La cúpula del Ejército del Aire ficha por empresas de armas que recibieron 700 millones en contratos de Defensa

Javier García Arnaiz

Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
Cese: 3 de marzo 2017

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Autorización: 4 de diciembre de 2017

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Global Training Aviation no recibió contratos del Ministerio de Defensa. Está participada por la tecnológica Indra

Eduardo Gil Rosella

Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire
Cese: 1 de diciembre 2017

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Autorización: 11 de enero de 2018

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El Grupo Oesía recibió 23,7 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargo

Eugenio Ferrer Pérez

Jefe del Mando Aéreo de Combate
Cese: 12 de mayo 2017

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Autorización: 4 de diciembre de 2017

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El grupo Indra recibió 680 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargo

MADRID.- De la cúpula del Ministerio de Defensa a trabajar una empresa de armas: un camino profesional que se repite con bastante frecuencia en el ejército español. La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, autorizó a tres generales de la cúpula del Ejército del Aire a trabajar para empresas de armas entre diciembre de 2017 y enero de este año,  según datos publicados en el Portal de Transparencia y que recoge eldiario.es.

Javier García Arnaiz, ex Jefe del Estado Mayor (JEMA) del Ejército del Aire, fue autorizado a trabajar para la compañía Global Training Aviation, Eduardo Gil Rosella, ex segundo del JEMA, recibió el permiso para incorporarse al Grupo Oesía y Eugenio Ferrer Pérez, Jefe del Mando Aéreo de Combate, para realizar actividades privadas con la tecnológica Indra. 

Fuentes de las empresas afectadas han confirmado a eldiario.es que los tres ex generales del Ministerio de Defensa se han incorporado como asesores externos o consejeros dentro de las compañías.

La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece que estos últimos "no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan participado" durante los dos años siguiente a su cese como responsable público.

La Oficina de Conflicto de Intereses no halló incompatibilidad en ninguno de los tres casos por trabajar para una empresa dedicada a la producción de armamento o la industria de defensa justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en el Ministerio. 

Dos de esas tres compañías (Indra y Grupo Oesía) recibieron, al menos, 695 millones de euros en 463 adjudicaciones del Ministerio de Defensa durante el periodo en el que desempeñaron sus funciones como altos cargos del Ministerio, según datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recopilados por eldiario.es.

Global Training Aviation, con sede en Madrid y especializada en la formación de pilotos de aviación, no ha recibido contratos públicos del Gobierno durante ese periodo. No obstante, la compañía está participada en un 35% por la tecnológica Indra, habitual contratista del Ministerio de Defensa.

De los 695 millones de euros, 640 fueron adjudicados por el procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad. Esta fórmula permite al Gobierno realizar adjudicaciones sin concurso público y negociando directamente con las empresas.

Una regla más que habitual en los contratos del Ministerio, según desveló una investigación del proyecto Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio. El 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de esa regla.

Indra y Defensa, un negocio opaco de 750 millones

Eugenio Ferrer, ex jefe del Mando Aéreo de Combate, recibió el 4 de diciembre el permiso para trabajar para la multinacional Indra. Fuentes de la compañía han confirmado a eldiario.es que Eugenio Ferrer colabora como "asesor externo" y su incorporación se debe a su "alto conocimiento y experiencia en aspectos técnicos, tecnológicos y de mercado".

Indra, con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros, es la principal empresa tecnológica española. Desde 1999 forma parte del Ibex-35 y lleva "más de 30 años desarrollando soluciones tecnológica en el sector de la defensa",  según explica su página web.

Es, además, uno de los principales contratistas del Ministerio de Defensa. Entre 2012 y 2017 recibió 750 millones de euros en adjudicaciones del Ministerio, incluyendo las uniones temporales de empresa en las que ha formado parte. En el periodo en el que Ferrer fue alto cargo en Defensa, Indra percibió 680 millones de euros.

El mes dorado para la tecnológica llegó en diciembre de 2015, cuando sumó adjudicaciones por más de 300 millones. Entre ellos, el contrato para desarrollar los sensores y el sistema de combate de la fragata F-110 de la Armada, otro por un centro de simulación para los helicópteros NH-90 y se adjudicó los programas tecnológicos de los vehículos blindados VCR 8x8.

Este jugoso negocio de Indra con el Ejército español se tramitó en las más oscura opacidad. El 73% de los contratos adjudicados a la tecnológica española desde 2012 se hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. Con esta regla, el Ministerio se evita sacar a concurso las adjudicaciones y negocia directamente con las empresas.

Oesía, la tecnología detrás de un misil

Gil Rosella, ex segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, se incorporará como consejero dentro del Comité de Estrategia del Grupo Oesía, según han confirmado fuentes de la compañía. Apenas un mes después de su cese como alto cargo, recibió el permiso del Gobierno para asesorar al grupo empresarial. La Oficina de Conflicto de Intereses no halló incompatibilidad en su incorporación.

Oesía, a través de su filial especializada en ingeniería aplicada a seguridad y defensa Tecnobit, es contratista regular del Ministerio de Defensa. Entre 2012 y 2017, la compañía percibió casi 32 millones en adjudicaciones, de los cuales 23,7 millones fueron adjudicados durante el periodo en el que Gil Rosella desempeñó puestos de alta responsabilidad en el Ministerio.

El contrato más jugoso se lo adjudicó junto con Indra para desarrollar los sensores infrarrojos de los misiles de la fragata F-110. El Ministerio de Defensa adjudicó este desarrollo tecnológico a la unión empresarial por 9,7 millones sin concurso ni publicidad.

Fuentes del Grupo Oesía aseguran a eldiario.es que la compañía opera en el mercado con "total transparencia" y defiende que la empresa cuenta con una "trayectoria de 40 años en el mercado y es ampliamente reconocida dentro y fuera de nuestas fronteras".

El 86% de las adjudicaciones del Ministerio al grupo Oesía se hicieron a través del procedimiento negociado: la regla más opaca posible.

La Oficina que nunca ve conflicto de intereses

Esta, además, no es la primera vez que la Oficina de Conflicto de Intereses autoriza a militares y altos cargos del Ministerio de Defensa a trabajar para empresas de armas. Tal y como publicó eldiario.es, los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a siete ex altos responsables de Defensa a trabajar para compañías como Airbus, Santa Bárbara, Indra o Explosivos Alaveses entre 2007 y 2015. 

Aunque la ley establece que los altos cargos "no podrán prestar servicios" en empresas "afectadas por decisiones en las que hayan participado", la Oficina permitió que se incorporaran a contratistas habituales de la cartera ministerial.

La Oficina es la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos que han cesado de sus responsabilidades. En diez años, apenas ha vetado el paso al sector privado en ocho ocasiones, según datos obtenidos de una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal de Transparencia.

Tal y como adelantó eldiario.es, la Oficina de Conflicto de Intereses solo ha vetado el 2% de las resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar "actividades privadas" tras su cese.

Aplazado por “razones técnicas” el lanzamiento del satélite 'Paz'

MADRID.- “El lanzamiento del satélite de observación de la tierra Paz desde la Base Aérea norteamericana de Vandenberg, en California , previsto para hoy domingo día 18 de febrero ha sido aplazado, por razones técnicas, hasta nueva fecha por determinar de la que se informará oportunamente”, según nota del Ministerio de Defensa que recoge Abc.

“El satélite está en perfectas condiciones”, recalcaron por su parte fuentes de Hisdesat, propietario, explotador y operador del satélite. Posteriormente, el consejero delegado de Hisdesat, Miguel Ángel Panduro, afirmó que la fecha probable para el nuevo intento del lanzamiento es el 21 de febrero.

Los accionistas de Hisdesat son: la operadora de satélites de comunicaciones Hispasat (43%); la sociedad pública Isdefe, perteneciente al Ministerio de Defensa (30%); Airbus Defence & Space (15%); Indra  (7%); y Sener (5%).

De esta manera se pospone de nuevo el lanzamiento de este satélite Paz que parece gafado:

• En principio, el consorcio ruso-ucraniano Kosmotras tenía que haberlo puesto en órbita en 2015 desde la ciudad de Dnipró (este ucraniano) pero la guerra aplazó «sine die» el lanzamiento. 
• Finalmente se decidió como mejor opción la base estadounidense.
• En 2017 se decidió finalmente que fuera la empresa estadounidense SpaceX quien lo lanzara proponiéndose como fecha inicial el 30 de enero.
• Se postergó finalmente su lanzamiento al 10 febrero; luego al 17 y 18 de febrero. Ahora con fecha aún por determinar.

En los últimos ocho años se han instalado más de 70 empresas en el polígono 'Saprelorca'

LORCA.- La puesta en marcha de once nuevas empresas durante el pasado año 2017 en el polígono industrial Saprelorca permitirá la creación de un total de 136 nuevos puestos de trabajo. 

Este enclave industrial, en cuya sociedad de gestión participa el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, supera así un 80 por ciento de ocupación, con cerca de 235 empresas instaladas que a día de hoy dan empleo a más de 2.600 trabajadores.

Durante el pasado año se trabajó en la captación de 49 proyectos empresariales, de los que se confirmaron un total de 14 por valor de 159 millones de euros que supusieron la creación de 708 nuevos puestos de trabajo.

En el polígono industrial Saprelorca, en los últimos ocho años se han instalado más de 70 empresas, lo que a su vez ha significado la creación de cerca de 800 puestos de trabajo. Además, y desde hace cerca de un año, este enclave tiene en marcha una campaña de promoción para reindustrializar el suelo de la comarca lorquina, con bonificaciones de hasta el 40 por ciento en el precio del suelo industrial o el establecimiento de contactos directos y puntuales con los clientes objetivos.

La industria regional, de hecho, registró un aumento del índice de producción del 9,2 por ciento durante el año 2017, un dato que multiplica por 3,5 el ritmo de crecimiento medio de la industria nacional (2,6) y que sitúa a la Región como la comunidad autónoma que más aumentó su producción.  

Cada año se diagnostican en la Región una media de 1.500 casos de tumores raros

MURCIA.- Cada año se diagnostican en la Región de Murcia unos 1.500 casos de cánceres raros, según datos del Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, que ha reunido esta semana en Murcia a los más destacados expertos internacionales en este ámbito, en una jornada organizada por el Registro de Cáncer de Murcia de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.

En el encuentro científico, bajo el lema 'Mejorar los indicadores de calidad para cánceres raros' dentro del marco de la acción conjunta europea 'Joint Action on Rare Cancer' (JARC), impulsada y financiada por la Comisión Europea, han participado 20 expertos de 12 instituciones europeas, entre las que figuran los registros de cáncer de Irlanda, Bélgica, Holanda y España.

El Registro de Cáncer de Murcia es responsable de uno de los objetivos del programa de la JARC, que consiste en la elaboración de recomendaciones para que todos los registros monitoricen de forma estandarizada los cánceres raros, a fin de realizar estudios en común que favorezcan los avances en los tratamientos de la enfermedad.

En la JARC participan 34 instituciones de 18 países europeos entre registros de cáncer, universidades, instituciones de salud pública, institutos de cáncer, asociaciones de pacientes, la Organización de Institutos Europeos de Cáncer (OECI) y la Sociedad Europea de Oncología Pediátrica (SIOPE).

Entre los asistentes de reconocido prestigio internacional a este encuentro, destaca Gemma Gatta, coordinadora del proyecto europeo de investigación en cáncer 'Rarecare'; Carmen Martos, del Centro de Investigación de la Comisión Europea y expertos en registros de cáncer, como Otto Visser, del registro de Holanda; Liesbet Van Eyke, del registro de Bélgica, y Paul Walsh, del registro de Irlanda, además de investigadores expertos en cáncer, como Annalisa Trama y Riccardo Capoccacia,del Istituto Nazionale di Tumori di Milán; o Kaire Innos y Keu Paapsi, del National Institute for Health Development de Estonia.

Actualmente se han identificado 198 canceres raros, llamados así porque afectan a menos de 6 personas por cada 100.000 habitantes, entre los que se incluyen los tumores infantiles. Sin embargo, los tumores raros no lo son tanto, pues representan el 25 por ciento de todos los cánceres que se diagnostican en la población general. Es decir, uno de cada cuatro tumores que se diagnostican es raro.

No obstante, muchos de estos cánceres resultan muy poco frecuentes y son muy diferentes unos de otros, por lo que resulta difícil que cada país de manera individual pueda estudiarlos en su conjunto.

Como consecuencia de ello, surge la necesidad de sumar fuerzas entre países, por lo que se han establecido acciones conjuntas europeas que contemplan todo el proceso de asistencia a los pacientes con cánceres raros, desde su definición, monitorización y registro, hasta el diagnóstico, tratamiento y recomendaciones.

Con esta finalidad, la JARC comenzó a trabajar hace un año para unificar los conocimientos y compartir los criterios de un número importante de expertos europeos en cáncer que trabajan en los ámbitos de la epidemiología, la oncología, la clínica, y la patología, entre otros. El objetivo final de esta labor es el de conseguir mejoras que repercutan positivamente en la calidad de vida y en el pronóstico de los pacientes diagnosticados de tumores raros.

Los trabajadores de Bankia (BMN) pueden apuntarse al ERE desde el miércoles

MADRID.- Los trabajadores de Bankia (BMN) podrán solicitar la adhesión voluntaria al Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad ha acordado con los sindicatos desde este miércoles, 21 de febrero.

La dirección de Bankia y los representantes de los trabajadores firmaron el viernes a primera hora el expediente de regulación que aplicará Bankia en el marco de su integración con Banco Mare Nostrum (BMN), cuyo plazo de adhesión concluirá el 2 de marzo, según informaron fuentes sindicales.

Concretamente, la firma del expediente se produjo en torno a las 8.00 horas del pasado viernes después de que ambas partes trabajaran ininterrumpidamente desde el jueves en la redacción del acuerdo definitivo.

El proceso de reestructuración de la plantilla de Bankia contempla un máximo de 2.000 salidas voluntarias, tras haberse reducido un 20,32% desde las 2.510 bajas planteadas inicialmente por la entidad y está previsto que concluya el 30 de septiembre de 2019.

Andalucía (361), Madrid (330), Murcia (278), Baleares (250) y la Comunidad Valenciana (192), son las comunidades autónomas más afectadas por el proceso, que consiguió el apoyo del 92% de la mesa sindical (CCOO, UGT, ACCAM, SATE, SESFI, UOB y ACB).

Del total de 2.000 salidas, 1.587 son amortizaciones de puestos de trabajo, 198 excedencias y 215 salidas voluntarias adicionales que la empresa podrá conceder.

El ERE prevé prejubilaciones a partir de los 55 años --54 años en Andalucía, Murcia, Alicante y Baleares-- con el 63% del salario bruto y una prima en función de la edad.

En concreto, los trabajadores de entre 55 y 57 años tendrán una prima de 6.500 euros, los de 58 años, de 5.200 euros, los de 59 años, de 4.000 euros y los de 60 años, de 1.000 euros, mientras que los de 54 no tendrán prima.

Las bajas incentivadas, por su parte, tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado, con un límite de 22 meses, además de una prima de 2.000 euros por cada tres años de prestación de servicio.

En cuanto a la movilidad geográfica no aceptada por el trabajador, el acuerdo entre Bankia y los sindicatos contempla la misma indemnización que los menores de 55 años, sin primas.

Por su parte, los empleados afectados por la movilidad geográfica recibirán una prima de entre 4.000 euros (de 51 a 100 kilómetros) y 16.500 euros si se trata de cambios entre las islas y la Penísula.

Además, la entidad y los sindicatos han fijado una ayuda por cambio de residencia de 12.000 euros, siempre que la distancia sea superior a 150 kilómetros.

Según el acuerdo, donde haya excedentes de plantilla --Baleares, Murcia, Alicante y Granada-- si no existen voluntarios suficientes, la adscripción será obligatoria.

La crisis reputacional de 'El Pozo': silencio en España, vetos internacionales

MADRID.- Una granja de cerdos desnutridos, enfermos, animales muertos en la misma jaula que  los vivos o incluso cochinos que se comen a compañeros de corral. A El Pozo le estalló hace casi dos semanas la que está siendo su mayor crisis de reputación por unas imágenes captadas en una de las granjas con las que trabajaba, recuerda hoy El Español.

 

En concreto, las cámaras de Salvados se colaron, junto a la ONG Igualdad Animal, en la granja Hermanos Carrasco, ubicada en Alhama de Murcia. Esta era, a su vez, proveedora de una filial ganadera de El Pozo, Cefusa. El alud de críticas fue instantáneo, por lo que la compañía -que sabía que iba a emitirse el programa- tenía una defensa preparada. Pero, ¿fue la correcta?

El Pozo, propiedad del Grupo Fuertes, es, según Kantar Worldpanel, la segunda marca de gran consumo más consumida en España, solo por detrás de Coca-Cola. Cuatro de cada cinco hogares españoles consumen sus productos. Pero la repercusión de las imágenes no se han quedado en el mercado local, puesto que El Pozo está presente en 82 países. Así, lejos de calmar las críticas, su crisis ha adquirido tintes internacionales durante la última semana.

"Es un caso de crisis de manual, donde la respuesta de la empresa no ha resuelto el problema sino que lo ha incrementado", explica a este periódico Francisco Pérez-Latre, subdirector del Máster en Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra.

La revolución y una respuesta preparada

Domingo, 4 de febrero. Salvados, de La Sexta, emite su programa Stranger Pigs. Pretenden poner el foco en la industria de la carne de porcino española, un sector del que España es el cuarto productor a nivel mundial. Las imágenes de la granja de los Hermanos Carrasco conmocionan e indignan a los espectadores.

El Pozo se apresura a contestar en sus redes sociales, sabiendo que iban a ser protagonistas en el programa. Emiten un comunicado en el que aseguran que las imágenes grabadas corresponden a un área de recuperación sanitaria. 

"Son animales que tienen algún tipo de malformación o enfermedad de nacimiento, que deben vigilarse para controlar su evolución y mejora y, si no se produce, llevar a cabo su sacrificio sanitario", apuntan, haciendo referencia al código ético y deontológico de la ganadería española.

"No son aptos para consumo humano ni entran en la cadena alimentaria bajo ningún concepto", reseña la marca, que tiene preparado un vídeo con un veterinario de la compañía. La vinculación con la granja continúa, mientras las críticas no cesan. La ministra de Agricultura, Ganadería y Pesca, Isabel García Tejerina, responde en televisión por la compañía, aunque reconoce no haber visto el programa: "El reportaje no hace justicia".

Repercusión internacional, pero...¿efecto nacional?

Lunes, 12 de febrero. Con una semana de diferencia, los efectos de las imágenes del programa llegan a Bélgica. Dos supermercados belgas, Colruyt y Delhaize, retiran los productos de El Pozo de la venta al público en sus establecimientos y anuncian que revisarán su cooperación con la empresa española a raíz de las acusaciones sobre maltrato animal. 

Un día más tarde, la cadena alemana Rewe paraliza de forma provisional sus compras a la marca. "Es reflejo de que vivimos en un mundo tremendamente abierto, la repercusión internacional es algo muy grave", apunta Pérez-Latre.

¿Y en España? Lo cierto es que ninguna cadena ha dejado de vender sus productos, y niegan que exista un boicot. "No ha habido caída de ventas y por lo tanto los consumidores están trasladando su confianza en esos productos", explican desde Dia a este periódico, y apuntan: "El Pozo, que es proveedor de Dia desde hace más de 20 años, sigue los controles de calidad de la compañía y está sujeta a los controles de la legislación española. En España se tienen uno de los mejores controles del mundo en seguridad alimentaria y desde aquí confiamos en los controles de la Administración". 

Otros proveedores como Lidl miran con recelo. "Estamos en contra del maltrato animal y de prácticas inaceptables como las que se reflejan en él y así se lo hemos trasladado al proveedor", apunta la alemana, que no habla de romper la relación.

Antes no, pero ahora sí

El salto internacional coincide -¿casualmente?- con la decisión de El Pozo de dejar de trabajar con la granja de cerdos que aparece en el programa. Aseguran ahora que la desvinculación se debe a la apertura de un "expediente de investigación" interno. La compañía recalca que la firma ha decidido "ampliar los estándares de calidad" en materia de bienestar animal, con medidas que se han ido implementando "de forma gradual desde el pasado mes de octubre".

Entonces, ¿qué pasa con el comunicado del primer día? ¿en qué lugar deja a la compañía? ¿Tendrá efecto en sus ventas? "Todo tiene una repercusión en el terreno de la percepción", dice el experto. 

En este sentido, aunque puede que no se traduzca en ventas "de modo inmediato", "un problema de reputación como éste te puede hacer mucho daño". Preguntados por este periódico, desde la compañía declinan hacer comentarios.

El Pozo Alimentación concluyó el ejercicio 2016 con una facturación de 1.041 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% en relación al ejercicio anterior. De momento, son solo algunas cadenas -en Bélgica y Alemania- las que han decidido no vender sus productos, pero la crisis todavía no ha terminado. 

"Para una marca que vive de la confianza de la gente, consumidores y distribuidores, la percepción es vital", indica Pérez-Latre. Y esta crisis será recordada. Queda por ver si se reflejará en los números.

Quién teme a las encuestas / Joaquín García Cruz *

El primer estudio sobre intención de voto del que se tiene conocimiento fue un fiasco. Lo realizó en 1824 un pequeño periódico local entre los 3.000 habitantes de Harrisburg, la capital de Pensilvania, y predijo erróneamente que Andrew Jackson derrotaría a John Quincy Adams en la lucha por la presidencia de Estados Unidos. 

Más recientemente, los muestreos demoscópicos fallaron también de forma estrepitosa en Reino Unido (a propósito del ‘Brexit’), en Colombia, que rechazó contra todo pronóstico un tratado de paz con la guerrilla de las FARC, y en Estados Unidos, donde las encuestas atinaron al vaticinar que Hillary Clinton sumaría más votos en términos absolutos que Donald Trump pero no tuvieron en cuenta que la preponderancia de la figura del compromisario en aquel sistema electoral terminaría abriéndole la Casa Blanca al magnate. 

Los desaciertos en España quedaron al descubierto durante las segundas elecciones legislativas de 2016, en las que Rajoy obtuvo 137 diputados, frente a la horquilla de 116 a 121 que fijaban los sondeos, y Ciudadanos sacó 32 escaños, lejos de los 40 que le asignaban las proyecciones.

En Murcia, la última encuesta sobre estimación de voto fue encargada y pagada por ‘La Verdad’ al Cemop (Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública) en 2015. Salió publicada el 18 de mayo, una semana antes de la cita con las urnas, y auguraba que el PP, encabezado por Pedro Antonio Sánchez, perdería la mayoría absoluta. El estudio erró en la atribución de escaños a los populares, que obtuvieron 22 frente a los 18-20 que se les suponía, y en el cálculo de los que obtendría Ciudadanos (9-11, frente a los 4 que cosechó finalmente). 

Pero el Cemop acertó en lo sustancial:el PP perdió la mayoría absoluta, que es de 23 diputados, y desde entonces gobierna la Región a trancas y barrancas, apoyado en la muleta de Ciudadanos y ninguneado a menudo por la oposición. 

El cabreo de una parte de la dirección del PP con el Cemop fue tan mayúsculo que desde lo más alto del partido se acusó a los dos profesores de la Universidad que lo codirigen (Ismael Crespo, catedrático de Ciencia Política, y Juan José García Escribano, profesor de Sociología) de haber ‘cocinado’ torticeramente la encuesta para desmovilizar a su electorado en favor de Ciudadanos, algo que la realidad desmiente por sí sola: la formación de Albert Rivera logró solo 4 de los 45 parlamentarios en liza, por lo que cuesta creer que se viera beneficiada en sus magros resultados por el sondeo del Cemop. 

Pero el malestar en las alturas del PP, y en algún despacho noble de San Esteban, no quedó en semejante tontería, sino que llegó al extremo de cortarle la financiación al Cemop –que no puede hacer su trabajo sin ayudas públicas–, pese a formar parte del equipo, entonces y ahora, Maribel Sánchez-Mora, a quien el propio Pedro Antonio Sánchez fichó como consejera de Educación y Universidades un mes después de la encuesta. 

Desde entonces, hace ya tres años, estamos a ciegas en Murcia, y no solo en lo relativo a la intención de voto. Aquel sondeo revelaba también la gran inquietud que la corrupción suscitaba en el electorado y la pobre percepción que se tenía del Gobierno regional, cuya gestión era tildada como ‘mala o muy mala’ por el 41,9% de las personas preguntadas.

Y así, a ciegas, llegaremos a los triples comicios (municipales, autonómicos y europeos) de 2019, si la Asamblea Regional no lo evita antes. Los cuatro grupos parlamentarios analizarán en una próxima reunión de la Junta de Portavoces la petición que Ismael Crespo y García Escribano remitieron días atrás a la presidenta de la Cámara para que esta se encargue de financiar todos los años dos barómetros semestrales de opinión pública, a razón de 15.000 euros, y otros dos estudios más completos, antes y después de cada convocatoria electoral, que elevarían el coste total a 50.000 euros. 

Al cabo de varios meses jugando a la pelota por las reticencias de los populares, consta por fin la buena disposición de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, pendiente de que la plasmen en un acuerdo parlamentario adoptado por unanimidad, que es la condición impuesta por la presidencia de la Asamblea para embarcarse en el gasto. 

El Cemop plantea en su propuesta explorar la intención de voto en vísperas electorales, pero también evaluar cada seis meses la situación económica y la política, con una mirada retrospectiva y otra prospectiva a un año vista; preguntar por los problemas que aquejan a los murcianos; conocer y valorar a los líderes políticos; puntuar la gestión del Gobierno regional pero también la de la oposición, y escudriñar la confianza ciudadana en determinadas instituciones. 

Las encuestas han sido incorporadas a la vida pública por las comunidades de Aragón, Baleares, Andalucía, Valencia, Canarias, Castilla y León, Navarra, Galicia y País Vasco, conscientes sus dirigentes de que aportan calidad democrática. También ponen de los nervios a los partidos, que suelen moverse a golpe de sondeos, como se aprecia estos días en la política nacional. 

Ciudadanos navega con viento de cola, y lo sabe por su triunfo en Cataluña pero también porque lo señalan todas las encuestas, tanto las que confeccionan empresas privadas como las que publica el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). Sucede, sin embargo, que ni las unas ni las otras ofrecen información particularizada sobre el estado de ánimo en las distintas regiones, y cuando, de uvas a peras, los investigadores del CIS aterrizan en una autonomía como Murcia para rastrear la intención devoto, preguntan a 400 personas (600, a lo sumo), que son la mitad de las sondeadas por el Cemop en sus barómetros.

Las encuestas permiten a gobiernos y fuerzas opositoras orientar sus políticas, y a veces incluso reconducirlas. Basta recordar el esfuerzo del PP regional por adaptarse a una nueva realidad social con la celebración en marzo de las primeras elecciones primarias que el partido de Rajoy ensayará en España, en forma de un congreso extraordinario que tendrá por objeto reafirmar el liderazgo de Fernando López Miras, a quien su mentor Pedro Antonio Sánchez designó en su momento sin que a los 37.000 afiliados se les diera la oportunidad de legitimarlo. 

Pero estudios barométricos como los que el Cemop propone encierran otra virtualidad aún más importante para el común de los ciudadanos, porque no se limitan a aventurar cómo las distintas candidaturas se repartirán el voto, sino que reflejan también el sentir de la población respecto de asuntos polémicos que están en boca de todos. 

Nos permitirían, por ejemplo, saber si la Plataforma pro Soterramiento goza de un apoyo mayoritario en su reivindicación de que el AVE no llegue a Murcia hasta completarse el enterramiento de las vías, cómo delimitar en el Mar Menor el interés de los agricultores y la necesaria protección medioambiental de la laguna, hasta dónde nos parece que organizaciones como Podemos y Ciudadanos han satisfecho las expectativas que alimentaron en 2015, o si las primarias del PP responden a un intento sincero de profundización democrática o más bien a una operación cosmética. 

Carecemos de respuestas para estas y otras preguntas, por lo que, mientras no haya encuestas confiables que nos ayuden, seguiremos corriendo el riesgo de que los mensajes interesados de los partidos terminen por engatusarnos o el ruido de las redes sociales nos ensordezca del todo.

(*) Columnista

http://www.laverdad.es/murcia/teme-encuestas-20180218074540-nt.html 

Deuda permanente revisable / Alberto Aguirre de Cárcer *

Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado, resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera, la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública murciana. 

Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas, Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar incluso en el seno de las distintas formaciones políticas. 

Montoro, que conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación, aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región. 

Una solución que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías. Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección diferente.

Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica. Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y alcanza ya los 1,14 billones de euros. 

El pasado año marcó un récord tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá en un serio problema para todos los contribuyentes.

Algo habrá que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro (aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus beneficios. 

Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.

En este incierto contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos esenciales». 

Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas. 

(*) Periodista y director de La Verdad

http://www.laverdad.es/murcia/deuda-permanente-revisable-20180218073555-nt.html 

El "soviet carlista" de Waterloo / José Antonio Zarzalejos *

Hace muy poco, los intelectuales orgánicos del independentismo catalán manejaban la fórmula escocesa del Partido Nacionalista Escocés (SNP) como adecuada para unir fuerzas en  Catalunya. En el 2011, Alex Salmond, al frente de su formación, barrió a laboristas y conservadores y obtuvo 69 de los 129 escaños del parlamento de Holyrood, lo que le permitió negociar y lograr el referéndum de independencia de Escocia en septiembre del 2014, que perdió al rechazar la segregación el 55,4% del electorado. 

Salmond dimitió tanto de la presidencia del Gobierno escocés como de la del partido y cedió los trastos a una pragmática Nicola Sturgeon que ha aplazado sine die la reclamación de una nueva consulta.

Nadie se atrevería ahora a sugerir que en Catalunya fuese posible un Partido Nacionalista Catalán que aunase a las divididas y desconcertadas fuerzas independentistas, ni ninguno de sus dirigentes se atrevería a pedir a Carles Puigdemont que hiciese como Salmond: irse y dejar a otro líder la tarea de rescatar al país del fracaso de sus políticas y normalizar la convivencia en Catalunya y de esta con el resto de España, al tiempo que levantaría las medidas gubernamentales vigentes al amparo del artículo 155. 

Pedagogía judicial

Muy al contrario: el bloque independentista –si es que realmente fue bloque en algún momento– está resquebrajado y desunido y se comporta como el ejército de Pancho Villa, sin táctica y sin estrategia. El enfrentamiento entre JxCat y ERC ha llegado a tal grado que ya vuelve a incurrir en el ridículo. Las posiciones no son conciliables porque tanto los medios como los fines son distintos en ambas formaciones. 

Ni siquiera les une la ensoñación de la república catalana que muchos de sus gestores se han precipitado a  definir como un mero e inocuo simbolismo ante el juez Llarena. La pedagogía judicial ha hecho estragos en el separatismo catalán. Las consecuencias penales resultan, precisamente, un factor desactivador de la épica segregacionista que se ha formulado en las calles con un fervor que no ha asomado en las declaraciones judiciales.

Porque a la desunión de los independentistas se suma la erosión de su reputación en su condición de tales. Causa vergüenza ajena que Santiago Vidal se desdijera por completo de sus fanfarronadas y una inmensa pena que el otrora reputado Carles Viver Pi-Sunyer, arquitecto jurídico de la desconexión frustrada, eludiese sus responsabilidades protagónicas en el juzgado nº 13 de los de Barcelona. 

Tampoco es precisamente confortador que Puigdemont se haya convertido en el muy tradicional carnaval de la Alost (Bélgica) en la figura central del entretenimiento del desfile. Como para que algunos se quejen de las chirigotas de Cádiz. 

"Todo se ha perdido"

Como bien escribió Agustí Calvet, Gaziel, tras los hechos del 6 de octubre de 1934, "todo se ha perdido, incluso el honor". Remedando la literalidad de su artículo (publicado el 21 de diciembre de 1934), con esas palabras se pondría fin al desastroso final del ensayo independentista, que se ha cargado la autonomía –como entonces– mientras unos y otros andan buscando dónde y cuándo estuvo el error sin reconocer que fueron ellos los que lo perpetraron y con el que contrajeron, seguramente, graves responsabilidades penales. 

Hay que salvar de esta debacle ética del independentismo algunas actitudes que, como la de Oriol Junqueras, manifiestan una coherencia a prueba de retractaciones pese al tiempo en prisión provisional. Otros y otras, han contorsionado sus propias conductas, bien recientes, para echar agua al vino y convertir en una mera representación, casi festiva, los dramáticos días de octubre de 2017 que ya han pasado a la historia.

La tozudez de un hombre impune como Puigdemont, instalado en Bruselas, lejos de Estremera, está en el núcleo de una sugestión caudillista y estéril apoyada por  bonzos que, sin embargo, se cuidan de inmolarse, evitando cualquier compromiso que no sea el de la perseverancia en la inutilidad de sostener la inventada legitimidad de un prófugo supeditando Catalunya –ahí están los números, las inversiones, las empresas, la parálisis del país– a la fantasía de los atributos taumatúrgicos de su liderazgo.

Si no hay unión, si se pierde reputación, si  esa clase política sediciosa se antepone a los intereses de Catalunya, el Gobierno debiera –por tambaleante que esté– cumplir con los ciudadanos catalanes y tomar las decisiones necesarias para el progreso que le niegan los grandes patriotas de Waterloo. Unos patriotas que, como escribe Joan Coscubiela, integran un  insólito "soviet carlista" (Empantanados. Editorial Península). Léanle. 

(*) Periodista y ex director de Abc

www.elperiodico.com/es/opinion/20180217/el-soviet-carlista-de-waterloo-articulo-jose-antonio-zarzalejos-6629566

Oxfam y otras multinacionales de la caridad / Jesús Cacho *

Hace ya tiempo decidí apadrinar a un niño nacido en el seno de una familia sin recursos de un país latinoamericano. Durante años ingresé mis cuotas en una cuenta bancaria habilitada al efecto por una ONG de cuyo nombre no quiero acordarme. Mi vida trascurría en el seno de una familia feliz, tenía dos hijas cuidadas con mimo, un trabajo que cumplía mis expectativas y un entorno en el que aquella pequeña obra de caridad ahogaba los pequeños cargos de conciencia de una existencia tal vez muelle en exceso. 

De Pascuas a Ramos, la ONG me enviaba información sobre los progresos que mi ahijado iba realizando en algo parecido a una escuela perdida en la selva peruana, información que tenía su cénit a final de año, cuando recibía una felicitación de Navidad en forma de dibujo supuestamente realizado por el infantil trazo de mi patrocinado. 

Ocurrió que, tiempo después, la ONG a la que yo había estado ingresando mis cuotas fue protagonista de un escándalo morrocotudo: Aquello había sido una estafa en toda regla, y no había ni niño rescatado, ni escuela en la selva, ni familia numerosa en la miseria. Nada de nada. Había, sí, unos delincuentes que se habían lucrado con mi dinero, invertido en operaciones financieras varias, y con el de cientos de miles de ciudadanos más.

Huelga decir que el episodio me dejó vacunado de cara a futuras tentaciones de volver a ejercer la caridad por persona u organización interpuesta. No tardé en entender que las cosas funcionan de otro modo: uno paga religiosamente sus impuestos bajo la batuta amenazante del doctor Montoro, y luego el Gobierno de turno se encarga, con mi dinero y sin mi permiso, de dotar generosamente a quienes han hecho de la caridad un negocio para que se cumpla el adagio según el cual una ONG es una organización que vive de tus impuestos y que una vez al año publica un informe acusándote de estar fomentando la pobreza y la desigualdad con tu trabajo. 

Apenas unos días antes del estallido del escándalo de Haití, la ONG Oxfam fue protagonista en el marco del Foro Económico Mundial de Davos -un encuentro que reúne a lo más granado del capitalismo mundial, ese capitalismo responsable de la pobreza y la desigualdad, ese pérfido capitalismo que permite que unos pocos se hagan inmensamente ricos a costa de unos muchos, ese atroz capitalismo gracias al cual los profesionales de la caridad de Oxfam y de otras tantas ONGs viven de puta madre-, con la presentación del informe “Premiar el trabajo, no la riqueza”, en el que venían a denunciar que el 82% de la riqueza mundial generada durante 2017 fue supuestamente a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras que el 50% más pobre –3.700 millones de personas– no se benefició de ese crecimiento.

El informe, en escenario tan imponente, venía a confirmar el papel que se han atribuido estas organizaciones, en teoría “no gubernamentales” pero que dependen en buena medida del dinero que les suministran los Gobiernos, o lo que es lo mismo, de los impuestos que pagan los ciudadanos, como martillo pilón capaz de percutir sin desmayo contra un capitalismo culpable de todos los males del mundo, el más elemental de los cuales es consentir que cientos de millones vivan en condiciones muy precarias, con salarios de miseria, mientras los más ricos siguen acumulando ingentes fortunas. 

“Entre marzo de 2016 y marzo de 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo milmillonario cada dos días”. Según Oxfam, “la riqueza de la élite económica mundial creció en la última década un promedio del 13% al año, seis veces más rápido que los salarios de los trabajadores, que apenas aumentó un 2% de media anual”. 

Aclara la ONG que sus estimaciones proceden del Global Wealth Databook, publicado en noviembre de 2017, que elabora Credit Suisse, mientras que el cálculo de la riqueza de los super-riches se ha basado en “la lista de milmillonarios de Forbes publicada en marzo de 2017”, una fuente cuya utilización como aval de un estudio pretendidamente serio no puede sino producir sonrojo.

Oxfam Intermón, la sucursal española de Oxfam Internacional, hizo público también en Davos su informe sobre España, titulado “¿Realidad o ficción? La recuperación económica, en manos de una minoría”, que viene a seguir al pie de la letra el patrón aplicado en los últimos tiempos por la izquierda política y sindical para desacreditar el crecimiento del PIB español en los últimos años, utilizando para ello un argumento convertido en eslogan: “la desigualdad hace que la recuperación económica no llegue a todas las personas por igual”. 

Según ello, el 1% de los españoles más ricos acaparó en 2016 el 40% de la riqueza creada, mientras que el 50% más pobre apenas consiguió repartirse un 7%. Los beneficios empresariales, por su parte, crecieron un 200,7% respecto de 2015, mientras que el coste laboral por trabajador se mantuvo estancado. Y, claro está, cuatro nuevos millonarios españoles, hasta un total de 25, pasaron a engrosar la lista de los asquerosamente ricos de Forbes. 

El informe “español” es obra de José Moisés Martín Carretero, un economista por la Autónoma de Madrid y “activista social y político” de izquierdas muy conocido en el mundo de las ONG, alto cargo que fue de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) con el Gobierno Zapatero. El prólogo se debe a Joaquín Estefanía (¡Son el 1%!), alumno dilecto de Stiglitz y uno de esos intelectuales orgánicos, progres irredentos, cuya presencia resulta inevitable en cualquier sarao destinado a criticar duramente las injusticias de un sistema en el que esa sedicente elite vive y reina en absoluto confort.

Ideología marxista en vena

"El boom de los milmillonarios no es signo de una economía próspera, sino un síntoma del fracaso del sistema económico. Se explota a las personas que fabrican nuestras ropas, ensamblan nuestros teléfonos y cultivan los alimentos que consumimos para garantizar un suministro constante de productos baratos, así como para engrosar los beneficios de las grandes empresas y sus adinerados inversionistas”, lamenta José María Vera, director general de Oxfam Intermón, una organización que en 2017 ingreso más de 102 millones (63% fondos privados; 37% fondos públicos), el 15% de los cuales se fueron en gastos de personal, y que, según su propia promo, cuenta con 236.000 “socios, socias (sic) y colaboradores económicos”, 2.041 empresas y organizaciones sociales, 70.922 activistas (?) y 2.888 trabajadores, 1.158 de los cuales son remunerados y el resto voluntarios.

Como si del programa de un partido político se tratara, la filial española de Oxfam critica con dureza la precarización del mercado laboral “que ha permitido a los empresarios bajar unilateralmente los salarios”, apunta con justicia a las mujeres como principales afectadas por los contratos temporales y a tiempo parcial, y se atreve incluso a denunciar “un injusto sistema fiscal” como responsable de “alimentar la actual crisis de desigualdad”, reclamando al Gobierno un plan para “garantizar una fiscalidad progresiva”. 

Y una de marxismo leninismo en estado puro: “El elemento fundamental de la persistencia de esta desigualdad tanto en el mundo como en España es el desigual reparto en las ganancias de la actividad económica que persisten en manos de los dueños de capital a costa de la precarización del mercado laboral, donde los salarios y las condiciones laborales cada vez son peores”. 

La izquierda marxista, incapaz a estas alturas de defender la causa del comunismo a palo seco, parece haberse refugiado hoy en estas ONGs –hasta Cáritas participa de tales postulados- convertidas en grandes dispensadores de ideología del más rancio igualitarismo por decreto, de la crítica al empleo precario, y la censura a los vicios de un libre mercado que, muy a su pesar, ha logrado enormes avances en la reducción de la pobreza y el paralelo crecimiento del bienestar de miles de millones de seres humanos en todo el planeta.

Convertidas en uno de los instrumentos más poderosos y opacos de la escena global, determinadas ONGs han logrado monopolizar “causas sociales” en apariencia más que justas para monetarizarlas al servicio de una estructura de poder e influencia opaca las más de las veces, con el resultado de mediatizar la estrategia de las empresas y de sus propietarios, los accionistas, que para aliviar su mala conciencia “generosamente” les surten de fondos con los que cumplir los fines caritativos para los que en teoría fueron creadas. 

Algunas de esas grandes empresas han llegado a quejarse de haber recibido presiones cercanas al chantaje cuando han querido alterar la relación de dependencia que mantenían con la ONG, para toparse con la imposibilidad de escapar del círculo de hierro que hoy supone enfrentarse a estas multinacionales (Médicos sin Fronteras cuenta con 42.000 personas en plantilla, cifra que supera Oxfam) de la caridad dotadas de un enorme poder de intimidación mediático en un mundo en que el anticapitalismo ha emergido con gran fuerza.

Grupos de presión no sometidos a control democrático

Con las excepciones de rigor, las ONGs son en estos momentos unas organizaciones que reciben ingentes recursos de empresas privadas y Gobiernos, una parte importante de los cuales se quedan en el camino sin llegar nunca al destino de miseria que pretendían aliviar, como ha venido a demostrar lo ocurrido precisamente en Haití tras su devastador terremoto. 

Parte importante de los ingresos se destina a financiar una nomenclatura costosa que maximiza su nómina y su poder, hasta el punto de que algunas organizaciones a duras penas logran destinar el 50% del dinero captado a sus supuestos beneficiarios. Recibiendo buena parte de sus ingresos mediante subvenciones y ayudas directas o indirectas por parte de los poderes públicos (España dedicó en 2017 hasta 2.450 millones en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), lejos de los 5.015 presupuestados en 2009 por el Gobierno Zapatero, venga alegría, cuando la crisis ya hacía estragos en España), la idea de que las ONGs son una manifestación de la sociedad civil es una pura entelequia desmentida por la realidad. En la actualidad, son apenas grupos de presión con una agenda política y financiera propia no sometida al control democrático ni del mercado.

Su desmesurado crecimiento, en paralelo a su capacidad de presión, es también una expresión del complejo de inferioridad moral de la gran empresa, del gran empresario, de los dueños del capital, del capitalismo en suma. Todos han cedido al chantaje de esas instituciones convencidos de que la obtención de un beneficio y el suministro de bienes y servicios de la mejor calidad y al mejor precio, objetivo básico de toda empresa en cualquier mercado liberalizado que se precie, no es un argumento de base bastante, de peso suficiente para obtener respetabilidad social. 

En el fondo, a eso se dedican estas pomposas ONG capaces de dar clases de moral al más pintado: a explotar la mala conciencia de empresas y Gobiernos, el complejo de culpa de un capitalismo asilvestrado de ideas, mientras se emplean con verdadero ahínco en crearle un entorno hostil en el que cada día le resulte más difícil operar. El escándalo de los ejecutivos de Oxfam en Haití, gastando en prostitutas el dinero de sus mecenas, debería ayudar a romper el velo de silencio que rodea a estos insensatos profetas de ese dicho tan nuestro según el cual la caridad bien entendida empieza por uno mismo.

(*) Columnista

https://www.vozpopuli.com/opinion/ONG-Oxfam-multinacionales-caridad-fraude-Haiti-Escandalo-Foro-de-Davos-capitalismo_0_1109889189.html

La levadura de la CUP / Ramón Cotarelo *

Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios?

Es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina, hasta que todo hubo fermentado». (Lucas, 13: 20-21).

La CUP es la levadura que está haciendo fermentar la revolución catalana por dos vías, una positiva por cuanto simboliza la coherencia entre la teoría y la práctica y la fidelidad a los compromisos; la otra, negativa, por cuanto desmonta las estrategias represivas del Estado, especialmente en vía judicial.

La brava declaración de Mireia Boya ante el juez Llarena desmontó la estrategia de este de establecer una oscura relación entre las convicciones ideológicas de las acusadas y su suerte procesal. Boya quedó en libertad sin medidas cautelares a pesar de reafirmarse en su ideología independentista. 

 

El B155 judicial pretende justificar su estrategia afirmando que ese resultado demuestra precisamente que el Tribunal no es inquisitorial, que no se procesa a la gente por sus ideas, sino por presuntos delitos. El problema es que Boya se encuentra a este respecto en idéntica situación a los Jordis ya que si estos se subieron al techo de unos vehículos oficiales, también lo hizo Boya y si Boya está en libertad, en libertad debieran estar los Jordis. 

 

Es tan flagrante la contradicción que algunos analistas la atribuyen a un cálculo político de Llarena, el de dejar en libertad a Boya, pieza menor, en espera de echar el guante a Anna Gabriel, De ser esto cierto, aun sería peor.

Ahora es el turno de Anna Gabriel, cuya decisión respecto a su cita judicial el próximo 21, tiene pinta de incidir en el mismo palo judicial pero con aspectos de interés que pueden llevar la masa a un nuevo punto de fermentación. Se trata de una variante del tema del exilio. Y en Suiza, que no es país de la UE, lo cual, supongo, ahorra a los jueces españoles la navette de la euro-orden. Si Gabriel finalmente no comparece y es declarada en busca y captura, habrá que recurrir a la extradición o a la Interpol o al alguacil pregonero. 

 

La macrocausa política contra el independentismo lleva camino de verse en diversos escenarios y con muchos acusados en situación de rebeldía. Eso quizá ahorre al juez la necesidad devanarse más los sesos sobre la rebeldía de que quiere acusarlos, a base de encontrar un concepto tan eficaz de violencia que incluya la no violencia.

Son levadura. También catalizadores que aceleran el proceso por la legitimidad que aportan. Es rasgo de esta revolución catalana la aparente paradoja de que sean los antisistema quienes operan como factor de aglutinación y legitimación. Dan una nota de autenticidad que tiene mucha fuerza. La transversalidad del movimiento, la unidad de acción del independentismo de raíz burguesa con la izquierda republicana y la unidad popular, que las izquierdas españolas dicen no comprender, es el meollo de este movimiento. 

Hay en la acción de la CUP no solamente un objetivo actual y claro sino también un ajuste de cuentas con el pasado, del que sale la intención de no repetir los errores de 1937, cuando las gentes situadas en la misma constelación de la izquierda revolucionaria se enfrentaron entre sí en lugar de hacerlo contra el enemigo común. La República Catalana no tiene enemigos dentro, sino fuera de ella.

 

 

 

 

(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

17-A, el derecho a saber la verdad / José Antich *

Se han cumplido este sábado seis meses de los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils en los que perdieron la vida quince personas y que lamentablemente han marcado durante este tiempo la vida política y económica de Catalunya. 

Una masacre terrorista de la que desconocemos casi todo, ya que al poco tiempo del éxito policial de los Mossos se inició contra el cuerpo la campaña de descrédito más despiadada que ha padecido nunca un cuerpo policial. 

Lo cierto es que el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, fue desposeído del mando por la actuación del cuerpo en el referéndum del 1 de octubre, el conseller d'Interior, Joaquim Forn, permanece en prisión y la policía catalana tiene una dependencia jerárquica del Ministerio del Interior.

No han prosperado las comisiones de investigación ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlament y la oscuridad más absoluta se cierne sobre uno de los principales interrogantes de aquel 17 de agosto: ¿cuál era la relación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty y el CNI? ¿Era confidente del CNI cuando se produjeron los atentados? ¿Se hubieran podido evitar si los servicios de seguridad del Estado hubieran informado a la policía catalana de la condición del imán de Ripoll?

Lo más llamativo del caso es que todas estas preguntas parecen no interesar a nadie. Solo al independentismo catalán, que ha planteado con poco éxito en las Cámaras preguntas parlamentarias. ¿Cómo es posible que ni Ciudadanos ni el PSOE quieran saber la verdad? Este muro de silencio político lo único que hace es sembrar de dudas la actuación del Ministerio del Interior y del CNI. 

La pérdida de vidas humanas y la enorme conmoción que se produjo en toda Catalunya obligan a todos a esclarecer la verdad. Cuando se cometieron los atentados de marzo de 2004 en Madrid no había espacio de la vida pública, política, mediática e intelectual que estuviera en la órbita del Partido Popular que no abogara por descubrir la verdad.

¿Por qué ahora es mejor el silencio que la verdad? No deberíamos conformarnos con esta respuesta.

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-17-a-el-derecho-a-saber-la-verdad_240162_102.html 

Los afectados de la CAM, a por Luis de Guindos

ALICANTE.- Los afectados por el pufo de las cuotas participativas de Caja Mediterráneo no se rinden y han presentado ante la Audiencia Nacional nuevas alegaciones para reabrir una causa que ha sido archivada hasta en cuatro ocasiones por no hallar indicios de delito en la comercialización de un producto que dejó sin ahorros a miles de clientes de la entidad, según revela hoy El Mundo en su edición de Alicante. 

La Plataforma CAM, a través del abogado Diego de Ramón, considera que la emisión de estos títulos -similares a las acciones pero sin derechos políticos- fue una estafa masiva orquestada por la cúpula de la Caja para recapitalizar la entidad en un momento, 2008, en el que se flirteaba con la quiebra.

Y en esa operación, a juicio de los afectados, tuvo un papel relevante el entonces jefe de Lehman Brothers en España, Luis de Guindos, actual ministro de Economía y aspirante a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, un puesto que se juega esta misma semana en Bruselas. 

La Plataforma CAM sostiene en sus alegaciones remitidas al juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional que Guindos, cuya firma ejerció de bookrunner, de asesor financiero, de coordinador global y entidad colocadora y directora de la emisión de cuotas de la CAM, debe ser citado a declarar por su presunta responsabilidad en la «trama».

El colectivo ha presentado como prueba en el juzgado el vídeo del acto celebrado en mayo de 2008 en el recinto ferial IFA que sirvió a los directivos de la CAM para aleccionar e instruir a su red comercial en las tareas de venta y colocación de las cuotas entre su clientela. 

En ese acto, cuyo vídeo fue revelado por este diario, además de los principales directivos de la Caja, participó Luis de Guindos, que entre otras cosas, afirmó aquel día que se trataba de una operación que iba a «hacer historia en la economía española», que iba a quedar «en los libros de texto», que iba a ser «analizada en las escuelas de negocios y las universidades», y que la plantilla de la Caja encargada de vender las cuotas podría «alcanzar a un número de clientes de alguna forma totalmente distinto y de una forma diferenciada a lo que están haciendo» sus competidores.

La prueba nueva

Para el colectivo que reúne a cientos de personas que perdieron su dinero, el contenido del vídeo, que refleja las instrucciones de María Dolores Amorós (directora general adjunta) al personal para vender las cuotas, «es absolutamente revelador, en el sentido de que acredita la trama urdida desde la dirección de la CAM para la colocación masiva de un producto de riesgo, como son las cuotas participativas entre sus clientes, con independencia de su aptitud o no para ser titulares de las mismas, ocultando su verdadera naturaleza y condiciones, con el objetivo de asegurar una ganancia segura para la entidad».

De Ramón también ha solicitado a la Audiencia Nacional que vayan a declarar Emilio Ontiveros, presidente en aquella época de Analistas Financieros Internacionales, que intervino igualmente en el acto como asesor financiero de la caja en la operación; el exdirectivo de la CAM, José Pina, y la periodista Marta Fernández, que presentó el evento.

El abogado mantiene en su escrito que «esta nueva prueba -el vídeo del acto de IFA- acredita la existencia de un plan pre ordenado por parte de la dirección de la CAM tendente a la recapitalización ante la situación de crisis real de la entidad, por lo que procede la reapertura de la causa al objeto de la práctica de diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que procedan».

La gran distribución mantiene en España su relación comercial con 'El Pozo' aunque algunas marcas en vigilia

MADRID.-   Los principales establecimientos de la gran distribución continúan ofreciendo en España en sus lineales productos elaborados por ElPozo y supuestamente mantienen sus relaciones comerciales con la empresa murciana, que ha visto cómo supermercados belgas y alemanes ya retiraban temporalmente sus referencias hasta aclarar si garantiza el bienestar animal.

Mercadona, Carrefour, Dia, Lidl, Alcampo y Aldi tienen acuerdos con la empresa murciana. Algunas de estas marcas, caso de Dia y Lidl, incluso como proveedor de sus marcas blancas. Sin embargo, la de procedencia alemana Aldi, ha precisado que se encuentran estudiando y analizando si ElPozo sigue con los estándares de calidad que ellos exigen.

También Lidl ha trasladado a la cárnica murciana estar en contra de 'las prácticas inaceptables de maltrato animal como las que se reflejan en el reportaje de Salvados".

Y añade: "Como empresa exigimos a nuestros proveedores el cumplimiento de la normativa vigente, los más altos estándares de calidad y también estrictos controles para garantizar el bienestar animal, principios todos ellos irrenunciables para nosotros".
La de origen alemán Aldi ha ido más allá al anunciar que será ella misma la que vigile todo el proceso muy pronto.
"Ya trabajamos para decidir una política propia sobre bienestar animal, que priorizará el control y seguimiento de los productos cárnicos, lácteos, embutidos y huevos".

También con cuidado extremo parece que van a escuchar las grandes empresas de la distribución germana, como son el Grupo Rewe o la cadena de supermercados Edeka, lo que tenga que decir El Pozo sobre la incómoda situación en que le han puesto las imágenes del programa “Salvados: 'Stranger Pigs'”. 

En ese reciente programa del periodista Jordi Évole, se mostraban instalaciones de una granja de cerdos donde los animales parecían carecer de los cuidados más básicos. Los había con malformaciones y visiblemente enfermos.

“Las imágenes grabadas por Igualdad Animal (emitidas en el programa de Évole) de la granja de engorde de cerdos en el sur de España son chocantes y conmocionan”, dicen a El Español desde el Grupo Rewe, con sede en Colonia (oeste alemán).

En Alemania, compañías como el Grupo Rewe o Edeka, la mayor red de comercio minorista del país de Angela Merkel, están muy pendientes del expediente de investigación interno abierto tras el escándalo generado por el estado de los animales visto en la granja de los Hermanos Carrasco.

“Las imágenes emitidas no se corresponden en modo alguno con nuestra pretensión de un trato animal aceptable”, dicen a El Español desde Edeka, con sede en Hamburgo. “Por eso hemos pedido a El Pozo que se posicione”, aseguran.

Dispuestos a terminar la relación comercial

En el Grupo Rewe tienen similares expectativas. “Esperamos que las acusaciones queden aclaradas próximamente y sin dejar lugar a dudas”, aseguran desde la empresa en Colonia, que contempla ponerse en lo peor. “Si se confirmaran las acusaciones [de maltrato animal] contra “El Pozo” tomaríamos acciones de inmediato y terminaríamos nuestra relación comercial con la compañía”, aseguran.

“Por cuestión de principios, el Grupo Rewe no tolera ninguna violación sobre el trato a los animales, independientemente de que lo cometa un proveedor o una empresa contratada para ello”, abundan. Esos mismos principios, dicen, son los que explican que los supermercados Penny y Rewe dejen de comprar productos de El Pozo de manera provisional.

La red de supermercados de Edeka no compra como tal productos a El Pozo. “Pero debido a nuestra estructura cooperativa, sin embargo, es posible que se ofrezcan artículos [de El Pozo] a nivel regional, en supermercados individual de Edeka”, abundan desde esta empresa, cuyo volumen de negocio anual ronda los 50.000 millones de euros, algo menos que el del Grupo Rewe (unos 55.000 millones de euros).

Para El Pozo, la situación en suelo germano aún parece estar lejos de alcanzar el extremo visto en Bélgica. Allí las cadenas de supermercados Colruyt y Delhaize retiraban esta semana sus productos de la marca española, tras producirse las acusaciones contra la compañía de Alhama de Murcia. Pero eso no quiere decir que El Pozo no tenga que despejar dudas en Alemania, que constituye uno de los mercados más importantes de Europa.

María Giménez: "La Región, y Lorca especialmente, se merecen una planificación del sector ganadero"

LORCA.- La diputada regional de Podemos, María Giménez ha informado en Lorca de la iniciativa que Podemos llevará al parlamento regional para promover la planificacion de las granjas del sector porcino de modo que sea compatible con los diferentes usos y actividades que se den en las zonas donde se den estas explotaciones ganaderas.

María Giménez, ha explicado en Lorca, que esta iniciativa tiene como objetivo la elaboración de un Plan Regional de Ordenación del sector ganadero así como establecer unas directrices territoriales de estas explotaciones industriales, de modo que "en lugares como las pedanías altas del Lorca, donde están proyectadas nuevas instalaciones de granjas de cerdos, esta actividad pueda ser compatible, con otras que en están emprendiendo estos vecinos, como es el turismo rural y etnográfico"

Así, ha indicado, los diferentes sectores, pueden convivir, de una forma planificada, que supondría también una diversificación económica para muchos lugares, especialmente para Lorca, que cuenta con una importante peso dentro del sector porcino, que ha de hacer compatible con el rico patrimonio natural y etnográfico que posee y que supone una importante fuente de ingresos en el municipio.

María Giménez, ha señalado que la semana que viene, que se debate esta iniciativa, espera que se sumen el resto de grupos políticos, ya que "nos jugamos el futuro del sector de la ganadería, que no puede caer en la falta de planificación a la que nos tiene acostumbrados el gobierno del PP en todas las actividades económicas como la agricultura".

Finalmente ha señalado que "es preciso un mejor gobierno de la ganadería y los recursos que precisa, que hasta ahora se ha mostrado inexistente. La magnitud del sector, la complejidad de sus infrestructuras, el tratamiento de los purines y las enormes necesidades de agua y energía hacen necesarias fórmulas de ordenación que las hagan compatibles con otros usos del suelo, la conservación del medio ambiente y las condiciones de vida en nuestro medio rural".

MC demanda la dimisión de la alcaldesa de CT o que el PSOE regional ponga orden al constatarse irregularidades en la modificación de las tarifas del agua

CARTAGENA.- Una vez se se conoció que la alcaldesa de Cartagena había convocado una Junta de Gobierno Extraordinaria, cuyo primer punto del orden del día es: "Subsanación y consiguiente convalidación, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2017, de aprobación de nuevas tarifas de agua potable, tasas para la autorización de acometidas y servicios de alcantarillado y depuración de aguas residuales y tarifas de conservación de acometidas y contadores para el ejercicio 2018, y aceptación de la documentación presentada por Hidrogea, que confirma el referido acuerdo", sorprendentemente, cerca de las 15:00 horas, la Oficina del Gobierno municipal ha comunicado vía mail la convocatoria de una Junta de Gobierno extraordinaria para el próximo lunes, a partir de las 16:00 horas, en la que se tratará este punto. 

"Una vez más, se manifiesta el absoluto desprecio de Castejón por los trámites administrativos. Se trata de una modificación del acuerdo de 29 de diciembre de 2017 que Castejón preparó en dos días para Hidrogea, en contra del cuál votó MC por diversas irregularidades y, esencialmente, porque la alcaldesa ocultó el expediente", dice MC.

Ante esta noticia, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha manifestado que "la alcaldesa reconoce que el acuerdo que denunciamos en su día era irregular, habla de subsanación y aceptación de nuevos documentos de la concesionaria en un acuerdo que ya anunció en rueda de prensa con el portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín, comparecencia que mes y medio después se demuestra que fue un teatro".

García ha afirmado que "Castejón cesó a MC y rompió de modo definitivo el pacto de gobierno porque denunciamos la irregularidad del acuerdo, y ahora ella misma la reconoce y la subsana con documentos de la concesionaria. Ello cuatro días después de que un juez la investigue por vulneración de derechos fundamentales y sin resolver nuestro recurso de reposición".

La representante de la formación cartagenerista ha señalado que "ya hemos solicitado el acceso al expediente de la Junta, pero a falta de conocer los pormenores del acuerdo, es el momento de que Castejón dimita y pida perdón a todos los cartageneros y, por supuesto a MC, por haber mentido, por haber traicionado y por trabajar para la concesionaria. Como dijo José López, o es incapaz o es corrupta, y el tufillo del acuerdo que hoy propone es a ambas cosas".

Isabel García ha hecho un llamamiento al PSOE regional y a su líder, Diego Conesa, al que ha animado "a coger el toro por los cuernos y adoptar decisiones firmes y valientes en defensa de los ciudadanos de Cartagena y de una credibilidad que su partido ya no tiene".

Además, ha requerido a Conesa para que "si 'apaños' Castejón no dimite, la cese de modo inmediato y vuelva a la senda de la legalidad y el respeto a los pactos, reintegrando a todos los concejales de MC en sus funciones y competencias, y proponiendo un alcalde alternativo de entre los concejales socialistas".

La concejal de MC ha destacado que "esta alcaldesa puso el Ayuntamiento al servicio de las concesionarias hace siete meses; ha preferido bloquear la gestión municipal y regalar el dinero de los cartageneros que importunar a las concesionarias, quien sabe por qué turbios intereses".

"Este capítulo debe ser el epitafio de esta triste historia de incapacidades, traiciones y clientelismo político, encabezada por el PSOE y avalada por Ciudadanos y el PP, con el único afán de evitar que MC siga recuperando millones de euros de los cartageneros con una gestión responsable", ha concluido García.

El pasado 29 de diciembre de 2017, durante la sesión de la Junta de Gobierno, la alcaldesa impuso con su voto de calidad la aprobación de un acuerdo de revisión de tarifas del agua, que había sido introducido vulnerando las normas en el orden del día el 28 de diciembre.

Los ediles de la formación cartagenerista advirtieron el día anterior y el mismo día de la Junta de las irregularidades, solicitando que se les pusiera a disposición el expediente para conocerlo antes de votar, a lo que la alcaldesa se negó, aprobando un expediente de más de 40 millones de euros tramitado en dos días y ocultado a la mitad del Gobierno municipal.

Los concejales de MC pertenecientes a la Junta de Gobierno, Francisco Calderón, Ricardo Segado y María José Soler, recurrieron al Juzgado para que se reconociera esta vulneración de su derecho constitucional, recogido en el art. 23.1 de la Constitución Española, a conocer los asuntos en los que tiene que votar.

En la vista celebrada el pasado martes 6 de febrero, el Magistrado escuchó a ambas partes y a la Fiscalía, que se adhirió a la solicitud de los concejales de investigar la actuación de Castejón y el PSOE, siendo notificado el Auto el pasado lunes 12 de febrero.

En concreto, se investigará si Ana Belén Castejón, con su acelerado procedimiento de dos días, la imposición de su acuerdo y la ocultación del expediente, ha infringido este derecho constitucional.

La Policia Local efectuará una campaña especial de seguridad en el transporte escolar y de menores en CT

CARTAGENA.- La Policía Local de Cartagena realizará desde el lunes 19 al 23 de febrero, en colaboración con la Dirección General de Tráfico, una campaña especial de tráfico de seguridad vial en transporte escolar y de menores. El objetivo principal de la misma es evitar los accidentes que se producen en el ámbito del transporte escolar en el término municipal.

El 90% de los accidentes que se producen durante los trayectos del transporte escolar tienen lugar en el momento de subir o bajar del vehículo, o en los instantes inmediatos. En muchos casos, se trata de atropellos causados por una distracción del menor, del conductor del transporte escolar o de los acompañantes.

Por ello, la Policía Local va a prestar una especial atención a los vehículos de transporte escolar, donde los agentes realizarán inspecciones sobre estos autobuses (autorizaciones y documentos, condiciones técnicas y elementos de seguridad, cinturones y sistemas de retención) y sobre los conductores (permiso de conducción, tiempos de conducción y descansos), especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas.

Los controles se realizarán en todo el término municipal, garantizando así una mayor seguridad vial de todos los conductores que circulan por la vías de Cartagena.