lunes, 17 de julio de 2017

Europa, carente de sincronía y unión / Ángel Tomás *

Canadá celebra el 150 aniversario de su “Confederación”, y está considerado mundialmente como uno de los estados desarrollados más auténtico, vibrante, creativo y diverso. Fue seleccionado como el de mejor reputación entre los componentes del G-20, según encuesta de Reputation Institute llevada a cabo en 2015. 

Canadá es un país ejemplar si consideramos su crecimiento continuado, su consolidado bienestar social y sus excelentes relaciones internacionales siempre equilibradas y beneficiosas para ambas partes, donde no se conocen egoísmos partidistas, ni incumplimientos en sus acuerdos bilaterales de libre comercio en los aspectos laborales, sociales y colaborativos.

Este gran país ha sido construido al ir incorporando culturas de todo el mundo. Una de las más importantes, pero poco conocida, fue la española, que ayudó a forjar el paisaje de la hoja de arce. Todo empezó en el siglo XVI, cuando los balleneros vascos, primeros invasores, llegaron hasta la costa de Terranova y de Quebec y fundaron factorías para la transformación de la grasa de las ballenas en aceite como energía para iluminar los hogares en Europa.

En el siglo XVIII fueron también los españoles los primeros en llegar a las costas del oeste, antes de existir Canadá como país: estudiaron las costumbres indígenas y dieron nombre a numerosas islas y estrechos.

Posteriormente llegaron algunas expediciones científicas que, como las de Bodega y Quadra, ayudaron a estudiar y descubrir los orígenes y costumbres del país. Fue a principios del siglo XIX cuando empezaron a llegar oleadas de inmigrantes de todo el mundo y da comienzo la “operación bisonte”, la llegada de parejas procedentes de Aragón y de Galicia que se instalaron en Quebec, contribuyendo ejemplarmente al desarrollo mediante creatividad y trabajo.

Vemos pues la influencia española en el nacimiento de la cultura canadiense y en su desarrollo posterior, que han servido de base para las actuales excelentes relaciones, no sólo económicas, sino también diplomáticas y culturales. España, como miembro destacado e influyente dentro de la Europa comunitaria, está colaborando y esforzándose por conseguir la ratificación del acuerdo comercial bilateral Europa-Canadá (CETA por sus siglas en inglés), de trascendental importancia e indiscutibles beneficios económicos y sociales, como veremos.

Tratado comercial bilateral de la Unión Europea-Canadá

La negociación del tratado se inició hace más de siete años, cuyo objetivo primordial fue la supresión de los derechos arancelarios en casi todos los productos, salvo alguna excepción, para pasar una vez cumplidos los primeros siete años a la exención total, creando un mercado libre que puede calificarse de líder internacional. El Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) fue objeto de un estudio conjunto de impulso al comercio bilateral que debe calificarse como histórico, cuyos beneficios potenciales superarían los 12.000 millones de euros para la economía de cada una de las dos grandes potencias, que contribuiría a un crecimiento estable a largo plazo.

El acuerdo CETA se integra en un total de 1.598 páginas, fue negociado entre ambas partes por expertos del más alto nivel y recoge todos los aspectos necesarios para un desarrollo económico equitativo, equilibrado y libre de tendencias ideológicas. No se verán afectadas las medidas legales para la salud pública, el medio ambiente y la seguridad ciudadana. El convenio podría traducirse en la creación de más de 190.000 nuevos empleos, en un mercado de consumo de 540 millones de habitantes en conjunto. 
Su contenido y las exenciones arancelarias favorecen a casi todo el tejido empresarial (en especial a la pequeña y mediana empresa), y abarca a casi todos los sectores, entre otros: equipos y maquinaria industrial, productos químicos, plásticos y asimilados, agrícolas y derivados, contratación pública y con las grandes empresas del sector energético (de especial interés para España); sin olvidar las empresas de servicios, que ocupan un alto porcentaje de toda nuestra actividad económica.

Para que el desarrollo sea sostenible, en el convenio se contiene la creación de un Foro mixto que permitirá a las organizaciones de la sociedad civil el diálogo y solución de todo tipo y aspecto de las relaciones comerciales. Ambas partes acordaron conservar el pleno derecho de legislar en favor del interés público, y más concretamente cuando se trate de medidas protectoras de la salud de las personas, de la fauna y la flora.
De lo expuesto se confirman las ventajas, el equilibrio y la generosidad del Acuerdo Económico y Comercial Global, redactado libremente por las comisiones técnicas de ambas partes para un impulso del comercio bilateral, especialmente interesante para la UE.

Reacciones contradictorias en la Unión Europea

Si la Federación Canadiense actúa con unidad de criterio y con el único objetivo del bien económico-social general, la UE sigue sin resolver su problema constitucional, la diversidad jurídica y la total independencia de sus países miembros que, en demasiadas ocasiones, imposibilita el consenso necesario en el Consejo de Ministros de Comercio de la Unión, impidiendo la firma de cualquier acuerdo de libre comercio bilateral internacional. 

El desacuerdo y la prolongación en el tiempo de cualquier proyecto nos aleja de los beneficios que otorga la economía global e impide nuestro crecimiento, ya que la dificultad de aunar voluntades hacia objetivos imprescindibles para el crecimiento económico y del PIB de la UE ha conducido al fracaso de algunos intentos comerciales del pasado y especialmente del CETA, que ha ocasionado la pérdida de confianza en la UE como potencial socio de tratados comerciales.

Desde el comienzo de la tramitación del tratado que nos ocupa se han sucedido varias peticiones, algunas de urgencia, para impedir su entrada en vigor. Recordemos algunas:

El Tribunal Constitucional alemán recibió solicitudes en firme en este sentido. El ministro de Economía de Alemania, Sigmar Gabriel, defendió el tratado consiguiendo desestimar estas peticiones. 

El Parlamento de la región belga de Valonia vetó la firma del acuerdo. El ministro belga de Exteriores consiguió superarla integrándola en la posición positiva del Gobierno federal belga. 

Otros países como Bulgaria y Rumanía fueron reticentes a la firma del texto por considerarlo en principio antidemocrático, aunque al final dieron su conformidad.

En España, en cuanto al Tratado de libre comercio CETA, a pesar de que en principio prestaron su conformidad, se ha dado un giro de ciento ochenta grados por algún partido político que decidió su no ratificación ni apoyo.

El acuerdo, que lleva siete años de negociación, ya negociado a varias bandas, cuenta con el visto bueno de los Veintiocho y de la Eurocámara, pendiente sólo de la ratificación de los parlamentos nacionales, y no debe olvidarse que cumple con lo establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y con los estándares sociales y medioambientales, pero queda sometido a la diversidad de criterios debido a los cambios electorales en algunos parlamentos nacionales que pudieran obstaculizar y retrasar el proceso de ratificación.

Es necesario sincronizar y unificar a todos los países componentes de la Unión Europea, sin lo cual, a pesar de los indiscutibles beneficios económicos y sociales del CETA, habremos perdido no sólo el mejor de los tratados comerciales, sino que la economía global no volverá a creer en Europa.



(*) Economista y empresario

Los planes de la banca para la salida a Bolsa de El Corte Inglés / Miguel Alba *

El proyecto lleva algún ejercicio entre los temas pendientes de Dimas Gimeno. La salida a Bolsa de El Corte Inglés aparece y desaparece como el gran objetivo financiero una vez que las tempestades de los números parecen estar encauzadas. Lejos queda aquel agosto de 2013, la fecha en la que El Corte Inglés desnudó sus números (y detrás de ellos la dura realidad de su negocio) ante la banca acreedora para refinanciar una deuda de 4.900 millones. Cuatro años después, la hoja de ruta marcada por los bancos aparece sin tachaduras.  

El Corte Inglés ha reducido su estructura de deuda neta total al entorno de los 3.800 millones, mediante dos emisiones de bonos por 600 millones cada una a través de Hipercor y un lento y silencioso proceso de desinversiones en activos inmobiliarios y créditos morosos. En ese contexto se enmarca la venta del histórico centro en el centro comercial de Parquesur en Leganés (Madrid) dentro de un plan de desinversión de activos, para los próximos trimestres, por valor de 150 millones. Un paquete inmobiliario que engloba otros centros de Burgos, Valencia y Madrid.

"Son pasos necesarios pero no suficientes para que se produzca la salida a Bolsa", aseguran quienes monitorizan la salud financiera de El Corte Inglés de forma recurrente. El seguimiento de la banca sigue siendo constante. Una vez al trimestre, las entidades reciben un informe del líder de la distribución sobre el cumplimiento de los convenants (compromisos de pago) y del resto de acciones suscritos dentro del plan de refinanciación. De forma continua, además, se producen también otro tipo de encuentros para estudiar operaciones puntuales de desinversión encaminadas a aligerar la carga financiera. 

Pese a todo, el esfuerzo que tiene que soportar El Corte Inglés en el repago de su deuda sigue siendo caro en relación a los actuales precios del mercado. En 2013, la firma de grandes almacenes firmó unas condiciones para su reestructuración a unos tipos de entre el 3,5% y el 3,8%, en la línea con las operaciones de refinanciación que rubricaban otras grandes compañías en aquellos momentos. Malos tiempos para la lírica, sin duda, con un cocktail explosivo entre deuda empresarial y escasa solvencia de las entidades financieras. Pero volvamos al asunto. El acuerdo se renegoció dos años después, en 2015, pero las condiciones apenas sufrieron modificaciones ante la pretensión de algunas entidades de incluso elevar los costes del crédito.

La firma de grandes almacenes considera que ha llegado el momento de definir una nueva estructura del capital, con la actualización de los plazos de amortización y el análisis de nuevas fórmulas de financiación que abaraten el coste de las obligaciones. Sin embargo, la banca no parece dispuesta a una tregua de precios hasta que no se produzcan dos grandes hitos. De un lado, solicitan que los niveles de deuda sufran todavía algún tipo de rebaja. Actualmente, la deuda del grupo se eleva algo por encima de 4 veces ebitda (beneficios antes de impuestos). 

En 2015, últimos datos conocidos, El Corte Inglés logró un beneficio bruto de explotación de 912 millones, un 10,4% más, tras un incremento de las ventas de un 4,3% hasta alcanzar los 15.219 millones. La banca se plantearía una rebaja de costes cuando la deuda frente al ebitda quede por debajo de esas 4 veces, en entornos algo superiores a 3,5 veces, un objetivo factible a lo largo del próximo ejercicio, según explican fuentes financieras.

Sin embargo, la segunda gran línea roja que plantea la banca plantea más dificultades para Dimas Gimeno. Los bancos exigen que se reduzca el clima de tensión que existe en el actual consejo de El Corte Inglés en el que el socio catarí, el jeque Hamad bin Jassim bin Jaber, ha pedido una renovación de parte de este órgano de gobierno para que se diluya el poder de los históricos dando entrada a consejeros independientes. La banca considera que esta renovación del consejo, para ajustarlo a los nuevos estándares de governance que se están imponiendo en el mundo empresarial, con una incidencia especial en las empresas cotizadas, debe ser un paso obligado antes de volverse a sentar para hablar de una mejora en las condiciones de los números.

El asunto no es menor para Gimeno en un momento en el que el peso de las hijas de Isidoro Álvarez, Marta y Cristina Álvarez Guil, es creciente en las decisiones del grupo y chocan con los deseos aperturistas del socio catarí. Poseedoras del control mayoritario de la compañía gracias a su influencia en la Fundación Ramón Areces y en Cartera IASA han hecho valer su poder en la empresa para ascender a directivos afines y nombrarlos nuevos miembros del consejo de administración. En este contexto se entendería la salida de Juan Hermoso, que argumentó motivos personales, el nombramiento de Jesús Nuño de la Rosa para el consejo y, especialmente, la designación de Víctor del Pozo como consejero delegado, en un movimiento que se ha interpretado en algunos círculos como un intento de quitar poder a Gimeno.

"Es necesario que se rebajen esas tensiones en el Consejo porque hay que adoptar todavía alguna decisión estratégica de cara al futuro de la compañía", explican fuentes financieras. Una de estas decisiones sensibles, sin duda, se articula alrededor de la reorganización de plantilla. Para ello, Gimeno fichó a José Luis Romero, director de Recursos Humanos de compañías como Heineken, Iberia o Sanitas, con el fin de desarrollar un plan de reducción de plantilla en diferentes tramos para la salida de un mínimo de 3.600 trabajadores mediante bajas incentivadas. Sin embargo, Romero decidió abandonar la compañía en febrero pasado en pleno proceso de salidas. Apenas dos meses después, la compañía decidió paralizar la salida de 500 empleados que esperaban la prejubilación en base al plan de bajas ideado por Romero.

Todo este ruido interno impide a la compañía presidida por Gimeno una novación del préstamo de 2013 hacia un sindicado con mejores condiciones. En definitiva, unos precios más bajos. No será hasta que se produzca este abaratamiento en la refinanciación de su deuda cuando el grupo de distribución pueda empezar a diseñar un calendario para el salto al parqué. "Este año hay que descartarlo. De momento, no hay ningún movimiento", explican fuentes financieras. El toque de campana no será hasta 2018, como pronto.



 (*) Periodista y director de Voz Pópuli.



Todo tiene un precio / Ramón Cotarelo *

He leído comentarios encendidos sobre la decisión del Consistorio de Guadalajara de cobrar por la exhumación de Timoteo Mendieta. Tachan a los ediles del PP –los firmantes del recibo- de “ratas”. Es una injusticia. No creo que haya o haya habido rata alguna capaz de hacer con una semejante lo que los regidores municipales han hecho con Timoteo Mendieta. Ni rata, ni roedor, ni mamífero alguno, a excepción del hombre.

Por eso, el gesto del gobierno de la vara no es comparable a nada, salvo a sí mismo. Es un gesto de hombre. De homo sapiens, que dice regirse por la norma de oro de la moral de “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti”. Tres veces se ha manifestado el mismo espíritu cainita a lo largo de las generaciones: una, cuando asesinaron a Timoteo; dos, cuando silenciaron su memoria; tres, cuando se penaliza su exhumación.

Los autores de las tres monstruosidades no son físicamente los mismos. Sí lo son política y moralmente. 
 
 
Todo lo venezolano está sobredimensionado en la esfera pública. A veces hasta el hartazgo. Alguien podía inventar un meme parecido al de la Ley de Godwin, sustituyendo a Hitler por Maduro y a los bolivarianos por los nazis. Lo de Venezuela aburre.

Pero, a veces, la que llaman “octava isla canaria”, da sorpresas que descolocan al tertuliano más avezado en venezuelogía. Por ejemplo esa consulta ilegal de la oposición sobre la nueva asamblea constituyente que quiere Maduro y sus adversarios consideran un golpe de Estado para huir de las elecciones que ellos propugnan. O sea, para entendernos en la Península, un referéndum ilegal, unilateral y sin garantías. En Venezuela.

¿Y qué sucede? Que los tertulianos, columnistas y opinadores de partido (que son prácticamente todos) no saben qué decir. No es posible extrapolar la situación venezolana a España. Ni a ningún otro lugar, sospecho. Los malos de allí no coinciden con los de aquí.

Las derechas radicalmente antibolivarianas tienen que explicar por qué apoyan allende el océano una consulta ilegal que aquí prohíben. Su única salida es embarcarse en tediosas discusiones sobre si la legalidad de aquí es mejor que la de allí, algo perfectamente opinable en ambos sentidos y, por tanto, inútil. Y eso sin contar que el espíritu de obediencia a la ley de la derecha la lleva a postular la del cristiano a la ley aunque sea injusta, porque todo poder viene de Dios, al decir de San Pablo en la epístola a los romanos. Sin embargo se matiza que no hay deber de obediencia a la ley que se opone a la de Dios. Y ya estamos donde siempre: a cristazos. O a tiros.

Las izquierdas probolivarianas tienen a su vez que explicar por qué apoyan un gobierno que se opone, ignora e (imagino) considera ilegal una consulta referendaria igual a la que proponen para Cataluña. Solo puede hacerse recurriendo al mismo truco ad hominem de la derecha: la consulta referendaria catalana es una muestra de iniciativa popular y democrática, mientras que la venezolana es una provocación más y un intento de fracturar el país y acabar con la revolución y el socialismo del siglo XXI. Es muy posible. En realidad eso es lo que piensa la derecha española sobre el referéndum catalán. La izquierda tiene que admitir el derecho de los ciudadanos a realizar referéndums, con independencia de que los fines que persigan los organizadores le parezcan abominables. 

Y lo mismo puede decirse de la derecha. El referéndum venezolano no será extrapolable a España mientras los dos bloques derecha/izquierda sigan sin respetar al adversario político y sin reconocerle la dignidad que le corresponde. 

Y eso es, básicamente, falta de espíritu democrático.
 
 
 
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

Las competencias sobre Costas / Pedro García Moreno *

Decía el expresidente Pedro Antonio Sánchez al justificar la propuesta para que la Comunidad Autónoma asumiera las competencias de Costas en la reforma del Estatuto de Autonomía que «debe vincularse a un desarrollo sostenible que tenga en cuenta el medio ambiente como base de la economía. Por eso queremos implicarnos en mejorar el modelo de gestión actual de nuestra costa». Dicho coloquialmente, «para mear y no echar gota».
 
Y el diputado Domingo Segado añadía en la Asamblea Regional, para justificar la prioridad absoluta de esta reforma que «es un tema que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, nos lo han pedido desde el sector náutico, hoteleros, hosteleros...».
Desde ANSE nos dirigimos a los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional para transmitirles nuestra preocupación por las consecuencias ambientales y sociales de la asunción de las transferencias de Costas por la Comunidad Autónoma. Afortunadamente, todos los partidos de la oposición actuaron de manera responsable y decidieron votar en contra de la propuesta del Partido Popular para esta reforma urgente.

Sinceramente, nadie en su sano juicio creería que un Gobierno del Partido Popular asumiría las competencias de gestión de la costa de la Región de Murcia para hacer compatible la conservación del litoral con el desarrollo económico. Si algo ha caracterizado, precisamente, la gestión del litoral de la Región durante los últimos 20 años han sido los diferentes ´asaltos´ del Gobierno regional y de muchos Ayuntamientos para arrancar a la naturaleza costera algunos de sus últimos bastiones sin urbanizar.
 
Como ejemplo de los intereses reales que el Partido Popular ha querido para nuestra costa basta recordar que las Directrices de Ordenación Territorial del Litoral de la Región de Murcia vinieron acompañadas de la derogación de la Ley de Protección y Armonización de Usos del Litoral del Mar Menor, y la recalificación de suelos para la urbanización de grandes espacios costeros, especialmente Marina de Cope, que no ha sido destruida por el desarrollo urbanístico y una marina deportiva gracias a la acción judicial de las organizaciones de defensa de la naturaleza y las protestas ciudadanas.

 
También en el proyecto de construcción de Puerto Mayor, en La Manga, el Gobierno regional incumplió la normativa de costas para favorecer la destrucción de más de un kilómetro de playas para una nueva gran infraestructura portuaria en un entorno intensamente destruido.

El Gobierno regional también expresó que la asunción de las competencias de Costas facilitaría los trámites para la aprobación del proyecto del Macropuerto de El Gorguel, confiando en que supondría un espaldarazo a la economía regional; habría que preguntarse si sería parecido al fiasco del aeropuerto de Murcia-Corvera.
 
Además, la asunción de las competencias de Costas por nuestra Comunidad Autónoma supondría un coste económico imposible para una gestión responsable. Si durante tantos años nuestros representantes políticos protestan ante el Estado por el déficit de financiación autonómica, ¿vamos a asumir más competencias sin haber solucionado antes la supuesta deuda histórica y el desequilibrio presupuestario actual?

Asumir las competencias de Costas no conlleva solamente autorizar chiringuitos o infraestructuras portuarias, hoteles y urbanizaciones, sino asumir también la recuperación del litoral y/o protección de lo urbanizado coincidiendo con un grave proceso de regresión de la línea de costa, que obligará a tomar medidas muy costosas económica y socialmente para salvar al mismo turismo de sol y playa. No es creíble que el Gobierno regional vaya a ser capaz de hacerlo, y sus consecuencias económicas serían desastrosas para nuestra Comunidad.

Y otro debate no menor, tal vez el más importante, sería el de si la gestión de un espacio con vocación pública, más allá de los intereses locales, como es la costa, debe ser regulado y gestionado desde una Comunidad Autónoma o un Ayuntamiento, pero no hay tiempo ni espacio para abordar aquí esta cuestión.


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http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2017/07/16/competencias-costas/845615.html

Revista de Prensa / A. R. Mendizabal *


Lunes con por­tadas y grandes ti­tu­lares para: Cataluña y sus mu­chas cir­cuns­tan­cias; Popular y los re­co­vecos de su re­so­lu­ción; las dos de­rrotas (Valencia y Extremadura) y otras dos vic­to­rias (Cantabria y La Rioja) del san­chismo en las pri­ma­rias so­cia­les; y el ple­bis­cito po­pular contra Nicolás Maduro en Venezuela, jor­nada sal­dada por al menos dos muertos más, y van casi cien en dos me­ses. 

Este lunes se inicia la pri­mera se­mana de tra­bajo de las ne­go­cia­ciones del Brexit en pleno des­con­cierto en el Gobierno bri­tá­nico. La guerra sucia sub­te­rránea ha arre­ciado el fin de se­mana con el mi­nistro de Economía Philip Hammond como prin­cipal pro­ta­go­nista. Varias fil­tra­ciones cal­cu­ladas lo han cri­ti­cado du­ra­mente y él se ha de­fen­dido al con­tra­ata­que: con­si­dera que hay una cam­paña contra él dentro del ga­bi­nete por su pos­tura a favor de un Brexit suave y con un largo pe­riodo de transición para per­ju­dicar lo menos po­sible a las em­pre­sas. The Sunday Times dice que hasta cinco fuentes han puesto a caldo a Hammond y han fil­trado que el mi­nistro se queja de que los fun­cio­na­rios ganan un 10% por en­cima de lo que de­be­rían, además de otras crí­ti­cas, entre ellas su­puestos co­men­ta­rios ‘sexistas’. Hammond de­nuncia que todo son ter­gi­ver­sa­cio­nes. Pero The Daily Telegraph in­siste este lunes en que ‘un mi­nis­tro’ opina que Hammond lo que quiere es ‘frustrar’ el Brexit. 

Todo ello des­pués de otra sa­cu­dida a la opi­nión pú­blica con el in­forme del ‘enviado es­pe­cial’ de la City de Londres a Europa, Jeremy Browne, que 'analiza' la si­tua­ción: el Mail on Sunday ha pu­bli­cado la ‘filtración’ cal­cu­lada. Su te­sis: que Francia está ha­ciendo todo lo po­sible para ‘destruir’ la City y lle­varse al con­ti­nente todos los bancos y todas las firmas que pueda. 

China ha anun­ciado este lunes un cre­ci­miento del PIB del 6,9% in­ter­anual en el se­gundo tri­mes­tre, algo por en­cima de lo pre­visto. 

Mientras, Corea del Norte no se ha cor­tado un pelo con los mo­tivos de una emi­sión de se­llos de co­rreos: una ba­tería de mi­siles ata­cando el Capitolio de Washington y un puño aplas­tando un misil nor­te­ame­ri­cano. 

CATALUÑA
El País: El Gobierno ca­talán fuerza la ma­qui­naria del re­fe­rén­dum: el Parlament ce­le­brará el día 26 un pleno para mo­di­ficar el re­gla­mento de la Cámara y ac­tivar la vo­ta­ción ilegal (Pere Ríos). Otro ti­tu­lar: Sánchez pide a Rajoy que ne­gocie con Puigdemont para evitar el re­fe­réndum (Pere Ríos). Otro ti­tu­lar: 200 afi­liados de Catalunya en Comú firman un ma­ni­fiesto contra el 1-O (Ángels Piñol). La Vanguardia: Entrevista a Pedro Sánchez: ‘La na­ción de na­ciones es la España que ven­drá, el cen­tra­lismo es el pa­sado’ (Juan Carlos Merino). Otro ti­tu­lar: Inquietud en los Mossos por su papel en el 1-O tras la lle­gada de Forn (Leonor Mayor Ortega). Otro ti­tu­lar: Así ac­tuará 'en 24 ho­ras' el Estado para im­pedir la compra de urnas para el 1-O (Luis B. García). Otro ti­tu­lar: Turull ad­mite 'un doble sen­ti­miento' en el PDeCAT por los re­levos en el Govern (Luis B. García). 

La Razón: La ley del re­fe­réndum anula las ga­ran­tías elec­to­rales de los ca­ta­la­nes: in­forme de los ser­vi­cios ju­rí­dicos del Estado. El Periódico: El ele­fante está listo: Rajoy tiene pre­pa­radas todas las he­rra­mientas del Estado de Derecho para frus­trar el re­fe­réndum del 1-O (Pilar Santos). El Español: Los 10 ca­minos in­ciertos que puede se­guir el Estado para parar a Puigdemont (María Peral). OKdiario: El Tribunal de Cuentas con­de­nará a Mas y Homs a pagar los 5 mi­llones que costó el 9-N (M.Á. Ruiz Coll). El Confidencial: Los 'indepes' ini­cian ya la guerra fra­tri­cida por las listas para las au­to­nó­mi­cas: ten­siones entre el PDECat y los rep­bu­li­canos (Antonio Fernández). Otro ti­tu­lar: El 'negocio' del in­de­pen­den­tismo (V): Cataluña riega me­dios afines con 7 mi­llones y man­tiene una ra­dio­te­le­vi­sión pú­blica de oro (Paloma Esteban). 

OTRA INFORMACIÓN NACIONAL
Capital Madrid: El PNV salva la le­gis­la­tura de Rajoy, pero no le apoya contra Puigdemont: anuncia que si el Gobierno aplica el ar­tículo 155 le tendrá en­frente (José Hervás). El Confidencial: Sánchez fra­casa en su asalto contra Puig pero se apunta el tanto en Cantabria y La Rioja (Juanma Romero y Víctor Romero. Valencia). Público: Primarias en cuatro fe­de­ra­ciones del PSOE: Vara y Puig re­sisten y los san­chistas ganan en Cantabria y La Rioja (Manuel Sánchez). Vozpopuli: Puig y Vara frenan el avance 'pedrista' en las fe­de­ra­ciones del PSOE: los pre­si­dentes de la Comunidad Valenciana y Extremadura ganan las pri­ma­rias en sus fe­de­ra­ciones (Laura Caldito). El Mundo: Puig gana su pulso contra Sánchez en Valencia (H. Sanjuán, I. Lidón y L.Á. Sanz). El País: Puig y Vara lo­gran la re­elec­ción en las pri­ma­rias (F.G. e I.Z.). 

El Economista: Sánchez ne­gocia con Iglesias ya para des­montar las re­for­mas: los dos lí­deres asis­tirán a la pri­mera cita entre sus equipos des­pués de salvar sus re­la­ciones en Castilla-La Mancha (Silvia Zancajo). Eldiario: El 'efecto Sánchez' no afecta por ahora a los pre­si­dentes que apo­yaron a Díaz (Irene Castro). Otro ti­tu­lar: El mis­terio de la vi­ce­pre­si­denta sigue in­tacto (Rodrigo Ponce de León). El Independiente: Rajoy dis­pone de 245 ase­sores nom­brados a dedo, pero sólo 78 tienen es­tu­dios su­pe­riores (Francisco Núñez). Estrella Digital: El di­nero di­vide a Ahora Madrid y fa­ci­lita la purga de Carmena: Iglesias, al acecho (Carlos Lospitao). 

ECONOMÍA Y EMPRESAS
Capital Madrid: Las cons­truc­toras re­celan del nuevo plan de ca­rre­teras de 5.000 mi­llones del Gobierno: con­si­deran que la in­ver­sión está su­pe­di­tada a la ini­cia­tiva pri­vada sin ga­rantía al­guna y re­claman a Rajoy pro­yectos de sa­ni­dad, aguas, medio am­biente y agri­cul­tura (Julián Gonzalez). El Economista: La fa­bri­ca­ción de co­ches marca ré­cord con 3 mi­llones este año: el sector debe man­tener el ritmo de cre­ci­miento ac­tual, cer­cano al 6% (Antonio Lorenzo). Otro ti­tu­lar: El em­pleo está aún diez puntos por de­bajo del ob­je­tivo eu­ropeo de 2020 (Cristina Alonso). Otro ti­tu­lar: Celsa ul­tima re­ne­go­ciar 2.600 mi­llones para es­quivar el con­curso: el Santander, mayor acreedor de la em­presa (Estela López y Rubén Esteller). El Confidencial: El veto a Qatar pone en riesgo la Champions en España y la venta de Imagina y Aernnova (Agustín Marco). Otro ti­tu­lar: El Gobierno deja en 3.000 M el coste má­ximo por la ava­lancha de pleitos de las re­no­va­bles (Juan Cruz Peña). 

La Vanguardia: Hacienda exi­girá a las webs de al­quiler los datos de los ca­se­ros: la norma afecta a em­presas como Airbnb, HomeAway o Niumba (Alicia Rodríguez de Paz). Otro ti­tu­lar: La Barceloneta se con­jura para acabar con los pisos tu­rís­ticos y el in­ci­vismo. El Periódico: El al­quiler se dis­para en el área me­trol­po­li­tana de BCN (Max Jiménez Botías). Otro ti­tu­lar: Los pisos tu­rís­ticos asaltan el centro de Madrid (Mercedes Jansa). Cinco Días: Hacienda li­mita la de­duc­ción por usar la casa a los au­tó­no­mos: la des­gra­va­ción para quien uti­liza parte de su vi­vienda como ofi­cina su­pe­rará el 10% en casos es­pe­cia­les. Otro ti­tu­lar: El Supremo es­ta­blece los re­qui­sitos de la ju­bi­la­ción ac­tiva. Otro ti­tu­lar: La in­dus­tria vasca vive el ajuste pos­te­rior a la crisis (Javier Vadillo). Otro ti­tu­lar: Alemania su­pera a Francia como primer des­tino de co­ches made in Spain. Otro ti­tu­lar: Repsol lanza un plan en sus ga­so­li­neras para pre­venir ac­ci­dentes de ci­clis­tas. 

ABC: Más de 500.000 au­tó­nomos han te­nido que ce­rrar en la úl­tima dé­cada por la mo­ro­si­dad. Otro ti­tular El PNV pone precio a su apoyo al Gobierno en las cuentas de 2018: Seguridad so­cial y Prisiones (Itziar Reyero). Bolsamanía: 2.130 euros un parto y hasta 19.000 una apen­di­ci­tis: el precio de la Sanidad Pública y 'gratuita' en España (Jennifer Correas). El Español: La mitad del gasto hos­pi­ta­lario se des­tina a nueve tipos de fár­macos (Elena Bustamante). El Mundo: El Gobierno res­palda en la UE a las 'gasolineras fan­tasma' en su pugna con las Comunidades (Víctor Martínez). Expansión: La fa­milia Piñero, dueña de Bahía Príncipe, quiere crecer en el Caribe. Otro ti­tu­lar: Corsair se en­frenta a Sacyr, Abanca y Kutxabank por el con­trol de Itínere. 

SECTOR FINANCIERO
Vozpopuli: Popular usó pro­ductos com­plejos para ocultar mo­ro­sidad al Banco de España (Mario Moratalla). Expansión: Bruselas vi­gila la ofen­siva co­mer­cial de Popular: la compra por Santander aún está pen­diente de au­to­ri­za­ción por la Comisión Europea (Antonio Lorenzo). El País: El im­pacto del la­dri­llo, clave en el in­forme con­fi­den­cial sobre el Popular: en un es­ce­nario op­ti­mista Deloitte con­si­deró más be­nigno el efecto in­mo­bi­liario y las pro­vi­siones del banco al que dio un valor po­si­tivo de 1.300 mi­llones (Íñigo de Barrón). Público: Nuevos datos os­cu­recen el 'éxito' de la in­ter­ven­ción del Popular: cues­tionan la ne­ce­sidad de la ope­ra­ción, la venta sim­bó­lica al Santander por un euro y las po­si­bi­li­dades de que los per­ju­di­cados re­cu­peren su di­nero (Vicente Clavero). El Confidencial: Los Botín acuden a me­dias a la am­plia­ción de ca­pital del Santander para com­prar Popular (Agustín Marco). 

Capital Madrid: Por qué Liberbank tiene dos meses más de blin­daje en Bolsa: el banco ha visto con­fir­madas sus pre­vi­siones por tres ex­pertos in­de­pen­dien­tes, y 12 de 14 in­formes de ana­listas re­co­miendan man­tener o com­prar sus ac­cio­nes. (Marcos Celada). El Mundo: La in­ver­sión pri­vada en España al­canza los 150.000 mi­llones y ya aporta un punto de cre­ci­miento al PIB (Daniel Viaña). Cinco Días: Los fondos captan 155.000 mi­llones para volver a ni­veles pre­cri­sis. Otro ti­tu­lar: Restauración a do­mi­ci­lio: los grandes fondos de ca­pital riesgo pro­mueven el ne­gocio de la dis­tri­bu­ción de co­mida. El Economista: Entrevista a Pablo Zalba, pre­si­dente del ICO: ‘La pyme debe fi­nan­ciarse con ca­pital rpi­vado o emi­tiendo bo­nos’. Otro ti­tu­lar: Los em­pleados de banca exigen tener se­guros de res­pon­sa­bi­lidad ju­rí­dica por temor a de­mandas tras el ‘caso Popular’ (F. Tadeo). 

OTROS TITULARES DESTACADOS
El País: La po­licía des­cubre la causa por la que Villarejo in­ter­vino en el ‘caso Nicolay’: los agentes sos­pe­chan que el ex co­mi­sario in­ten­taba anular el pro­ce­di­miento para evitar que la in­ves­ti­ga­ción les lle­vara hasta una finca de De la Joya (Javier Ayuso). Vozpopuli: La Fiscalía in­ves­tiga el tras­paso de 0,6 mi­llones de Zed a La Venta El Tito, de la novia de Javier Pérez Dolset (Alberto Ortín). 

OPINIÓN
Editorial en ABC: ‘Sánchez sigue sin saber qué es na­ción’. Otro edi­to­rial: ‘Mayor efi­cacia contra la mo­ro­si­dad’. Pablo Iglesias y Xavier Domènech en El Periódico: ‘Catalunya, un sol po­ble: como mo­vi­li­za­ción po­lí­tica, reivin­di­camos la le­gi­ti­midad del 1-O y apo­yamos que se reali­ce’. Editorial en El Mundo: 'El pacto entre PP y PNV, be­ne­fi­cioso dentro de unas 'líneas ro­jas'. Otro edi­to­rial: 'Hay que frenar el re­clu­ta­miento de yiha­dis­tas'. Otro edi­to­rial: ‘Macron re­fuerza su pro­yec­ción como líder eu­ro­peo. Jesús Cacho en Vozpopuli: 'Junqueras y los nuevos hé­roes del Fossar de les Moreres. Por fin el Gobierno Rajoy ha dado con la te­cla. Ha tar­dado 5 años, pero pa­rece que por fin lo ha en­ten­dido. Ha com­pren­dido que la clave para com­batir al se­ce­sio­nismo está en el bol­si­llo. En ese dicho tan ca­talán de 'la pela es la pe­la'. Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital: 'Ante la ra­di­ca­li­za­ción se­pa­ra­tista, Rajoy mo­dera su mo­de­ra­ción'. 

Editorial en El Paìs: ‘Recuperar los sa­la­rios: sólo una subida acorde con la pro­duc­ti­vidad sos­tendrá el cre­ci­mien­to’. Otro edi­to­rial: ‘Al res­cate de la fron­teras sur: el apoyo de Francia y Alemania a Italia por la pre­sión mi­gra­toria es po­si­tivo pero se per­cibe in­su­fi­cien­te’. Editorial en El Economista: ‘Fortalezas que el auto debe pre­ser­var’. Otro edi­to­rial: ‘Persisten las dudas con el fu­turo de Celsa’. Otro edi­to­rial: ‘Petición ló­gica de los em­pleados de ban­ca’. Editorial en Cinco Días: ‘Una re­cu­pe­ra­ción eco­nó­mica que re­plica el es­quema an­te­rior a la cri­sis’. Ángeles Gonzalo en el mismo dia­rio: ‘Los trapos su­cios de la crisis y caída de Popular’. Salvador Arancibia en Expansión: ‘Explicaciones de Linde sobre la crisis y el Popular’. Esmeralda Gayán en El Nuevo Lunes: 'Los ver­dugos del Popular: los mismos que apuntan a la falta de li­quidez del banco como causa de la in­ter­ven­ción fueron los que la pro­vo­ca­ron'. 


(*) Periodista


https://www.capitalmadrid.com/news_links/2383 

domingo, 16 de julio de 2017

Miles de personas en el 125º aniversario de la tradicional romería marinera de la Vírgen del Carmen en el Mar Menor


SAN PEDRO DEL PINATAR.- San Pedro del Pinatar ha celebrado hoy uno de sus días grandes, con una multitudinaria romería a pie desde San Pedro hasta Lo Pagán y una procesión marítima con cientos de embarcaciones acompañando a la "Estrella de los Mares".

Pinatar celebraba así una de las festividades con mayor arraigo y tradición, una romería por tierra y mar en honor a la Virgen del Carmen, que cumple 125 años y en la que pescadores y fieles, acompañados por miles de vecinos y visitantes, trasladan su imagen desde San Pedro del Pinatar hasta Lo Pagán.
La festividad, que se remonta al siglo XVIII en el municipio, ha comenzado a las 07:00 horas con una diana por las calles de San Pedro del Pinatar, seguida una hora después por una multitudinaria misa de campaña en la plaza de la Constitución.
Miles de personas han formado parte de la romería que a las 09:00 horas partía desde la iglesia San Pedro Apóstol hasta el puerto de Lo Pagán, realizando paradas en los altares que vecinos y pescadores levantan en honor a la Virgen y en los que se ha vuelto a escuchar la Salve Marinera, entonada esta vez por fieles y pescadores.
Este año, y con motivo del 125 aniversario, además de las tradicionales paradas, la imagen de la Virgen ha realizado un alto frente al gran mural realizado en su honor por los artistas de la Compañía de Mario en la avenida Romería de la Virgen del Carmen.
La tradicional "tronaera" ha anunciado la entrada de la Virgen en el Puerto de Lo Pagán y ha puesto fin al recorrido terrestre. El barco, "Caricano" de Rubén Albaladejo, miembro de la cofradía de Pescadores, ha sido el encargado de embarcar este año la imagen de la patrona en su recorrido por el Mar Menor.
La Virgen ha sido escoltada por cientos de embarcaciones pesqueras y de recreo, engalanadas para la ocasión y abarrotadas de fieles que, tras una oración, han arrojado claveles al agua en memoria de los hombres del mar fallecidos.
Posteriormente se ha guardado un minuto de silencio, que ha roto con las sirenas de los barcos. Además, durante el trayecto se ha realizado una pasada de la Patrulla Águila que ha dibujado la bandera de España sobrevolando la procesión.
Antes de desembarcar y con motivo de este importante aniversario, la Patrulla Águila ha realizado una espectacular exhibición de vuelo acrobático frente a la playa de La Puntica.
Además, los asistentes también han podido disfrutar de una exposición a flote de barcos de vela latina, embarcación típica del Mar Menor, junto al Centro de Actividades Náuticas.
Posteriormente se ha celebrado una misa de Campaña en la Lonja de Pescado de Lo Pagán, antes de que la imagen fuera trasladada a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Lo Pagán.
El presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, la alcaldesa de San Pedro del Pinatar, Visitación Martínez y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Jesús Antonio Gómez, eran los encargados de abrir la procesión terrestre junto a representantes de la Asociación Virgen del Carmen y otros cargos civiles y militares.
López Miras participó tanto en la romería terrestre como marítima.
La romería que se celebra en el municipio de San Pedro del Pinatar es de Interés Turístico Regional desde 1965. “Desde el Gobierno murciano estamos trabajando para que sea declarada de Interés Turístico Nacional”, dijo el presidente.
La jornada finalizará esta madrugada con la procesión de regreso hasta San Pedro del Pinatar, a partir de la media noche, con la que se cierra también un extenso programa de actos en honor a la Virgen del Carmen en este aniversario.

El Banco de Alimentos del Segura recibe en 2016 la mayor aportación de su historia con más de dos millones de kilos

MURCIA.- El presidente del Banco de Alimentos del Segura, Bonifacio Fernández, entregó al alcalde de Murcia, José Ballesta, el Resumen de Actividades del Año 2016, en una reunión en la que también estuvo presente la concejal de Derechos Sociales, Conchita Ruiz Caballero.

La memoria pone de manifiesto que esta asociación sin ánimo de lucro registró el pasado año la mayor entrada de kilos de sus ocho años de historia, con un total de 2.058.177 kilos que beneficiaron a 35.276 personas.
La leche y los productos lácteos fueron los alimentos más donados por murcianos, empresas e instituciones (28,35% del total), seguidos del arroz, la pasta y las legumbres (17,29%) y la fruta y verdura fresca (12,6%). Los kilos de comida recogidos en 2016 suponen un incremento del 13,1% con respecto a 2015.
Con respecto a los kilos de alimentos por beneficiario, también se han obtenido las mejores cifras hasta la fecha, alcanzando en 2016 los 57,7 kilos, frente a los 56,7 de 2015 o los 41,6 de 2016, continuando la trayectoria ascendente de este organismo que atiende a un total de 142 asociaciones benéficas.
Entre ellas se encuentran Cáritas parroquiales, comedores y residencias de ancianos, asociaciones de inmigrantes, organismos que trabajan por la inclusión social, comunidades y entidades religiosas y otras entidades benéficas.
Un total de 2.000 voluntarios han colaborado de manera altruista con esta institución cuyo objetivo es la recogida, almacenamiento y distribución de alimentos para hacerlos llegar a entidades benéficas.
El Ayuntamiento de Murcia aprobó hace unos días una subvención de 20.000 euros al Banco de Alimentos del Segura para este 2017. El proyecto subvencionado se denomina ‘Ayudándonos a ayudar’ e incluye campañas de recogida y clasificación de alimentos, visitas a entidades benéficas y organizaciones de reparto, así como campañas de sensibilización para el fomento del voluntariado y actividades de formación y sensibilización en centros educativos.

Padín: 'Si el Gobierno de CT hubiera cumplido su palabra, habríamos podido ahorrar más de un millón de euros en el recibo del agua'

CARTAGENA.- Ciudadanos preguntará en el próximo Pleno ordinario qué nuevas acciones ha emprendido el Gobierno local para conseguir que el recibo del agua le cueste menos a los cartageneros y cuándo se enviará a la Comunidad una propuesta con garantías para reducir la tarifa. Han transcurrido más de seis meses desde el acuerdo que el Grupo Municipal de Ciudadanos planteó al Ejecutivo local para dar su voto favorable a los presupuestos municipales de 2017. 

El documento, que fue firmado por José López, Ana Belén Castejón y los portavoces de los grupos de MC y PSOE, incluía un plazo de 30 días para la tramitación de la revisión de la tarifa del agua, su aprobación en Junta de Gobierno y su traslado a la CARM con todos los informes técnicos, jurídicos, y económicos favorables. 
La formación naranja calcula que si el Gobierno local de Cartagena hubiera cumplido su palabra, los cartageneros habrían podido ahorrar más de un millón de euros, "es intolerable que esta chapuza en las negociaciones con la empresa concesionaria del servicio esté perjudicando a nuestros vecinos a razón de unos 6.000 euros al día, contando con la estimación de reducción más baja", ha indicado el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín.
Padín ha recordado que tras la última reunión entre la directiva de Hidrogea, el pasado 3 de julio, y el Ayuntamiento, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, manifestó públicamente que iba a trabajar para, "a la mayor brevedad posible negociar una solución y decirle a los cartageneros que vamos a bajar el agua". 
Según Manuel Padín, "llevan más de dos años anunciando que a la mayor brevedad posible bajará el recibo del agua; y ya no hay manera de tomarse en serio la palabra de nadie; esta nefasta gestión por parte de una Administración local dividida está costando muy cara a los cartageneros". 
El portavoz de C's Cartagena asegura que no duda de la buena intención de la alcaldesa, "espero que cumpla lo que ha prometido, pero mucho me temo que con eso compañeros de viaje que se ha buscado lo tendrá muy difícil". 
En este sentido, Padín ha mostrado su preocupación por la información publicada hace unos días en la que MC aseguraba que la Concejalía de Desarrollo Sostenible había calculado las liquidaciones del contrato de suministro de agua potable desde 2011 hasta 2016,con un superávit de más de 13 millones, "pero este trabajo contable, según informa el diario La Verdad, no ha sido refrendado por ningún órgano municipal decisorio, ni siquiera ha sido comunicado a través de ningún canal oficial del Ayuntamiento sino a través de la web de un partido político". 
El portavoz de C's considera "llamativo y desconcertante" que MC hable en nombre de una Concejalía de manera unilateral, sin el respaldo de todo el Gobierno local, "esto vuelve a demostrar que Cartagena está gobernada por dos partidos que no se hablan, que trabajan dándose la espalda y así va a ser imposible llegar a un acuerdo con Hidrogea para bajar el precio del agua". 
En opinión de Manuel Padín esta situación de ingobernabilidad sólo puede empeorar conforme se acerquen las próximas elecciones municipales, "por desgracia, para los políticos populistas el interés general de Cartagena está sometido a la estrategia partidista y al capricho personal".

Ni una sola policía local de la Región se ha sumado a la herramienta de seguimiento de violencia de género

MURCIA.- Ciudadanos ha denunciado que ningún cuerpo de Policía Local de la Región se ha sumado todavía al sistema de Seguimiento Integral en casos de Violencia de Género (VioGén), una red informática actualizada que permite consultar cualquier información referente a casos de violencia doméstica y la situación actual de víctima y agresor. 

El diputado nacional José Luis Martínez ha añadido que “a nivel local, tan solo dos de los cuarenta y cinco municipios de la Región -Santomera y Alhama de Murcia- han solicitado su inscripción en este sistema, a pesar de que este mes de julio cumple ya una década de funcionamiento”.
 El Gobierno ha facilitado estos “desoladores datos sobre la prioridad política que supone la lucha contra esta lacra para nuestros ayuntamientos” en respuesta a una pregunta escrita de Martínez registrada el pasado mes de mayo.
La incorporación al sistema se efectúa a instancia del ayuntamiento interesado, siendo las Unidades de Violencia y de Coordinación de Violencia sobre la Mujer de las Delegaciones del Gobierno las encargadas de coordinar la documentación necesaria para la incorporación de las policías locales. 
El protocolo para la incorporación de estos cuerpos al Sistema VioGén se recoge en el denominado Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento correspondiente, firmado por el Secretario de Estado de Seguridad y por el alcalde solicitante. 
Y especifica en su cláusula novena que “no conlleva gastos para el Ministerio del Interior”, y el Gobierno ha comunicado en su respuesta a la pregunta de Cs que entiende que tampoco los supondría para el ayuntamiento.
“Las herramientas de que disponen las corporaciones locales para luchar contra la violencia de género son pocas, pero no hay excusa para no sumarse a las existentes, máxime cuando no suponen gasto alguno”, lamenta José Luis Martínez. 
“Más allá de las concentraciones de repulsa y las banderas a media asta, los alcaldes tienen oportunidades para luchar contra la violencia de género y no las aprovechan. Está claro que no se trata de una prioridad política de nuestros regidores, sean del partido que sean”, ha zanjado el diputado naranja.
La red VioGén permite poner en contacto a todas las instituciones con competencias en violencia de género. Toda la información referente a cada caso se encuentra en la base de datos del sistema, que analiza el riesgo en tiempo real, realizando incluso predicciones de riesgo y generando alertas. 
Por ejemplo, si hay una víctima de violencia de género en un municipio y su agresor se da de alta como trabajador en el mismo u otro cercano.
La pasividad de los ayuntamientos de la Región se hace más patente si se tiene en cuenta que la nuestra es la tercera comunidad con mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con 80,8, hasta 24 puntos por encima de la media nacional. 
Solo el pasado año, los juzgados especializados en violencia sobre la mujer de la Región recibieron 6.302 denuncias, un 25,2% más que en 2015.

La CARM extrema las acciones de detección de incendios en las riberas del río Segura


MURCIA.- La Comunidad Autónoma tiene activo desde principio de este mes el dispositivo especial 'Thader' que extrema las acciones de detección y extinción de incendios en las riberas del río Segura.

Hasta el próximo 15 de octubre estará en vigor este operativo especial de custodia formado por agentes medioambientales y brigadas de intervención rápida que busca preservar estos ecosistemas y minimizar los efectos ante posibles incendios. El dispositivo se inauguró en 2010 por la repetición de incendios relacionados con la quema de cañaverales en el entorno del río.
La directora general del Medio Natural, Consuelo Rosauro, indicó que "estos alteran la vegetación arbórea y arbustiva, afectan gravemente a la fauna y suponen un peligro permanente para otros valores ambientales situados en la ribera del Segura y sus inmediaciones".
Además, estos fuegos conllevan un riesgo físico para todas aquellas personas que participan en su extinción y un perjuicio económico considerable, tanto por los medios que se desplazan a sofocarlos como por el valor de los bienes que desaparecen bajo las llamas.
Desde su puesta, cada año decrece el número de incendios de ribera, aunque se está en máxima alerta para evitar su proliferación. Para lograr este fin, agentes medioambientales y brigadas forestales especializadas recorren a diario los márgenes de los ríos Segura, Argos, Mula y Pliego, así como numerosas ramblas.
Entre sus labores está trasladar información y apoyo a todos los usuarios de estas áreas y corregir en último extremo las conductas o actividades irresponsables. 
Además, las brigadas de intervención rápida registran los puntos donde existe acumulación de ramas en los cauces de ramblas y ríos o sus proximidades, donde se prevea que puede originarse un incendio de ribera, de modo que los agentes de la comarca los revisan y contactan con los propietarios de las parcelas colindantes para evitar que la se lleve a cabo una quema no autorizada con las consiguientes condiciones de riesgo.
En el dispositivo participan agentes medioambientales de Moratalla, Cehegín, Calasparra, Cieza, Abarán, Mula y Ricote. A ellos se sumarán las brigadas de intervención rápida de Mula, Cieza, Murcia y Caravaca de la Cruz con un vehículo ligero con cisterna de 400 a 800 litros de capacidad. En conjunto, participarán en el dispositivo un total de 32 personas.

Datos
Desde enero hasta abril de 2017 se produjeron 15 incendios de ribera. Todos quedaron en conato, con una superficie total afectada de 1,28 hectáreas. El mayor de estos incendios tuvo una superficie de 0,59 hectáreas y tuvo lugar el 11 de abril en el Barranco del diablo de Albudeite, en el río Mula.
De los 15 incendios, dos afectaron a una superficie de entre 0,1 y una hectárea y los 13 restantes quedaron pequeños conatos gracias a la intervención de los recursos coordinados por el Plan Infomur de la Comunidad Autónoma.

La producción científica de la Región supera las 2.800 publicaciones en revistas internacionales

MURCIA.- La producción científica de la Región de Murcia, esto es, el número de artículos publicados en las mejores revistas internacionales de cada ámbito del conocimiento, supuso el pasado año 2.865 publicaciones, alcanzando el 3,46 por ciento de la producción total de España, que llegó a las 82.710 publicaciones.

Este es uno de los datos obtenidos por la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, a través del Observatorio de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia de la Fundación Séneca, que está trabajando en el 'Análisis de indicadores de producción y actividad científica de la Región de Murcia para 2016'.
El consejero de Empleo, Universidades y Empresa, Juan Hernández, destacó que el Gobierno regional "apuesta por el desarrollo de una economía basada en el conocimiento" y explicó que estos datos reflejan "el gran nivel de nuestros investigadores". 
Asimismo, recordó que la Región cuenta con 3.705 investigadores y 1.936 técnicos de apoyo a la investigación. De todos ellos, el 28,9 por ciento desarrolla su trabajo en el sector empresarial; el 61,5 por ciento en universidades y centros de investigación; y el 9,45 por ciento en organismos públicos.
Juan Hernández apuntó que "es preciso seguir trabajando para transformar este conocimiento en productos e impulsar empresas basadas en modelos de negocio vinculados a éste". 
Asimismo, aseguró que "apoyando y formando a los investigadores se logra aumentar el capital humano cualificado, dando respuesta a las necesidades de las empresas, que cada vez podrán ser más competitivas y crearán más empleo de calidad".
Los informes de producción científica de la Región que elabora periódicamente la Fundación Séneca son fruto del trabajo de documentalistas, investigadores, gestores de investigación y expertos en bibliometría y evaluación científica, así como de la colaboración con todas las universidades y organismos públicos de investigación de la Región.
El informe completo, que estará disponible al final de año, incorpora información sobre otros muchos aspectos de la actividad de I+D+i en la Región, como la colaboración internacional, las tesis doctorales leídas, las áreas de conocimiento más productivas, la actividad de transferencia de conocimiento y la colaboración de los organismos de investigación con las empresas, las patentes generadas o las empresas creadas para explotar comercialmente los resultados de este trabajo investigador.
Los datos primarios han sido obtenidos de 'ISI Web of Science', la base de datos de revistas científicas más amplia y reconocida del mundo. Estos han sido volcados a la base de datos Séneca Científica, que recoge información exhaustiva acerca de la producción científica de los investigadores que trabajan en la Región de Murcia, así como de sus instituciones y grupos de investigación, y que se alimenta periódicamente con los nuevos resultados cosechados cada año.

C's solicita el desdoblamiento de la carretera que une Torre Pacheco con la autovía Murcia-Cartagena

CARTAGENA.- Ciudadanos ha registrado una iniciativa en la Asamblea Regional en la que ha solicitado la realización del desdoblamiento de la carretera RM-F14 que une Torre Pacheco con la autovías Murcia-Cartagena y Alhama de Murcia-Campo de Cartagena, a través de la pedanía de El Jimenado.

Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha recordado que Torre Pacheco es el octavo municipio con más población de la Región de Murcia, “sin embargo, tiene unas vías de comunicación del siglo pasado ya que únicamente se puede acceder a la población a través de carreteras autonómicas”.
El portavoz de la formación naranja ha resaltado que esta circunstancia “supone un grave inconveniente para los vecinos de Torre Pacheco que se desplazan a Cartagena, Murcia, o cualquier población del municipio porque tienen que utilizar vías secundarias, muchas de las cuales se encuentran en un lamentable estado de conservación”.
Sánchez ha incidido en la necesidad del desdoblamiento de la carretera RM-F14, que también es el acceso al recinto ferial Ifepa, atendiendo a una reivindicación histórica de los pachequeros. 
“La realización de esta obra permitiría un acceso adecuado a las autovías Murcia-Cartagena y Alhama de Murcia-Campo de Cartagena, lo que conllevaría una mejor conexión con la Región”.
“Asimismo, el desdoblamiento de esta vía reducirá el riesgo que presenta una carretera en la que se han producido numerosos accidentes de tráfico debido a la gran cantidad de vehículos que transitan por la misma”, ha finalizado Sánchez.

Podemos solicita al juez del 'caso Auditorio' que procese a PAS por dos delitos más

MURCIA.- Podemos apenas tardó una semana en preparar su recurso contra el auto de procedimiento abreviado que dictó el magistrado instructor del 'caso Auditorio' el pasado día 7 y por el que vino a procesar a Pedro Antonio Sánchez (PAS), expresidente del Gobierno murciano, máximo responsable del PP regional y diputado en la Asamblea Regional, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude a ente público y fraude de subvenciones.

En este escrito, al que ha tenido acceso 'La Verdad', el letrado de la formación, Gines Ruiz Maciá, reclama que se amplíe la lista de presuntos delitos que se imputan a Sánchez con los de falsedad en documento público e infidelidad en la custodia de documentos. 
 Además, reclama que se mantenga la acusación contra varios técnicos municipales a los que el magistrado Julián Pérez Templado decidió exculpar de cualquier responsabilidad penal por las irregularidades en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.

'Huermur' coloca un buzón para denunciar ataques al patrimonio durante el verano


MURCIA.- La Asociación para la Conservación de la Huerta de Murcia (Huermur) habilita un buzón de denuncias en su 'web' www.huermur.es y el correo electrónico denuncias@huermur.es, donde los ciudadanos pueden enviar información «acerca de cualquier asunto sobre medio ambiente, acequias, entubamientos, y patrimonio cultural en peligro que esté ocurriendo en la Huerta de Murcia, y también en la de Alcantarilla, Santomera y Beniel».

Los avisos que lleguen serán analizados, trabajados por los técnicos y jurídicos de Huermur y, si procede, «puestos en conocimiento de las administraciones y autoridades competentes». 
Desde el colectivo señalan que durante meses han estado recibiendo «numerosos avisos sobre actuaciones que se estaban llevando a cabo en la Huerta y en la ciudad por parte de vecinos y personas anónimas», y que gracias a su colaboración «se han podido destapar grandes escándalos, patrimonio histórico en peligro, robos de agua de regadío, entubamientos, talas, vertidos...».
Por todo ello, la asociación habilita un canal para que quien quiera pueda colaborar en la protección y conservación de la Huerta de Murcia, «avisando de lo que está pasando y ayudando a frenar las barbaries que día a día se están cometiendo y más aún en la época estival».

El Gobierno regional respalda a los funcionarios ante la querella de la UCAM

MURCIA.- El Gobierno regional ha mostrado su apoyo a los funcionarios y ex altos cargos afectados por la querella presentada por la UCAM en la que acusa a la ex directora general de Bienes Culturales, María Comas Gabarrón, así como al jefe del Servicio de Patrimonio Histórico, Miguel S.N.T., y a otros cuatro técnicos de ese departamento, por obligar a la universidad privada a una nueva redacción del plan especial de ordenación urbanística, que permitió edificar el campus de la UCAM.

Tras la protesta que se celebró este viernes reclamando un pronunciamiento de la Comunidad, el actual director general de Bienes Culturales, Juan Antonio Lorca, remarcó que «los servicios jurídicos de la Comunidad asumirán, si así lo desean los afectados, su representación y defensa ante la demanda que les afecta relacionada con el ejercicio de sus funciones en la Administración regional».
En este sentido, el director general subrayó que, desde el primer momento, el Gobierno regional mostró su apoyo y respaldo a los empleados públicos y ex altos cargos de la Consejería «como reconocen y valoran los propios afectados». 
La Comunidad destacó el trabajo que desarrollan los técnicos para conservar y hacer preservar el patrimonio y cumplir la legislación vigente en todos los ámbitos.

Los venezolanos residentes en Murcia se suman al pebliscito contra Maduro

MURCIA.- Los inmigrantes venezolanos residentes en la Región Murcia participan este domingo, en La Glorieta, en un plebiscito para pronunciarse sobre proceso constituyente impulsado por el chavismo. Esta iniciativa, organizada por Avemur, supone un respaldo desde la capital de la Región a la consulta popular llevada a cabo hoy por la oposición al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con el aval del Parlamento, en el país latinoamericano.

Esta convocatoria, calificada de ilegal desde el oficialismo, supone el mayor desafío al Ejecutivo bolivariano y con ella se invoca «el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia». El plebiscito tiene, además, el respaldo de importantes actores del tejido económico, cultural y civil del país.
Las reacciones que ha suscitado muestran con claridad la ruptura completa entre los poderes públicos, y de algunos de estos con buena parte de la sociedad en Venezuela.
El referendo -que pregunta también a los venezolanos si quieren la convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan la Constitución vigente- ha sido denunciado ante el Tribunal Supremo por el diputado oficialista Pedro Carreño, que pide que sea declarado nulo y lo tacha de "plan golpista".
Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que diga el Supremo, un tribunal acusado de servir al Gobierno de Maduro cuya legitimidad no reconocen ni el Parlamento ni la fiscal general, Luisa Ortega, que también se ha rebelado contra un Gobierno al que recrimina convertir al país en un "estado policial" y practicar "terrorismo de Estado".
Pese a que ha dejado clara la magnitud de la afrenta al Estado y a la Revolución bolivariana que el referendo supone, Maduro no ha adelantado hasta ahora represalias para quienes vayan este domingo a las urnas, como sí prometió actuar contra los que boicoteen el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que ha puesto en marcha.
Sin embargo, y para tranquilizar a quienes temen posibles castigos -a través del sistema de distribución estatal de alimentos o a los empleados en empresas públicas-, los impulsores del plebiscito se han comprometido a quemar las papeletas y las listas de participación para que no lleguen a manos del Gobierno.
En estas circunstancias, la mayor inquietud apuntada por opositores y críticos de Maduro viene de los llamados "colectivos", grupos civiles de chavistas armados que algunos consideran "paramilitares" del Gobierno y han asaltado el Parlamento e intimidado a manifestantes antichavistas en los últimos meses.
Su posible presencia en las calles preocupa sobre todo en las zonas tradicionalmente chavistas, en las que el oficialismo niega el menor malestar con el Gobierno y donde la oposición tiene su principal reto cerca de dos años después de la mayoría absoluta las legislativas de diciembre de 2015, las últimas celebradas en la nación caribeña.
Al llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar 'sí' a las tres preguntas se han sumado importantes sectores de la sociedad civil como la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), sindicatos no oficialistas, organizaciones estudiantiles y algunas de las universidades más prestigiosas del país.
Uno de los más sólidos apoyos viene de la Iglesia venezolana, que ha cedido sus instalaciones para la votación y ha reconocido la legitimidad de este referendo contra una Constituyente cuya apuesta por el "Estado comunal" es vista por los obispos como una vía a la "constitucionalización de una dictadura comunista" en Venezuela.
La consulta cuenta con el dinamismo que le dan los miles de ciudadanos volcados en las labores organización como voluntarios, quienes han puesto a disposición del referendo mesas, sillas, comercios y automóviles para desplazar votantes.
Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y al no estar auspiciada por el Poder Electoral, carece de algunos mecanismos de control y no puede asegurar que los ciudadanos no voten más de una vez por persona en todos los centros del país o del extranjero, donde tienen permitido expresarse sin importar dónde están inscritos como votantes.
Los líderes de la coalición opositora han apelado a la conciencia de los venezolanos que vayan a pronunciarse para que no depositen más de una papeleta.
Para contrarrestar estas informalidades propias de la naturaleza misma de una consulta organizada contra el Poder Electoral y el Gobierno, los convocantes han encargado a cinco rectores universitarios del país que actúen como garantes, y miles de voluntarios harán de interventores siguiendo el proceso en las mesas.
A este mayor rigor pretende contribuir también la presencia como observadores, a invitación cursada por el Parlamento, de diputados y expresidentes de otros países, como el mexicano Vicente Fox y el colombiano Andrés Pastrana.
Consiga la oposición o no movilizar a una parte importante de los venezolanos contra la consulta, la mayor cuestión vendrá el lunes: cómo hacer valer unos votos que no están reconocidos por los poderes llamados a hacerlos efectivos.

Los agricultores alertan de que ya se ha consumido el 90% del caudal de riego asignado


MURCIA.- Los productores-agricultores de la Región de Murcia han mostrado su preocupación por la falta de agua de riego, ya que "hasta ahora se ha consumido un 90% del caudal asignado", y las producciones de uva de mesa en la Región "se extienden hasta finales de año".

Por ello, advierten que viven una "dramática situación, tanto por los precios al productor por debajo de costes, como por la falta de agua, que nos asegure el riego de las producciones existentes hasta finales de año". 
"Sin duda, lamentan, una situación que refleja la agonía y la desolación que vive el campo murciano".
Los regantes necesitan un caudal mínimo de 150 hm3; hasta final de año y a día de hoy solo tienen garantizados los 21 hm3; de la desaladora de Torrevieja, 26 hm3; de los pozos de sequía del Sinclinal de Calasparra y los 8,7 hm3 de 15 pozos de sequía pertenecientes a la batería estratégica de sondeos de la Vega Media, puestos en marcha recientemente por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). 
Además, están negociando con el Ministerio de Agricultura la compra de 8 hm3; en concepto de cesión de derechos a los regantes de Estremera. El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, viaja mañana lunes a Madrid para arrancar el visto bueno al Ministerio. Y mientras tanto, aún no han recibido respuesta a la segunda carta que remitieron al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, solicitándole una entrevista en la que le propondrán más trasvases para acabar con los problemas del Tajo.
COAG, en su balance de los seis primeros meses del año, analiza por sectores la evolución y comportamiento de cada uno de ellos. Así, en relación al sector apícola este año puede considerarse, de manera excepcional y tras varios años muy difíciles, como "positivo", tanto en lo que se refiere a la producción como al precio percibido por los apicultores.
Lo que se debe a las lluvias que se produjeron en la Región durante los meses de diciembre y enero, que han proporcionado la floración necesaria para la producción de miel. Y, por otro lado, a la sequía que viene asolando otras zonas de España, que ha reducido las producciones en esas zonas.
En cuanto al sector del tomate, en este ejercicio la producción se ha desarrollado en unas condiciones normales, con algunos problemas que, en cierto modo, se reiteran varios años, provocados por un exceso de humedad. Sin embargo, los precios de venta han estado por debajo del nivel habitual en otros ejercicios.
El sector de fruta dulce ha obtenido una producción completa, en torno a 500.000 toneladas en Murcia, que no una superproducción, ya que no han sucedido episodios importantes de adversidades climáticas como heladas o pedrisco, que han castigado en años anteriores esta producciones.
Sin embargo, desde el inicio de la campaña y por las "maniobras" de las cadenas de distribución, "que han retrasado intencionadamente sus campañas de venta para provocar la acumulación de producciones en origen a las que no se podía dar salida, se ha forzado una importante bajada de precios de comercialización con la que ha arrancado la campaña y que ya se ha mantenido prácticamente hasta el momento actual".
Este colapso de los mercados fabricados por estas cadenas de distribución "ha provocado también que más de 20% de la producción cosechada no haya podido ser comercializada, ya que este mercado sólo absorbía las categorías extra y primera, debiendo ir al destrío las categorías y calibres inferiores".
En estos momentos, y cuando ya queda tan sólo en torno al 20% de la producción, los mercados están empezando a normalizarse y los precios en origen están en torno a los 60 a 70 céntimos por kilo que, con la productividad de las variedades que se recogen en esta fecha, sí vienen a cubrir costes de producción.
Sin embargo, el restante 75 u 80% de la producción que ya se ha comercializado "no ha cubierto, ni de lejos, estos costes, colocando al sector en una situación muy dedicada".
En cuanto al sector del almendro, esta campaña se prevé en la Región una producción alrededor de 30% superior a la del año pasado, en la que los árboles venían sufriendo las consecuencias de heladas y sequías de años anteriores.
Esta producción prevista, en torno a los seis millones de kilos de pepita de almendra, puede considerarse casi normal, si bien no se acerca al óptimo potencial productivo para las plantaciones de la Región, que podría situarse en torno a los 11 millones de kilos.
No obstante, los episodios recientes de pedrisco en la zona del Noroeste y las posibles consecuencias del estrés hídrico que comienzan a sufrir las plantaciones, al igual que en el caso del viñedo y olivar, "podrían tener aún un efecto negativo sobre estas producciones previstas".
Por lo que se refiere al viñedo, las lluvias que se produjeron durante el pasado invierno y hasta el mes de abril han permitido recuperar las viñas y se espera que este año se obtengan unas producciones normales, en torno a 10 ó 15 por ciento superiores a la del año pasado, entre 80.000 ó 90.000 toneladas; si bien las altas temperaturas que se han producido y la sequía que comienza a hacerse muy patente "puede tener su reflejo en una bajada de estas previsiones de producción".
En el caso del olivar, las previsiones de cosecha son, por el contrario, inferiores a la del año pasado, debido a la "vecería" de este cultivo, pues como los árboles que el año pasado cargaron una mayor producción, este año la verán reducida, previéndose entre 35000 a. 40.000 toneladas.
Además, los intensos calores de finales de primavera y primero de verano han tenido lugar en una época de cuaje de este cultivo, de manera que se están desprendiendo y cayendo al suelo mucho frutos de los árboles.
Por lo que se refiere a la campaña de cereales y otros cultivos herbáceos de secano en la Región, la producción que se obtenido en este ejercicio puede situarse en torno a un 60 ó 70 por ciento o de lo que sería una producción normal, pudiendo alcanzar entre las 55.000 a 60.000 toneladas, ya que los cultivos se han visto afectados por los cambios anómalos en las temperaturas que se han producido durante su crecimiento, con un principio de invierno anormalmente cálido, seguida de unos episodios de bajada importante de temperaturas, así como por el retraso en la lluvias primaverales que permite finalizar la cosecha.
Finalmente, el proceso de producción de uva de mesa ha evolucionado de forma normalizada durante el primer semestre del año, con producciones de calidad para los mercados.
Los agricultores advierten de "una bajada alarmante" de los precios de salida, al productor, supuestamente por el "colapso de los mercados" con producciones del norte de África, que "nuevamente dejan absolutamente desprotegidas a las producciones de los agricultores de la región", por lo que temen que el "descalabro de precios" que se ha vivido en las producciones de fruta de hueso "se extienda al sector de uva de mesa y arruine totalmente al sector".

El Júcar bloquea el riego de socorro a Murcia con agua que se vierte al mar


ALICANTE.- La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha frustrado el intento de los agricultores del Tajo-Segura de conseguir 22 hm3 de agua de esta cuenca con la que poder afrontar mejor la sequía en lo que resta de campaña de verano y para comenzar la del otoño. La Junta de Gobierno decidió hace unos días que durante la actual campaña de riegos no habrá desembalses técnicos en los pantanos de Bellús y Tous, lo que ha cerrado la posibilidad de que se pueda derivar el caudal que todos los años acaba en el mar por el Azud de la Marquesa en cumplimiento de los planes antirriadas, según adelanta Información.

La decisión se produjo tan sólo unas horas después de que los responsables del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) se reunieran con sus homólogos de la Acequia Real del Júcar para tratar de cerrar un acuerdo que comenzó a gestarse en mayo.
«La ley de prevención de las riadas del otoño obliga a desembalsar agua para mantener un nivel de seguridad. Ese es el caudal que reclamamos», había explicado el vicepresidente del Scrats, José Antonio Andújar.
La mala situación del embalse de Alarcón, que almacena 200 hm3; menos que el verano pasado, es el argumento de la CHJ para vetar la posible venta de agua, ya que, al parecer, va a utilizar el caudal de los embalse de Bellús y Tous para satisfacer las necesidades de unos regantes que tienen asignados derechos de hasta 14.000 hm3; por hectárea al año, el doble de los regantes del Trasvase. En los pantanos hoy «cerrados», las reservas de agua son casi de 100 hm3; más que en julio de 2016.
Antonio Rico, director del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, subraya que «lo que está pasando con el sector agrícola del sureste no es de recibo cuando, además, hablamos de un sector que es modélico en España porque de la necesidad hemos hecho la virtud y el 90% de nuestras explotaciones se riegan por goteo aprovechando al máximo un recurso que en ocasiones no llega a los 500 m?3; por hectárea y año».
Rico recordó, sin embargo, que «en muchas zonas valencianas se riega todavía a manta y en los últimos 20 años nunca han tenido problemas de abastecimiento». Para el catedrático de Análisis Geográfico Regional y experto en agricultura, los agricultores del Trasvase «deberían contar con unos recursos de agua de entre 5.500 y 7.500 m?3; por hectárea al año con unos precios de entre 0,15 y 0,20 euros/m?3; para tener aseguradas las cosechas y el sustento de miles de familias. Ese es el reto por el que debieran trabajar nuestras autoridades».
El máximo que tienen autorizado es de 5.200 m3/hectárea y año.
El descenso de las reservas de agua en la cuenca del Júcar ha terminado por bloquear una de las últimas opciones que les quedaban a los regantes del trasvase Tajo-Segura para obtener la cesión de unos 22 hm3; de caudal de la Acequia Real del Júcar, algo que llevan negociando desde hace dos meses y que ya es inviable después de que la Junta de Gobierno de la Confederación del Júcar decidiera en su última reunión renunciar a los denominados desembalses técnicos, un caudal que no está asignado a nadie.
Los agricultores del Tajo-Segura se reunieron la semana pasada con sus homólogos de la Acequia Real del Júcar para negociar un posible acuerdo. Al final, el acuerdo fue similar al que llevan años escuchando los regantes de la Junta Central del Trasvase Júcar-Vinalopó. Sin problemas, pero cuando se pueda. Diecisiete años llevan esperando agua de calidad en el Vinalopó.
Durante su visita pudieron comprobar en directo cómo llegaba un buen caudal de agua al Azud de la Marquesa, desde donde se iba al mar.
El avance de la sequía en la cuenca alta del Tajo ha puesto a los agricultores en una situación límite ante la falta de agua para afrontar en condiciones la temporada de verano y el resto de este año, en el que será difícil que pueda volver a derivarse una sola gota desde el Tajo, a no ser que se produzca una autorización extraordinaria del propio presidente Mariano Rajoy.