CARTAGENA.- La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena aprobó este viernes por la mañana la propuesta de la alcaldesa, la socialista Ana Belén Castejón, de bajar la tarifa del agua, a pesar del voto en contra de su socio de Gobierno, Movimiento Ciudadano. La bajada rondaría los 8,25 euros cada dos meses en la tarifa del agua, en el recibo de una familia ‘tipo’, compuesta por cuatro miembros.
La rebaja está avalada
por tres técnicos del Ayuntamiento, cuenta con el respaldo del jefe de
los servicios jurídicos, Francisco Pagán, y la interventora, Myriam
González, finalmente ha dado el ‘ok’ este viernes, tras ultimar anoche
su estudio.
“Aprobamos la bajada del recibo del agua, tal y como me
comprometí cuando asumí la alcaldía (en junio). ¡Los cartageneros lo
merecen!”, escribió Castejón en sus redes sociales, tras finalizar la
Junta de Gobierno Local.
Esta reducción del recibo es cuatro veces
superior a la primera propuesta realizada por la empresa concesionaria
del servicio, Hidrogea.
Una vez ha obtenido luz verde en
la Junta de Gobierno, el próximo paso será llevar esta rebaja al Pleno
municipal del próximo mes de enero. La intención de la alcaldesa es que
los cartageneros lo vean reflejado en el recibo a partir de febrero.
Como
estaba previsto, MC votó en contra de la reducción del recibo, al
entender que las formas en la que esta propuesta fue llevaba al orden
del día “carecen de toda legalidad”, según el exalcalde José López.
“Ayer a las dos de la tarde no había noticias de que entraba en el orden
del día. Hemos podido rescatar los informes que ese nuevo consejo de
sabios ha hecho, que incorporan dos informes anacrónicos de dos técnicos
municipales, a los cuales ni siquiera se le ha consultado para utilizar
sus informes”.
A
juicio del portavoz de MC, la formación no considera “que sean las
formas”, y por eso, adelantó, han contratado “a un gabinete jurídico
externo, para que nos diga si el procedimiento es legal o no, y si no es
legal impugnaremos donde haga falta”.
“No se ha respetado el trabajo ni
los informes de los técnicos que han estado durante dos años
fiscalizando, y lo que parece es que se quiere cerrar en falso una
herida de 25 años de corrupción. Da la sensación de que se quiere cerrar
en falso una investigación sin los principales actores y conocedores
del problema, que son los funcionarios que han estado trabajando durante
dos años”, añadió.
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