluso por poderes. Y ya de paso poner en cuarentena a su hijo, no fuera a ser que el virus no se transmita por el aire o el contacto sino por el apellido. De cambiar este régimen absurdo que institucionaliza el pillaje en asientos de terciopelo ni hablamos, lógicamente.


(*) Periodista


http://blogs.publico.es/escudier/2018/07/13/borbones-sin-ley/ 

La videoteca de Soraya / Federico Jiménez Losantos *

Sólo a una déspota muy nerviosa, incompatible con la democracia y alérgica a la libertad, podía ocurrírsele pedir airadamente, en plan acusica, que De Grandes investigue un vídeo que critica los añosos y ruinosos apoyos a su candidatura para presidir un partido político, si cabe llamar así al PP. 

Hay que ver ese vídeo para entender no sólo lo que le ha pasado a la que fue primera fuerza política española sino lo que le pasará si elige a esta inquisidorcilla, marisabidilla y tontuela para dirigir sus pasos…. a la fosa.

En la recta final de las primarias secundarias del PP, la candidata oficial del defenestrado Gobierno de Rajoy intentó comprar al candidato rival ofreciéndole la Secretaría general del partido; después se ha negado, escudándose en la organización del partido, corrompida a su servicio, a debatir con él, y ahora denuncia que un grupo opositor haya subido a la red un vídeo en el que de forma amable, suave, blanquísima, satiriza sin saña a esos jóvenes valores que sustentan la dizque renovación que ella acaudilla.

O sea, que ha querido corromper a la oposición, rehúye el debate y ahora quiere castigar la propaganda. Pero, ¿qué clase de tiranuela consentida, qué dictadorceja mimada, que matoncilla tronada es esta candidata que quiere acabar con cualquier otra candidatura, esta vocecilla que sólo pide chitón?

El vídeo refleja muy bien lo que significan sus tres apoyos básicos: Arenas en el aparato del partido y la trata de compromisarios, Montoro en las cuentas pasadas y futuras del terror fiscal, que es su política económica, y Celia Villalobos, la ideología de saldo progre que se pretende centrista. Sobre los tres falta otro vídeo, al que animo a los creadores del primero: la ruinosa elección, contra el propio partido, de Moreno Bonilla por Soraya y Arenas y las ruinosas expectativas de voto en las encuestas de Andalucía; los negocios de Arriola a la sombra del PP y Telefónica, en lo que coincide con Soraya y su marido; y la vil corrupción de Montoro y Asociados, luego Equipo Económico, amén de las campañas de terror fiscal del 'Murciégalo'.

Soraya, Presidenta de la Generalidad

Pero más importante aún sería hacer un par de vídeos sobre lo que ha hecho Soraya en el Gobierno y contra el partido en esta década de privanza a la sombra de Mariano Rajoy. Lo primero es de risa; lo segundo, de pavor.

En el Gobierno, el vídeo debería centrarse en su actuación como gran responsable política de la gestión del conflicto con el separatismo catalán, al que cogió antes del referéndum de Artur Mas, y tanto y tan duramente lo combatió que lo convenció de su impunidad si proclamaba la República. Habría que recuperar sus declaraciones asegurando que el diálogo y sólo el diálogo con los separatistas era el camino para reconducirlos a la legalidad. Habría que esmaltarlas con sus infinitas reuniones con los medios golpistas, desde La Vanguardia y otros medios de Godó a El Periódico y los digitales ferozmente antiespañoles y golpistas, que subvencionó sin tasa ni control, antes, durante y después del Golpe. Debería incluirse su política de ataque o desprecio a Ciudadanos y a las asociaciones cívicas antinacionalistas. Y sus apariciones estelares tras los dos referendos: en el primero diciendo que no se había celebrado; en el segundo, que se había respetado la legalidad.

El segundo vídeo sobre el mismo asunto debería centrarse en el antes y el después de su actuación como presidenta de la Generalidad. Cómo se negó a que barcos de la Armada llevaran a los policías y los embarcó en el Piolín, cómo se negó a controlar a los Mozos de Escuadra, cómo, en la noche del 1 de octubre, ordenó que Interior no diera las imágenes de los policías descalabrados por los golpistas; cómo, a los cuatro días del 1 de octubre, dio diez millones de euros a los medios de papel e internet más rabiosamente antiespañoles; cómo Millo, su hombre de confianza, insultó a la Policía por el 1-O; y una y otra vez, en bucle, para unir los fragmentos, a ella licuándose bajo las manazas de Junqueras. Como remate, presumiendo de haber "descabezado" el Golpe pero aceptando a Torra como su sucesor.

El vídeo sobre los medios ashishinos

Vídeo aparte merecería su actuación en los medios, clave para ver lo que ha sido su política de destrucción de todos los personajes, facciones o símbolos ideológicos que le molestaban dentro del Partido Popular. Desde la presentación de elpais.cat, con Sánchez y Cebrián, a la creación por ella misma de Atresmedia/La Sexta, prohibida en el informe de competencia. Y sobre todo su política de filtración y delación sistemática de datos para la liquidación de personas importantes en la época del PP de Aznar, cuando ella no era nada, o sea, como ahora, pero sin poder. Ahí había que sacar la filtración de Montoro sobre Aguirre a cuatro días de las municipales de Madrid, que dieron la mayoría a Carmena, o lo de Soria y su condena por el propio Montoro, o lo de los Aznar, o las detenciones de Rato y González, siempre a través de La Sexta, su escudo personal y letal verdugo del PP.

Sería importante un tercer vídeo, para explicar el futuro que le espera al PP y a cuantos dentro del PP quieran hacer algo que no sea cosechar derrotas a la andaluza pero obedeciendo a Soraya. Habría que montar tres pasajes sobre su manejo del CNI: desde las fotos de Feijóo con Dorado al vídeo de Cristina Cifuentes, que nadie ha investigado, no fueran a toparse con la 'Ashishina 1', pasando por la destrucción del llamado G-8, los ocho ministros que se oponían a su ascenso y fueron, uno tras otro, eliminados. Y comparar su éxito en la puñalada por la espalda con el fracaso en la prevención del referéndum del 1 de octubre, las "urnas chinas" de las que se burlaba Montoro y la fuga permitida de Puigdemont y demás golpistas.

Soraya, o el PP que quiere Sánchez

Pero lo esencial del vídeo contra Soraya sería explicar en pocas pero aquilatadas imágenes por qué un PP dirigido por ella sería cómplice del proceso de liquidación del régimen constitucional del 78 acometido por Sánchez y sus socios de Gobierno.
  1. Soraya es clave en el Gobierno que suelta a Bolinaga sin motivo y a los presos de ETA sin necesidad (añadir aquí declaraciones de Alfonso Alonso contra Casado tras recibir el apoyo de María San Gil, mientras Soraya posa, oronda, con Mari Mar Blanco).
  2. Momento en que Soraya pide a Puigdemont que diga que no ha declarado la República, porque "nunca será más fácil evitar la aplicación de la Ley", luego Méndez de Vigo invitándolo a ir a las elecciones (con imágenes del susodicho cantando y bailoteando Azurro con Soraya en Melilla) y, al final, recordándola cuando dijo que se iba a hacer "imprescindible" en Cataluña.
Por supuesto, no pueden faltar las imágenes de elogio al PNV antes de la moción, comparándolo con Ciudadanos. Tampoco al PSOE, antes de defenestrar al Gobierno del PP sin que ella y su CNI se enterasen de nada, también insultando a Rivera. Y seguro que habrá alguna injuria contra Vox. Pero el mejor remate sería su actuación contra la independencia judicial. De las promesas de Rajoy y Gallardón contra el "obsceno espectáculo de unos políticos nombrando a los jueces que pueden juzgar a esos políticos" al pacto con el PSOE e IU para repartirse en su totalidad el CGPJ -al que sólo se niegan UPyD y luego Cs-, pasando por las actuaciones del fiscal general del Estado en favor de los Pujol y el golpista Forn, o los insultos de Catalá al juez que emitió el voto particular en el caso de La Manada.

Y el remate institucional

En fin, el vídeo o los vídeos que en un partido democrático y en una democracia serían normales, terminarían con la frase de Rajoy que, ya que va a ser el Gran Elector de Soraya, merecen ambos: "A la Infanta le irá bien…" (foto de Soraya mostrando el dedito del pie)… "A la infanta le irá bien"… (Soraya bailoteando en El Hormiguero)… "A la infanta le irá bien"… (Soraya ardorosa en la caseta sevillana)… y lo que encontraran de hemeroteca en videoteca y meme a meme. ¿Música? Cifesa… y el No-Do.


(*) Columnista


Venga, que ya queda poco / Ramón Cotarelo *

Ayer, mientras se daba una impresionante manifestación en Barcelona, estaba en Reus, en un acto para conmemorar el 1-0. La coincidencia fue un fastidio. Me consta que se consideró la posibilidad de aplazar, pero había tanta gente ya comprometida desde mucho antes que se vio no era posible. Concurrió más de una docena de participantes en aquel referéndum: funcionarios, bomberos, abogados, abuelos, etc y también un excelente grupo musical (Estrela Roja), de Valencia. Hubiera sido mucho trastorno.
De no haber sido por esta circunstancia, nos habríamos desplazado a Barcelona, a la impresionante concentración. "Decenas de miles" dice El País. Cien mil, según la Guardia Urbana. Doscientos mil, según los organizadores. En todo caso, una marea humana para reclamar la libertad de los presos políticos y el retorno de las exiliadas.
Por descontado, la concentración de Reus también fue un éxito. Acudió mucha gente y los relatos de los protagonistas del 1-O tuvieron enorme interés. Se celebraba además que el parque en el que tenía lugar el acto se llamaría parque del 1-O. La actuación de los musicantes de Valencia fue magnífica. Nos hicimos unas fotos juntos y, en cuanto las consiga, pues se las quedaron ellos, subiré alguna. 
La manifa de Barcelona es el sello con que se cierra esta semana tan importante. Ayer mismo, por cierto, también salieron cientos de personas, como todas las semanas, en Pamplona en demanda de la libertad de los muchachos de Altsasu, otros presos políticos. Con Pablo Hasel y Valtonyc, España ha vuelto a convertirse en un país con presos y exiliados políticos, como en los tiempos del genocida Franco. 
Sostengo que es justamente este hecho, así como la existencia de presas y exiliados políticos, el incremento de la represión indiscriminada del Estado, etc, los que, aunque parezca mentira, muestran la debilidad de aquel y anuncian su pronta caída.
El director del grupo musical valenciano proclamó que es necesaria la disolución de España. Confieso que nunca lo había oído en público tan claramente. Y me fascinó porque coincide con lo que vengo sosteniendo hace algún tiempo: que el Estado español es irreformable. Pero la lógica consecuencia de esto la ha formulado el músico valenciano. Me adhiero.
Y, mientras llega esa disolución -inevitable, según Deulofeu y en mi modesta opinión- quizá podríamos ir alejándonos de la dependencia mediática de España. Costará a causa de la tradición y la costumbre, pero hemos de ir acostumbránonos que los asuntos españoles no son más "nuestros" que los franceses o los alemanes. Costará, pero es así. 
Los jueces alemanes ya han demostrado que los españoles no pasan de ser correveidiles de los gobernantes de turno. En otro país, esto hubiera provocado una crisis en la judicatura y en el gobierno. Pero no España, porque ambas instancias saben de sobra que el poder judicial español es una farsa al servicio del poder. España es irreformable y un Estado fallido, como se muestra por el hecho de que 40 años después de la muerte del dictador genocida, el país siga en manos de franquistas, de obediencia estricta, como los ladrones del PP o de obediencia laxa, como los del PSOE. 
Por tanto, poco puede preocuparnos ya de los sucesos de España, salvo, claro está los que puedan servir para arremeter contra Catalunya. Bastante tenemos con nuestro Estado, con la República Catalana en los próximos tiempos. Después de que el lunes Sánchez diera el consabido portazo castellano a las pretensiones catalanas formuladas por Torra y que el miércoles los alemanes dejaran en ridículo a Llarena, se abría un tiempo nuevo que la manifa de ayer ha venido a poner en marcha.
Con Puigdemont en libertad, se ofrece ahora un amplio terreno en el que articular las políticas propias de la República Catalana, destinada a consolidarse ignorando la manifiesta inoperancia del Estado español. En este periodo es lógico que las distintas fuerzas políticas del movimiento indepe tengan divergencias tácticas con vistas al objetivo estratégico común, la independencia en forma de República. Los medios españolistas -prácticamente todos- tratan, como siempre, de encizañar el campo indepe y de colocar sus mentiras sobre la fractura de la unidad. Puras falsedades. 
Desde ahora hasta la sentencia del Supremo alemán si hay recurso de Puigdemont, se da un tiempo para que el independentismo actúe al margen del surgimiento del nacionalismo español. El debate es complicado y hemos de llevarlo con mucho cuidado y mucha atención. Porque, aunque moribundo tras el inútil relevo de Rajoy por Padro Sánchez, el Estado sigue teniendo muchos recursos y el firme ánimo de hacer naufragar el proceso independentista, aunque sea al precio de hundir (más) España. Como señala El Confidencial, Elsa Artadi defiende una postura y Puigdemont, otra; como también Torra. Y de todo ello quiere el diario sacar en conclusión que el independentismo  ha fracasado. 
Pero eso es rotundamente falso. Los independentistas no hemos fracasado. Al contrario, cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo, mientras conservemos la unidad y también seremos más fuertes y la independencia estará más cerca. El debate, en el que los antiindependentistas quieren ver discusiones y fracturas, versará sobre el momento más adecuado para convocar elecciones en Cataluña, si antes o después de las municipales, con qué candidaturas, cómo, etc. 
 
Y saldrá una propuesta. Lo único que necesitamos es que esa propuesta sea aceptada por todo el bloque al unísono y asumida y apoyada por el verdadero motor del independentismo catalán: la gente. 
Y la gente tiene dos criterios de medida que forman el pacto de hierro entre ella y la dirigencia del tipo que sean: la liberación de los presos y el retorno de las exiliadas políticas y la realización de un referéndum de autodeterminación. Con esta unidad de acción garantizada a través de la unidad independentista, la República y la independencia estarán muy cerca.
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

De nuevo, la calle y la unidad / José Antich *

En plena discusión sobre la estrategia a seguir por el independentismo y debates muchas veces estériles entre sus dirigentes, el movimiento cívico que le da apoyo demostró este sábado en la calle que son poco permeables a tacticismos e intereses partidistas. Más de cien mil personas, 110.000 según la Guardia Urbana, recorrieron el centro de Barcelona pidiendo la libertad de los presos políticos y el retorno de los exiliados. 

Y demostraron, una vez más, la musculatura de un movimiento capaz de expresar un sábado de un mes de julio pacífica y multitudinariamente la injusticia de causas penales con privación de libertad contra los líderes independentistas.

En una semana fuertemente marcada por el revés de la justicia alemana al juez Pablo Llarena y, por extensión, a toda la Sala del Tribunal Supremo pero también a la fiscalía, a los partidos del 155 y a la monarquía española, la movilización de este sábado vuelve a ejercer presión para la inmediata libertad de los presos políticos. España ha perdido la partida de la rebelión que se inventó para poder sustentar el discurso político y mediático que creó y, que a la postre, desembocó en la suspensión del Govern y de la autonomía. 

Hoy se ve con absoluta claridad la pantomima que permitió hacer todo aquello. Arrasar la autonomía e intentar liquidar con amparo legal una generación política. No valía la acusación de malversación, que, por otro lado, tampoco ha podido ser probada y el gobierno español dice que no existió. Para propinar el escarmiento buscado se tenía que armar una causa judicial que después del pronunciamiento alemán es indefendible.

Por eso el Tribunal Supremo prefiere enrocarse y juzgar únicamente a los que están en la prisión. También los fiscales del caso viven como una humillación tener que rebajar la petición de condenas. 

Frente a los que defienden que las manifestaciones y la solidaridad con los presos ya son sobreras, vale la pena resaltar que mientras no se revierta la situación de todos los que están en la prisión y en el exilio nunca estarán de más. Y que el movimiento independentista encuentra siempre en la calle la fuerza que se le niega. 

Que no es patrimonio de nadie: ni de partidos ni de entidades; ni de moderados ni de radicales; ni de pragmáticos ni de aventureros. Es de todos, excepto de aquellos independentistas que no quieren estar.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia