Javier García Arnaiz
Jefe del Estado Mayor del Ejército del AireCese: 3 de marzo 2017
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Autorización: 4 de diciembre de 2017
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Global Training Aviation no recibió contratos del Ministerio de Defensa. Está participada por la tecnológica IndraEduardo Gil Rosella
Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército del AireCese: 1 de diciembre 2017
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Autorización: 11 de enero de 2018
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El Grupo Oesía recibió 23,7 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargoEugenio Ferrer Pérez
Jefe del Mando Aéreo de CombateCese: 12 de mayo 2017
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Autorización: 4 de diciembre de 2017
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El grupo Indra recibió 680 millones de euros en contratos del Ministerio de Defensa mientras fue alto cargoMADRID.- De la cúpula del Ministerio de Defensa a trabajar una empresa de armas: un camino profesional que se repite con bastante frecuencia en el ejército español. La Oficina de Conflicto de Intereses, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, autorizó a tres generales de la cúpula del Ejército del Aire a trabajar para empresas de armas entre diciembre de 2017 y enero de este año, según datos publicados en el Portal de Transparencia y que recoge eldiario.es.
Javier García Arnaiz, ex Jefe del Estado Mayor (JEMA) del Ejército del
Aire, fue autorizado a trabajar para la compañía Global Training
Aviation, Eduardo Gil Rosella, ex segundo del JEMA, recibió el permiso
para incorporarse al Grupo Oesía y Eugenio Ferrer Pérez, Jefe del Mando
Aéreo de Combate, para realizar actividades privadas con la tecnológica
Indra.
Fuentes de las empresas afectadas han confirmado a
eldiario.es que los tres ex generales del Ministerio de Defensa se han
incorporado como asesores externos o consejeros dentro de las compañías.
La ley de regulación de altos cargos aprobada en 2015 establece
que estos últimos "no podrán prestar servicios en entidades privadas
que hayan resultado afectadas por decisiones en las que hayan
participado" durante los dos años siguiente a su cese como responsable
público.
La Oficina de Conflicto de Intereses no halló
incompatibilidad en ninguno de los tres casos por trabajar para una
empresa dedicada a la producción de armamento o la industria de defensa
justo después de haber desempeñado un puesto de alta responsabilidad en
el Ministerio.
Dos de esas tres compañías (Indra y
Grupo Oesía) recibieron, al menos, 695 millones de euros en 463
adjudicaciones del Ministerio de Defensa durante el periodo en el que
desempeñaron sus funciones como altos cargos del Ministerio, según datos
de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recopilados por
eldiario.es.
Global Training Aviation, con sede en
Madrid y especializada en la formación de pilotos de aviación, no ha
recibido contratos públicos del Gobierno durante ese periodo. No
obstante, la compañía está participada en un 35% por la tecnológica Indra, habitual contratista del Ministerio de Defensa.
De los 695 millones de euros, 640 fueron adjudicados por el
procedimiento más opaco posible: negociado sin publicidad. Esta fórmula
permite al Gobierno realizar adjudicaciones sin concurso público y
negociando directamente con las empresas.
Una regla más que habitual en los contratos del Ministerio, según desveló una investigación del proyecto Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio. El 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hicieron a través de esa regla.
Indra y Defensa, un negocio opaco de 750 millones
Eugenio Ferrer, ex jefe del Mando Aéreo de Combate, recibió el 4 de
diciembre el permiso para trabajar para la multinacional Indra. Fuentes
de la compañía han confirmado a eldiario.es que Eugenio Ferrer colabora
como "asesor externo" y su incorporación se debe a su "alto conocimiento
y experiencia en aspectos técnicos, tecnológicos y de mercado".
Indra, con una facturación anual cercana a los 3.000 millones de euros,
es la principal empresa tecnológica española. Desde 1999 forma parte
del Ibex-35 y lleva "más de 30 años desarrollando soluciones tecnológica
en el sector de la defensa", según explica su página web.
Es, además, uno de los principales contratistas del Ministerio de
Defensa. Entre 2012 y 2017 recibió 750 millones de euros en
adjudicaciones del Ministerio, incluyendo las uniones temporales de
empresa en las que ha formado parte. En el periodo en el que Ferrer fue
alto cargo en Defensa, Indra percibió 680 millones de euros.
El mes dorado para la tecnológica llegó en diciembre de
2015, cuando sumó adjudicaciones por más de 300 millones. Entre
ellos, el contrato para desarrollar los sensores y el sistema de combate
de la fragata F-110 de la Armada, otro por un centro de simulación para
los helicópteros NH-90 y se adjudicó los programas tecnológicos de los
vehículos blindados VCR 8x8.
Este jugoso negocio de
Indra con el Ejército español se tramitó en las más oscura opacidad. El
73% de los contratos adjudicados a la tecnológica española desde 2012 se
hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. Con esta
regla, el Ministerio se evita sacar a concurso las adjudicaciones y
negocia directamente con las empresas.
Oesía, la tecnología detrás de un misil
Gil
Rosella, ex segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, se
incorporará como consejero dentro del Comité de Estrategia del Grupo
Oesía, según han confirmado fuentes de la compañía. Apenas un mes
después de su cese como alto cargo, recibió el permiso del Gobierno para
asesorar al grupo empresarial. La Oficina de Conflicto de Intereses no
halló incompatibilidad en su incorporación.
Oesía, a
través de su filial especializada en ingeniería aplicada a seguridad y
defensa Tecnobit, es contratista regular del Ministerio de Defensa.
Entre 2012 y 2017, la compañía percibió casi 32 millones en
adjudicaciones, de los cuales 23,7 millones fueron adjudicados durante
el periodo en el que Gil Rosella desempeñó puestos de alta
responsabilidad en el Ministerio.
El contrato más jugoso se lo adjudicó junto con Indra
para desarrollar los sensores infrarrojos de los misiles de la fragata
F-110. El Ministerio de Defensa adjudicó este desarrollo tecnológico a
la unión empresarial por 9,7 millones sin concurso ni publicidad.
Fuentes del Grupo Oesía aseguran a eldiario.es que la compañía opera en
el mercado con "total transparencia" y defiende que la empresa cuenta
con una "trayectoria de 40 años en el mercado y es ampliamente
reconocida dentro y fuera de nuestas fronteras".
El
86% de las adjudicaciones del Ministerio al grupo Oesía se hicieron a
través del procedimiento negociado: la regla más opaca posible.
La Oficina que nunca ve conflicto de intereses
Esta, además, no es la primera vez que la Oficina de Conflicto de
Intereses autoriza a militares y altos cargos del Ministerio de Defensa a
trabajar para empresas de armas. Tal y como publicó eldiario.es,
los Gobiernos de Zapatero y Rajoy permitieron a siete ex altos
responsables de Defensa a trabajar para compañías como Airbus, Santa
Bárbara, Indra o Explosivos Alaveses entre 2007 y 2015.
Aunque la ley establece que los altos cargos "no podrán prestar
servicios" en empresas "afectadas por decisiones en las que hayan
participado", la Oficina permitió que se incorporaran a contratistas
habituales de la cartera ministerial.
La Oficina es
la encargada de fiscalizar las actividades privadas de los altos cargos
que han cesado de sus responsabilidades. En diez años, apenas ha vetado
el paso al sector privado en ocho ocasiones, según datos obtenidos de
una petición de información enviada por eldiario.es a través del Portal
de Transparencia.
Tal y como adelantó eldiario.es,
la Oficina de Conflicto de Intereses solo ha vetado el 2% de las
resoluciones referidas a altos cargos que querían realizar "actividades
privadas" tras su cese.
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