martes, 13 de febrero de 2018

El PP aragonés asegura que el trasvase del Ebro «es un tema ya finiquitado»

ZARAGOZA.- El presidente del Partido Popular (PP) en Aragón, Luis María Beamonte, aseveró este martes que "el trasvase es un tema ya finiquitado" y emplazó al PSOE a consensuar "un gran pacto por el agua" para el conjunto de España.

"No al trasvase del Ebro, sobran las palabras", subrayó Beamonte, observando que "ni hay manos, ni tiempo, ni dinero" para llevar a cabo esta actuación.
Momentos antes de reunirse con su Grupo Parlamentario de las Cortes de Aragón, Luis María Beamonte apostó por consensuar un documento de política hidráulica entre todas las comunidades gobernadas por el PP para ofrecer al PSOE que se incorpore a un gran pacto, negociándolo, y ha considerado que "si es por consenso, podrá salir adelante" y en caso contrario "difícilmente" se podrá conseguir.
Los populares aragoneses seguirán defendiendo lo que creen "justo y procedente", indicó Beamonte, haciendo hincapié en que "no vamos a renunciar a que se ejecuten todas las obras del Pacto del Agua" ni "al presente y el futuro que el agua depara al conjunto de la Comunidad".
El documento de política hidráulica que prepara el PP "no es trasvasista", sino que "analiza la realidad del agua", que es "un elemento vertebrador para todos los territorios" y que "sirve para combatir la despoblación", puntualizando que "cada uno tiene que aprovechar sus recursos, fortalezas y singularidades", dijo.
El líder del PP Aragón ha recalcado que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, "dijo que se haría por consenso".

El Gobierno autónomo defiende que la infrafinanciación de la Región «se tiene que compensar»

MURCIA.- El Gobierno regional reconoce que una parte de la deuda y del déficit de la Comunidad Autónoma "a lo mejor no se puede mutualizar" pero cree que la parte que obedece a los 200 euros que la Comunidad recibe de menos por cada habitante y año debido al modelo de financiación autonómica "se tiene que compensar".

"Y es por lo que vamos a seguir trabajando", señaló Arroyo, quien indicó que "nosotros nos conformamos con que se nos reconozca que una parte del déficit y la deuda que arrastra la Región de Murcia se debe a la infrafinanciación".
Arroyo contestó de esta forma en una rueda de prensa al ser preguntada por las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien garantizó este lunes a los barones territoriales del Partido Popular que no habrá quita de deuda autonómica en el nuevo sistema de financiación.
Arroyo recordó que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió este lunes a la reunión con Montoro en la que se analizaron temas "trascendentales" para la Región de Murcia, entre ellos el de la financiación autonómica o el agua. 
En materia de financiación autonómica, reconoció que el ministro pudo exponer los avances que se están realizando para llegar a ese acuerdo necesario con el PSOE para poder aprobar un nuevo modelo.
Para la Región, Arroyo indicó que esta reforma del sistema de financiación autonómica "es urgente", como siempre ha mantenido el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ya que Murcia es la Comunidad uniprovincial "más castigada desde 2009 por el sistema de financiación autonómica y la segunda comunidad más castigada".
Arroyo reconoce que se tendrán que analizar las circunstancias de cada comunidad, pero destacó que uno de los datos que se puso sobre la mesa este lunes en la reunión con Montoro es que "el déficit de la Comunidad de Murcia se puede demostrar objetivamente que se debe sólo a un motivo, y es que nosotros recibimos cada año por habitante 200 euros menos que la media nacional".
Todo ello "para hacer frente a los mismos servicios públicos: a la Educación, a la Sanidad y a la política social", según Arroyo, quien indicó que las comunidades mejor financiadas reciben un 50% más de fondos para prestar esos mismos servicios.
En este sentido, el Gobierno murciano defiende "que se condone y que se mutualice esa deuda de cara al pasado para poder reconocer que hay un problema de infrafinanciación y que nosotros tenemos que seguir prestando los mismos servicios, porque nuestros ciudadanos merecen el mismo trato que el resto de españoles".
"A la hora de afrontar el futuro nunca vamos a ser un Gobierno que pida quitar", según Arroyo. Al contrario, señaló que el Ejecutivo murciano pide "poner más recursos a disposición de las comunidades autónomas y que esa distribución se produzca de manera más justa".
"Y nosotros proponemos llegar a un acuerdo con el PSOE, no como pasó en 2009", cuando salió adelante "una financiación autonómica sin el respaldo del otro partido mayoritario", según Arroyo.
"Eso es lo que defendió ayer López Miras y lo que va a seguir reivindicando ante Montoro, ante el presidente del Gobierno de España y ante cualquier otro presidente autonómico, porque es lo justo para esta Región y porque se demuestra que hemos hecho un gran esfuerzo por reducir el déficit 345 millones de euros en los últimos tres años", tal y como aseveró la portavoz.
A su juicio, "ya solo nos queda reconocer la financiación que necesitamos para que cada ciudadano reciba ese servicio público al que tiene derecho".

El Ayuntamiento de Cartagena convoca 15 plazas de Policía Local


CARTAGENA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) ha publicado las bases específicas para la selección de 15 plazas de agentes de la Policía Local del Ayuntamiento de Cartagena mediante oposición libre. La presentación de las instancias se podrá llevar a cabo 20 días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Según consta en el documento de las bases publicado en el BORM, los requisitos para poder hacer las pruebas de acceso son tener nacionalidad española, haber cumplido los 18 años y no exceder la máxima de jubilación, tener una talla mínima de 1,70 metros para hombres y 1,65 para mujeres y estar en posesión del Título de Bachiller, Formación Profesional o 2º Grado equivalente.
Asimismo, los aspirantes deberán estar en posesión de los permisos de conducir "A" o "A2" y "B", no podrán estar inhabilitados para ejercer la función pública y no podrán padecer impedimentos médicos que imposibiliten el ejercicio de sus funciones. Además, deberán carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
El proceso de selección se llevará a cabo mediante oposición libre y constará de tres fases: oposición, reconocimiento médico y curso selectivo. Las bases han fijado que la primera fase consistirá en 4 ejercicios; las pruebas de actitud física, la prueba de aptitud psicotécnica, el ejercicio escrito y el ejercicio oral. Posteriormente se convocará el certificado médico, que tiene carácter eliminatorio, y finalmente, el curso selectivo.
El Tribunal calificador de las pruebas estará formado por el presidente, un funcionario de carrera del Grupo A; los vocales, el Jefe de la Policía Local de Cartagena y dos funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Cartagena, uno de ellos perteneciente a la Clase Policía Local; y el vocal secretario, el Director de la Oficina del Gobierno Municipal o un Técnico de Administración General designado por el Gobierno Municipal.

Arrancan los trabajos para recuperar los fondos marinos en Los Alcázares, Los Urrutias, Los Nietos y Villananitos

MURCIA.- La Consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente informó este lunes en el Comité de participación social del Mar Menor de los próximos trabajos que se realizarán para la recuperación de fondos marinos en las zonas de Los Alcázares, Los Urrutias, Los Nietos y Villananitos y que arrancarán en los próximos días, según informaron fuentes regionales.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con la supervisión de distintos grupos de investigación integrados en el Comité de asesoramiento científico del Mar Menor, es recuperar estas zonas y eliminar los sedimentos y fangos que quedaron depositados con motivo de las lluvias torrenciales de diciembre de 2016 y enero de 2017.
Así, el consejero de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, Javier Celdrán, ha considerado "importante" estas actuaciones de recuperación de fondos marinos "en zonas en las que hemos comprobado que se depositaron gran cantidad de sedimentos". Para realizar estas actuaciones, "hay un importante trabajo previo de comprobación para poder ejecutarlos con las mayores garantías".
De este modo, ha asegurado, "estos trabajos serán muy meticulosos y con un amplio beneficio ecológico para el ecosistema, tal y como se pudo demostrar en la Albufera de Valencia".
En concreto, se ha diseñado un modo de ensayo que permitirá definir la técnica a emplear utilizando tecnología finlandesa ya empleada con éxito en la Albufera de Valencia, y maquinaria anfibia. Para ello, explican desde el Gobierno regional, se utilizará un sistema de succión que discriminará el material a retirar y permitirá extraer sólo lo que perjudica la recuperación del fondo marino.
En el diseño de este ensayo, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imida) ha realizado batimetrías con drones submarinos en estas zonas, así como la caracterización e identificación de los sedimentos del fondo marino e incidencia sobre el fartet y otras especies, realizados por investigadores de la Universidad de Murcia.
Además, se ha realizado un manual de procedimiento para realizar los trabajos, que incluye que los sedimentos se almacenarán en un geotubo especial de polímero y su posterior depósito en un vertedero autorizado.
"En definitiva, se han adoptado todas las precauciones necesarias para poder hacer estos ensayos de recuperación de fondos marinos sin que se produzca afección a la biodiversidad del Mar Menor, contando para ello con grupos de investigación integrados en el Comité de asesoramiento científico del Mar Menor", ha puntualizado Celdrán.
El objetivo en Los Alcázares es la recuperación de fondos marinos con la retirada de sedimentos entre el Club Náutico y el espigón más al norte; en Los Urrutias se realizará entre el Club Náutico y Punta Brava; en Los Nietos se realizarán ensayos en la zona del puerto; y en Villaenanitos se pretende el tratamiento de lodos mediante la aportación de arena. Estas actuaciones cuentan con la autorización de la Demarcación de Costas del Estado.

El PSRM pide a la Comunidad Autónoma que "elabore y presente la Ley Integral del Mar Menor"

CARTAGENA.- El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho estar "satisfecho" con la decisión que se ha adoptado este martes en la Comisión Especial sobre el Mar Menor porque ha logrado, como propuso el PSRM, "que sea el Gobierno regional el que elabore y presente en el plazo más breve posible la Ley Integral para la gobernanza y la protección del Mar Menor".

El diputado regional Antonio Guillamón ha explicado que la Comisión se ha comprometido a redactar una serie de directrices y orientaciones para trasladarlas al Gobierno regional y que le sirvan de ayuda para la redacción de la norma, según informaron fuentes del PSRM en un comunicado.
Guillamón ha lamentado que el Grupo Parlamentario Popular "siga empecinado en poner palos en las ruedas" a la redacción de esta ley y siga focalizando en el sector agrícola el problema de la contaminación de la laguna.
"El PP ha propuesto que vengan más comparecientes a la Comisión, todos ellos vinculados al sector agrícola. No nos oponemos a que haya más comparecencias, pero esta ley tiene que ser integral y abarcar a todos los sectores que han influido o que tengan algo que aportar para poner solución", ha señalado.
Guillamón ha mostrado su esperanza de que la ley sea pronto una realidad y "que de una vez el PP cumpla con su responsabilidad como Gobierno y la traiga pronto a la Asamblea Regional".

Cachá visita a Luisa Cabello, de 103 años, la maestra más longeva afiliada al sindicato ANPE


MURCIA.- La consejera de Educación, Juventud y Deportes, Adela Martínez-Cachá, visitó hoy en su domicilio a la maestra más longeva afiliada al Sindicato independiente (ANPE), que tiene 103 años, Luisa Cabello, y que desarrolló durante casi 50 años su labor profesional.

Luisa Cabello fue homenajeada recientemente por el sindicato de profesores ANPE durante la Gala del Docente, pero debido a su avanzada edad no pudo asistir. 
Martínez-Cachá la visitó como "reconocimiento a toda una vida dedicada a la docencia con entrega y pasión".
Luisa Cabello Aparicio nació en 1914 en Novelda, Alicante, comenzó a dar clase en 1936 en Lorca, y en 1948 continuó su carrera en Albudeite, en el colegio ´Nuestra Señora de los Remedios´, donde llegó a ser la directora del centro y desarrolló su labor profesional hasta 1980, año en que se jubiló.

El especulador Trinitario Casanova, a un paso del banquillo

MURCIA.- El Juzgado de Instrucción nº 8 de Murcia ha concluido la fase de investigación de un supuesto fraude de 9.947.163,76 euros a la Hacienda Pública en la liquidación del IVA y del Impuesto de Sociedades entre los años 2004 y 2006 del Grupo Inversor Hispania (GIH), que presidía entonces Trinitario Casanova, y la firma Baltirén S.L.

El auto, que declara terminada la instrucción, ordena la continuación de la fase preparatoria, previa a la eventual apertura del juicio oral, contra 18 personas por presuntos delitos de defraudación tributaria, delitos contables y delito continuado de falsedad. Según la resolución, todos ellos habrían actuado bien como autores directos, bien como cómplices o cooperadores necesarios.
Igualmente, el magistrado titular ordena la continuación del procedimiento penal contra 18 empresas como posibles responsables civiles subsidiarias.
La causa es el resultado de la acumulación de dos denuncias. La primera se centra en el Grupo Invensor Hispania, siendo el administrador el investigado Trinitario Casanova.
Según la resolución que cierra la investigación, éste se habría concertado con otras personas y sociedades para defraudar a la Hacienda Pública por dos vías: simular trabajos en terrenos de su propiedad y falsas intermediaciones en la venta de fincas.
A través de terceros se emitieron facturas con cargo al grupo, con todos los requisitos formales -explica el auto- para generar gastos empresariales y reducir la base imponible del Impuesto de Sociedades, a la vez que aparentaban conceptos de IVA soportado para deducirse en períodos siguientes o minorar las cuotas a ingresar.
La resolución cifra en un total de 9.012.782 euros la cantidad que se habría podido defraudar.
Y la segunda investigación, que inicialmente correspondió a un juzgado de Madrid y posteriormente fue acumulada a esta causa, hace referencia a Baltirén S.L. y, según la resolución, el fraude podría alcanzar los 934.381,49 euros.
El magistrado titular, sobresee la causa respecto a una de las inicialmente investigadas y declara prescrita la responsabilidad penal respecto a otros dos.
Un último investigado, falleció durante la instrucción de la causa.
Con esta resolución se da traslado de las diligencias a las acusaciones para que en el plazo de 20 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa.

Montoro garantiza la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil en tres años

MADRID.- El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha garantizado en los micrófonos de 'La Linterna', en la Cadena COPE, que en los próximos tres años se llevará a cabo la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con las policías autonómicas, y que ya se empezará a notar en la nómimca en este 2018. 

Así se ha pronunciado cuestionado por a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, el responsable de Hacienda ha apuntado que no se avanza en la negociación por las dos condiciones que ha puesto Ciudadanos -la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los cuerpos de seguridad autonómicos y la renuncia a su puesto de la senadora Pilar Barreiro, investigada en el Supremo-, y que de no salir adelante, "el Gobierno actualizará elementos fundamentales de los Presupuestos por Real Decreto Ley".
Entre esos elementos fundamentales, Montoro sitúa esa demanda de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para ello, el responsable de Hacienda ha explicado que desde su ministerio se está negociando con los sindicatos públicos como Comisiones Obreras o UGT y desde el Ministerio del Interior se están hablando con los sindicatos policiales. 
Cuando se alcance un acuerdo, según Montoro, será cuando la negociación se traslade a las formaciones políticas.

El Ayuntamiento de Palma antepone el conocimiento del catalán a los requisitos sociales en sus contratos


PALMA.- El Ayuntamiento de Palma exige el uso del catalán en todos los contratos municipales a pesar de que se muestra laxo con otros aspectos relacionados con cuestiones de carácter social o medioambiental, adelanta hoy la edición balear de El Mundo

Menos incumplir la normativa que exige el uso del catalán a todas las empresas contratadas por el Consistorio en sus relaciones con la administración y con el público en general, la coalición de gobierno -socialistas, nacionalistas y Podemos-, que controla desde mediados de 2015 la capital balear, está dispuesta a pasar la mano con todo. Incluso vulnerando las cláusulas sociales y medioambientales incluidas en la misma normativa, y aprobadas hace un año por ese mismo gobierno municipal, al frente del cual está el alcalde nacionalista Antoni Noguera (en la imagen).
Se trata de una instrucción para la contratación pública con responsabilidad social, medioambiental y lingüística, que además del catalán exigía a las contratas municipales otras cuestiones. Entre ellas, garantizar criterios de accesibilidad universal; de igualdad de derechos laborales; de favorecimiento de la contratación de personas con discapacidad; de igualdad entre mujeres y hombres; de ausencia de lenguaje sexista o de ayuda a la contratación de personas con dificultad de acceso al mercado laboral. Pero, en la práctica, mientras en todos los contratos se exige el cumplimiento de las cláusulas lingüísticas, en un 40% de los mismos no se exigen las medioambientales ni las sociales. En este caso, el denominado Pacto de Progreso de Cort opta por eliminarlas.
La cláusula en favor del catalán exige entre otras cuestiones a los licitadores que el uso de esta lengua sea referente obligado a la hora de entregar toda la documentación técnica de un concurso al Consistorio; que las empresas subcontratadas la utilicen en los rótulos de las plazas, publicaciones, avisos y otras comunicaciones al igual que en la megafonía, etiquetaje o embalaje.
Pero además, el equipo de gobierno pone como condición que la empresa contratada tenga personal de atención al público con un conocimiento suficiente para llevar a cabo en lengua catalana las tareas de atención, información y comunicación. Sólo si el Consistorio lo considera oportuno aplicando las previsiones del reglamento municipal de normalización lingüística, se deberá añadir el castellano u otras lenguas.
La preeminencia exclusiva del uso del catalán a la hora de contratar con el Consistorio fue denunciada ayer en rueda de prensa por la portavoz y concejal del PP de Palma, Marga Durán. La edil consideró que no tiene sentido que las empresas que quieran contratar con el Ayuntamiento, «además de presentar toda la documentación en catalán, tengan que realizar las comunicaciones internas, la rotulación o el servicio de megafonía en catalán» porque «entendemos que en nada contribuye a mejorar el servicio».

Horas críticas de Margarita Robles al frente del grupo socialista en el Congreso

MADRID.- El martes pasado, en la vuelta al trabajo de sus señorías, un joven y desconocido diputado del PSC, Marc Lamuà, fue ovacionado por la bancada socialista como pocas veces en la presente legislatura.  Y algo alivió la sensación depresiva que vive una buena parte de la misma a juicio de www.esdiario.com.

"El CIS no ha sido para nosotros malo, pero tampoco bueno", confiesa a ESdiario un veterano diputado del PSOE para resumir el estado de ánimo de los parlamentarios de Pedro Sánchez. Buena parte de ellos tiene su mirada fijada en su portavoz, Margarita Robles. "No ha cuajado", reconoce este diputado andaluz, que sentencia mordaz: "Aquí no tenemos ni voz ni rostro".
Otro diputado del PSOE recordaba este miércoles la "anomalía histórica" que vive el grupo parlamentario socialista. Algo que no se veía en el Congreso desde hace décadas: el secretario general no es diputado y por tanto no tiene asiento en la Cámara. Es por eso que muchos en la bancada socialista reprochen a Margarita Robles no estar a la altura de las circunstancias que exigen que se convierta en la voz alternativa de Sánchez en el hemiciclo.
Un sector de los diputados la acusan de "ir por libre". Un ejemplo. La semana pasada, durante la reunión de grupo parlamentario que presidio Sánchez, varios diputados le reprocharon que votara a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de Spanair, ocurrido en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Bien es cierto que esta era una demanda histórica del PSOE canario pero Ferraz la considera ahora "inoportuna y extemporánea".
Tampoco ha gustado la contundencia con la que Robles rechazó la candidatura al BCE del ministro Luis de Guindos. "Un absoluto desprecio a las mujeres", denunció en los pasillos. Pero en los corrillos posteriores al pleno, algunos veteranos diputados ligados a la vieja guardia recordaban que los dos grandes partidos siempre han ido de la mano cuando han habido promociones internacionales de este tipo.
Ese mismo sector se declara "perplejo" ante la estrategia de oposición diseñada en común por Robles y la vicesecretaria general, Adriana Lastra. Nadie entiende la elección de los temas de las preguntas a Rajoy, el momento más mediático. El famoso minuto de telediario.
"Miércoles tras miércoles pasamos desapercibidos", se lamenta a este diario otro diputado. Los diputados reprochan que Robles haya "abdicado" de enarbolar los casos de corrupción del PP contra Rajoy, dejando todo ese campo a Podemos. Y tanto en la sesión de control como en la comisión que investiga el caso Bárcenas, en la que el PSOE está manteniendo un perfil bajo. 
Robles, cuya designación como portavoz ya fue objeto de una intensa discusión en el grupo parlamentario -ni siquiera se ha afiliado al partido-, no ha conseguido rodearse de un equipo fiable y con capacidad y proyección mediática. Y los socialistas se han visto arrollados tanto por la habilidad de Podemos para la comunicación en los medios y en las redes sociales, como por la espectacular irrupción de Ciudadanos y Albert Rivera tras la victoria en Cataluña el 21-D.
Pero tampoco en el sector más próximo a Sánchez y más a la izquierda del PSOE se está satisfecho con el trabajo de Robles. Estos diputados critican la falta de sinergia con Podemos. Y ponen como ejemplo el fracaso absoluto de uno de los acuerdos estrella que Sánchez e Iglesias alcanzaron antes del verano pasado: la mesa de coordinación que Robles e Irene Montero iban a presidir para pactar conjuntamente las grandes iniciativas de la oposición.
Lejos de mantener una comunicación fluida con el partido morado, Robles ha visto cómo Podemos le robaba en el registro de la Cámara algunas iniciativas estrella anunciadas por Sánchez como el impuesto a los bancos -rebautizada por Iglesias como "recargo de solidaridad a las entidades de crédito"-, la llamada ley de emergencia habitacional de familias vulnerables o la ley sobre la revalorización de la pensiones.
Mientras Sánchez se encuentra inmerso en su gira por las "asambleas abiertas" con la militancia, este martes anunció un nuevo paquete de iniciativas parlamentarias que resucite la presencia del PSOE en el Congreso y el Senado. Y muchos dudan que Robles sea capaz de "ponerles voz". Más cuando el Parlamento va entrar en semanas en una larga precampaña electoral.

El Supremo establece en un 45% el mínimo de discapacidad para la jubilación anticipada

MADRID.-El Tribunal Supremo ha aceptado que quienes padezcan un mínimo del 45% en su grado de discapacidad podrán acceder a la jubilación anticipada siempre que la valoración de su carencia no haya variado durante un tiempo suficiente, debido a que se les podrá aplicar el decreto que así lo fija.

La sentencia que señala esta doctrina, que ha sido divulgada por la Asociación El Defensor del Paciente y por la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite), afecta a todos aquellos ciudadanos incluidos en el decreto 1851/ 2009, relativo a, entre otros colectivos, las víctimas de la talidomida.
El citado decreto afecta a las personas que padezcan una discapacidad en relación con las siguientes enfermedades: "Discapacidad intelectual (antes retraso mental), parálisis cerebral, síndrome de Down, síndrome de Prader Willi, síndrome X frágil, osteogénesis imperfecta, acondroplasia, Fibrosis Quística, Enfermedad de Wilson, Trastornos del espectro autista,  anomalías congénitas secundarias a Talidomida, secuelas de polio o síndrome postpolio".
En síntesis, nuestro Tribunal Supremo (TS) se hace eco de aquellas situaciones en las que se encuentran muchos trabajadores a quienes, padeciendo alguna de estas enfermedades y un grado de discapacidad superior o igual al 45% a la fecha de solicitud de la jubilación anticipada, no les había sido concedida ésta porque no acreditaban haber trabajado 15 años desde que padecen la discapacidad.

El Gobierno ultima un tijeretazo en nóminas con las nuevas oposiciones

MADRID.- La administración pública en España puede reducir de un día para otro una carga importante en las nóminas de sus funcionarios.

Si las oposiciones masivas, convocadas por toda la administración pública este año, son ganadas de forma mayoritaria por jóvenes sin experiencia laboral, el Gobierno recortará de cuajo una buena parte de los trienios y sexenios que paga a los actuales interinos por antigüedad.  Se trataría del mayor recorte laboral encubierto en España, y sería legal y avalado por Europa.
Los interinos que llevan hasta 20 años trabajando para la administración pública están convencidos de que las condiciones de las nuevas oposiciones han sido diseñadas para barrerlos, según economiadigital.es.
En las próximas oposiciones, los trabajadores interinos que no logren una nota mínima de corte no pasarán a la siguiente fase, donde su experiencia será ponderada para darles mayores posibilidades de ser contratados.
“Estamos convencidos de que hay esa intencionalidad”, explica Fernando Pellicer, portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza, el mayoritario en el sector de la educación. “Se ha diseñado el proceso en contra de los intereses de la mayoría de interinos, que son más caros porque tienen más antigüedad”, añade Miguel Ángel Lorenzo, portavoz de Somos Sindicalistas.
De los nueve profesores que trabajan en el centro de educación para adultos de San Sebastián de La Gomera, en Canarias, siete podrían quedarse sin trabajo en junio. Todos son funcionarios interinos, es decir, cubren temporalmente una plaza que será asignada de forma definitiva mediante concurso de oposición.
El centro, de buenas a primeras, podría perder a sus siete profesores experimentados para quedarse prácticamente con docentes jóvenes y sin experiencia, mucho más baratos que la actual plantilla
“Tenemos que prepararnos para las oposiciones que son básicamente una prueba de memoria. Tenemos trabajo y otras obligaciones, lo que nos hace estar en desventaja con jóvenes sin trabajo que tienen todo el día para memorizar y tener el conocimiento más fresco”, explica Susana Guía, una de las siete profesoras del centro educativo que se medirán en junio en la mayor convocatoria de oposiciones realizada por el Gobierno de Canarias.
 "Se trata de un examen netamente memorístico que nos perjudicará si entran muchos aspirantes que no están en los listados de interinos", añade David Hernández, otro profesor interino de 42 años. 
La mayor parte de los centros educativos en España se enfrentan a la misma situación. Este año está prevista la presentación de exámenes de oposiciones masivas para cubrir las plazas que han estado vacantes durante años y que nunca han salido a concurso. Y los profesores interinos, que rondan entre el 25% y el 30% del total, llaman a la protesta contra el actual sistema de selección.
“En cualquier empresa privada, si quieres optar a un puesto, la primera pregunta que te hacen es qué experiencia tienes en cargos similares. En este caso, las oposiciones masivas servirán para premiar a quienes salgan bien en unas pruebas memorísticas. Y no necesariamente serán los que están mejor preparados”, explica Fernando Pellicer, del sindicato de maestros.
Los funcionarios interinos están en pie de guerra en toda España. La semana pasada fueron convocados paros en Andalucía y en Asturias de un centenar de interinos que han llevado el proceso a los tribunales.
Mientras tanto, los despachos de abogados intentan generar una ola de demandas contra la administración para que se le reconozca la condición de indefinidos a los funcionarios interinos que llevan más de tres años en su mismo cargo. Ya hay sentencias favorables pero los interinos siguen sin tener claro si, en el caso de perder sus oposiciones, podrán seguir trabajando para la administración.

'Luz y taquígrafos' sobre los abusos en los contratos bancarios o eléctricos

MADRID.-El pleno del Congreso va a empezar a debatir este martes un pacto estatal de contratación en el consumo —impulsado en noviembre por la asociación de usuarios Adicae y traducida ahora por el PSOE en una Proposición de Ley— que quiere solucionar, precisamente, que usted tenga que cruzar los dedos y abandonarse a la suerte a la hora de hipotecarse, suscribir un seguro, abonarse a una eléctrica o aceptar la oferta de una compañía telefónica, según recuerda 20 Minutos
"Transparencia no solo dar más información", ha explicado este lunes Manuel Pardos, presidente de Adicae. "Una ley de transparencia en los contratos permitiría al usuario defenderse de la publicidad e información engañosa que ahora ofrecen, por ejemplo, a quien acepta una hipoteca fijo-variable, que pagarán más los primeros cinco años al aplicarse ahora un tipo fijo... y seguirán pagando más cuando los tipos suban y se convierta en variable".
Tampoco volvería el Supremo a considerar que un cliente "atento y perspicaz" debería haber buscado en Internet el significado de contratar una hipoteca referenciada al índice IRPH —como dijo el alto tribunal en una reciente sentencia que supuso un mazazo para un millón de afectados— porque con esta ley, según propone Adicae, se articularían mecanismos para que el ciudadano supiese las consecuencias de lo que ha contratado.
Y es que el concepto manejado va más allá de la transparencia. Se denomina "transparencia material" y trata de asegurar que el usuario no solo recibe la información, sino que la comprende. "Con una ley así, no volveríamos a ver problemas judiciales masivos como ha sucedido con las cláusulas suelo o las preferentes", dice Pardos, que lamenta que la banca "no quiere oir hablar de transparencia, solo de información, información e información".
"La mera transparencia no debe servir para validar los abusos", apunta el registrador de la propiedad Carlos Ballugera. "Por mucho que un contrato hipotecario diga en una cláusula que los intereses de demora por impago se elevan al 40%, esa supuesta transparencia no debe obviar el carácter abusivo de esta cláusula".
Por supuesto, al consumidor siempre le queda la Justicia. Así lo han hecho los afectados por las cláusulas suelo, preferentes, IPRH o multidivisa. Pero no deja de ser un engorro judicial y un esfuerzo de tiempo que no todos los consumidores pueden hacer. "El juzgado no puede ser el único medio para declarar la nulidad de una cláusula ilegal", dice Pardos. De ahí que la ley que propone Adicae y que el PSOE lleva mañana al Congreso tenga un carácter preventivo para evitar los abusos antes de que se cometan y salir así de la antigua doctrina del 'vicio de consentimiento'.
El objetivo final, según Adicae, es hacer de España un país modélico en la transparencia de los contratos que firmamos a diario con los bancos, las eléctricas, las operadoras telefónicas o cualquier tipo de empresa de consumo. De este modo, dicen, se protegería al ciudadano, mejoraría la confianza en las empresas y se daría un impulso a la economía española.
"Es necesario conseguir que la doctrina del Supremo sobre transparencia en la contratación se haga norma y principio general de derecho", asegura por su parte Patricia Suárez, presidenta de Asufin, otra asociación de usuarios de servicios financieros, que da la "bienvenida" a esta propuesta y "apoyo abierto".

Cuatro ejemplos prácticos de lo que cambiaría la nueva Ley

  • Mejoraría la capacidad de negociación de pymes y ciudadanos. Adicae considera que extender el control de transparencia a la contratación de los profesionales y autónomos permitiría mejorar una capacidad de negociación con su banco o con su eléctrica que ahora, dicen, es nula. "El dominio de las grandes compañías hace que los contratos no se negocien, sino que funcionen por adhesión",dice la asociación. "Hay pequeños empresarios que lo han perdido todo por haber vinculado su vivienda, ajena a su actividad profesional, en contratos con empresas de consumo".
  • Se anularían los efectos de una cláusula declarada nula. Se aplicaría la directiva europea que dice que "si una cláusula de contrato es declarada nula, todos los efectos que haya generado esa cláusula deben anularse". Así se evitarían sentencias como la dictada por el Supremo en 2013 que omitía la retroactividad de la devolución de las cláusulas suelo antes de ese año, una decisión que acabó corrigiendo la Justicia Europea.
  • Notarios, registradores y comisiones actuarían de cortafuegos. La nueva Ley de Transparencia Contractual potenciaría el papel de notarios y registradores en la autorización y calificación jurídica de los contratos. Es decir, que exista un tutela preventiva. "En Reino Unido, por ejemplo, obligan a que la Administración o alguna asociación de consumidores asesore al ciudadano que contrata una hipoteca inversa", dicen en Adicae. "Hay propuestas muy buenas sobre el papel, pero difíciles de poner en práctica", dicen en cambio desde Asufin sobre esta cuestión.
  • Comisiones de control. Adicae pone de ejemplo a Francia y Bélgica, que poseen una Comisión de Cláusulas Abusivas donde participan empresas y usuarios para analizar las operaciones más comunes en sectores "clave" para la economía como la banca, la energía, la comunicación o el transporte.

Iberdrola, Sabadell y fondos se alían para construir 1.500 viviendas, también en Murcia

MADRID.- Iberdrola Inmobiliaria ha puesto a la venta suelo de su propiedad por valor de unos 130 millones de euros, según explican fuentes del mercado. Su destino sería la construcción de unas 1.500 viviendas repartidas por el país. Esta operación, una de las mayores o quizá la mayor que ha realizado hasta ahora la filial de la eléctrica, se encuentra en la fase final de adjudicación, aunque no está cerrada. Oaktree y Goldman Sachs son las dos firmas finalistas, según aseguran las mismas fuentes del mercado, según publica hoy Cinco Días.

La idea es la construcción de 1.500 viviendas en toda España, correspondientes a los suelos que ha puesto en venta Iberdrola. Aunque estas edificaciones se realizarán por fases y en función de una posible demanda por zonas geográfica.
Iberdrola Inmobiliaria es una empresa que ofrece una amplia cartera de productos, que abarcan desde la primera vivienda al residencial turístico, oficinas, naves industriales y centros comerciales. Actualmente, la compañía tiene una cartera de patrimonio en explotación superior a los 200.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable.
En la operación también participa Banco Sabadell, aunque su entrada no se producirá hasta la segunda parte. Es decir, hasta que la venta de estos terrenos se haya cerrado.
Sería entonces cuando la filial de Sabadell, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, crearía junto al comprador una nueva sociedad en la que el banco tendría una participación minoritaria, mientras que la firma adjudicataria del suelo de Iberdrola se haría con la parte mayoría. Fuentes de Iberdrola aseguran que no hay ninguna operación de venta de suelo en estos momentos. Fuentes de Sabadell, por su parte, tampoco confirman este proyecto.
Pese a ello, sería Solvia la que se encargaría de la gestión de estos terrenos en los que se crearán esas 1.500 viviendas.
Esta sería también la primera gran operación con suelo externo que gestionará la filial inmobiliaria de Sabadell.
Banco Sabadell constituyó recientemente una nueva línea de negocio, Solvia Desarrollos Inmobiliarios, cuyos objetivos son optimizar el servicio promotor, desarrollar una nueva línea de negocio que generará fuentes “sostenibles de ingresos”, y abrir y diversificar la actual base de clientes de promotores inmobiliarios del banco, según explicó la propia entidad en la presentación de resultados del grupo el pasado 2 de febrero.
Ahora el banco que preside Josep Oliu ha comenzado a llegar a acuerdos con compañías para explotar más esta nueva línea de negocio aprovechando el actual tirón del sector inmobiliario. 
Esta filial cuenta con 1.252 millones de euros en activos gestionados con un valor neto de 683 millones de euros. Oliu aseguró en la presentación de resultados que gracias a esta inmobiliaria, “la contribución de suelo en la composición de activos adjudicados ha descendido del 41% al 34%.
Esta no es la primera vez que Iberdrola cuenta con los servicios de Solvia para comercializar proyectos inmobiliarios. Las relaciones entre ambos provienen de otras operaciones en las que han colaborado conjuntamente.
Pero el papel de Iberdrola en este proyecto no se limita a la venta de los terrenos. La idea es, una vez que se cierre la enajenación del suelo, que Iberdrola también participe en las promociones que vayan construyendo.
Para ello, en cada promoción se creará una pequeña sociedad en la que participarán el adjudicatario de los terrenos (Oaktree o Goldman Sachs, en función del que gane la subasta), Solvia Desarrollos Inmobiliarios e Iberdrola Inmobiliaria (estas dos sociedades con una participación minoritaria).
La división inmobiliaria del grupo presidido por Ignacio Sánchez Galán quiere aprovechar la fuerte apuesta de los fondos de inversión y otros inversores por el sector inmobiliario en España. 
Iberdrola Inmobiliaria se creo en 1991 como fusión de varios negocios inmobiliarios de la eléctrica, y ya desde el inicio de su constitución comenzó a desarrollar vivienda nueva. Pero a partir de 2009, la división residencial entró en pérdidas, como prácticamente todo el sector vinculado al ladrillo. 
Durante varios años, de hecho, las grúas desaparecieron del paisaje español ante el parón en las ventas de casas y el deterioro del valor de los suelos.
Sabadell redujo sus activos problemáticos el pasado año en 3.443 millones de euros, de los que 1.802 millones son dudosos y 1.642 millones de adjudicados, incluyendo Solvia Desarrollos Inmobiliarios
El fondo norteamericano Oaktree, por su parte, creo hace tres años su propia plataforma de gestión en España, Sabal Financial. Era la primera filial de este tipo que creaba en Europa, al margen de Londres.
Las cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajamar y Haya Real Estate han lanzado una campaña en toda España con una selección de más de 3.900 inmuebles con descuentos de hasta el 40%. La oferta comercial, denominada En Rebajas, ReCasas, mantendrá los descuentos en los precios hasta el próximo 30 de abril y dispone de más de 2.800 inmuebles que pueden adquirirse por menos de 80.000 euros.
Los inmuebles incluidos en la oferta están distribuidos en todo el territorio nacional y principalmente están ubicados en grandes capitales, ciudades dormitorio y pequeñas poblaciones.
Por tipología, se oferta tanto viviendas, garajes y trasteros como locales comerciales, oficinas y naves industriales, de obra nueva y segunda mano.
La mayor parte de la campaña comercial se centra en la Comunidad Valenciana, con más de 1.600 inmuebles con descuento; Andalucía, con más de 900, y Murcia, con 706. Tras ellas se encuentran las comunidades de Cataluña, con más de 340 inmuebles, y Castilla y León, con 170.

Pedro Sánchez da un paso atrás en su promesa de hacer primarias abiertas en el PSOE para los candidatos de 2019

MADRID.- La dirección del PSOE da marcha atrás y no hará obligatorias las primarias abiertas para elegir a los candidatos a gobiernos regionales. Tampoco lo serán para las Alcaldías de municipios de más de 50.000 habitantes. Y todo pese a que las resoluciones del Congreso Federal de junio de 2017 y el programa con el que Pedro Sánchez se presentó a las primarias a la Secretaría General prometían, precisamente, primarias abiertas para elegir a los cabezas de lista al Gobierno central, los Ejecutivos autonómicos, las Alcaldías y la eurocámara, según revela 20 minutos.

En concreto, en las resoluciones del Congreso Federal puede leerse: "Los candidatos y candidatas a la Presidencia de los Gobiernos de España y Autonómicos, así como a las Alcaldías y la cabeza de lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante Primarias abiertas a todos los militantes y simpatizantes (estos previa  inscripción), buscando la paridad en los cabezas de lista". Esa misma frase figuraba en el documento programático de la candidatura de Pedro Sánchez a la Secretaría General.
El reglamento que regirá la vida interna del PSOE a partir de ahora se aprobará definitivamente en el Comité Federal de este sábado, tras una última ronda de contactos que está manteniendo el secretario de Organización, José Luis Ábalos, con sus homólogos regionales. Pero el borrador del texto, sobre el que se esperan cambios mínimos, arroja una conclusión clara: las primarias abiertas solo serán obligatorias para elegir al candidato a la Moncloa, y únicamente cuando no haya ya en España un presidente socialista.
Así, si el PSOE no gobierna, se celebrarán primarias abiertas a simpatizantes, y para ser candidato en la competición interna será necesario recabar previamente el aval del 1% de la militancia –hasta ahora, esa cifra era del 5%–. Si hay un socialista al frente del Gobierno de España, solo tendrá que pasar por primarias abiertas en caso de que así lo solicite más del 50% del Comité Federal o del 30% de la militancia.
En el caso de los candidatos a gobiernos regionales, cuando haya socialista al frente únicamente tendrá que someterse a primarias si lo pide el 50% del Comité regional o el 40% de la militancia de su comunidad. En caso de que no haya un presidente socialista, se celebrarán primarias abiertas a petición de la Ejecutiva autonómica o por decisión de la Ejecutiva federal. En caso de desacuerdo, prevalece el criterio de la dirección de Pedro Sánchez.
Para las Alcaldías, se contemplan las primarias en las localidades de más de 50.000 militantes. Para elegir a un candidato que no sea alcalde en la actualidad, las primarias serán entre los militantes y se incluirá a los simpatizantes si lo pide la Ejecutiva autonómica o lo decide Ferraz, cuyo criterio prima también en este caso. Si ya hay un alcalde socialista, para obligarle a pasar por primarias tendrá que apoyar esa opción el 50% de la militancia.
Finalmente, no habrá primarias para elegir al cabeza de lista al Parlamento Europeo. En cuanto a los tiempos, Ferraz tiene previsto aprobar un calendario específico para cada territorio, en función de lo que estos consideren que se adecúa más a sus intereses electorales. 
"Haremos un calendario particular para cada territorio, de acuerdo con ellos, para aceptar particularidades", dijo Ábalos este lunes. El número tres del partido señaló que algunos candidatos se podrían elegir antes de este verano, y otros, después.

El zasca de la PAH a Albert Rivera por su desafortunado tuit contra los desahuciados

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha puesto en su sitio a Albert Rivera, que este sábado se descolgó con unas declaraciones que provocaron hilaridad en las redes, según Público.

El líder de Ciudadanos escribió en Twitter: "Hay que proteger a las familias que pagan sus impuestos y cumplen la ley, frente a los Okupas y las mafias que rompen la convivencia y les arrebatan impunemente sus pisos. Ya basta, las administraciones tienen que defender a sus vecinos".
Acto seguido, la PAH le aplicó un correctivo y, de paso, le dio una lección: "567.261 desahucios desde 2008, 1,5% de vivienda pública, 3,44 millones viviendas vacías, 62.295 millones de euros a la banca a cambio de nada y el PP bloqueando leyes de @LA_PAH en la @ComunidadMadrid gracias a @CiudadanosCs".
O sea, que nadie ocupa por placer.
Según El Salto, el tuit enlazaba a un vídeo que "luego fue borrado", donde se explicaba que se trataba de “proteger a los españoles” a través de una campaña para “preservar la convivencia” con medidas contra la “okupación ilegal”.
Poco después, añade la publicación, "el texto cambió el españoles por el término más neutro vecinos".

La ministra Báñez frena la avalancha de demandas de jubilaciones anticipadas por riesgo


MADRID.-La Seguridad Social ha frenado en seco la oleada de solicitudes de trabajadores que pedían la jubilación anticipada, a partir de los 60 años, por considerar que desempeñan trabajos de especial peligrosidad y dureza, con riesgo para la salud. También, ante el paulatino endurecimiento del acceso a la pensión y la prolongación de la vida laboral, según revela Expansión

La Seguridad Social ha emitido una circular en la que introduce un nuevo requerimiento para aceptar las solicitudes de los trabajadores: que sea una petición común de las organizaciones empresariales y sindicales del sector; de la empresa y de los trabajadores.
A partir de esa medida, la Seguridad Social no ha recibido ninguna petición nueva, según ha informado al Senado, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
El Gobierno responde así al senador Óscar Guardingo Martínez, de Podemos-En Comú Podem-En Marea, que le pide que agilice las demandas de los trabajadores con estas condiciones para cobrar la pensión antes de llegar a la edad legal de jubilación.
Desde 2011, la Seguridad Social no ha aprobado ninguna solicitud de retirada anticipada del mercado de trabajo, con reducción de la edad, para que puedan jubilarse anticipadamente los solicitantes por las siguientes circunstancias: "Especial penosidad del puesto de trabajo, riesgo de accidentes o la proporción de morbilidad en las personas". 
Es decir, que enferman en un mismo empleo y en un mismo local de trabajo en un periodo determinado.
En estos momentos, la Seguridad Social tramita 27 expedientes que, en conjunto, reúnen a "miles y miles de trabajadores y, en algunos casos, a decenas de miles de trabajadores", según Burgos. El expediente más avanzado es el de los 70.000 policías locales en toda España, sobre el que Hacienda está valorando un eventual incremento del gasto.
Guardingo pide al Gobierno que "haga una excepción" de jubilación anticipada con coeficiente reductor de la edad a las personas que estén en estas condiciones. Es decir que, en lugar de esperar a la edad legal de jubilación o incluso a la edad legal de jubilación anticipada, puedan hacerlo antes con toda la pensión.
La razón es que la Seguridad Social daría por cotizado el tiempo en el que se ha reducido la edad para poder acceder a la pensión. Por ejemplo, podría jubilarse a los 63 años una persona que hoy tendría que hacerlo a los 65 años y seis meses, si así lo establece el coeficiente reductor de la edad.
No obstante, por desempeñar una profesión de riesgo, con descuentos y sin descuentos en la pensión, hoy en día se pueden jubilar anticipadamente, los mineros, la policía vasca -la Ertzaintza-; los bomberos de las administraciones públicas, algunos artistas y los toreros, rejoneadores, novilleros, banderilleros y picadores.
Por otras razones, que no son trabajos de riesgo, se jubilan a los 60 años y con toda la pensión, todos los funcionarios de la antigua mutualidad de funcionarios.
El Gobierno esgrime varias razones para explicar por qué no salen los expedientes que se están tramitando y por qué ha tenido que frenar las solicitudes. La primera es una tramitación farragosa del expediente que tiene varios pasos.
Por ejemplo, verificar la información, con la consiguiente subsanación de errores, porque en ocasiones un mismo sindicato ha proporcionado datos diferentes. En su caso, contrastar los datos con las empresas. Máxime, cuando se trata de un sector con presencia en toda España.
Además, tienen que hacer sus respectivos informes seis departamentos distintos del Gobierno, entre el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, en su caso, Hacienda tiene que valorar su coste para el erario público.
Burgos admite también la dificultad política de una decisión que la sociedad puede ver como el privilegio de un grupo por permitirle retirarse con toda la pensión sin haber cotizado lo mismo que los demás: "No es voluntad del Gobierno dilatar [los expedientes], pero sí lo es cumplir con todos los requerimientos porque conocemos la sensibilidad que esto despierta, no ya en los sectores afectados, sino en el conjunto de la población".
"En este sentido -continua el secretario de Estado-, si hay excepciones al incremento de la edad de jubilación, la sociedad quiere que estén suficientemente justificadas y acreditadas".
Por el contrario, Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, opina que el Gobierno no ha aplicado correctamente la normativa que regula estos casos. "[En la Seguridad Social] abrieron expediente a cualquiera que hiciese la solicitud y ahora tienen un atasco".
Bravo añade que el Gobierno debería dar los siguientes pasos ante las solicitudes: verificar la información, aplicar la prevención de riesgos laborales y, en tercer lugar, siempre comprobar si es posible que los trabajadores hagan otra actividad que no sea la que les causa problemas. Bravo opina además que es necesario exigir un esfuerzo adicional de cotización a los beneficiarios para que, si se hace bien, no suponga mayor coste a la Seguridad Social, "que tenga un efecto neutro".
Por ejemplo, está previsto que los policías municipales tenga un incremento adicional del 10,6% en la cotización, hasta el 38,9% de aportación.

Méndez de Vigo espera que el MIR educativo esté en vigor el curso 2019-2020

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que para el próximo curso escolar 2018-2019 el MIR educativo "seguro que no" funcionará y ha confiado en que "para el otro ya esté en vigor".

En declaraciones a RNE, el titular de Educación ha señalado que el calendario en el que se mueven es el acordado en el pacto de investidura entre el PP y Ciudadanos, puesto que la propuesta de un MIR en educación era uno de los puntos de ese acuerdo.
El también portavoz del Gobierno ha recordado que dicho calendario pasaba por la creación de una subcomisión en el Congreso, "que ha hecho un buen trabajo y en la que han comparecido 82 personas", y que en estos momentos se encuentra en fase de redacción de las propuestas.
Méndez de Vigo se ha mostrado confiado de que las recomendaciones de esa subcomisión sean aprobadas en el pleno de la Cámara baja "con amplio consenso" el próximo mayo, y ha dicho que a partir de ahí corresponde a su departamento hacer "la propuesta legislativa".
El ministro ha subrayado que el MIR educativo "es una buena cosa" que ha recibido "un amplio consenso" en las comparecencias de la subcomisión.
"Me parece que esto es colocar a los docentes en el centro de la reforma educativa y si contamos con ellos la reforma educativa tendrá éxito", ha concluido.
Ante lo declarado por Méndez de Vigo, diversos sindicatos de docentes han expresado su "preocupación". A la puerta del Congreso, a donde han acudido a entregar un documento sobre las medidas que deben incluirse en un pacto por la educación, CC OO, UGT y STES se han mostrado "preocupados" porque se está hablando de un MIR educativo y no de un Estatuto Docente que es el que debe incluir, a su juicio, todo lo relacionado con los docentes.
"Hay que abordar el debate del modelo de la profesión docente del siglo XXI", pero hablar del MIR educativo es "una cosa descontextualizada", ha dicho el secretario general de la Enseñanza de CC OO, Francisco García.
"EL MIR educativo lo vemos con muchísima prevención e inicialmente casi con rechazo", ha apostillado García, que ha recordado que desde que en 2007 se discutió por primera vez el Estatuto Docente se está hablando de una regulación de la profesión docente.
"Es otra ocurrencia del ministro, al que se le ha estado acusando de inacción, con razón, porque no ejercía como ministro de Educación, pero ha surgido una nueva estrella en el mundo educativo desde que se celebró la Conferencia de Educación del PP" y se anunció en ella el MIR educativo, ha resaltado desde UGT Maribel Loranca.
Para Loranca, la propuesta de Méndez de Vigo es "extemporánea" y "mucho más compleja" de lo que se habla. Al afectar a las condiciones laborales debe ser presentada en la Mesa de Negociación entre los sindicatos y Educación, ha añadido.
"Se anuncian decisiones sin contar en absoluto con la comunidad educativa" y el MIR es un tema que vemos "muy peligroso", ha sostenido asimismo José Ramón Merino, de STES. Se anuncia cuando está "sin aclarar o definir" el tema de las oposiciones de dentro de tres o cuatro meses y con las que "se pueden quedar en la calle decenas de miles de interinos", ha añadido.

Mañana miércoles entrará en vigor la Ley de Medidas Urgentes para el Mar Menor

MURCIA.- El Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) publicó este martes la Ley de Medidas Urgentes para Garantizar la Sostenibilidad Ambiental en el Entorno del Mar Menor, aprobada el pasado 1 de febrero en la Asamblea Regional con los votos a favor de la oposición y el rechazo del PP.

De esta forma, la norma, firmada por el presidente murciano Fernando López Miras el pasado 7 de febrero, entrará en vigor mañana miércoles incorporando las enmiendas de PSOE, Podemos y Ciudadanos fuertemente contestadas por organizaciones agrarias y de exportadores.
Entre esas iniciativas se incluye destinar el 5% de la superficie de cada parcela a medidas para reducir la contaminación difusa o ampliar estas medidas a las zonas 2 y 3, más alejadas de la laguna.
Otras iniciativas son la obligación de implantar barreras vegetales en un plazo de entre uno y tres años, así como la ampliación de las zonas 1 y 2 frente a una reducción de la zona 3, con una superficie total de 131.000 hectáreas.
Los agricultores y regantes del Campo de Cartagena tendrán, a partir de este martes, un año para instalar estas medidas en las parcelas de la zona 1, más cercana a la laguna, dos años en el caso de la zona 2 y tres años de plazo en la zona 3.
Para dentro de seis meses, según la norma aprobada, entrará en vigor la prohibición del uso de fertilizantes de solubilidad alta y potencialmente contaminantes, particularmente nitrato amónico, nitrato de calcio y urea, sustituyéndose por abonos de liberación controlada.

El Tribunal de Cuentas vuelve a advertir sobre la situación «insostenible» del SMS

MADRID.- El Tribunal de Cuentas advirtió nuevamente este martes del crecimiento del gasto sanitario autonómico en la Región, que supone una situación financiera "insostenible" a largo plazo, lo que refleja que existe una "gran problema" de financiación de este sector que tiene unas necesidades crecientes.

Así lo manifestó el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, durante su comparecencia en la Comisión Mixta para la relación con este organismo en el Congreso, para informar sobre la fiscalización de la Región de Murcia y de las comunidades de Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura, La Rioja, y la ciudad autónoma de Ceuta en el año 2015.
Álvarez de Miranda indicó que los problemas de estas comunidades en la sanidad pública "no son muy diferentes de las del resto", como se podrá comprobar cuando se presente el informe de fiscalización del sector público correspondiente al mismo año.
En este sentido, afirmó que existe un "efectivo problema" en la financiación del sistema sanitario, que tiene unas necesidades crecientes con unos recursos que no son suficientes, quizás "por falta de acuerdo o problemas derivados del sistema de financiación autonómica", apuntó, sobre el modelo pendiente de reforma.
También se refirió a la "falta de control" de gasto farmacéutico, por lo que ha apuntado la posibilidad de realizar un informe específico sobre esta cuestión a nivel global para hacer comparaciones de gestión entre las diferentes autonomías.
Sobre las cinco comunidades fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, las que no tienen un órgano de control externo propio, Álvarez de Miranda destacó la situación del Servicio Murciano de Salud, con un déficit a final del ejercicio de 2015 a 1.656 millones de euros, y del extremeño, por sus concertaciones "no amparadas en conciertos o contratos".
En todo caso, las cuentas generales de estas cinco comunidades y de la ciudad autónoma se rindieron dentro de plazo, aunque con ciertas excepciones, salvedades e incorrecciones, indicó Álvarez de Miranda durante su comparecencia.
Eso sí, ninguna de ellas ha cumplido con los objetivos de déficit, ya que superaron el 0,7% del PIB, o la regla de gasto, aunque cumplieron con el objetivo de deuda.
Además, continúan las irregularidades en entidades concretas, como las pérdidas de 17,3 millones de la Desaladora de Escombreras, o el convenio suscrito por la Comunidad de Cantabria en 2006 con el Racing de Santander, por el incumplimiento de sus estipulaciones.
También en la Radio-Televisión de Castilla-La Mancha, la Fundación Orquesta de Extremadura o la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
En todo caso, Álvarez de Miranda, señaló que todas estas comunidades han registrado una "evolución positiva" en la mayoría de sus indicadores en 2015 con respecto a la fiscalización realizada en 2011 o 2012 debido, entre otras razones, a la que la situación ante la crisis económica ha ido a mejor.
Aún así, el Tribunal de Cuentas mantiene entre sus recomendaciones la necesidad de integrar las cuentas de todos los entes públicos en las cuentas generales de la comunidad, o remitir un informe sobre el seguimiento de los expedientes de las subvenciones y la aplicación de medidas para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y de transparencia, entre otras.

La banca se consolida como el mayor destructor de empleo del país

MADRID.- La banca se está consolidando como el sector productivo que más puestos de trabajo destruye. Lo fue con claridad entre enero y noviembre del año pasado, según revelan las estadísticas del Ministerio de Empleo, que también indican que en el anterior solo se vio superado por la industria del automóvil y por el comercio. Y este año, con el ERE de Evo Banco ejecutado, el de Santander-Popular en marcha y el de Bankia-Mare Nostrum en una tensa negociación, lleva camino de batir sus marcas, según recoge Público.

Entre enero y noviembre fueron despedidos mediante Expedientes de Regulación de Empleo 2.487 empleados de entidades financieras, una cifra que iguala la que suman el pequeño comercio (1.109) y las medianas y grandes superficies (1.383), cuadruplica la de la industria de la alimentación (592) y dobla con creces la de la industria del motor (902).
La industria automovilística es la única actividad productiva que supera a la banca en volumen de trabajadores afectados por ERE (5.252 por 2.489), aunque el grueso de ellos (4.258) se vieron afectados por suspensiones de contrato, una medida que únicamente afectó a dos bancarios.
Los ERES del sector financiero doblan también en damnificados a las dos ramas de la construcción (1.214 en la de edificios y 1.274 en la obra pública), en las que los despidos no alcanzan a la mitad y predominan las suspensiones de contrato, y superan los del comercio al por mayor (2.402, con un 57% de despidos) y los de los hoteles (2.389, con casi un 80% de suspensiones).
El sector financiero español, boyante tanto en su parte de negocio como en su valoración bursátil tras una operación de saneamiento y concentración que ha movilizado en ocho años 350.000 millones de euros de dinero público, de los que el Banco de España da por perdidos 42.500, recuperaba entre enero y noviembre del año pasado el puesto de cabeza en el ránking de destrucción de empleo a través de EREs que ya había alcanzado en 2015, con 3.723 despidos y una amplia ventaja sobre la obra pública (1.011) y el comercio al por menor (1.504) y al por mayor (2.666).
Entre esos dos ejercicios, en 2016, ocupó la cuarta posición con 1.274 ceses, por detrás de la industria del motor (1.333), el pequeño comercio (1.659) y las medianas y grandes superficies comerciales, que alcanzaron los 1.946 despidos colectivos.
Esa tendencia a combinar los grandes beneficios con notables reducciones de las plantillas ha sido una constante en el último lustro, en el que solo las cinco principales entidades han compaginado beneficios por 15.800 millones con el recorte de 18.200 empleos mientras engullían a una docena de competidores, muchos de ellos previamente saneados con fondos públicos.
Y la tormenta lleva camino de arreciar, ya que, salvo sorpresa, el sector financiero superará la cifra de despidos por ERE del año pasado en los primeros meses de este como consecuencia de los tres grandes expedientes abiertos, que llevan camino de rondar las 3.000 bajas.
Los sindicatos y EVO Banco acordaban a finales de diciembre un expediente de regulación que conllevará la salida de 239 empleados, algo más de la mitad de la plantilla del sucesor de NovaCaixaGalicia, el banco resultante de la fusión de las cajas gallegas, propiedad desde 2014, tras su rescate y nacionalización, del fondo estadounidense Apollo Global Management.
En esas mismas fechas salía adelante, tras lograr los sindicatos reducir 485 bajas de las 1.585 que inicialmente planteaban las empresas, otro expediente que conllevará el despido de 1.100 trabajadores de los bancos Santander y Popular. Su ejecución, según denuncian algunos sindicatos, se está cebando en las madres trabajadoras.
Y, prácticamente de manera simultánea, Bankia, que está ultimando su fusión con el también nacionalizado Banco Mare Nostrum antes de su venta, ponía sobre la mesa otro ERE, en este caso con 2.510 bajas que la presión sindical ha conseguido recortar primero a 2.291 y, esta misma semana, tras una convocatoria de huelga, a 1.602. El paro ha sido aplazado por CCOO, ACCAM, UGT, SATE, SESFI, ASIP y ACB, que mantienen abierta la negociación con la dirección del banco.
Esa tendencia a recortar medios humanos y materiales, en la que influyen tanto la merma del negocio (los activos del sector han pasado de 3,4 billones a 2,6 en seis años) como el cambio de modelo por la concentración y los procesos de digitalización, no comenzó con el rescate sino que venía de atrás.
El sistema financiero español ha mantenido los últimos ocho años una media de 200 bajas semanales, aunque muchas de ellas no figuran en las estadísticas de las regulaciones de empleo ya que responden a los planes de salida voluntaria que aplicaban hace unos años.
De hecho, en 2015, por ejemplo, los ceses al margen de los expedientes de regulación (jubilaciones incluidas) llegaron a rondar el 60% del total: 4.948 frente a 3.723, si se cruzan los datos del Ministerio de Empleo con los del Banco de España.
Estos últimos indican que el sector bancario alcanzó su mayor cota de empleo de las dos últimas décadas en 2008, cuando, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia, llegó a sumar 278.301 empleados. Al cierre de 2016, último ejercicio con datos disponibles, esa plantilla se había reducido un 30,2% al caer hasta los 194.283.
El recorte ha sido similar en las infraestructuras y la red comercial, ya que en menos de seis años los bancos y las antiguas cajas de ahorro han cerrado 12.320 sucursales, lo que supone el 30,7% del total. Estos cierres, consecuencia del cambio de estrategia comercial de las entidades financieras con la concentración y la digitalización, comienzan a provocar situaciones de exclusión financiera en el mundo rural, ya que casi 4.000 de los 8.117 municipios de España carecen de oficina bancaria.

Detienen al propietario de los hoteles RIU, el salvador de Trinitario Casanova

MIAMI.- Luis Riu Güell, propietario de los hoteles RIU, ha sido detenido en Miami acusado de corrupción. El hotelero mallorquín se entregó este lunes a la Policía. Se le acusa de ofrecer estancias gratis en sus hoteles de lujo al ex director de Contrucciones de Miami Beach a cambio de que este hiciera la vista gorda en la reforma de un hotel en South Beach, según informa Miami Herald.

Cabe recordar que la cadena hotelera Riu compró en junio del año pasado el Edificio España en Madrid, por 272 millones de euros. El grupo hotelero mallorquín llegó a un acuerdo con el murciano Grupo Baraka, propiedad de Trinitario Casanova, para adquirir el 100% de la propiedad del inmueble para después reformarlo y convertirlo en el primer hotel en España de su línea urbana Riu Plaza.
En concreto, el futuro hotel Riu Plaza ocupará 24 de las 27 plantas del Edificio España, mientras que el resto se destinarán a uso comercial. Tendrá aproximadamente 650 habitaciones con una categoría de 4 estrellas.
Luis Riu (propietario junto a su hermana de la cadena hotelera) viajó hasta Miami desde España para entregarse a la justicia estadounidense. El juez le ha impuesto una fianza de 20.000 dólares, con permiso para viajar a su casa en Mallorca y a sus hoteles en todo el mundo.
Los fiscales de Miami-Dade acusaron la semana pasada a Luis Riu y a Mariano Fernández, ex director de Construcción de Miami Beach, y al vicepresidente regional de la hotelera, Alejandro Sánchez del Arco. 
La Fiscalía cree que Fernández ayudó a Riu con los permisos para la reforma del hotel y le permitió evitar multas. A cambio, según la orden de arresto, Riu ofrecía estancias gratis en sus hoteles de México y República Dominicana, tanto a él como a todos sus trabajadores, según informa el Miami Herald.
En concreto, sospechan que 100 habitaciones del mencionado hotel en South Beach, el Riu La Playa, fueron renovadas sin las licencias ni las inspecciones de seguridad necesarias. De hecho, según se recoge en la investigación, fue el ex director de Construcción quien inspeccionó personalmente las instalaciones hasta en 34 ocasiones.
Tanto el hotelero mallorquín como el resto de acusados podrían enfrentarse a penas de entre 5 y 15 años de prisión.Desde la hotelera, defienden la inocencia de su copropietario y aseguran que "las acusaciones son totalmente infundadas". Aseguran que Luis Riu viajó desde España voluntariamente para presentarse el lunes ante el juzgado norteamericano, donde se le presentaron los cargos, tal y como había pactado previamente con las autoridades locales.
RIU Hoteles defiende que es parte del procedimiento habitual que la lectura de cargos se haga con el acusado en pie y tal y como se le ha visto en las imágenes publicadas, es decir, esposado.
La cadena RIU tiene más de 100 hoteles en 19 países, como México, República Dominicana, además de South Beach; emplea a más de 28.000 personas y presta servicios a más de cuatro millones de clientes al año, según la página web de la empresa.

La venta de casas en España crece un 14,6% y marca su cifra más alta en nueve años

MADRID.- La compraventa de viviendas subió un 14,6% en 2017 con respecto al año anterior, hasta un total de 464.423 operaciones, su mayor cifra desde el ejercicio 2008, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tanto el mercado de segunda mano como el de vivienda nueva han sido los impulsores de este crecimiento anual, el cuarto consecutivo después de que la compraventa de viviendas subiera un 2% en 2014, un 11,5% en 2015 y un 14% en 2016.
En el periodo de crisis, los peores años para las transacciones de vivienda fueron 2009 y 2008, en los que estas operaciones se desplomaron un 25,1% y un 28,8%, respectivamente. En 2012 y 2011, aún se registraban descensos de dos dígitos (-11,5% y -18,1%), mientras que en 2013 la caída se moderó hasta el 1,9% por el fin de los beneficios fiscales para la adquisición de vivienda.
El repunte de la compraventa de viviendas en 2017 se ha debido al crecimiento experimentado en las operaciones sobre pisos de segunda mano, que se dispararon un 15,4%, hasta 381.163 transacciones, su cifra más alta desde 2007, y también a las operaciones sobre viviendas nuevas, que se incrementaron un 10,8% el año pasado, hasta sumar 83.260, su volumen más alto desde 2014.
El 90,2% de las viviendas transmitidas por compraventa durante el año pasado fueron viviendas libres y el 9,8%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres subió un 15,1% en 2017, hasta 418.915, en tanto que las operaciones sobre viviendas protegidas repuntaron un 9,5%, hasta 45.508 transacciones, encadenando tres años consecutivos de alzas.
En 2017, el mayor número de compraventas de viviendas por cada 100.000 habitantes se dio en Comunidad Valenciana (1.753), Baleares (1.717) y Madrid (1.375).
Andalucía fue la región que más operaciones sobre viviendas realizó el año pasado, con 89.337 compraventas, seguida de Cataluña (76.369), Madrid (70.203) y Comunidad Valenciana (68.512).
Las comunidades que realizaron un menor número de compraventas de viviendas fueron La Rioja (3.027), Navarra (5.098 operaciones) y Cantabria (5.537).
En valores relativos, la compraventa de viviendas subió en todas las comunidades en 2017. Las regiones donde más se incrementaron estas operaciones fueron Castilla-La Mancha (+24,7%), Madrid (+18,9%), Comunidad Valenciana (+18,1%) y Asturias (+17m5%), mientras que los menores aumentos se dieron en País Vasco (+5,4%) y Galicia (+8,7%).
Sumando las fincas rústicas y las urbanas (viviendas y otros inmuebles de naturaleza urbana), las fincas transmitidas en 2017 alcanzaron 1.787.776, cifra que es la más elevada desde 2010 y que representa un aumento del 5,9% sobre 2016. Es el tercer ejercicio consecutivo en el que se incrementan las fincas transmitidas tras los crecimientos del 4,9% y del 2,9% registrados en 2015 y 2016, respectivamente.
Por compraventa se transmitieron el año pasado un 12,7% más de fincas que en 2016, mientras las transmisiones por donación descendieron un 4,6%, las operaciones por permuta bajaron un 2,8%, y las transmitidas por herencia avanzaron un 3,5%.
Según los datos del INE, el número de compraventas de fincas rústicas aumentó un 5,6% en 2017, hasta un total de 132.859 operaciones, volviendo así a tasas positivas después del retroceso del 0,6% experimentado en 2016. Por su parte, las compraventas de fincas urbanas (donde se incluyen las viviendas) aumentaron un 13,9%, hasta 800.245 operaciones.
En el último mes de 2017, la compraventa de viviendas creció un 9,2% en relación a diciembre de 2016, hasta sumar 32.211 operaciones, moderando en casi nueve puntos el avance interanual del 18,1% registrado en noviembre. Con el repunte de diciembre, la compraventa de viviendas acumula ocho meses consecutivos de alzas interanuales.
En tasa intermensual (diciembre de 2017 sobre noviembre del mismo año), la compraventa de viviendas retrocedió un 20,6%, su mayor retroceso en este mes de los últimos cinco años.

Visto bueno al Plan General de Ordenación Urbana de La Unión

LA UNIÓN.- El último Pleno de La Unión aprobó el Plan General de Ordenación Urbana de la localidad con los votos a favor del Partido Popular (que lo propone), Ciudadanos e Izquierda Unida y los votos en contra del PSOE. 

El alcalde, el socialista Pedro López Milán, aclara que su equipo «no está en contra de algo que es necesario, pero la situación económica del Ayuntamiento no permite que se acometa en esta legislatura. 
Además no sabemos cómo va a quedar el proyecto por parte de la Demarcación de Costas la Bahía de Portman, que habrá que integrarla».
López Milán añade que «acataremos lo acordado en el Pleno, aunque haremos lo que se pueda hacer, ya que la que manda es la situación económica».
El portavoz de IU en La Unión, Miguel Ángel Cárceles, asegura que votó a favor de lo que considera que «es beneficioso para el municipio. Venga la propuesta del partido que venga el PGOU es muy necesario para el desarrollo de esta ciudad y es un proceso largo».

Las bajas temperaturas de este mes dejan un nacimiento del río Mundo congelado


ALBACETE/MURCIA.- El temporal de frío y nieve ha dejado una  estampa insólita en uno de los parajes naturales de la Sierra de Segura. El nacimiento del río Mundo, ubicado en la localidad albaceteña de Riópar, amanecía literalmente congelado. Se convertía en una bella cascada. 

Las bajas temperaturas, que rondaron los cero grados, dieron lugar a que se crearan formaciones de carámbanos en la zona de Los Chorros. En su cuenta de Twitter, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) calificaba de «impresionantes» los carámbanos.
El desplome de las temperaturas también afectó al nacimiento del río Segura, en Jaén, detalla la CHS en la citada red social.
Al igual que toda la provincia de Albacete, Riópar está sufriendo las consecuencias del temporal de frío y nieve que viene asolando nuestro territorio desde hace unas fechas. Fruto de estas inclemencias meteorológicas, el nacimiento del río Mundo, también conocido como ‘Los Chorros’, luce en una estampa congelado como hace mucho tiempo que no ocurría.
Ya la semana pasada circularon por las redes sociales algunas fotografías que indicaban este hecho, si bien todo se trataba de un bulo ya que dichas imágenes pertenecían al paraje conocido como la Cueva del Agua de Poyotello y el Nacimiento del Río Segura en la localidad jiennense de Santiago-Pontones.
Transcurridas varias jornadas desde entonces y después de que los termómetros se hayan seguido desplomando por la zona de la Sierra de Alcaraz y del Segura, ‘Los Chorros’ del río Mundo lucían este lunes tan bucólico aspecto congelados casi por completo.

El frío se marcha esta tarde
 
La masa de aire frío dice adiós hoy a la Región de Murcia. Según la Unidad Meteorológica del Noroeste (Unimet), esta tarde las bajas temperaturas dejarán paso a un tiempo propio de los meses primaverales.

Las previsiones marcan para esta mitad de semana un ascenso progresivo del mercurio: hoy las temperaturas máximas en la capital serán de 18 grados y el miércoles ascenderán a los 19 grados.
 
Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se espera que el día más caluroso sea el jueves, con unas temperaturas máximas de hasta 22 grados, temperaturas que catalogan de "impropias de esta época".

A partir del viernes y de cara al fin de semana el termómetro descenderá hasta situarse en valores más característicos del invierno en Murcia: 18 grados durante el día y no menos de 7 grados durante la noche. En zonas más altas de la Región las temperaturas serán más bajas, pero propias de esta estación.

La Aemet prevé para el fin de semana nubosidad abundante, por lo que no se descartan precipitaciones en la Región. El viento proveniente de Levante evitará que las temperaturas desciendan.

Así, durante esta semana podremos quitarnos el abrigo, porque el frío y las heladas dan un respiro. y nos permiten disfrutar "de jornadas muy agradables", según Unimet.

Un juez da la razón al Dr. Lajara y falla contra la sanción impuesta por el SMS

MURCIA.- El Juzgado de lo Contencioso nº 6 de Murcia ha suspendido la resolución de 2016 del Servicio Murciano de Salud que prohibía compatibilizar la actividad privada a los jefes de servicio de los hospitales públicos de la Región de Murcia. El fallo, contra el que la Administración puede recurrir, da la razón al oftalmólogo y decano de Salud de la UCAM, Jerónimo Lajara, que había recurrido contra la resolución del SMS, que le sancionaba con dos años de suspensión de empleo y sueldo, y que ahora el juez considera que es «contraria a derecho».

El Servicio Murciano de Salud requirió en 2016 a los jefes de servicio que tenían autorizada su compatibilidad, previa a sus nombramientos, para que dejaran su actividad privada si querían seguir en esa función, o de lo contrario debían renunciar a ésta.
El SMS, en la época en que era gerente Francisco Agulló y consejera de Sanidad Encarna Guillén, permitió a todos decidir y regularizar su situación salvo a Jerónimo Lajara, quien en ese momento era jefe del Servicio de Oftalmología del Morales Meseguer y Vicedecano del Grado en Medicina de la UCAM, a quien el SMS sancionó, a instancias del sindicato SPS, con dos años de suspensión de empleo y sueldo, aun a pesar de haber comunicado su renuncia a la jefatura de servicio y solicitar la compatibilidad como adjunto.
Jerónimo Lajara, por medio del letrado Nicolás Valero, recurrió la resolución del SMS, y el titular del Juzgado Contencioso nº 6 de Murcia, en una sentencia establece «declarar contraria a derecho la resolución recurrida, so pena de permitir, en caso contrario, que se traten de forma desigual situaciones que debieron recibir un trato igualitario». 
De esta forma, se pronuncia contra la decisión del SMS y falla: «declararla contraria a derecho, dejándola sin efecto».
La justicia da por tanto la razón a Jerónimo Lajara, oftalmólogo de reconocido prestigio a escala nacional, quien siempre ha asegurado que estaba dispuesto en todo momento a adaptar su situación a la normativa que en cada momento decidiera aplicar el SMS, asegurando que el trato discriminatorio del que era objeto iba realmente contra la UCAM.
Este caso se remonta al verano de 2016, cuando 16 jefes se servicio estuvieron bajo la lupa del SMS, ya que la Dirección General de Recursos Humanos del hallaba «irregularidades» en la concesión de la compatibilidad a estos jefes de servicio y de sección de la sanidad pública que desarrollaban su labor además en centros hospitalarios o universidades privadas. 
Al igual que Lajara, algunos jefes de sección decidieron acudir a los tribunales y otros optaron por renunciar a su cargo.