Cuando Montoro sentenció el lunes en la comida de los barones del PP
que no habría quita para la deuda autonómica, López Miras, contrariado,
resopló: «Algo habrá que hacer». Después de que se impusiera el criterio
del gallego Núñez Feijóo y del castellanoleonés Juan Vicente Herrera,
la frase del presidente murciano sonó como aquella advertencia
celebérrima del economista Keynes: «Si yo te debo una libra, tengo un
problema; pero si te debo un millón, el problema es tuyo». En otras
palabras, que el Gobierno regional no está de entrada por la labor de
devolver los préstamos por valor de 6.700 millones recibidos del Estado
desde 2012, una cantidad que representa el 80% de la deuda pública
murciana.
Alega, como es totalmente cierto, que la Región ha estado
infrafinanciada, al igual que la comunidad valenciana o la balear, desde
que se instauró el actual modelo en 2010. Con los mercados financieros
prácticamente cerrados y una prima de riesgo en cotas estratosféricas,
Montoro creó en su momento los fondos de liquidez autonómica y de pago a
proveedores para rescatar a las comunidades autónomas, pero ahora que
llega el momento de ajustar cuentas, como paso previo a la negociación
del nuevo modelo de financiación, la batalla territorial entre las
regiones cumplidoras e incumplidoras del déficit amenaza con estallar
incluso en el seno de las distintas formaciones políticas.
Montoro, que
conoce bien a Keynes, sabe que con el 56% de la deuda autonómica en
manos de la administración central tiene un verdadero problema. Sobre
todo ante Bruselas. No puede aceptar la condonación solicitada por la
Región de Murcia, Valencia y Cataluña, porque mandaría un mensaje muy
negativo sobre el cumplimiento de las reglas fiscales. Pero tampoco
puede obviar la realidad de que una gruesa parte de los números rojos de
esas comunidades incumplidoras se debe a la insuficiente financiación,
aunque no toda, ni mucho menos, en el caso de la Región.
Una solución
que el ministro estaría barajando sería la eliminación del pago de
intereses. Entre otras razones porque es discutible que, en su calidad
de prestamista, el Estado obtenga ingresos de las asfixiadas autonomías.
Otra consistiría en aplazar ampliamente los vencimientos de la deuda de
las comunidades con el Estado, llegando incluso a plantearse, como
adelantaba ‘La Vanguardia’, que una parte sustancial se convierta en
perpetua, es decir, sin obligación de devolución ni vencimientos. Una
especie de deuda permanente revisable. Dicho eso, lo que finalmente
sucederá es imprevisible porque Montoro apunta cada día en una dirección
diferente.
Pocos asuntos públicos son más áridos y aburridos pero
a la vez tan importantes como el debate de la financiación autonómica.
Tanto como el pacto educativo o el pacto del agua. La consecución de un
acuerdo territorial en materia de financiación autonómica es crucial
para asegurar la sanidad, la educación y el resto de prestaciones
públicas básicas, que se comen prácticamente los presupuestos de las
comunidades autónomas. Desde el inicio de la crisis, la deuda pública
española, incluida la de la Administración central, se ha triplicado y
alcanza ya los 1,14 billones de euros.
El pasado año marcó un récord
tras repuntar 37.424 millones, el mayor ritmo ascendente desde 2014. Ya
representa el 98,08% del PIB nacional. Una auténtica barbaridad, aunque
se encuentra en el límite fijado por Bruselas, gracias al crecimiento de
la economía. Pero los bajos tipos de interés no durarán siempre y la
compra de deuda pública española por el Banco Central Europeo empezará a
paralizarse este mismo año. Entonces, el peso de la deuda se convertirá
en un serio problema para todos los contribuyentes.
Algo habrá
que hacer, como dijo López Miras. Por la parte que le toca al Gobierno
regional, lo primero debería ser actuar con prudencia. Como lo están
haciendo muchas familias y empresas murcianas, según se desprende del
bajo incremento del crédito bancario, algo inusual en momentos de
crecimiento económico. Quizá por la percepción de que el despegue no se
ha consolidado, las familias se decantan por el consumo y el ahorro
(aquellas que pueden) y las empresas por invertir parte de sus
beneficios.
Pero apenas se endeudan. El ministro Montoro ya ha advertido
que el fondo de liquidez autonómica tiene los días contados, de forma
que las comunidades deberán volver a los mercados financieros. Siete de
ellas ya lo hicieron en 2017. Especialmente ahora, cuando aún se
desconoce cómo será la reforma tributaria que anuncia el Ministerio para
sustentar el nuevo modelo (Montoro habla de armonización fiscal del
impuesto de sucesiones justo cuando se ha dejado aquí al mínimo
posible), o cuánto dinero recibirá la Región si hay acuerdo para un
reparto más equitativo, el Ejecutivo regional debería actuar con suma
cautela. Más aún al no estar ni siquiera asegurado un pacto
imprescindible con el PSOE de Pedro Sánchez.
En este incierto
contexto solo el hecho de que estamos en año preelectoral explica que
López Miras y su equipo hayan arriesgado tanto anunciando que bajarán el
IRPF en el plazo de un año. Hace solo unos días, el consejero Andrés
Carrillo añadía que «Murcia será la región donde menos impuestos se
paguen», pero «lo haremos de manera paulatina y responsable, siendo
conscientes de lo que supone mantener los servicios públicos
esenciales».
Son mensajes que suenan a música celestial en los oídos de
los votantes, aunque no dejan de tener un timbre inquietante en la
región campeona del déficit público cuando cada año el Tribunal de
Cuentas nos recuerda el ‘agujero’ existente en las cuentas del Servicio
Murciano de Salud o nos alerta del rampante gasto farmacéutico. La buena
noticia de que la economía regional lideró el crecimiento en 2017 no
debe llevar a la precipitación o a suscitar desmesuradas expectativas.
(*) Periodista y director de La Verdad
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