Se acumulan los conflictos provocados
por la Universidad Católica de Murcia (UCAM, llamada de San Antonio), en
gran parte ligados a su política sistemática de compra de voluntades
entre el denso y más que cuestionado elenco de políticos murcianos del
PP. Esta conducta que representa y en realidad monopoliza su fundador y
presidente, José Luis Mendoza, viene caracterizando la
presencia de la institución en la Región de Murcia desde 1997 y
coincidente con el inicio del predominio del Partido Popular (1995)
tanto en la Comunidad Autónoma (CARM) como en el Ayuntamiento de la
capital. El hecho de que desde 2015 la mayoría de este partido en ambas
instituciones haya perdido la mayoría absoluta (aunque sigue gobernando
gracias a un pacto con Ciudadanos) ha permitido que se levante la veda
sobre los abusos y trapacerías del tal Mendoza y su escandalosa
Universidad.
La metodología empleada por Mendoza en
su plan de copo sobre las instituciones relacionadas con su negocio
consiste en una doble actuación: por una parte, vinculando a las
actividades académicas de la UCAM a personajes del PP o, al menos,
probadamente conservadores (y que considerara manejables) que puedan dar
juego en las instituciones, donde trabajaran, en su caso, teniendo en
cuenta sus intereses; y por otra, contratando para sus grados,
postgrados o títulos propios a políticos del PP que cesan en sus puestos
y que en ciertos casos ya han favorecido a la universidad o se espera
que lo hagan vía relaciones políticas, esencialmente.
La acción de control funciona, en
general, de la manera descrita, aunque los “fichajes” pueden no tener
carácter político estricto, cono ha sido el caso de Antonio Peñalver. Uno
de los pocos murcianos olímpicos, que ganó una medalla de plata en
Decatlón en Barcelona (1992), nombrado director general de Deportes en
la CARM en 2007, que días antes de cesar en su cargo, con la llegada del
nuevo presidente de la CARM en 2015, dejó firmados nada menos que 27
contratos con la UCAM a través de la sociedad pública Centro de Alto
Rendimiento, por un importe total de 220.000 euros y sin mediar
convocatoria pública alguna. A los tres meses era contratado como
profesor sin respetar los dos años de “espera” que dicta la norma sobre
incompatibilidades. El atleta declaró que no tuvo intención, con la
firma de esos contratos, de beneficiarse después de la generosidad del
contratista.
Sobre nombramientos por la CARM de gente
procedente dela UCAM o que ejercen funciones docentes en ellas, brillan
y aumentan los ejemplos según ha ido avanzando el tiempo, demostrando
que esa es la estrategia de Mendoza, que se impone a la voluntad (se
supone que sin gran trauma) de los decisores políticos del PP murciano.
La prueba más evidente y notable es el hecho de que actualmente haya
cuatro consejeros en el Gobierno de la CARM, de un total de nueve, que
proceden de la UCAM: las responsables de Agricultura y Sanidad y los de
Desarrollo Económico y Fomento, siendo este último el abogado Pablo Rivera Barrachina,
el más reciente, nombrado en mayo de este año tras ejercer como
profesor en la Escuela de Prácticas Jurídicas y en el Máster de Abogacía
de la susodicha entidad académica.
Los altos cargos procedentes de la UCAM
que ejercen tanto en la CARM como en el Ayuntamiento de Murcia son, al
menos, una veintena y abarcan directores generales, jefes de servicio,
concejales, inspectores de Hacienda y hasta jueces, como es el caso de Andrés Pacheco Guevara,
expresidente de la Audiencia Provincial, que enseña Derecho Procesal.
También se detectan altos cargos ‘mendocistas’ en la Administración del
Estado, como los Ministerios de Hacienda y Defensa. Y el propio número
uno de la lista del PP al Congreso por Murcia, el ciezano Teodoro García,
es profesor de Electrotecnia. Acerca de las compatibilidades, y por lo
que a los cargos regionales se refiere, se supone que en una buena parte
son burladas, principalmente por el mero hecho de no solicitarlas.
El último escándalo –superpuesto a
otros, vigentes y en terreno judicial– es de índole urbanística y ni es
el primero ni será el último. Ha estallado en el Ayuntamiento de Murcia
al denunciar la oposición que siete edificios académicos del campus
universitario, con un total de 3.500 metros cuadrados edificados,
carecen de licencia y se han construidos sobre Suelo Protegido de
Huerta. Y ha ilustrado el adecuado carácter de prepotencia del
beneficiario, con intervención necesaria de sus deudores en la
Administración, ya que el jefe de Disciplina Urbanística en el
Ayuntamiento de Murcia, encargado de vigilar y castigar esas
ilegalidades, es José Luis Camacho Porto, que ejerce
también como profesor en la UCAM en el grado de Ingeniería Civil.
En la
crónica chusca de este abuso figura la declaración del interfecto,
Camacho Porto, que pese a pasar continuamente junto a esos edificios
ilegales, yendo a clase, asegura que “no se había fijado” en ellos. La
atención se ha fijado, desde luego, en el actual concejal de Urbanismo, Antonio Navarro Corchón,
anteriormente alto cargo de la Consejería de Obras Públicas, periodo en
el que fue profesor de la UCAM en el título de Experto en Urbanismo (en
flagrante incompatibilidad). El concejal ha respaldado la deficiente
visión del funcionario, aunque asegura que ha intervenido debidamente en
la denuncia de la ilegalidad descubierta.
El cuadro se completa con Nuria Fuentes,
directora general de Urbanismo en la CARM y antes concejala popular en
la capital, en cuyas manos está el expediente de legalización del
desaguisado–que se considera imposible de enmendar, por lo que hay
iniciado un expediente de derribo– que sin embargo parece dispuesta a
bendecir en última instancia la aberración por el “interés social” del
infractor, que es una universidad. Nuria Fuentes, parece broma
advertirlo, ha sido profesora en la UCAM antes de su nombramiento y,
atención, el nuevo consejero Rivera Barrachina, del clan beneficiario,
es la instancia definitiva en el Urbanismo en la región. Pero este
espectáculo grotesco no barrunta nada bueno para la conflictiva
universidad ya que José Luis Manzanera, uno de los fiscales más competentes e irreductibles de la región, ha instado causa penal por el desaguisado.
Mendoza, muy en su papel de gran perturbador social (y de cuya ocurrencia en honrar como doctor honoris causa al primer ministro israelí, Netanyahu, ya dio cuenta cuartopoder.es),
no solamente se ha negado a declarar ante la titular del Juzgado nº 5
de la capital que lleva el asunto, negando el delito contra el
territorio del que se le acusa, sino que ha presentado ante el
Ayuntamiento y la CARM la solicitud para construir otros 47.000 m2 de
instalaciones universitarias en la misma zona protegida que ya ha
violado (apelando, claro, al “interés social” de sus obras).
A este escándalo urbanístico habría que
añadir el serio conflicto que enfrenta a la UCAM con la Universidad
pública por el uso de los hospitales públicos por parte de los alumnos
en prácticas, que Mendoza pretende que sea equitativo y que la comunidad
universitaria pública rechaza de plano, planteándose que, como ya ha
dictado la Comunidad Valenciana, las universidades privadas hagan sus
prácticas en los hospitales privados. Este asunto se encona día a día y
mientras, para que no falte ninguna salsa en la indescriptible
personalidad de Mendoza, éste ha sido denunciado por homófobo por la
asociación No Te Prives tras declarar, en sede universitaria, que el matrimonio homosexual es “una abominación a los ojos de Dios”.
(*) Ingeniero, sociólogo y periodista
