domingo, 11 de marzo de 2018

Ahora faltan miles de médicos: jubilaciones, recortes y precariedad revientan la sanidad

MADRID.- La sanidad pública en España está inmersa en un caos monumental de recursos humanos. Más de un lustro de recortes, precariedad, jubilaciones forzosas y restricciones en el número de MIR para ahorrar y fortalecimiento de la privada ha llevado a que falten miles de médicos, según denuncian sindicatos médicos y comunidades en El Confidencial

No es algo puntual, sino que media España tiene problemas para cubrir plazas de anestesistas, médicos de atención primaria, pediatras, radiólogos... La situación empeorará los próximos años con la jubilación de 45.000 médicos (el 21%), los que entraron en el sistema en el 'boom' de los 80. 
El Ministerio de Sanidad, que no previó esto, ha creado un grupo de trabajo con las comunidades y los sindicatos médicos avisan de que ahora se cosechan errores de años. Desde que un médico entra en la facultad hasta que obtiene la especialidad pasan 10 años, así que la inercia del sistema dificulta apaños rápidos.
El goteo de noticias en la prensa local es incesante. El hospital de Lorca ha tenido que suspender citas por falta de dermatólogos y reumatólogos; en la Arrixaca (Murcia) la marcha de un grupo de anestesistas obligó a suspender operaciones; en Jaén hay médicos venezolanos ejerciendo en la pública sin el título de anestesista homologado por falta de profesionales: en Madrid la escasez de pediatras ha sublevado a los padres, en Ibiza la carestía de anestesistas hace crecer la lista de espera, la unidad del Dolor de Pontevedra no logra cubrir las bajas; el defensor del pueblo de Aragón ha pedido solucionar la falta de médicos rurales... 
¿Qué está pasando? No es que haya cundido un alarmismo súbito, sino que lo que podía parecer un problema periférico ha acabado por delatar una falla estructural en el sistema sanitario público que se explica por una combinación de factores.
En 2013, Hacienda impuso un duro recorte a las comunidades autónomas y estas encontraron una buena forma de ahorrar: obligaron a jubilarse a los médicos de 65 años, que hasta entonces podían ejercer voluntariamente hasta los 70, cosa que hacía la mayoría. Así fueron jubilados a la fuerza entre 5.000 y 10.000 médicos (una de las cosas que están asomando es la falta de estudios actualizados con visión de conjunto al ser una competencia autonómica). Francisco Miralles, secretario de la Confederación Estatal de sindicatos Médicos (CESM), recuerda aquellos días: "Ya veíamos venir jubilaciones masivas pero el Gobierno decidió hacer caja de todas formas. Apretó a las comunidades y estas respondieron jubilando médicos. Solo se repusieron el 10% de las plazas".
Javier Cerdán era cirujano del Hospital Clínico de Madrid. Él es uno de los que recibió esa carta obligándole a jubilarse a los 65 en contra de su voluntad. Estaba en la unidad de coloproctología y operaba cuatro días a la semana, en jornadas de sol a sol. El quinto día pasaba consulta. 
En febrero de 2013 cumplió 65 años y el 30 de abril de ese año le llegó la carta de despido. "Un país se debe preguntar seriamente si a los 65 años son jubilables todos sus profesionales. En ese momento yo estaba en una actividad plena y transmitiendo el conocimiento a mis colegas, que es lo que me gusta". 
En vez de tomarse vacaciones, Cerdán siguió pasando consulta hasta el 15 de mayo de ese año, el último día que le tocaba, y se despidió llorando del hospital en el que había pasado 41 años. Muy pocos fueron los elegidos para prorrogar su actividad y sus casos a menudo se vieron envueltos en acusaciones de enchufismo. No pasó solo en Madrid, sino que todas las comunidades hicieron lo mismo. Eran los peores días de la asfixia económica.
Es discutible que su caso, como el de tantos otros, supusiera tal ahorro para la sanidad pública. Estos comenzaron a cobrar la pensión máxima. Su remuneración pasó de salir del presupuesto autonómico a las arcas de la seguridad social, pero es dinero público en cualquier caso. 
Además, Cerdán no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a operar en una clínica privada, concluyó las tesis doctorales que estaba dirigiendo y sigue acudiendo a cursos, jornadas y congresos. "Lo pasé muy mal unos meses. Cuando volvía al hospital tardaba media hora en caminar unos metros porque todo el mundo me saludaba. Ahora ya lo llevo bien", explica en un café de la capital. Además de no ahorrar mucho al bolsillo de los contribuyentes, ha beneficiado a la privada, que ha recibido cientos de médicos con experiencia dispuestos a ir allí a complementar su pensión.
Tras ese parche, las comunidades han comenzado a relajar los criterios para jubilarse a los 70 años. Ahora conceden las prórrogas de forma más flexible. Algunas cada seis meses, otras hasta los 67 años… Pero el problema solo va en aumento. En los próximos años las jubilaciones van a multiplicarse, como ocurre en general en todo el cuerpo de funcionarios. Juan Manuel Garrote Díaz, secretario de la Organización Médica Colegial, que agrupa a todos los colegios de médicos, pone cifras al problema de la invertida pirámide de la población sanitaria. 
"Somos 253.000 médicos en España, de los que hay unos 213.000 médicos en activo, eso implica que tenemos una ratio por paciente de las más altas del mundo. En principio no deberían faltar. Más que faltar lo que pasa es que están mal distribuidos y mal contratados. Además, tenemos una población sanitaria envejecida. En los próximos cinco años se jubilarán 45.000 médicos, el 21%".
La consejería de Sanidad de Asturias detalla cómo afecta la situación en esa comunidad. "La sanidad asturiana emplea actualmente en su plantilla estructural a unos 1.300 facultativos en edad próxima a la jubilación que son los nacidos antes de 1960. Esta cifra supone aproximadamente un tercio de la plantilla del Sespa [Servicio de Salud del Principado de Asturias]. 
Unos 515 de estos médicos están en edades de jubilación antes del 2020 (nacidos en 1955 o antes) que en muchos casos son los de las primeras promociones de la Universidad de Oviedo", según un documento autonómico que resume el problema. El diagnóstico común es que no ha habido diagnóstico, que cada decisión ha seguido a otra sin pensar a medio plazo. 
"En el conjunto del país no se ha hecho nunca una planificación seria y rigurosa de las necesidades de especialidades", sostiene la consejería asturiana.
Francisco Miralles, secretario del CESM, coincide: "Hay una ausencia total de planificación. Llevamos 20 años reclamando un registro de profesionales. Lo firmamos en 2013 en Moncloa y aún no está hecho. Cada servicio de salud conoce sus nóminas pero no lo comparten. Vivimos de sensaciones y con esas tomamos medidas". 
En esas sensaciones está que no faltan médicos solo de una especialidad, que el problema está bastante extendido. Miralles está sentado en una cafetería en el centro de Madrid junto a Tomás Toranzo, también médico y presidente del CESM. Se van quitando la palabra al caer en las especialidades donde hay lagunas. 
"La atención primaria está bajo mínimos". "No hay médicos de familia ni pediatras ". "En muchas zonas faltan anestesistas y radiólogos". "Pero en otros hospitales faltan urólogos, cardiólogos, traumatólogos... falta de todo. En según qué zona falta un tipo de médicos". Miralles pone un ejemplo de su comunidad, Murcia.
"En los hospitales comarcales es muy difícil cubrir las plazas. El de Caravaca tiene dos radiólogos y necesitaría cinco, pero los que hay en Murcia no van allí". La falta de médicos es mucho más acusada en zonas de la periferia que en Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. Pero el sistema no incentiva que vayan a zonas menos pobladas.
Una paradoja es que la universidad española ha multiplicado el número de facultades privadas de medicina y se licencian en medicina más de los que el sistema absorbe, pero muchos se han ido al extranjero. 
José Martínez Olmos, senador del PSOE y exalto cargo de Sanidad, cree que este éxodo ha sido fundamental, más que las jubilaciones. "Cuando se empiezan a tomar medias contra la crisis muchos profesionales se van fuera de España. 
Ahora, cuando empiezas a tener más posibilidades presupuestarias, no hay gente en las bolsas de empleo para cubrir las plazas". La oferta en España, a menudo encadenar contratos eventuales durante años —algunos firman por horas, lo que dure una guardia—, no es atractiva para muchos de los que se fueron.
Cuantificar ese éxodo es, de nuevo, difícil. La Organización Médica Colegial expide un certificado a los que buscan ir a otros países de la UE. Solo en 2017 lo pidieron unos 2.500 médicos (400 menos que el año anterior). 
"Probablemente no se hayan ido todos sino las tres cuartas partes. De esos la mayor parte son médicos de familia —es normal porque son los que más hay— pero después le siguen anestesistas", explica Garrote en su despacho. 
"En España tenemos 42 facultades de medicina, que es una barbaridad, cuando en otros países hay diez. Reino Unido y los países nórdicos no tienen tantas universidades y contratan de fuera y pagan incluso a los médicos españoles para que aprendan el idioma y hacen contratos estables. En los últimos 10 años se habrán ido unos 25.000 médicos. Muchos han vuelto, pero a otros cuando los llamas con una oferta precaria prefieren no hacerlo porque allí tienen mejores contratos y consideración". 
Otros de esos médicos eventuales se han pasado a la privada, hasta hace unos años considerada una opción para las tardes, para complementar el trabajo en la pública, y cada vez más un sitio donde trabajar a tiempo completo.
La tormenta perfecta no acaba con las jubilaciones de médicos, el envejecimiento y la emigración masiva. Con los recortes, el Gobierno bajó las plazas del examen MIR, el imprescindible para obtener la especialidad y trabajar en el sistema público en España. Hace una década había 7.000 plazas de MIR y el año pasado 6.200. Este año ha subido a 6.500 plazas. 
"Hemos formado menos especialistas y no los tenemos. Se está creando una bolsa como ya tuvimos hace 25 años formados que no pueden ejercer porque no tienen la especialidad", explica Miralles, responsable del sindicato médico más representativo.
Las comunidades quieren ampliar ahora las unidades acreditadas para formar residentes en los hospitales pero de nuevo los recortes demoran la solución. Ahí hay otro "cuello de botella burocrático" que explica Martínez Olmos: "Hay que acreditar unidades de docentes para el MIR, pero hasta ahora lo tiene que hacer el ministerio y como faltan funcionarios, porque también ha perdido con la crisis, tarda dos años. Hemos pedido que tengan una autorización propia de la comunidad y que el gobierno lo audite, pero hay que aligerarlo". Solo Andalucía tiene pendientes de acreditar 96 plazas en 21 unidades docentes, según una portavoz.
La solución evidente parece traer médicos de fuera, pero de nuevo eso está complicado. El Ministerio tiene que homologar los títulos de los médicos extracomunitarios que quieren ejercer. Pero el procedimiento acumula otro atasco de miles de expedientes. La situación es tan crítica que muchos gerentes de hospital han empezado a contratar médicos, la mayoría latinoamericanos, sin que tengan todavía su título de especialista homologado. Andalucía ha reconocido que tiene en el Sistema Andaluz de Salud a 60 médicos sin el título homologado y la oposición ha llevado el caso al Parlamento. Lo mismo ocurre en otras comunidades como Castilla-La Mancha.
El Ministerio de Sanidad no ha querido hablar para este reportaje y ha remitido a una comparecencia de la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en el Senado interpelada por el PSOE sobre la falta de médicos. Allí recordó que las competencias son autonómicas desde 2001 (cuando el Gobierno de Aznar las transfirió aunque algunas autonomías no querían) y señaló que su tarea es la de coordinar: "Lo que hacemos es facilitar la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente".
Las vías de agua ya son tantas que el ministerio ha creado un grupo de trabajo con las comunidades para ver cómo taponarlas. Ya es un problema político. "La falta de médicos había que haberla planificado antes, hace ya unos años y no agravarla como hizo el Gobierno de España cuando comenzó a reducir las plazas MIR. 
 En el último consejo interterritorial de salud, del pasado 8 de noviembre, se destacó la necesidad de medidas a corto plazo para solventar las necesidades de especialistas más generalistas, como son médicos de familia, pediatras, internistas, cirugía general y aparato digestivo. 
En breve será más urgente, porque se añadirá el recambio generacional que hay en los centros de salud y los hospitales. Allí, el Ministerio de Sanidad no planteó ninguna medida para resolverlo, aunque sí propuso la creación de un grupo de trabajo", según cuenta un portavoz de la consejería de Sanidad de Extremadura, gobernada por el PSOE.
El asunto tiene más derivadas. La falta de médicos ha sobrecargado de trabajo a muchos de los que están en el sistema público. Y estos empiezan a estar hartos de ese sobreesfuerzo especialmente tras haber perdido sueldo. Ahora exigen recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis. 
El próximo 21, los médicos han convocado una protesta en Madrid ante el ministerio. Sus reivindicaciones hay que sumarlas a las de pensionistas y otros funcionarios como los policías, que han avanzado hacia la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
Miralles, secretario del CESM, se mira en el espejo de la subida de sueldos a policías y guardias civiles. "En el País Vasco faltan menos médicos que en Castilla y León, porque pagan mejor. En la sanidad pública hay una gran disparidad de salarios, ahora que se habla tanto de la equiparación salarial de la Policía va a llegar a los médicos. Han destapado un tarro en el que hay muchos más agravios. 
En Cataluña los Mossos ganan 600 euros más que la Policía Nacional, pero los médicos de Cataluña cobran 600 euros menos que los del País Vasco, y también tienen derecho a que los equiparen. Los andaluces ganan casi mil euros menos que en Murcia. No es competencia estatal pero igual el ministerio tendría que poner orden para que las diferencias fuesen mínimas". 
La sanidad pública se está convirtiendo en un polvorín y la mecha prende más rápido de lo que parece.

El nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha incluirá la posibilidad de incorporar a titulados universitarios y técnicos

ALBACETE.- El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado en Cuenca que el nuevo Plan de Empleo de Castilla-La Mancha introducirá la posibilidad de incorporar titulados universitarios y técnico de Grado Medio y Superior con un doble objetivo: dar una primera oportunidad de empleo a estas personas recién tituladas y que los ayuntamientos puedan contar con profesionales cualificados que les asistan en su gestión diaria.


Martínez Guijarro ha afirmado que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo está ultimando con los agentes sociales el que será el próximo Plan Extraordinario de Empleo y de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, que también incluirá novedades dirigidas a favorecer la estabilidad en el empleo, apoyando a las empresas y entidades sin ánimo de lucro en la conversión de puestos de trabajo temporales en indefinidos, así como en la transformación de puestos de media jornada a jornada completa. Una medida que, según el vicepresidente primero, beneficiará especialmente a las mujeres, dado que el 75 por ciento de los contratos a media jornada en Castilla-La Mancha están ocupados por mujeres.
Por otra parte, Martínez Guijarro ha adelantado que el Gobierno regional publicará la convocatoria definitiva de selección de proyectos para asignar fondos europeos, también conocidas como Expresiones de Interés, antes de que termine el mes de marzo.
Ha recordado que esta convocatoria, dotada con más de 100 millones de euros, está dirigida a las entidades locales para generar actividad económica y empleo, además de mejorar las infraestructuras de carácter municipal, teniendo prioridad los territorios con problemas de despoblamiento.
“Estamos pensando en partidas importantes para la mejorar de las infraestructuras turísticas porque creemos que el turismo es una actividad que tiene todavía margen de crecimiento en estas zonas, y por tanto de generación de actividad económica. Asimismo, haremos especial incidencia en los temas relacionados con la eficiencia energética, el medio ambiente, la gestión de residuos y la mejora de infraestructuras de carácter educativo”, ha precisado el vicepresidente primero.
Martínez Guijarro ha recordado que, hasta el año 2011, la población en Castilla-La Mancha y en la provincia de Cuenca “estaba estabilizada”. Sin embargo, “a raíz del ataque brutal que sufrieron los servicios públicos y de la pérdida de miles de empleos en el sector público en Castilla-La Mancha, entramos en una dinámica de pérdida de población que ha sido muy importante en los últimos siete años”.
No obstante, ha señalado que Castilla-La Mancha “es una de las pocas comunidades autónomas que tiene ya una estrategia contra el despoblamiento”, aunque ha añadido que le gustaría contar con la colaboración de todas las instituciones. En este sentido, ha invitado al Partido Popular en Castilla-La Mancha a que intervenga ante el Ministerio de Economía y Hacienda para que a los fondos europeos que tiene la Comunidad Autónoma se puedan sumar fondos europeos de la Administración Central, o incluso para modificar la normativa y obligar al sector de las comunicaciones a dar cobertura al medio rural, pues se trata de un asunto que es competencia del Gobierno de España.
“Tenemos que estar invirtiendo fondos de la comunidad autónoma en extender la banda ancha cuando hay otros territorios que no se gastan ni un euro porque lo hacen directamente las compañías telefónicas. Eso supone una discriminación que el Gobierno de Castilla-La Mancha quiere corregir en la negociación sobre la financiación autonómica y esperamos contar para ello con el apoyo del partido que sustenta al Gobierno de España”, ha señalado.

La verdad oculta de los paradores nacionales: sueldos de 900 euros con 30 años de antigüedad tras el lujo y la historia


MADRID.- Paradores es una empresa con buena fama e imagen. Los clientes que acuden a sus puertas suelen ser en su mayoría, como dicen los empleados, “los de todos los años”. Hay una cierta fidelidad. Los trabajadores coinciden en que el servicio que se presta es bueno. “Pero si vienen, es por nosotros y nosotras, quienes trabajamos aquí”, dice Dolores a El Español.

Pese a ese supuesto prestigio ganado con los años, lo cierto es que la empresa ha ido de mal en peor a lo largo de la última década. En ella, Paradores ha atravesado una etapa muy negra. Durante seis años, entre 2010 y 2015, no dejaron de perder dinero, acumulando seis ejercicios seguidos de pérdidas, un ERE de 350 personas y afrontando la posibilidad de cierre de siete de los hoteles. Desde 2016, la situación parece que ha mejorado tras sanear una deuda que superaba los 110 millones de euros. En algunos aspectos, una mera apariencia.
La empresa dice remontar el rumbo, la ocupación vuelve a estar hasta arriba, pero lo cierto es que el activo más importante de la compañía se está llevando la peor parte: el grueso de los trabajadores viven todavía con sueldos de mileurista o, a veces, inferiores a esa cantidad. Aquí, la experiencia no siempre es un grado.  
El Español ha tenido acceso en exclusiva a las nóminas de distintos trabajadores que ejercen su empleo en Paradores de toda España. Son solo algunos de los centenares de empleados que forman parte de la empresa, pero tanto desde el sindicato CSIF como ellos mismos aseguran que su caso es el reflejo de lo que ocurre a muchos de los más de 4.000 empleados de la compañía.
Mientras la situación de la empresa se vende como boyante, el sindicato se hace eco en los últimos meses de que lo peor de la resaca de la crisis se la están llevando los trabajadores rasos, los mandos intermedios, los trabajadores con más antigüedad en la empresa. Entretanto, en la cúpula de la compañía, los directivos mantienen sueldos muy elevados. Se lo pueden permitir porque está incluido en el convenio. El ejemplo más claro de estos sueldos millonarios es el de Ángeles Alarcó, presidenta de Paradores y ex mujer de Rodrigo Rato. Cada año percibe alrededor de 170.000 euros.
Paradores arrastra problemas desde hace al menos una década. Este año una de las empresas hoteleras más prestigiosas del sector celebra su 90 aniversario por todo lo alto: anunciando que invertirán una importante cantidad en los próximos años. Ahora, El Español habla con quienes mejor conocen la empresa desde hace décadas. Son fechas cruciales en el servicio: en muchos de ellos, encontrar una habitación a un módico precio para las vacaciones de Semana Santa es una odisea.
Todos ellos coinciden en un asunto capital: los sueldos que cobran resultan irrisorios para la categoría del hotel, para el trabajo que realizan y para su experiencia en el sector. Todos ellos, por miedo a represalias por parte de la compañía, han pedido que se les cambie el nombre y se preserve su identidad

Sobrevivir a la crisis

Paradores es una empresa hotelera con solera y nombre. Muchos de sus edificios que ahora albergan turistas de todas las nacionalidades fueron en su día testigos en primera persona de la historia. La riqueza en patrimonio de la empresa es bastísima. Por ejemplo, el parador de Lerma fue, a principios del siglo XVII, el palacio del principal valido de Felipe III, Francisco de Sandoval y Rojas, el duque de Lerma.
Hay más historias. En el año 1486, los Reyes Católicos visitaron Santiago de Compostela. Isabel y Fernando decidieron construir una especie de hospicio para los miles de peregrinos que cada año llegaban a la Ciudad del Apóstol. En 1499, ya en años de bonanza y celebración de la conquista de Granada, donaron una enorme cantidad de dinero para construir el edificio. Le encargaron el proyecto al arquitecto Enrique Egas. Con su construcción el Renacimiento entró de pleno en Galicia. Hoy en día ese edificio es el parador de Santiago de Compostela, el Hostal dos Reis Católicos. 
Son tan solo dos ejemplos de cómo los visitantes que entran en estos lugares pueden recorrer, de alguna manera, la propia historia. Pisar el suelo que pisaron los reyes. Dormir en camas de nobles. Comer como nobles medievales en el parador de Olite, antigua sede del poder medieval de los reyes de Navarra. Esta es una parte muy importante del atractivo de esta oferta. Pero en ocasiones, los edificios envejecen, y es preciso cuidarlos con la máxima atención. Para ello hace falta recursos. Muchos recursos.
Es raro encontrar una mala puntuación hacia cualquiera de sus lujosos y cuidados 97 establecimientos esparcidos por toda la geografía española. Al contrario. En la propia página web de la empresa se pueden observar los comentarios y las notas de los usuarios. Rara vez bajan del 8 en la puntuación. También es rara la vez que no mencionan nada de la atención y el servicio personalizado de los empleados en todas las áreas del hotel. Un cuidado siempre exquisito.
Por eso el cliente repite en Paradores. Esto es algo que, pese a la crisis, sigue existiendo.
Dicen los empleados que en Paradores se trabaja bien pero que la exigencia es enorme. El precio de una noche puede llegar a ser prohibitivo en estos hoteles. Desde 180, hasta 300 en temporada alta e incluso superando en ocasiones los 500. Ahí radica la importancia y el valor del empleado. La preparación y el tacto que tienen que mostrar ha de ser acorde a lo que el cliente está pagando. Por eso se ofrece una atención personalizada. Por eso en la entrada de muchos de estos hoteles un botones les recoge las maletas y se las lleva hasta la habitación. Por eso denuncian que hace años que ven que sus sueldos continúan estancados.
Para quienes manejan los engranajes de estos lujosos hoteles construidos casi siempre en el interior de edificios históricos, lo más complicado han sido los últimos años. La crisis económica arrastró a la empresa hacia seis años seguidos de pérdidas millonarias. En 2013 se produjo el punto de no retorno: un ERE en el que se despidió a 350 trabajadores, se le redujo el 25 % de la jornada a otros 400 y varios de sus establecimientos tuvieron que echar el cierre. Superada la crisis, todavía no se han restablecido la totalidad de los puestos de trabajo.
Todo esto dio lugar a situaciones complicadas para los empleados. “Nuestra plantilla tiene una edad media altísima. Hay un porcentaje muy alto de quienes trabajan aquí que se jubilan en diez años”, relata el jefe de recepción de un Parador del norte de España. ¿Qué problemas genera esto? Durante algunos años, menos personal, más experimentado pero también más quemado por el paso de los años ha tenido que hacer frente a las mismas necesidades que en ejercicios económicos anteriores. Muchos están trabajando más y cobrando lo mismo.

No hay plus de antigüedad

En el año 1928 se inauguró el primer parador nacional. El lugar para instalar el hotel fue elegido dos años antes por el propio rey Alfonso XIII. El monarca escogió la Sierra de Gredos como primer destino para esta red hotelera que luego tanto terminaría expandiéndose, sobre todo en los años 60. En esa época, debido al desarrollo turístico del país, la red de Paradores creció de 40 a 83 establecimientos.
Paradores tiene un nombre, una categoría y un emblema que van unidos entre sí. La suya es la historia de unos establecimientos de auténtico prestigio, con una filosofía muy arraigada cuyos trabajadores han tratado de perpetuar durante décadas. Es ahí donde reside el principal valor de los más mayores de la compañía.
Los casos más sangrantes son los de estos veteranos. “Hace 25 años que no se cobra aquí el plus de antigüedad. Está suprimido y no se cobra desde entonces. Estamos desmotivados, trabajamos más que antes, cobramos lo mismo, no nos respetan. Los sueldos son miserables. No se nos valora”, dice Alejandro.
Esto da lugar a casos como el de Lorena, que llegó con 20 años a un parador de la franja cantábrica y ahí sigue desde entonces. Sus compañeros dicen de ella: “En lo suyo, es la que más controla”. Y sin embargo, décadas después sigue cobrando apenas 900 euros de nómina. En esa cantidad está incluida las pagas extra prorrateadas.
Entretanto, desde Paradores se lavan las manos y se desentienden del asunto. Desde la empresa, contestan a El Español que los sueldos están instituidos por convenio. Sin embargo, como ha podido saber este periódico, las negociaciones para mejorar las condiciones de ese convenio, firmado en el año 2008 durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, llevan años paradas. Hace diez que no se renueva y se incluyen las demandas de centenares de empleados de la empresa. Como dato, el anterior convenio de Paradores se negoció tan solo entre los años 2005, 2006 y 2007.
Cuentan los trabajadores de Paradores que viven desde hace años inmersos en una tremenda paradoja. Tienen que prestar un servicio excelso, de enorme calidad, con unos recursos más limitados que hace 8 años. Hay menos manos para sacar las cenas, para hacer las camas, para llevar la lavandería o para cocinar. Y siguen cobrando lo mismo que entonces.

Reclaman la autovía más necesaria para acercar Castilla-La Mancha y Andalucía

SEVILLA.- El presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero, ha reclamado  en Sevilla la continuación del proyecto de la Autovía de Linares, al entender que se trata de un proyecto "absolutamente necesario" para las comunicaciones entre la provincia de Albacete y Andalucía y que debe de ver la luz mas pronto que tarde "para que Sevilla esté más cerca de Castilla-La Mancha y ésta de Andalucía".

Cabañero ha presidido el acto central de la celebración del 'Día de Albacete' por la Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla, hasta donde se han trasladado también en representación de la institución provincial el vicepresidente tercero y diputado provincial de Cultura, Alberto González; y la diputada provincial de Deportes, María Victoria Leal.
Al acto han asistido asimismo alcaldes y representantes municipales de otros municipios de la provincia, como Barrax, Villamalea o Tobarra y, representación del equipo de Gobierno municipal de Sevilla, la teniente alcalde y presidenta de la Junta Municipal de los Distritos de Nervión y San Pablo-Santa Justa, Inmaculada Acevedo, ha informado la Diputación en nota de prensa.
La Casa de Castilla-La Mancha en Sevilla, presidida por Manuel Olmedo, ha dedicado su programación cultural de todo el año a la provincia de Albacete, con un evento principal celebrado este sábado en el Centro Cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta de Sevilla, donde también ha quedado inaugurada la exposición "Albacete Siempre", cedida por la institución provincial.
Santiago Cabañero ha destacado la labor que realiza esta colectivo por la importancia de "preservar los recuerdos de la infancia de nuestra tierra natal y transmitirlos para no olvidarlos para que de alguna forma cuando los albaceteños pisen esta casa", y ha destacado "los lazos" que unen Albacete con Sevilla "como puede ser la Semana Santa, nuestro rico folklore y dos extraordinarias ferias declaradas de interés turístico internacional".
El presidente ha reiterado el "agradecimiento" de la Diputación a la Casa "por haber construido y mantenido este rincón albaceteño en el barrio sevillano del Nervión", y les ha trasladado la voluntad del equipo de Gobierno provincial de seguir cooperando "para que ese recuerdo de la tierra natal siga vivo, la distancia sea más corta en vuestros corazones y para poder seguir exhibiendo con orgullo vuestra señas de identidad como albaceteños.", según la crónica de www.eldigitalcastillalamancha.es

La borrasca no se acerca a la Región tampoco mañana lunes

MURCIA.- La borrasca 'Félix' continuará poniendo en aviso este lunes a 38 provincias por vientos de hasta 90 kilómetros por hora, nevadas y fenómenos costeros, según la predicción de la Agencia Estatal Meteorología (Aemet).

De hecho, 23 de las 38 provincias estarán en aviso por riesgo de fuerte viento, que podrán alcanzar hasta los 90 kilómetros por hora en Albacete y Valencia, donde se ha decretado aviso de nivel naranja (riesgo importante). 
Por riesgo (nivel amarillo) estarán Almería, Jaén, Teruel, Zaragoza, Cuenca, Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Barcelona, Tarragona, Alicante, Castellón, Ibiza y Formentera, Mallorca, La Rioja y Murcia.
La borrasca 'Félix' también pondrá en aviso por riesgo de fenómenos costeros a Almería, Granada, El Hierro, Lanzarote, La Palma, Tenerife, Melilla, Lugo, Ibiza y Formentera, Mallorca, Menorca, Gipúzcoa y Asturias, mientras que el riesgo será importante en La Coruña, Cantabria, Vizcaya y Pontevedra.
Asimismo, la nieve seguirá poniendo en aviso a toda Castilla y León (excepto Valladolid), así como otras provincias del interior y sur peninsular como Granada, Jaén, Huesca y Cuenca.
Durante la jornada, la Aemet indica que en la vertiente atlántica, Pirineos, área del Estrecho y Melilla se prevén cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, que serán más probables e intensas en Galicia y, por la mañana, en zonas de montaña de la mitad norte peninsular, de la meseta Sur y de Andalucía oriental.
Por la tarde, las lluvias empezarán a remitir en la mitad norte, salvo en Pirineos, mientras que la entrada de un nuevo frente atlántico por el oeste aumentará, a últimas horas, la nubosidad y las precipitaciones en Andalucía, Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia. Por el contrario, en el área mediterránea, Baleares y Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados sin precipitaciones.
En cuanto a la cota de nieve, en la Península oscilará entre los 1.000 y 1.400 metros en el noroeste; entre 1.200 y 1.600 metros en Pirineos; entre 1.200 y 1.600 metros subiendo a 1.800 y 2.400 en el sur; y entre 1.200 y 1.400 metros subiendo a 1.600 y 1.800 en el resto de la Península.
Asimismo, las temperaturas diurnas experimentarán un descenso en el litoral cantábrico y en Gerona y se esperan heladas débiles en cotas altas del interior peninsular.
Por último, el viento será este lunes de componentes oeste y sur en la Península y Baleares, y fuerte o con rachas muy fuertes en el litoral Cantábrico oriental, en zonas de montaña del este de Castilla León y Castilla La Mancha, interior este y sureste peninsular, Baleares y litoral oriental andaluz. En Canarias, habrá vientos flojos variables o del noreste.

La conciliación en las Fuerzas Armadas es una mentira

MADRID.- A pesar de que la ministra, María Dolores de Cospedal, alardeó en su cuenta de  Twitter este jueves, durante la celebración del día de la mujer, de que las Fuerzas Armadas españolas son "un referente internacional también en la aplicación de medidas de integración, conciliación y atención en materia de igualdad", las asociaciones militares y partidos políticos la desmienten a www.eldiario.es

El secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, reconoce que actualmente la denegación de este derecho es uno de los principales problemas que tiene la plantilla militar. "La conciliación en las Fuerzas Armadas es una mentira. Se da en muy pocos casos, en la mayor parte no se da", inciden fuentes de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM).
Precisamente la justicia militar está investigando un nuevo caso de acoso laboral a una soldado en Zaragoza, después de que esta militar denunciase que un cabo primero comenzó a atacarla "con comentarios despectivos y conductas hostiles" cuando ella solicitó medidas para una conciliación laboral.
Según informa la página web de la Jurisdicción Militar, esta mujer asegura que sufrió "episodios relativos al padecimiento de comentarios y acciones en menosprecio de su valía profesional y personal". Actualmente, el juzgado militar territorial número 32 de la capital aragonesa está incoando diligencias previas para averiguar sobre estos hechos.
Sobre el caso que está investigando un juzgado militar de Zaragoza, el Ministerio de Defensa todavía no ha facilitado más información. En relación a los hechos denunciados, el abogado especialista en derecho militar Jesús Blanco ha llevado varios casos de mujeres que han solicitado este derecho y asegura que generalmente les sugiere a sus clientes que lo pidan solo como última opción por miedo a represalias.
 "Les recomiendo que hagan lo posible para no solicitarlo porque afecta a las calificaciones personales en la mayor parte de los destinos", incide. Esas valoraciones a las que alude son tenidas en cuenta para renovar los contratos. Fuentes de la AMTM coinciden con esta postura.

"Reproches" por solicitar jornada reducida

Este letrado asegura que, en los casos que él ha llevado, las solicitantes de medidas de conciliación han sufrido "reproches continuados" y destaca los efectos que tiene esta actuación en su "estabilidad emocional". "Habría que hacer una investigación sobre las bajas psiquiátricas y psicológicas que hay por este motivo. No se está tratando el tema con cautela, en algunos destinos se las señala y quedan aisladas", continúa.
La diputada de Unidos Podemos Tania Sánchez abordó estos conflictos en septiembre  en la Comisión de Defensa del Congreso al señalar que "es habitual y constante" que estos colectivos profesionales reivindiquen en el Consejo asesor de personal de las Fuerzas Armadas "que se busquen mecanismos de solución a la realidad cotidiana en la que al final no se aplican ni las jornadas ni los permisos ni los descansos que deberían estar establecidos".
Sánchez también apuntó uno de los motivos que permite a los superiores de los hombres y mujeres militares que lo requieran, la orden ministerial  Orden DEF/253/2015 que regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas recoge en su cuarto artículo que "las necesidades del servicio" prevalecerán sobre las "reducciones de jornada". Aunque esta instrucción también apunta que "las limitaciones que se produzcan deberán estar motivadas".

Conciliación: fines de semana de 11 a 20h

"No vale que esas necesidades estén siempre por encima, habrá que acotarlas", replica Bravo. Amparado en esas necesidades, el comandante jefe de la unidad de Ana (nombre ficticio para evitar represalias) le ha concedido una reducción con un horario de 13 a 20.30 h de lunes a viernes, y de 11 a 20.30 h fines de semanas. Estimando así solo parcialmente su petición, en la que solicitó que su jornada laboral fuese de 9.45 a 13.30 h en días laborables para atender a su hijo de ocho meses y poder recogerle por la tarde en la guardería.
Esta mujer, que lleva 19 años en esa base, trabajaba hasta ahora en turnos de ocho de la mañana a nueve de la noche y libraba dos o tres días, dependiendo del número de compañeros que estuviesen operativos, en el departamento de hostelería de una unidad del Ejército del Aire en Galicia. "Me supone un desembolso económico grande que mi hijo esté atendido, tengo que pagar la guardería y a una persona para que le cuide por la tarde y noche, hasta que llego a casa", cuenta. eldiario.es ha preguntado por este caso al Ministerio, sin haber recibido respuesta por el momento.
Las asociaciones de militares denuncian que no se invierte en políticas públicas que apuestan por la conciliación familiar y laboral en las Fuerzas Armadas. AUME critica que el Ministerio no ponga medidas y apuestan por que Defensa realice una inyección económica para aumentar la plantilla. Así creen que se podrían suplir los huecos en los horarios que se generen con las reducciones de jornada.
Y recuerdan que la situación empeoró después de que el Ministerio aprobase en 2015 una orden DEF/253/2015 que obliga desde entonces a los militares que tienen hijos mayores de cuatro años a realizar guardias, y no pueden negarse a participar en maniobras que duren menos de 36 horas. En caso de que los vástagos tengan entre 8 y 11 años, deben acudir a las actividades planteadas por su mando si éstas no superan los seis días.
Hasta que entró en vigor esta normativa, los padres se podían librar de las guardias hasta que sus hijos fuesen mayores de 12 años "siempre y cuando las necesidades del servicio no lo impidiesen", según la orden 121/2006 que regulaba las reducciones de jornada.
Esta redacción ha preguntado al Ministerio por las medidas implementadas, desde el departamento de Cospedal han remitido una  guía explicativa de estas medidas, que sirve como "documento de ayuda" para el mando y los destinatarios de las medidas de conciliación. En ella hacen un recorrido por los permisos de paternidad, maternidad o reducción de jornada, pero ya dejan claro que es un documento que "no tiene carácter vinculante y no sustituye en ningún caso" a la legislación vigente.

Victorias judiciales

La justicia ya ha dado la razón a varias militares que decidieron llevar estas decisiones ante los tribunales. El primer triunfo llegó en marzo del 2014. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestimó que una madre tuviese que participar durante 10 días en unos entrenamientos físicos. El más reciente se produjo a finales del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia exoneró a una soldado de la Base Aérea de Alcantarilla a realizar guardias, servicios y maniobras y otras actividades similares para que pueda conciliar la vida familiar y laboral, después de que el coronel jefe de su unidad estimó parcialmente su petición y no la liberó de estos servicios.
Actualmente las asociaciones profesionales están trabajando en modificar las condiciones de las reducciones de jornada. Dentro del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, organismo que tienen de interlocución con el Ministerio de Defensa, están proponiendo medidas para modificar la  Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. Si finalmente llegan a un acuerdo, lo presentarán ante la Comisión de Defensa del Congreso.

'Huermur' muestra desde el aire el estado del Castillo de Monteagudo


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta y el Patrimonio de Murcia (Huermur) ha decidido mostrar desde el aire a los murcianos y murcianas el estado actual del castillo de Monteagudo pues "una imagen vale más que mil palabras". 

Huermur añade que resulta indispensable que la ciudadanía, el resto de las administraciones, colectivos y entidades conozcan de primera mano lo que está sucediendo con Monteagudo, con "sus castillos hermanos y con el sitio histórico que los rodea".
Asimismo, desde el colectivo aseguran que, tras visitar la zona con un equipo técnico, han podido comprobar el peligro de desprendimientos que amenaza no solo el propio castillo, sino todo un perímetro alrededor del cerro, donde desde lo alto, los muros agrietados y deteriorados suponen un peligro para las personas, por lo que urgen se establezca un perímetro de seguridad alrededor del mismo.
Por último, Huermur espera que la reciente noticia dada por el Gobierno regional, por los responsables de la Consejería de Cultura y del Ayuntamiento de Murcia, sobre la decisión adoptada para acometer obras de urgencia y proceder a la puesta en valor del conjunto histórico, "no se quede una vez más en papel mojado y se lleve a cabo cuando antes, pues Monteagudo está en las últimas y ya no aguanta más".


Pulso en la Universidad / Ángel Montiel *

No fue muy alentadora la felicitación que el rector saliente de la Universidad de Murcia, José Orihuela, dedicó en la noche del pasado miércoles al ganador de la primera vuelta de las elecciones al rectorado, José Luján: «Enhorabuena, pero te advierto que el ganador de la primera vuelta nunca gana la segunda». 

Así parece que ocurre, según el histórico, empezando por la propia experiencia del actual rector, que ganó a su competidor, Vázquez, a pesar de que éste venía más respaldado del inicial envite. Pero ese saludo protocolario debió confirmar a Luján lo que para su equipo ha venido siendo más que una sospecha, y es que Orihuela, bajo pretexto de una supuesta neutralidad formal, ha jugado en favor de Pedro Lozano, el otro candidato que ha salvado el corte del primer choque electoral. 

Los otros tres. Uno de los dos, Luján o Lozano, será rector electo en la noche del próximo jueves. La diferencia entre ambos, según el test de la ronda a cinco candidatos, ofrece una destacada ventaja al primero: 34 puntos y pico frente a los 24 del segundo. Se supone que de mantenerse la tendencia no habría lugar a dudas. Pero la Universidad es un mundo con claves muy particulares. ¿Tienen algo que decir los tres candidatos que han quedado al margen? ¿Serían capaces de conducir a sus respectivos partidarios, en bloque, en favor de una u otra de las opciones supervivientes? En tal caso, ¿se decidirían todos por la misma? 

Las primeras reacciones de José Antonio Gómez y de Pedro Artal, los que con 17 y 15 puntos respectivamente quedaron situados después de los ´salvados´, han sido rotundas: no se decantarán por alguno de los rectorables. No lo harán, al menos, públicamente, una prudencia que evita perder dos veces las elecciones en caso de que la apuesta no resulte ganadora. 

Pero ¿actuarán en la sombra? No parece lógico. Las elecciones universitarias no son como las políticas, es decir, quien las pierde no tiene papel como oposición, de manera que a nadie le merece la pena seguir en la pugna una vez que carece de opciones. Por otra parte, lo normal es que los equipos de los candidatos y sus electores se reposicionen de manera individual, una vez desligados del grupo, o incluso, en algunos casos, se desentiendan. 

Pero el quinto candidato, Emilio Martínez, que se acercó al 9%, ha sido menos contundente que sus otros dos compañeros: ha insinuado que, aunque no lo expresará públicamente, o no lo hará en un primer momento, sí tiene un candidato favorito. Si es así, significa que lo votará y ayudará a que quienes han sido sus partidarios directos desplacen su apoyo en la misma dirección. 

¿Quién es el favorito de Martínez? Parece obvio: Lozano, como se verá. Cabe pensar, pues, que de no haber comparecido Martínez a las elecciones, los votos de éste habrían servido para que su favorito para la segunda vuelta y el ganador de la primera hubieran empatado en la práctica. 

Requena, el hombre en la sombra. El nombre secreto que, bajo voz, recorre los mentideros universitarios es el de Alberto Requena. Lo llaman el ´influencer´ anónimo, esto último porque está fuera de las candidaturas y no aparece en ninguna actividad electoral. Los gurús a quienes se les adjudica una fuerte influencia externa no son nuevos en las elecciones universitarias. Durante años, se dijo que sin el plácet de Lozano Teruel no era posible instituir un rector en la UMU. Después de él, ese papel oscuro le suele ser atribuido a Requena, quien fuera gerente de la Universidad en otra etapa, y más recientemente, presidente regional del PSOE durante el liderazgo de González Tovar. 

A Requena, una personalidad prestigiosa y respetada, se le adjudica una gran capacidad estratégica para mover los hilos de las fuerzas universitarias, y de él se ha dicho que fue el factotum que consiguió, contra todo pronóstico, que José Orihuela, que en las anteriores elecciones aparecía como un candidato marginal, obtuviera un sorprendente triunfo que dejó KO a todo tipo de observadores.

Pues bien, a la vista de que la prolongación del rectorado de Orihuela se presentaba incierta, por desgaste, sobre todo si se le oponía un candidato ´fuerte´ de signo netamente contrario, el posible plan ingeniado por Requena podría haber consistido en prolongar hasta el último momento la incertidumbre sobre la presentación a las elecciones del actual rector y preparar mientras tanto a alguien que pudiera mantener su línea, aunque con un perfil personal distinto, ya que Orihuela es muy particular, inintercambiable. 

De hecho, Luján, dicen en su entorno, requirió repetidas veces al actual rector acerca de su voluntad de presentarse a la reelección, ya que lo habitual es que los rectorados alcancen dos mandatos consecutivos: «Quiero saber si repites; si lo haces, yo no me presentaré contra ti, pero si te retiras, montaré mi candidatura». 

En todas las ocasiones recibió la misma repuesta: el rector optaría a la continuidad. Sin embargo, cuando en una famosa reunión del claustro Orihuela hizo ´un Puigdemont´, es decir, anunció que no repetiría para advertir a las pocas horas, después de que su anuncio hubiera trascendido, que lo suyo había sido un bromazo, en el círculo de Luján se encendió la alarma: ¿y si Orihuela está fingiendo que continúa para facilitar que un candidato de su cuerda prepare con tiempo un buen equipo y se lance en el último momento sin dejar espacio de maniobra para una alternativa compacta? 

La pregunta de entonces tiene ya, en el entorno de Luján, una respuesta: sí, esa era la operación, urdida, además, por Requena. La prueba sería que parte del equipo de Lozano está repescado en el predio del saliente Orihuela.

Estigmatizar y distraer. Pero dicha operación debía disponer de varios anclajes. Uno, el ya relatado, referido al factor sorpresa: apurar hasta el máximo el anuncio de Orihuela sobre su renuncia a continuar. Otro, estigmatizar al adversario. 

A Luján han querido presentarlo como el ´candidato del PP´, esgrimiendo su amistad personal con el exrector Cobacho (por cierto, sondeado en su día para ser alcaldable de Murcia por el PSOE) o la exconsejera de Educación Sánchez Mora, obviando el indiscutido consenso institucional de partidos, sindicatos y empresarios alrededor de su figura para que presidiera el Consejo Económico y Social (CES). 

Pero Luján no ha podido librarse, en casi todas las entrevistas de su campaña, de la pregunta «¿es usted el candidato del PP?». Sus partidarios aseguran que es víctima de la ´posverdad´, el fenómeno de la repetición de un supuesto falso que acaba por confirmarse incluso con la profusión de desmentidos. 

La marca blanca. El problema es que si Luján fuera el candidato del PP, y se estableciera el juego electoral en el partidismo político, la mirada de los electores haría el recorrido por el resto de los candidatos para localizar a los ´representantes´ del PSOE, Podemos y otros. Ahí es donde se apela al instinto estratégico de Requena, que habría impulsado la candidatura de Emilio Martínez, con inclusión en su equipo de otra parte del vigente de Orihuela, para desviar la atención hacia él y quitarla de Lozano cuando surgieran las preguntas: ¿Quién es el candidato del PSOE? o bien ¿quién representa la continuidad de Orihuela? 

En el entorno de Luján se define la opción de Martínez como ´la marca blanca de Lozano´, una marca que previamente estaba condenada a no despegar, pero que ayudaba a distraer el perfil de los apoyos políticos del candidato con reales opciones. Y más cuando Lozano quedaba aislado de posibles ´influencias podemitas´ por la involuntaria colaboración de partidarios de ese ámbito que no disimulaban sus simpatías por otro candidato, José Antonio Gómez, que quedó el tercero en la tabla. 

Humanidades y ´batas blancas´. Sin embargo, las cuestiones de partidismo político, real o supuesto, tienen escasa influencia en las elecciones universitarias, o eso dicen los expertos, aunque todo influya. Hay otro factor que pudiera ser más decisivo por mucho que hoy se tienda a la difuminación de las barreras entre Ciencias y Letras. 

Hay quienes aseguran que la distribución del voto, sobre todo cuando se trata de dos contendientes, como en la segunda vuelta de las elecciones, puede ser determinante si se anima por el dilema ´batas blancas´ y humanidades. Científicos contra humanistas, en el supuesto de que los humanistas no sean también científicos en lo suyo. Si este fuera el contexto, siempre ganarían las ´batas blancas por mera cuestión cuantitativa,´ y en el caso que nos ocupa, Lozano saltaría por encima de Luján. Pero tampoco esta cuestión suele darse por predeterminada. 

En las actuales circunstancias se apela a la participación de los estudiantes, que aun siempre escasa, suele ser muy variable dentro de esa escasez, y los estímulos para que acudan a las urnas tienen que ver con su disponibilidad académica para ese día; se tiene por sentado que el personal de administración y servicios es el voto más establecido y el que menos cambia de una vuelta a otra, mientras que el del profesorado resulta más adaptable a circunstancias.

 Es difícil hacer predicciones, a pesar de que en la primera vuelta se han confirmado las impresiones generales acerca de quienes pasarían a la segunda, si bien pocos se atrevieron a hacerlas públicas. La sorpresa Orihuela de las elecciones anteriores curó a casi todo el mundo de lanzar pronósticos apresurados.

Artal, entrevisto. Luján o Lozano, Lozano o Luján. Para muchos es el mismo plato, pues disponen de proyectos intercambiables, o al menos enfocados a una gestión ´realista´. Se dice que Luján, por su experiencia en el CES, está más acostumbrado a la negociación y se suele desempeñar con cierta flexibilidad práctica, mientras Lozano dispone de un estilo más distante, pero tan pragmático como aquél. 

En el fondo, lo más llamativo de la experiencia ha sido la concurrencia de Pablo Artal, que era el candidato que proponía un programa radicalmente distinto, tan enfocado a la investigación que casi por momentos parecía olvidarse de que la docencia también es una función universitaria. 

Se le ha reprochado que se presentaba demasiado encantado consigo mismo, pero quienes lo conocen bien aseguran que dispone de razones para hacerlo y ninguna para disimularlo. Sus asesores de campaña, sabedores de que cualquier otro consejo hubiera resultado inútil, le indicaron: «Sé tú mismo». Sus declaraciones tras el resultado electoral abundan en esa imagen de suficiencia, pues se refirió a que la UMU no está preparada para asumir un proyecto como el suyo.

Lo curioso es que algunos de los que han sido sus adversarios le otorgan la razón: «Hay que poner muchos anclajes en la UMU antes de montar lo que pretendía Artal». En cualquier caso, éste se ha hecho notar, y se ha puesto involuntariamente en el mercado de los fichajes políticos, donde los ojeadores han tomado buena nota.

Por cierto, el otro día el Real Madrid ganó por primera vez en su historia en el campo del PSG. El jueves sabremos, respecto a las elecciones en la UMU, si también se rompe el maleficio del inevitable ganador de la segunda vuelta.


(*) Columnista


http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/03/11/pulso-universidad/904748.html

El Rector se va, y todos felices / Joaquín García Cruz *

El 'peligroso', 'atrabiliario' y 'podemita' José Orihuela, ganador de las elecciones de 2014 al rectorado de la UMU, por sorpresa y por solo 32 centésimas de ventaja sobre Juan María Vázquez (que era el favorito y el candidato anhelado por el sistema), concluye su mandato dejando la UMU como estaba, más o menos. 

No la ha dinamitado desde dentro, contra lo que muchos se temían a la vista de sus discursos incendiarios, ni ha revolucionado finalmente los campus, en parte porque está por nacer el rector (y van ya once, sin contar a los dos comisarios regios) que sea capaz de sacar de sus casillas a una institución anquilosada y endogámica poco dada a las aventuras, y en parte también porque José Orihuela se ha percatado, cuatro años después, de que el universo donde él mejor se mueve está en la pizarra y las tizas de colores, lejos de las ceremonias académicas y de la templanza diplomática necesaria para gobernar la Universidad. 

A Orihuela le espera un año sabático, en el que dejará la impartición de clases y se pasará el tiempo yendo y viniendo a la Politécnica de Valencia al reencuentro de la topología geométrica de espacios infinitos, el Espacio de Hilbert, los análisis computacionales y otros fundamentos matemáticos que le hacen feliz y cuya comprensión no está al alcance de los mortales. 

Antes, a mediados de abril, entregará los atributos del rectorado a José Luján o a Pedro Lozano, los dos sobrevivientes de la primera vuelta. Orihuela no votó por ninguno de ellos. Hasta la máquina del café se habría enterado de sus preferencias si hubiera depositado el nombre de cualquiera de los cinco aspirantes iniciales en la mesa de solo un puñado de electores donde le tocaba votar, así que participó únicamente en el proceso de renovación del Claustro. 

Pero el día 15 votará por Lozano (aunque cree que éste tiene las de perder frente a Luján), porque el decano de Química lleva en la candidatura al gerente de su equipo rectoral. (¡Ay, su equipo, cuántas desafecciones ha sufrido en tan poco tiempo, bien fuera por el autoritarismo de Orihuela, como cuentan quienes lo abandonaron, bien a causa de gestiones deslucidas, según la versión apócrifa del rector!). Luján, además, se proclama delfín y admirador de José Antonio Cobacho, el cordial discrepante (dejémoslo así) de Orihuela desde que éste le sucedió en La Convalecencia. 

El rector cree que ganará Luján, vistos los resultados del primer envite, pero él votará a Lozano. No siempre apostó a caballo ganador. Hijo de un concejal de la etapa franquista, Orihuela (59 años) se crió en una familia de derechas, fue alumno de los maristas y se dejó seducir en las urnas por la Alianza Popular de Manuel Fraga y después por la UCD de Adolfo Suárez, hasta terminar votando al PSOE. Y ahí sigue.

A su llegada al rectorado, sin embargo, se encendieron tantas alarmas en Murcia -porque se le creía un insurrecto- que fue llamado enseguida a capítulo para tantear sus intenciones. El mismo mes en que dio el campanazo con su victoria frente a Juan María Vázquez (abril de 2014), llegó también a la presidencia de la Comunidad Autónoma Alberto Garre, aún en el PP, que citó a Orihuela en un bar de la plaza Belluga, a la hora de la siesta, para conocerse. Actuaron de emisarios el exrector José Antonio Lozano y Adolfo Fernández, pero aquella primera reunión resultó fallida por la incomparecencia de Garre. Después se llevaron bien. 

Garre desbloqueó desde la presidencia el plan de financiación de la UMU que permanecía atascado en la Consejería de Educación, de la que era titular Pedro Antonio Sánchez (PAS). Meses más tarde, durante la solemne celebración de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Orihuela agradeció públicamente la intervención personal de Garre, y lo alabó en su discurso, por lo demás hipercrítico hacia el poder, en su línea habitual. Al término de la ceremonia, PAS se acercó al rector y le dijo, también en su línea: «Que sepas que soy persona que ni olvida ni perdona».

José Orihuela, a quien se recordará por el ruido extramuros, está satisfecho de su gestión de cuatro años, que acaba de plasmar en un voluminoso resumen colgado ya de la web de la UMU. Regresa a sus abstracciones matemáticas, a la pizarra y las tizas de colores, y se va feliz -dice-, especialmente después de que haya salido indemne de una denuncia que tenía un origen genuinamente laboral pero se llevó al terreno penal porque allí era donde más daño se le podía causar. Se va feliz él, y se quedan felices y más tranquilos quienes temían que el inobservante Orihuela pudiera haber volado una institución que está fuertemente cimentada y parece a salvo de extravagancias.



(*) Columnista



La coronación del fracasado neoliberalismo: De Guindos al BCE / Vicenç Navarro *

De alguna manera, el nombramiento del Ministro de Economía, Industria y Competitividad del gobierno Rajoy, el Sr. Luis De Guindos, como vicepresidente del Banco Central Europeo puede verse como el “premio” que el establishment financiero y económico que gobierna la Unión Europea da a la ortodoxia neoliberal promovida por tal economista (ortodoxia que ha caracterizado también a todos los Ministros de Economía y Finanzas de los gobiernos anteriores, incluyendo los del gobierno del PSOE, presidido por el Sr. Zapatero). 

Dicho nombramiento es el intento de promover las políticas públicas neoliberales, tales como las reformas laborales y las políticas de austeridad y recortes del gasto público, impuestas a la población española por el gobierno Rajoy, las cuales quieren presentarse por parte de aquel establishment financiero y económico europeo como punto de referencia para el resto de países de la Unión Europea. Con este nombramiento se señala la coronación de tales políticas neoliberales y de uno de sus arquitectos, el Sr. Luis de Guindos, que pasa a ser el segundo de a bordo del Banco Central Europeo. 

En realidad, pocas figuras representan tan bien el ser miembro de la estructura de poder que domina el Estado español como el Sr. Luis de Guindos. Ha trabajado en gran número de puestos en la administración pública, iniciándose como director general de Política Económica y Defensa de la Competencia con el Sr. Aznar. Y también predeciblemente pasó a servir a los grandes grupos empresariales, habiendo sido director para España y Portugal del fallido Lehman Brothers, así como ejecutivo de PriceWaterhouseCoopers y consejero de Endesa y del Banco Mare Nostrum. C

omo ministro ha jugado un papel crucial en promover las políticas neoliberales, causa de que sea, junto con el ministro Montoro, uno de los ministros más impopulares del gobierno Rajoy. Entre el establishment político-mediático liberal ha sido enormemente popular al ser considerado como el ideólogo de tales políticas, responsable del supuesto saneamiento de la economía y de la tan promovida recuperación económica, tal como lo presentó recientemente Rubén Amón en las páginas del mayor rotativo de aquel establishment, El País (“‘Action Man’ llega a Frankfurt”, 04.03.18).

Las falsedades del neoliberalismo

El enorme dominio que los principales grupos financieros tienen sobre los mayores medios de comunicación explica que las enormes falsedades que sustentan el dogma neoliberal hayan podido mantenerse en una posición dominante, y ello a pesar de que la evidencia científica que apoya los supuestos que sustentan el edificio ideológico neoliberal es prácticamente nula. En realidad, el conocimiento científico, reflejado en datos fácilmente accesibles, muestra la enorme falsedad de dichos supuestos. Veamos los datos.

1ª falsedad. Las políticas neoliberales han sido muy exitosas. La supuesta recuperación económica expresada en un gran crecimiento económico avala la efectividad de tales políticas:
En primer lugar, hay que señalar que fueron precisamente las políticas neoliberales –las reformas laborales de los gobiernos Zapatero y Rajoy, así como sus políticas de austeridad con los enormes recortes del gasto público, incluyendo el gasto público social- las que contribuyeron en gran medida a la profundidad de la Gran Recesión, que causó el mayor deterioro social que España ha vivido durante su periodo democrático (ver mi libro Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante, Anagrama, 2015). 

El elevadísimo desempleo, el enorme aumento de la precariedad, el descenso salarial, la inestabilidad laboral, la gran reducción de la protección social, el deterioro de la sanidad y educación públicas (y de los otros servicios públicos del Estado del bienestar), así como el descenso de las transferencias públicas como las pensiones, junto con la reducción de los derechos laborales, sociales y políticos son todos ellos resultado de las medidas neoliberales impuestas por los gobiernos, tanto del PSOE como del PP (con el apoyo de Ciudadanos en España, y de Convergència –rebautizada en varias ocasiones para ocultar sus vergüenzas- en Catalunya).

 Y repito, digo impuestas pues ninguna de estas políticas públicas estaba en sus programas electorales. El hecho de que haya habido un ligero descenso del desempleo (debido a causas en gran parte ajenas a las políticas seguidas por el gobierno Rajoy) no puede exculpar la enorme responsabilidad que tales formaciones políticas tienen en la creación de esta Gran Crisis Social. Fueron ellas las que la crearon.

La enorme crisis social generada por la aplicación de las políticas neoliberales

El desempleo hoy continúa en España siendo de los más altos de la UE-28 y de la OCDE. En 2017 fue de un 17% (siendo más del doble de esta cifra entre los jóvenes), y ello a pesar que 1,7 millones de personas han emigrado de este país durante este periodo de crisis. 

Según el último informe del FMI (IMF Country Report Nº 17/319), alrededor del 45% de desempleados lleva sin trabajar más de un año. El porcentaje de personas que están en situación de pobreza es de casi un 28%, siendo el porcentaje de trabajadores en pobreza el más alto de la UE-28 (después de Rumanía y Grecia). La mayoría de nuevos trabajos creados son trabajos temporales. El crecimiento de los contratos temporales (porcentaje de variación interanual) fue de un 7% en el segundo trimestre de 2017, frente a un 2% de los contratos indefinidos. 

En el mismo informe del FMI mencionado, se alerta sobre que más de una cuarta parte de los trabajadores están bajo contratos temporales y sobre que el empleo involuntario a tiempo parcial permanece extremadamente alto (un 60% de los españoles con contrato temporal, lo tiene de manera involuntaria), muy por encima de la media de la UE (un 28%). 

Y una consecuencia de todo ello es el gran crecimiento de las desigualdades, pasando a ser uno de los países con desigualdades más grandes hoy en la UE-28. El ingreso entre el 20% superior de renta y el 20% inferior es 6,6 veces mayor. Y ello como consecuencia primordialmente del elevado desempleo y falta de trabajo entre las clases populares.

El enorme fracaso de la devaluación doméstica

La mayor excusa que se ha dado para aplicar las reformas laborales que han deteriorado enormemente el mundo del trabajo ha sido que el descenso salarial (que era el mayor objetivo de tales reformas laborales) era necesario para incrementar las exportaciones, haciéndonos más competitivos en una era marcada por la globalización (ver mi artículo: “España es el país de la Unión Europea con peores condiciones de trabajo”, Público, 22.02.18). Según tal explicación, la famosa devaluación doméstica (que quiere decir bajar salarios) era condición para hacernos más competitivos. Los datos, sin embargo, muestran la falsedad de dicho supuesto. 

Si miramos el crecimiento neto de las exportaciones (que es el diferencial entre exportaciones e importaciones) vemos que apenas creció, pues aun cuando las exportaciones subieron, también lo hicieron las importaciones, con lo cual el estímulo a la economía que pudiera representar el incremento del neto de las exportaciones ha sido muy limitado. En un reciente artículo sobre la economía española (“Notes on Spain’s Economic Recovery”), del bien conocido economista Mark Weisbrot, se muestran los datos, extraídos del FMI, del impacto tan limitado que el crecimiento neto de las exportaciones ha tenido sobre la supuesta recuperación de la economía española.

Pero la mayor evidencia del error de la tesis de reducir la demanda doméstica (reduciendo los salarios y el gasto público) a fin de poder competir en el mundo globalizado es la experiencia de los países escandinavos. El pequeño tamaño de cada uno de ellas hace que estén altamente integrados en la economía globalizada (la suma de las exportaciones e importaciones sobre el PIB es de los más elevados en el mundo). Y en cambio tienen salarios muy elevados (de los más altos en la UE-28) y un extenso Estado del bienestar. ¿Cómo puede ser esto, cuando han seguido políticas opuestas a lo que propone el dogma neoliberal? 

En realidad, la aplicación de tales políticas neoliberales, como la devaluación doméstica, ha sido un fracaso enorme, causa del gran deterioro social. Los únicos que se beneficiaron fueron los grupos empresariales (los propietarios y gestores del mundo empresarial), que han visto crecer sus rentas del capital a costa del descenso de los salarios. Durante la época de la Gran Recesión, las rentas derivadas de la propiedad crecieron astronómicamente mientras que las rentas derivadas del trabajo bajaron. Es a los primeros a los cuales las políticas neoliberales sirven. Esta es la realidad ocultada por la gran mayoría de los medios que han estado promoviendo tal dogma. 

El objetivo del neoliberalismo no era recuperar la economía deprimida, sino aumentar los beneficios empresariales

Y mientras la ocultación continúa, los beneficios del mundo del capital han alcanzado unos niveles sin precedentes a costa de reducir los salarios de los trabajadores o de la apropiación de los recursos monetarios de las clases populares mediante el forzamiento de precios abusivos que reducen su capacidad adquisitiva. Un ejemplo, entre miles, es el caso escandaloso de Endesa (que fue privatizada por el gobierno del Partido Popular), que obtuvo durante la Gran Crisis Económica unos beneficios sin precedentes, a la vez que el Estado le permitía exigir los precios más altos de la energía que existen en la Unión Europea. Como bien cita Juan Torres en su artículo 

 “La recuperación de Rajoy no da para subir las pensiones” (eldiario.es, 04.03.18), en 2014 repartió el mayor dividendo de la historia de España, 14.600 millones. Y otro resultado del maridaje entre tales compañías eléctricas y el Estado es que España, el país con más sol en Europa, tiene doce veces menos energía solar que Alemania.

Este maridaje y complicidad entre el mundo financiero y económico por un lado, y el Estado español por el otro, es la principal característica de la escasez democrática de tal Estado. En casi ningún otro Estado de la UE-15 existe el nivel de complicidad que hay en España, lo cual afecta muy negativamente a los intereses de las clases populares españolas. 

Así los seis mayores bancos españoles (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell y Bankinter) no han pagado desde el inicio de la crisis ningún impuesto de sociedades, pese a haber tenido unos beneficios de 84.000 millones. 

Si, como indica Juan Torres en el citado artículo, hubieran pagado el 10% de estos beneficios al Estado, este podría haber dado 1.600 euros a los 5,22 millones de pensionistas españoles que tienen una pensión de menos de 1.000 euros al mes. 

Y mientras, la comunidad bancaria recibió 54.353 millones de euros como ayuda pública durante la crisis, un préstamo del que el Estado solo recuperará, según los informes más optimistas, 15.000 millones. Y así una larga lista de indicadores de la complicidad entre el mundo del capital y el Estado que está en la raíz de los problemas de la llamada insostenibilidad del Estado del Bienestar español (uno de los menos financiados en la UE-15) y de sus pensiones.

2ª Falsedad. Los recortes del gasto público para conseguir la reducción del déficit público eran necesarios para que los intereses de la deuda pública fueran bajos.

Igualmente falsas han sido las políticas de austeridad. La justificación de que tenía que recortarse el gasto público se basaba en tranquilizar al capital financiero, (reduciendo el déficit público), que así, una vez tranquilizado, podría prestar dinero al Estado. Por lo visto, se nos decía que reducir el déficit era la condición para que los intereses de la deuda pública fueran bajos. Este dogma se mostró también falso. 

Hoy los intereses de la deuda pública son de los más bajos que hayan existido durante muchos años. Los intereses de los bonos públicos a 10 años son solo de un 1,5%, (más bajos que la inflación) sin que ello tenga nada que ver con el tamaño o reducción del déficit público. En realidad, el hecho de que estos intereses sean incluso más bajos que la inflación hace que el Estado pudiera endeudarse fácilmente. Este crecimiento de la deuda permitiría -como acentúa Mark Weisbrot en su artículo- una notable expansión del muy poco financiado sector público, creando empleo.

El hecho de que los intereses sean tan bajos se debe a la política del BCE de garantizar los bonos públicos del Estado español (lo cual ha bajado sus intereses) y también al “quantitative easing”, que significa un préstamo masivo (incluyendo al Estado) que ha estimulado la economía, la española inclusive. La reducción del gasto público como resultado de las políticas de austeridad, junto con la reducción de los salarios, han tenido un impacto muy negativo al reducir la demanda doméstica y, con ello, el estímulo y el crecimiento económicos. 

La llamada recuperación respondió a causas externas, tales como las citadas en este artículo, habiendo sido las políticas neoliberales las responsables de la enorme caída de la actividad económica y de la Gran Crisis Social. 

Y lo que es lamentable es que los partidos neoliberales (PP, Ciudadanos y el PDeCAT) y socioliberales como el PSOE, no han hecho ninguna autocrítica de sus políticas públicas que han causado y continúan causando tanto dolor. Y lo que es peor es que las políticas públicas que están proponiendo continúan dentro del marco neoliberal. Lo que hemos estado viendo todos estos años es la aplicación de políticas diseñadas para beneficiar a una minoría de la población a costa de la mayoría, y muy en particular de la calidad de vida y bienestar de las clases populares. Así de claro.



(*)  Catedrático de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Pompeu Fabra



El pueblo y los jueces / Ramón Cotarelo *

Cierta la crítica, con un matiz: el juez no es más importante; tiene más poder; o sea, más fuerza; la fuerza armada. Justo, ese es el nudo de la cuestión porque pone de relieve los dos distintos sentidos de la justicia que manejan las dos partes en este conflicto. 
 
Para el nacionalismo español se trata de un conflicto jurídico que oculta otro político; para el independentismo catalán, de un conflicto político que oculta otro jurídico. 

Habiendo derivado el gobierno la cuestión a los jueces se encuentra que estos, apreciando el factor político, le supeditan sus actos que, claro, ya no son de justicia. La razón es muy sencilla: la justicia se administra en nombre de la nación española (o del Rey, que es su símbolo). Por tanto, todo lo que atente contra aquella queda al margen de la justicia por razón de Estado. 
 
Privar a Sánchez del derecho de sufragio pasivo e interferir en las decisiones del Parlament no entran en las atribuciones del juez Llarena. Pero eso da igual porque él atiende ahora no a la justicia sino a la razón de Estado. Como se prueba por el hecho de que ni siquiera se preocupe por redactar unos autos con un mínimo nivel de elaboración jurídica. 

Al parapetarse detrás de los jueces, el gobierno deslegitima la función judicial y deja al descubierto la naturaleza política del conflicto. No parece importarle mucho. Lo único que necesita es la pura apariencia. Que las togas vayan por delante de las porras. El gobierno solicita la intervención de los tribunales. Estos acceden a sus peticiones porque coinciden con su punto de vista. La patria está en peligro.

Del lado independentista la situación es la inversa: se plantea un problema político que, en el fondo, requiere una solución jurídica mutuamente acordada. Pero el problema político tiene aristas difíciles de negociar. Es político porque siendo el independentismo republicano, no puede reconocer la base de legitimidad de la Monarquía y consiguientemente, tampoco de su legalidad. Ahí hay un punto de ruptura que solo se puede resolver políticamente pero se ha de consagrar en estructuras jurídicas.

Los indepes no pueden aceptar la supeditación de la justicia en España a la idea de la nación española que tiene casi la totalidad del Parlamento. Por eso apelan a la jurisdicción europea y la mundial en materia de derechos humanos. Por eso también internacionalizan el conflicto. Frente a la razón de Estado, que es la razón de la fuerza se invoca la justicia y la democracia. Son ideales, ciertamente, pero que consolidan la revolución catalana. 
 
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Y ahora, la consellera Ponsatí a Escocia / José Antich *

La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, exiliada en Bruselas desde la supresión de la autonomía catalana y la aplicación del 155, ha abandonado Bélgica y se ha reincorporado a la universidad escocesa de Saint Andrews, donde ya había ejercido como catedrática de Economía y Trabajo. 

Ponsatí, la persona que gestionó con indiscutible éxito que los centros escolares pudieran servir como colegios electorales en el referéndum del 1 de octubre, lo ha anunciado personalmente después de unos días en Escocia y amplía así, por la vía de los hechos, la diáspora del exilio de políticos catalanes fruto de la represión del Estado español. 

El movimiento de Ponsatí amplía el radio de resonancia del conflicto catalán a un tercer país —el Reino Unido— después de Bélgica, donde reside el president Carles Puigdemont ahora con otros tres consellers, y Suiza, donde se ha exiliado la ex diputada de la CUP Anna Gabriel.

La nueva residencia de Ponsatí en Escocia, esperada desde hace algunas semanas, no hace sino poner nuevamente de relieve la inconsistencia a nivel internacional de la macrocausa abierta por la justicia española por rebelión y sedición. Después del fracaso de aquella primera euroorden presentada por la justicia española en Bruselas en los primeros días de noviembre y retirada semanas después por la certeza de que no sería admitida por los tribunales belgas, no ha habido ningún movimiento fuera de las fronteras españolas. 

El juez Pablo Llarena retiró la euroorden en diciembre, utilizó después un razonamiento tan inopinado para no pedir la detención de Puigdemont en su viaje a Copenhague del pasado mes de enero como decir que no la formulaba porque era lo que buscaba el president. Y, hace tres semanas, fue Anna Gabriel la que anunció su nueva residencia en Suiza y, pese a que el fiscal también pidió al juez que cursara la orden de detención, este tampoco hizo nada.

El nuevo movimiento del exilio catalán en el tablero europeo vuelve a ser importante. El Reino Unido tiene una legislación que hace difícil una traslación de la equivalencia de delitos que se han formulado en España contra el independentismo catalán donde, sin que se hubieran producido actos de rebelión y sedición, todo el Govern está acusado de ello. 

Es muy posible, por tanto, que Llarena vuelva a ser extremadamente prudente en un movimiento que obligue a la justicia del Reino Unido a pronunciarse y gane tiempo, la mejor decisión para no recibir una hipotética negativa. Lo veremos en los próximos días. Pese a ello, la impresión generalizada de una justicia que adopta decisiones poco acordes con el derecho no es pequeña.

En este caso, además, la actuación de Llarena se junta con la prohibición al candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, a abandonar la prisión de Estremera para la sesión parlamentaria de su investidura. 

Todo ello puesto por escrito en un auto del magistrado instructor que tiene en muchos párrafos más de político que de judicial. De una manera especial aquel que viene a referir que "el candidato ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en la candidatura de Junts per Catalunya", algo que viene a situarse, si no fuera, al límite de la ley.

No deja de ser preocupante que la justicia española no encuentre homologación europea con los delitos que trata de imputar y que mientras tanto Junqueras, Sànchez, Forn y Cuixart sean privados de libertad en una injusta prisión provisional que parece no tener fin.



(*) Periodista y ex director de La Vanguardia