El TSJ ordena abrir juicio oral contra Pedro García Balibrea y el ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil

MURCIA.- El magistrado-instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM), Manuel Abadía Vicente, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el presidente de Áridos del Mediterráneo (Arimesa), Pedro García Balibrea, y contra el ex alcalde de Santomera, José Antonio Gil, por el procedimiento que investiga un presunto delito medioambiental en la cantera El Zacacho.

   García Balibrea, quien también es presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, está acusado por un delito contra el medio ambiente en concurso con el de lesiones, mientras que Gil está acusado por un delito de prevaricación medioambiental.

   El Ministerio Fiscal dirige su acusación contra García Balibrea por un delito contra el medio ambiente con peligro grave para el sistema natural y riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, según informaron fuentes del TSJRM en un comunicado.

   Así solicita que se le imponga por el delito contra el medio ambiente una pena de tres años y dos meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con multa de 18 meses a 20 euros de cuota diaria e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y el pago de costas.

   A su vez, el Fiscal estima que procede imponer la clausura de la actividad de cantera desarrollada por Arimesa en el lugar de los hechos durante un periodo de cinco años.

   Además, el Ministerio Fiscal pide para Gil Sánchez la pena de 18 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

   Por su parte, la acusación particular estima a García Balibrea responsable de un delito contra el medioambiente en concurso con un delito de lesiones. Además, responsabiliza por pasividad municipal de un delito de prevaricación a Gil Sánchez.

   Así, la acusación particular ha pedido para García Balibrea tres años y dos meses de prisión con accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros, e inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve una actividad potencialmente contaminadora durante dos años, y costas, incluidas las de esta acusación particular.

   A su vez, estima que procede imponer a Arimesa la clausura definitiva de las instalaciones sitas en El Zacacho (Santomera) en las que se han cometido los hechos descritos.

   Además, pide para Gil Sánchez la pena de 24 meses de prisión, accesoria de inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena, y 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por el delito de prevaricación ambiental.

   El magistrado del TSJ solicita a los acusados que presten en un plazo de 24 horas fianza por la cantidad de 9.960 euros a cada uno, para asegurar las responsabilidades pecuniarias. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia será el órgano competente para el enjuiciamiento.

El Gobierno central niega un trato favorable a Cataluña para emitir deuda

MADRID.- El Gobierno ha negado que se esté dando un trato favorable a Cataluña a la hora de autorizar nuevas emisiones de deuda, ya que  todas las comunidades autónomas se rigen por las mismas reglas de juego.

   El Gobierno salía así al paso de las declaraciones del presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ayer aseguró, tras la reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que Cataluña podría emitir más deuda para hacer frente a sus necesidades de financiación.

   Fuentes del Ejecutivo han explicado que la cifra que podrá emitir Cataluña, que rondará los 2.000 ó 2.500 euros, no es deuda nueva, sino que se corresponde la deuda sanitaria de 2006 reconocida en el año 2007 y con la amortización de la deuda que vence este año.

   Así, Cataluña no podrá emitir deuda nueva hasta que presente el plan de reequilibrio del déficit y sea aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, tal y como ocurre con otras dos comunidades que actualmente están elaborando este plan: Murcia y Castilla-La Mancha.

   Sin embargo, el Gobierno sí autorizará este viernes una nueva emisión de deuda para Andalucía por valor de 1.500 millones de euros, ya que se trata de una de las comunidades que sí está cumpliendo con los planes del Ejecutivo para reducir el déficit.

Axa amenaza con ir a los tribunales si BMN usa la marca Mare Nostrum

MADRID.- El flamante Banco Mare Nostrum no podrá utilizar esta denominación sin arriesgarse a que la aseguradora Axa lo denuncie en los tribunales ante la falta de avance en los contactos habidos entre ambas entidades, según publica Economía Digital.

La creación por parte de Caixa Penedès, Caja Murcia, Sa Nostra y Caja Granada, del Banco Mare Nostrum amenaza pues con sufrir primer conflicto nada más nacer. La razón es el nombre de la entidad.

Al crear el banco se dio de alta el nombre en el registro de la propiedad sin ningún problema. Pero al inscribir la marca en el registro correspondiente de patentes y marcas, los responsables del nuevo banco vieron que existían otras tres entidades habían legalizado la denominación: una aseguradora ahora vinculada al grupo Axa, un Spa y un fondo de inversión radicado en las islas del Canal de la Mancha.

Justo al conocerse que el banco adoptaba citado nombre, hubo un primer contacto entre Axa y los responsables de la nueva entidad. Según la aseguradora desde el banco se ofreció comprar la marca, pero esta posibilidad no fue aceptada por la multinacional de seguros. Como compensación desde esa sociedad se planteó un acuerdo que desbloquearía el problema.

En síntesis se ofreció al banco renunciar a la marca a cambio de que durante unos “10 o 15 años” la red de oficinas de las cuatro cajas “distribuyesen seguros de Axa” que no fuesen redundantes con los que las cajas ya venden. Este extremo es ciertamente complicado porqué hay cajas que comercializan productos de la marca Aviva y otras, como Penedès, que comercializan directamente sus seguros en algunas áreas y en otras tienen un acuerdo con Caser.

La posibilidad de comercializar algunos productos de Axa en las 1.700 oficinas de las cuatro cajas que forman parte del nuevo banco se ve difícil de compaginar con el negocio de bancaseguros que realizará dicha entidad. No obstante, el precio de dicha colaboración se considera muy alto en fuentes de Penedès.

Desde la aseguradora se explica que “hacia el pasado diciembre hubo un contacto en el que el banco nos ofreció un acuerdo de buena voluntad, que no comprometía a nada y que no aceptamos”. Desde entonces no hay más reuniones entre las dos partes.

Los directivos de la entidad bancaria han decidido que, de momento usarán la marca BMN, únicamente en siglas, "porqué esta marca es totalmente nuestra". asume un portavoz. Los responsables de BMN creen que pueden utilizar sin problemas las siglas que “son correctamente interpretadas por los medios de comunicación y por el público”.

En Axa explican que “la marca aún figura en centenares de miles de pólizas de asegurados de zonas como las Baleares, donde Mare Nostrum era una aseguradora de referencia”. Por lo tanto entienden que la denominación, sobre la que mantienen todos los derechos es perfectamente correcta.

En BMN, creen que “quizás se tenga que esperar a que decida la autoridad sobre marcas”. Aseguran que “fuera de España no hay problemas en usar Mare Nostrum, y en España seguramente la oficina de patentes y marcas deberá dilucidar sobre un aspecto como la notoriedad, “porqué hasta que lo fuimos a mirar, convivían tres marcas con la misma denominación y nadie discutió nada”.

Sea como sea, si no se consigue un acuerdo entre la aseguradora y el nuevo banco, se producirá el choque. En Axa han asegurado que “si vemos que utilizan la marca Mare Nostrum y a pesar de nuestra buena voluntad inicial, iremos hasta donde haga falta para defender nuestros derechos”. Concretamente, si se usase la marca, Axa denunciaría el uso a los tribunales, ha manifestado un portavoz.

Core capital

Las cajas de ahorros, los bancos españoles y la comunidad financiera están esperando como agua de mayo los detalles del decreto esbozado recientemente por el Gobierno español para dar el que podría ser el paso definitivo en la reestructuración de las cajas de ahorro.
"Urge tener el decreto en el que se aclare cómo se computa el capital básico y cuáles son esas pautas de recapitalización para los no que lo consigan", dijo recientemente el presidente del Banco Popular.
El Gobierno no desvela la fecha en la que el esperado Decreto -que busca despejar la inquietud por el sector financiero español- se someterá a aprobación del Consejo de Ministros para su posterior tramitación parlamentaria y se limita a asegurar que se realizará "a lo largo del mes de febrero".
Responsables de bancos y cajas, de las patronales y analistas, esperan con particular interés la definición del core capital que el gobierno exigirá a las entidades, habida cuenta de que no hay una definición armonizada en Europa y ni siquiera se trata de un ratio válido a efectos regulatorios.
De hecho, en las pruebas de resistencia europeas en verano de 2010 se utilizó el ratio Tier I (capital básico más preferentes) unificado a nivel europeo.
"El core capital como tal ni siquiera está definido en Basilea III, hace falta una definición explícita que aclare qué puede computar como capital y qué no", dijo un experto en regulación.
El gobierno dijo que iba a adelantarse a Basilea III (prevista en 2013 y con mayores exigencias graduales hasta 2019) para elevar la exigencia de capital mínimo al 8 por ciento en entidades cotizadas y entre el 9 y el 10 por ciento en las no cotizadas.
"Es una cuestión espinosa, porque en la propia Basilea III hay definiciones de capital - en lo que ellos denominan "Common Equity Tier 1" - diferentes para según qué plazo. En 2013 se aplican unos criterios y en 2018 otros", explicó un analista.
En términos generales el core capital define capital más reservas frente a deuda, pero entre medias, hay una serie de deducciones que se pueden usar o no y, en definitiva, es difícil saber qué computa como capital sin que esté meridianamente definido.
En Basilea III, por ejemplo, pueden computar como capital determinadas participaciones preferentes siempre que se emitan en condiciones especiales, más ligadas a las acciones tradicionales. Banca Cívica ha sido la primera entidad española en usar este instrumento para reforzar capital.
Una de las cuestiones que más incertidumbre y división genera entre los observadores es si la financiación recibida (hasta ahora unos 11.600 millones de euros) por el FROB computará o no como capital.
Sin embargo, una fuente próxima al Banco de España dijo que el dinero aportado por el FROB computará como capital básico.
La definición exacta del requerimiento de capital para no cotizadas o con escasa presencia de accionistas es otra de las cuestiones que habrá de aclarar el real decreto.
Cuando el Gobierno anunció que el Banco de España determinará en septiembre las entidades que no podrán cumplir por sí mismas con los criterios exigidos, explicó que el Gobierno, a través del FROB, podría entrar temporalmente en el capital de las entidades como accionista.
Aunque la ministra de Economía aseguró que estas potenciales inversiones no computarán en el déficit público, hay algunas dudas entre los intermediarios hasta ver la fórmula concreta del texto de manera que permita a Eurostat considerar como financiera la inversión.
"Si hay dinero público no siempre va a déficit aunque casi siempre a emisión de deuda (...) el Gobierno conoce cuáles son las normas de Eurostat y cuándo se contabilizará como déficit o deuda. Tiene que explicarlo bien para que sea creíble desde ese punto de vista", explicó el presidente de la patronal bancaria hace poco.
"Eurostat establece que tiene que computar con el déficit en el caso de una inversión o intervención en una entidad en quiebra y ese no es el caso, así que no hay duda sobre este asunto", explicó una alta fuente financiera conocedora del asunto.
En todo caso, como reconoció el propio gobierno, la eventual entrada del FROB en entidades sí aumentará la apelación del Estado a la deuda pública.
La tercera cuestión de importancia tiene un carácter fundamentalmente de tiempo. Al poner fecha límite en septiembre para que el Banco de España identifique a las entidades en dificultades y empujar directamente a la salida a bolsa de las cajas, existen algunas dudas sobre si tendrán tiempo para cumplir los trámites.
Los procesos de salida a bolsa, incluyendo folletos, aprobaciones, revisiones del regulador y otros requerimientos, llevan de media un plazo de tres meses en el mejor de los casos, explicó una fuente de la CNMV.
El director del sector financiero de PriceWaterhouseCoopers y consejero de Mare Nostrum, Luis de Guindos, dijo el lunes que el plazo dado por el Gobierno para que las cajas se recapitalizaran de forma privada parecía "corto", teniendo en cuenta que se tenía que hacer antes de agosto, un mes considerado inhábil en los mercados.
La propia CNMV lanzó en una carta abierta a la patronal de las cajas el lunes una serie de advertencias a las cajas recordándoles lo largo y complejo del proceso de salida a bolsa y la necesidad de colocar entre inversores no relevantes un 25 por ciento del capital.

http://www.economiadigital.es/es/notices/2011/02/axa_amenaza_con_ir_a_los_tribunales_si_bmn_usa_la_marca_mare_nostrum_16782.php

La negociación entre los sindicatos y la Comunidad Autónoma parece estancada

MURCIA.- Los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación -UGT, CSI-F, CC.OO, SATSE, STERM-Intersindical, ANPE, SAE, SIDI y Sindicato Médico- con miembros del Gobierno regional han mantenido "bastante unanimidad" en la valoración del texto presentado por el Ejecutivo, y reconocen los avances pero, aseguran, "no llegan, ni mucho menos, a lo deseado". Asimismo, los sindicatos están "más o menos de acuerdo en la priorización de las partes que son más o menos importantes". 

   La propuesta del Gobierno regional contemplaba rebajar al 50 por ciento el recorte salarial contenido en la Ley original, así como recuperar el 50 por ciento de algunos puntos del Ayudas del Plan de Ación Social, según informaron fuentes sindicales en un comunicado.

   Las mismas fuentes han explicado que la jornada laboral "no sufre cambios y se mantienen las 37 horas y media, lo que supone un escollo importante para la negociación", al tiempo que "se sigue atascado en lo que respecta a la disminución del sueldo por incapacidad transitoria".

   Por ejemplo, la Ley contemplaba la eliminación de ciertas ayudas del Plan de Acción Social, que consiste en dedicar el 1 por ciento de la masa salarial a ayudas con criterios sociales. En concreto, se eliminaban las ayudas relacionadas con ayudas a la matriculación o a hijos menores de seis años, que la nueva redacción alternativa propuesta este martes recupera al 50 por ciento.  

   Los representantes del Ejecutivo "también han dejado claro el carácter coyuntural o temporal de la Ley, añadiendo una disposición final en la que dicen que la vigencia de la Ley es de un año, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2011".

   Sin embargo, las mismas fuentes suponen que esa propuesta que supondría "volver a la situación en un año", pero los sindicatos consideran que "no queda claro la manera en que se recuperaría la situación de inicio, los acuerdos que se suspenden y las condiciones en los aspectos de jornada, salario o acción social".

   Al parecer, los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación reconocen los avances y están "más o menos de acuerdo en la priorización de las partes que son más o menos importantes".

   Sin embargo, aclaran que "no está claro lo que los diferentes sindicatos considerarán aceptable, de forma que algunos se pueden conformar a pesar de no estar de acuerdo en un punto".

   El encuentro han asistido los consejeros de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca; de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte; y de Sanidad, María Ángeles Palacios, entregaron a los sindicatos una propuesta alternativa de la Ley de recortes.

   Los sindicatos hicieron una lectura y primera valoración  y, posteriormente, hicieron una ronda de valoración cada sindicato sobre los avances que ha habido sobre la Ley inicial.

Los nueve sindicatos que están sentados en la mesa de negociación valoraron tras la jornada de tarde una nueva propuesta del Gobierno regional, de reducir la ampliación de la jornada laboral hasta las 36,5 horas semanales, en función de las 37,5 establecidas por la Ley de Medidas Extraordinarias, aunque, advierten que en este escenario "nos estamos moviendo sin acuerdo".

   Y es que, señalan, "es un punto de inflexión importantísima". De hecho, el cambio de horario era uno de los asuntos cruciales para los sindicatos y uno de los que hasta ahora la Comunidad no consideraba negociable.

   Los sindicatos valoran este "avance", aunque parece no ser suficiente y que la negociación esté "estancada".

   Según han asegurado fuentes sindicales, el comité está pendiente de una alguna novedad por parte del Gobierno regional, pendiente de la "voluntad" de una nueva reunión esta semana.

   Además de la reducción de la jornada laboral, Gobierno y sindicatos han hablado de la reducción a la mitad de los recortes salariales aplicados a los funcionarios y la fijación de una fecha de caducidad de la Ley.

SPCT denuncia que los diputados disfrutan de una indemnización desorbitada por cese actividad

CARTAGENA.- Socialistas por Cartagena (SPCT) denuncia que los diputados regionales de Murcia disfrutan de un régimen complementario que fija una indemnización por cese de actividad de 30 días de salario por año trabajado.

   Por lo que exige que su equiparación a la indemnización por despido del resto de los trabajadores y la publicación de la indemnización acumulada de cada diputado.

   Y es que, señalan en comunicado de prensa, primero conocimos el Plan de Ahorro de casi 200.000 euros anuales de los diputados regionales, pagado con cargo a los presupuestos de la propia Asamblea Regional, y ahora SPCT desvela la existencia de un Régimen Complementario de Asistencia Social y otras previsiones económicas a favor de los miembros de la Asamblea Regional de Murcia.

   El pasado 10 de julio de 2007 se publicó en el Boletín Oficial de la región de Murcia (BORM) el acuerdo. Dicho régimen se público en el primer ejemplar del BORM de la VII Legislatura. Este régimen establece un régimen de indemnizaciones por cese en la actividad parlamentaria de 30 días por cada año que haya ejercido el cargo en la Asamblea  Regional de Murcia o fracción superior a seis meses y hasta un límite máximo de veinticuatro mensualidades.

   Además para la determinación de la cuantía de esta indemnización, se tomará como base la remuneración bruta correspondiente a la anualidad en que se hubiera producido el cese. SPCT invita así a los diputados regionales a que hagan público cuanto dinero recibirán cuando terminen su actividad, y recuerda que algunos de ellos llevan hasta 16 años en la Asamblea.

   SPCT muestra, de tal forma, "su más absoluto rechazo a este régimen complementario, porque consolida un privilegio intolerable que no disfrutan el resto de los trabajadores de esta Región". Con la reforma laboral recién aprobada por el Gobierno central y que encontró el rechazo entre otros del PP, la indemnización por despido es de 20 días por año trabajado, e incluso puede ser menor si se justifican pérdidas continuadas por parte de la empresa.

   "Nos parece intolerable que este régimen complementario tenga además carácter retroactivo, porque según establece el régimen, los miembros de la Asamblea Regional de Murcia que hayan ejercido como diputado-a en régimen de dedicación exclusiva (es decir todos) desde el 1 de julio de 1999 tendrán derecho a esta indemnización", añade la formación.

   SPCT piensa que este tipo de privilegios "no ayudan en absoluto a encontrar un clima favorable para que la sociedad de nuestra Región ayude a su clase política a sacar nuestra comunidad autónoma adelante".

   "Hay mucha gente pasándolo mal y es intolerable e inmoral que este tipo de privilegios sigan existiendo en este tiempo tan duro para muchas de las familias de nuestra comunidad autónoma", concluye.

Pujante pide al presidente Valcárcel que "se baje del burro" y derogue la ley

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida-Verdes a la presidente de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha pedido hoy al jefe del Ejecutivo murciano, Ramón Luis Valcárcel, que "se baje del burro" y derogue la Ley de Medidas Extraordinarias para cambiarla por otra "que no afecte a los trabajadores ni a los servicios públicos".

   Pujante ha apostado por el incremento de los ingresos a través de la disminución del número de altos cargos, la eliminación de fundaciones públicas "innecesarias" y de parte del gasto de la televisión autonómica, así por el aumento del tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a 60.000 euros al año.

   Además, ha mostrado su apoyo a los estudiantes y ciudadanos en general que se han manifestado en contra de la Ley por considerar que merma la calidad de servicios públicos como la educación, la sanidad y las políticas sociales.

Más de 2.000 estudiantes protestan contra el 'tijeretazo'

MURCIA.- Más de 2.000 estudiantes, la inmensa mayoría alumnos de Secundaria procedentes de Murcia, Totana, Cartagena o Molina de Segura, según CCOO y unos 2.500 según organizaciones convocantes, se han manifestado de forma pacífica este martes en contra de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, conocida como el 'tijeretazo', hasta el final de la protesta. No obstante, fue al final de la misma cuando se produjeron altercados a las puertas de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, regida por Constantino Sotoca.

   Convocados por el Sindicato de Estudiantes Independientes y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia 'Por una educación digna', los estudiantes han tirado huevos y una botella de cristal a la puertas de Educación, donde Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) han retenido durante unos minutos a un joven, a quien han terminado soltando.

   Motivo por el que la multitud se ha congregado alrededor de los agentes con cánticos de 'Esto sólo pasa por un gobierno facha', 'Terrorismo de Estado' y 'No sois nada sin esa pistola', exigiendo con una sentada la libertad del joven.

   La convocatoria, que ha sido "un éxito" para reivindicar "una educación pública de calidad, unos servicios públicos para todos dignos y en contra de todos los recortes contra la educación", puesto que "estamos tomando conciencia de que tenemos que luchar por nuestro futuro", explicó la portavoz del Sindicato de Estudiantes Independiente, Lourdes Raya, comenzó pasadas las once y media de la mañana en la Plaza Santo Domingo de Murcia y culminó sobre las 13.00 horas con un tímido aplauso.

   Desde la Coordinadora de Estudiantes, Rebeca González concretó que esta Ley "nos afecta" porque supone la masificación de las aulas, la eliminación de las PROAS (Refuerzos Escolares por las Tardes) y las PCPI (Programas de Integración de Jóvenes Conflictivos o Extranjeros), así como que muchos profesores vayan a las colas del paro y que la educación "no fluya".

   Así los cientos de manifestantes, que gritaban al unísono 'Valcárcel aprende la escuela no se vende, 'Tenemos una escuela que queremos defender', 'Valcárcel delincuente, escucha a la gente, estamos en la lucha', 'Manos arriba, esto es un atraco', 'Más educación, menos corrupción', 'Si somos el futuro porque nos dan por culo' o 'En estas condiciones estudian los cojones' y cánticos de 'Tenemos un deseo que el presi se vaya de paseo' o 'Si esto no se escucha, caña, caña, caña y si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga', exigían la dimisión del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel.

   Los jóvenes congregados, al son de una banda de música compuesta por gaita, tambores y platillos, se preguntaban asimismo 'Dónde están, no se ven los niñatos del PP' bajo carteles de 'Queremos soluciones', 'No jugéis con nuestro futuro', 'A más recortes, menos educación', 'La educación no es un gasto, es una inversión', 'El titanic murciano: la Comunidad se hunde', 'Educación D.E.P.. No más recortes', realizaron varias sentadas a la puerta de la Universidad de Murcia, frente a la plaza de Toros y en la Consejería de Educación, gritando 'No nos miréis, uniros' o echando a correr simulando que el presidente estaba al final de la calle.

   Al hilo, Rebeca González de la Coordinadora de Estudiantes ha lamentado las críticas vertidas por la Federación Regional de Estudiantes Murcianos (Feremur), una asociación, destacó, "con claras vinculaciones políticas, que está manipulando la información para desviar la atención y no se vea esta realidad".

   Desde Comisiones Obreras (CCOO), Pedro Fernández, ha agradecido esta muestra reivindicativa y estudiantes porque "significa que tenemos una juventud rebelde y comprometida que lucha por una educación de calidad, en contraposición con Feremur, dependiente del PP".

   A esta manifestación se ha unido una huelga en Secundaria desarrollada también este martes en los institutos de la Región de Murcia que la propia Coordiandora de Estudiantes de Murcia ha calificado de "exitosa", ya que, asegura, la mayoría de los centros de enseñanza Secundaria han realizado huelga o parones en las clases.

   Rebeca González, miembro de la Coordinadora, ha indicado que "esta lucha no es más que el comienzo de una serie de movilizaciones que se acentuarán en la medida en que el gobierno regional siga instalado en el autoritarismo y no escuche las voces de las y los trabajadores y el estudiantado".

   Por su parte, Fernando García, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes, "los intentos por parte del Gobierno murciano o de sus organizaciones satélite de distorsionar la realidad de las movilizaciones, no van a conseguir que nuestras reclamaciones se paralicen, pues estas son justas y consensuadas con el conjunto de los estudiantes".

   De hecho, la Coordinadora de Estudiantes continuará las movilizaciones este próximo jueves 10, conformando un 'Bloque Joven' junto a jóvenes y estudiantes en la manifestación convocada por los sindicatos a las 18.00 horas en la Plaza Fuensanta. Así mismo, en la ciudad de Cartagena tendrá lugar por la mañana una manifestación convocada por los centros de secundaria de la Comarca.

   Según rezan los panfletos que entregaban a su paso, "la educación pública está cada vez peor". En la universidad, la aplicación del plan Bolonia "nos obliga a los estudiantes a realizar un máster para completar nuestros estudios, a lo cual hay que añadir la subida de las tasas". La situación empeorará "de nuevo" por el 'tijeretazo' del presidente Ramón Luis Valcárcel, por el cual se destina menos dinero a la educación, tanto universitaria como secundaria.

   En los institutos se traduce en menos personal, más alumnos por aula y menos instalaciones. Así están las cosas, denuncian, y es que Valcárcel y Zapatero dicen que ahora toca apretarse el cinturón. Sin embargo, "al decir esto no incluyen a empresarios, banqueros ni a ellos mismos". Y mientras las familias trabajadoras están en el límite y reduciendo continuamente su nivel de vida, empresas y bancos aumentan sus beneficios.

   Los jóvenes, aseguran, "no podemos quedarnos quietos ante un futuro que se nos niega, ante una educación pública que agoniza". A su juicio, "esto es sólo el inicio de las reformas y los recortes. Si no les paramos los pies irán mucho más allá".

   "El futuro es nuestro y la única batalla que se pierde es la que no se hace", subrayan al tiempo que recuerdan que la Ley de Medidas Extraordinarias del Ejecutivo murciano reduce la aportación regional a la Universidad Pública "y con ello hipoteca nuestro futuro", elimina las ayudas para la compra de material escolar y reduce las becas.

    Además provocará la suspensión de actividades extraescolares, elimina la oferta de empleo público, reduciendo "nuestras salidas laborales", aumentará el número de alumnos por clase y se eliminarán los desdobles.

Magrebíes y gitanos son quienes denuncian más discriminaciones racistas

MADRID.- Los magrebíes y los gitanos son las personas que más quejas han presentado por haber sido discriminados por su raza o etnia, según un informe de la Red de centros de asistencia a estas víctimas con datos recogidos desde junio hasta diciembre de 2010. 

Este primer informe, que ha sido presentado hoy por el presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por su origen racial o étnico, José Manuel Fresno, recoge un total de 235 quejas, de las cuales 188 corresponden a casos individuales y 47, a colectivos.

La Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico fue creada por el extinto Ministerio de Igualdad el pasado mes de junio y tiene como finalidad detectar y evitar casos de discriminación por raza o etnia a través de la información a las víctimas y la sensibilización de la sociedad.

El informe destaca que de las 235 quejas, 212 corresponden a casos con "claros indicios de discriminación" y del total, el 57 por ciento las hicieron hombres y el 43 por ciento, mujeres,

El 54 por ciento de las denuncias que las víctimas hicieron llegar a los diferentes organismos que componen la red (como Cruz Roja o la Fundación de Secretariado Gitanos, entre otros) el agente discriminador fue la propia administración pública, el 30 por ciento fueron particulares y el 16 por ciento, organizaciones privadas, como empresas.

Respecto al ámbito en el que se han producido las discriminaciones, el 24 por ciento tuvo lugar en el acceso a bienes y servicios, tanto públicos como privados, el 22 por ciento por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad, en tanto que un 17 por ciento se produjo en el empleo.

El informe refleja el perfil de estas víctimas, quienes en un 33 por ciento tenían entre 26 y 35 años, mientras que un 28 por ciento tenían menos de 25 años y un 26 por ciento se encontraba en la franja de edad entre los 36 y los 45 años.

En cuanto al origen racial o étnico, el 22 por ciento fueron inmigrantes magrebíes; el 20 por ciento, gitanos; un 17 por ciento eran latinoamericanos procedentes de países andinos; el mismo porcentaje de las quejas que fueron presentadas por subsaharianos.

En el 56 por ciento de los casos, la discriminación fue por actitudes xenófobas, el 29 por ciento por insultos, y el 15 por ciento fueron por agresiones.

El 61 por ciento de las discriminaciones fueron directas y el 30 por ciento, indirectas, es decir, disposiciones o prácticas aparentemente neutras pero que en el fondo provocan desventajas en los colectivos más desfavorecidos.

La Comunidad de Madrid es la autonomía donde se han producido la mayoría de los casos, un 19 por ciento, seguida de Andalucía y Castilla y León, con un 18 por ciento, y de la ciudad autónoma de Melilla, con un 16 por ciento.

Los derechos más vulnerados han sido la dignidad (en 36 por ciento de los casos), al acceso al empleo (en un 17 por ciento), a las prestaciones socioeconómicas (un 13 por ciento) y a una vivienda (once por ciento).

Durante el acto de presentación que ha tenido lugar en la secretaría de Estado de Igualdad, dos mujeres han relatado los casos de discriminación de las que fueron víctimas.

Así, Rosario ha contado cómo le negaron el acceso a una piscina municipal por ser gitana y María del Carmen cómo tuvo que acudir a Cruz Roja por los impedimentos que le pusieron para atenderla en un centro sanitario cuando estaba embarazada.

También ha intervenido la directora general por la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, Carmen Navarro, quien ha instado a los poderes públicos a "no permanecer impasibles" ante la necesidad de actuar contra la discriminación.

Cataluña niega "privilegios" por la autorización a endeudarse

BARCELONA.- La ha negado que tenga "privilegios" en relación a otras comunidades autónomas después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le haya permitido endeudarse más.

   Lo ha expresado el secretario general de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, al preguntársele sobre las críticas que han hecho presidentes de gobiernos autonómicos y también alcaldes como el de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón (PP), a que el Gobierno central avale la ampliación de deuda catalana.

   Según Homs, lo único que pide la Generalitat es que se cumpla con la normativa y el acuerdo de financiación autonómica vigentes, por lo que asegurar que Cataluña tiene privilegios es "desconocer" las leyes españolas.

   Homs ha emplazado a quienes critican que Cataluña pueda endeudarse a que tengan "madurez democrática", y ha lamentado que cada vez que esta comunidad pide algo que no reclaman las otras, siempre se la critique, algo que lleva ocurriendo desde las últimas tres décadas.

   "No nos vienen de nuevo las críticas. Estamos acostumbrados", ha asegurado Homs, quien ha indicado que el Gobierno catalán rechaza entrar en una espiral de polémicas, aunque lamenta el tono en que se ha hecho.

   "Siempre que conseguimos que a Cataluña se le pague lo que se le debe, llueven críticas, no nos hemos inventado nada", ha asegurado Homs, quien ha recalcado que lo único que exigió el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en su reunión con Zapatero era cumplir con los compromisos que adquirió con el tripartito, entre ellos el acuerdo de financiación firmado en 2008.

   "Reivindicamos el dinero que se nos debe por la ley española, y las críticas son sorprendentes", ha apostillado.

   Homs también ha lanzado una advertencia al Gobierno central: "No aceptaremos traspasos mal financiados, y menos ahora".

   "La Generalitat no está para asumir responsabilidades que vengan mal dotadas económicamente", ha insistido Homs.

   Mas entregó este lunes a Zapatero un listado de todas las competencias que contempla el nuevo Estatut y que no se han desarrollado --en total, una treintena-- y también de otras seis que en su opinión el anterior tripartito no negoció bien, entre ellas la de la gestión de los trenes de Cercanías y Regionales.

Valcárcel demanda una reunión urgente con Zapatero para desbloquear el endeudamiento público regional

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, ha adelantado este martes que ha enviado una carta al jefe del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le demanda una reunión, con carácter urgente, al objeto de "desbloquear la situación actual de la Región, a la que no se le autoriza un endeudamiento que sí se permite a Cataluña". 

Además, ha avanzado que se va a presentar una moción en este sentido en la Asamblea Regional.  

  Preguntado sobre la reunión mantenida por José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente de Cataluña, Artur Mas, el jefe del Gobierno regional ha criticado que el Estado "no le esté pagando a los murcianos lo que realmente contribuyen a España".

Sin embargo, las comunidades autónomas que hayan cumplido sus objetivos de déficit podrán refinanciar sus deudas de próximo vencimiento este año, pero no podrán emitir nueva deuda, dijo el martes el Ministerio de Hacienda.
Las 17 comunidades autónomas suponen alrededor de la mitad del gasto público español, con una deuda total próxima a los 105.000 millones de euros, lo que ha preocupado a los analistas, temerosos de que no puedan cumplir sus objetivos de recorte del déficit público del país.
Un portavoz de Hacienda explicó que ninguna de ellas podrá emitir deuda nueva este año, después de que el presidente de Cataluña, Artur Mas, dijera el lunes tras reunirse con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que espera que el Ejecutivo central le autorice a emitir deuda a largo plazo.
Las autonomías tenían un objetivo de un déficit del 2,4 por ciento para 2010, pero se espera que al menos tres de ellas - Cataluña entre ellas - no lo cumplan. El Gobierno central espera recortar el déficit público de alrededor del nueve por ciento el año pasado al seis por ciento este año.

El Gobierno dará permiso por arraigo los inmigrantes cuyos hijos tengan nacionalidad española

MADRID.- El Gobierno otorgará permiso por arraigo a los inmigrantes cuyos hijos tengan la nacionalidad española, según se desprende del borrador del Reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, publicado este martes por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, ocho meses después de la fecha prevista. 

   Este requisito forma parte de una nueva figura denominada 'arraigo familiar' mediante la cual se regularizará la situación de los padres de los menores con nacionalidad española, "siempre que el niño esté a cargo de y conviva con el progenitor que solicite la autorización". Asimismo, se otorgará este arraigo cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles.

   Este documento de 264 artículos inicia desde este martes un periodo de alegaciones y, según ha indicado la secretaria de Estado de Inmigración, Anna Terrón, el borrador definitivo estará terminado en "aproximadamente dos meses", tras las aportaciones de los interlocutores sociales y el informe del Consejo de Estado.

   El Reglamento también concreta las figuras de 'arraigo laboral' y 'arraigo social'. El primero determina que podrán obtener una autorización los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de dos años, siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país o países en que hayan residido durante los últimos cinco años, y que demuestren la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses.

   En cuanto a la residencia temporal por razones de 'arraigo social', el Gobierno establece que se otorgará a los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. Además, tendrán que carecer de antecedentes penales en los últimos cinco años y contar con un contrato de trabajo firmado por el trabajador y el empresario en el momento de la solicitud para un periodo que no sea inferior a un año.

   Para obtener el arraigo social, los extranjeros también tienen que tener vínculos familiares con otros extranjeros residentes o deben presentar un informe que acredite su integración social, emitido por la comunidad autónoma en cuyo territorio tengan su domicilio habitual.

   Sobre el arraigo, la secretaria de Estado de Inmigración ha señalado que se trata de "un remedio jurídico a una situación de irregularidad", al tiempo que ha indicado que se trata de un asunto "excepcional". En este sentido, ha subrayado que la figura del arraigo "tiene que ser cada vez más excepcional", pues, según ha insistido, "en el Reglamento se encuentra bajo el epígrafe de 'residencia por circunstancias excepcionales".  

   El Gobierno también pretende con este borrador elevar la protección a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. De esta manera, si denuncian, y la sentencia es condenatoria para el maltratador, se les otorgará a las víctimas un permiso de residencia y de trabajo durante cinco años, sin perjuicio de la posibilidad de acceder durante este tiempo a la situación de residencia de larga duración, previa solicitud.

   Además, el Reglamento establece, como novedad, la autorización temporal de residencia a los hijos menores de edad de las extranjeras que sufren maltrato y, en su caso, los mayores de 16 años también contarán con un permiso de trabajo.

   "En este país no se expulsa a las víctimas de violencia de género, ni a las víctimas de trata, que quedan protegidas contra la expulsión en los términos en que establece la ley", ha indicado la secretaria de Estado.

   Por el contrario, de haber concluido el proceso con sentencia no condenatoria o resolución de la que no se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, se le denegará las autorizaciones, tanto a la denunciante como a sus hijos y se reanudará el proceso sancionador en materia de extranjería (expulsión) inicialmente suspendido.

   Sobre los informes de integración social de los inmigrantes, cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas, aunque la mayoría han decidido delegarlos a los ayuntamientos, el Gobierno establece que estos documentos no son vinculantes, a pesar de la demanda de varios consistorio catalanes.

   "El permiso de residencia tiene un ámbito claramente supramunicipal, que va más allá del establecimiento de la persona en una comunidad determinada, no podemos hacer que el informe del ayuntamiento sea vinculante porque sería como decir que el Estado renuncia a sus competencias en materia de extranjería", ha subrayado Terrón.

   La Ley de Extranjería fue reformada por el Gobierno en el año 2009 y entró en vigor el 1 de enero de 2010 con la previsión expresa de que se desarrollase reglamentariamente durante los seis meses siguientes.

   Sin embargo, el cambio en la titularidad de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración en el mes de febrero demoró el proceso, de forma que en primavera el Ministerio de Trabajo e Inmigración anunció que no habría una propuesta hasta después del verano. Cuando llegó el otoño, la iniciativa se emplazó hasta finales de año y después, hasta los primeros meses de 2011.

'Mare Nostrum' trata de mantener frente al Banco de España la opacidad de sus hipotecas con alto riesgo de impago

MADRID.- Es el aspecto que mejor refleja la ambición por crecer sin la prudencia que siempre debe acompañar al negocio financiero: las hipotecas que se concedieron por más del 80% y del 100% del valor de tasación de los pisos. 

Los préstamos con estas arriesgadas características suman 89.819 millones de euros, pero faltan importantes entidades con las que la cifra sobrepasaría de largo los 100.000 millones. Representan casi una de cada cinco de las concedidas por las cajas y los principales bancos para la compra de vivienda y su morosidad es del 6,1%, lo que triplica la media del sistema.

Estas hipotecas son lo más parecido a las subprime de Estados Unidos, como las definió Alfredo Sáenz, vicepresidente y consejero delegado del Santander. Los expertos apuntan al sector de los inmigrantes y de los jóvenes con contrato temporal, como los principales clientes de las hipotecas-bomba. El Banco de España. más allá de realizar avisos públicos y privados, no impidió esta dudosa práctica bancaria.

Entre las entidades ausentes (o que no ofrecen la información completa) están: la fusión de Caja Madrid-Bancaja y cinco pequeñas entidades más; Banco Mare Nostrum (Caja Murcia, Caja Granada, Caixa Penedès y Sa Nostra); Caja 3 (Caja Inmaculada de Zaragoza, Caja Badajoz y Círculo Católico de Burgos) y Unicaja, que no han facilitado la información de manera homogénea con la plantilla del Banco de España y dificulta su comparación, según revela el diario 'El País'.

"Compre un apartamento en Ampuria Brava y con el dinero de la hipoteca podrá adquirir un amarre y una embarcación".

Este fue el eslogan de una entidad financiera en los años de la abundancia. Un kit completo y sugerente, pero basado en una ilusión que podía convertirse en pesadilla. Primero para el que lo aceptara si ha tenido algún problema laboral porque habrá arrastrado a todos sus avalistas y aún se puede haber quedado con una deuda de propina. 

En segundo lugar, para la entidad que se puede haber convertido en dueña del apartamento, el amarre y el barco (tres bienes en depreciación) que generan gastos de mantenimiento. Los banqueros y cajeros dieron por buena la ilusión de que los pisos no podían bajar, incluso algo peor: que no dejarían de subir.

Así que casi daba lo mismo cuánto dinero se le prestara a un cliente por su vivienda (que debe ser la principal garantía del crédito), porque el piso siempre sería suficiente para resarcir el préstamo. Pero se pinchó la burbuja y estalló el lío.

Los datos pedidos por el Banco de España a las entidades reflejan una regla de tres: la morosidad sube a medida que el crédito es más alto sobre el valor de la vivienda. En concreto, hay seis veces más morosidad cuando se da un crédito por más del 80% que cuando supone menos del 50%. Con las hipotecas de más del 100% del valor, los impagados se multiplican por 10. 

Entre las entidades que destacan por su arriesgada concesión, a partir del 80% del valor de tasación, están: Caja Madrid-Bancaja, con 19.221 millones; el BBVA, con 15.556 millones; el Santander, con 9.286 millones; La Caixa, con 9.232 millones; Caixa Catalunya, con 6.528 millones y Banco Base (Cajastur, CCM, CAM) con 5.810 millones. 

Por morosidad en esta franja, los peores son Caja Duero- España, Unnim y la Kutxa de San Sebastián. Entre los bancos, el Sabadell y el BBVA. En total las cajas suman 56.000 millones en créditos problemáticos frente a los 27.650 millones de los seis bancos principales. El resto de hipotecas, bien concedidas, suman más de 437.000 millones, cuatro veces más que las malas. Pese a la gran diferencia, sólo suman morosos por 5.801 millones.

José Ignacio Navas, notario y coordinador del Observatorio de la Vivienda, critica las hipotecas arriesgadas. 

"Es un espanto que muchas hipotecas se hayan valorado por encima del precio de mercado, que es el pactado entre comprador y vendedor. Creo que algunas tasaciones no se han hecho bien. Las tasadoras recibieron presiones de las entidades para elevar la valoración de la vivienda y así poder conceder un dinero que representara, entre comillas, el 80% de la tasación. 

Al final se convirtieron en préstamos de altísimo riesgo". En su opinión, la razón de que las normas digan que no se debe dar más del 80% del valor de tasación es que "los intereses del préstamo van a costar, como mínimo, el 20% restante".

Navas critica una modalidad típica de una burbuja: los créditos que se actualizaban constantemente, a medida que se amortizaban, para prestar dinero para viajes, muebles y otros destinos, con el piso como garantía. El coordinador del Observatorio recuerda que ya en 2004 advirtieron al sector financiero que la vivienda estaba sobrevalorada. En su opinión, la combinación de la caída de los precios con los créditos mal concedidos a clientes que "casi no tenían que hacer ningún desembolso inicial, han multiplicado los problemas".

Sin embargo, Navas no es pesimista porque sostiene que el sector ya ha reducido sensiblemente los precios de los pisos y pronto pueden volver a encontrarse la oferta y la demanda. "No habrá una hecatombe".

http://www.elpais.com/articulo/economia/banca/concedio/100000/millones/hipotecas/alto/riesgo/impago/elpepueco/20110207elpepieco_2/Tes

La COEC completará en algo más de un mes el proceso para escindirse de la Croem

CARTAGENA.- La Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC) ha iniciado el proceso para escindirse oficialmente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), que podría durar algo más de un mes, aunque aún es reversible, según ha explicado su presidente, Diego Illán.

   Para completar la escisión es necesario la convocatoria de la Comisión Ejecutiva que ha de designarse con un mínimo de ocho días, cuya decisión se propondrá a la Junta Directiva que ha de convocarse en un plazo de ocho a diez días. A resultas de lo que decida la Junta, COEC convocará en un plazo de 15 días una asamblea general extraordinaria en la que las 63 asociaciones integradas dentro de COEC tomarían la decisión final.

   No obstante, Illán confía en que "prevalezca la razón por el bien de todos", ya que COEC "siempre ha apelado a la unidad empresarial, máxime en las circunstancias que viven todos los empresarios por la situación económica endémica de crisis". Así, añadió que se trata de una cuestión "nimia que es perfectamente solventable con diálogo y con una reunión entre las partes".

   Sin embargo, ha acusado a la Croem de "negarle el diálogo" y obligarle a tomar un camino que no desea, al rechazar "en numerosas ocasiones" la convocatoria de una reunión de las dos partes para abordar el problema de la representatividad empresarial en la Autoridad Portuaria de Cartagena.

   El presidente de COEC ha rechazado la posibilidad de constituirse como una Confederación de ámbito regional, porque COEC "ya es una Confederación que tiene un ámbito comarcal que ocupa de Mazarrón a San Pedro del Pinatar, así como Fuente Álamo y Torre Pacheco". Otra cosa, indicó, es que a resultas de este problema "se amplíe su ámbito".

   Illán recordó que la Ley de Puertos del Estado, modificada en julio de 2010 cambiaba el número de representantes en la Autoridad Portuaria, pero añade que modificó el número de representantes "en función del Estado y de la Comunidad Autónoma, no así de la representación empresarial, que sigue ostentando la misma".

   Hasta ahora, Illán dice que COEC no ha sufrido "la más mínima ingerencia por parte de Croem en cuanto a la representatividad de sus órganos de gobierno en todos los estamentos de representación institucional", de forma que "desde siempre, todas las representaciones en organismos de la comarca de Cartagena la ostentaba COEC".

   Así, denuncia que "sólo en el caso de la Autoridad Portuaria se ha producido una ingerencia en este aspecto, cuando el presidente de Croem, Miguel del Toro, se autodesignó como representante alegando razones de que el puerto es regional".

   Illán dice estar en desacuerdo con esta situación, tal y como COEC defendió "tanto en comisión ejecutiva como en Junta directiva en la Croem, al entender que no es lo más adecuado proceder con una autodesignación y luego someterse a los órganos de gobierno de la Confederación".

   Unos días antes de que esto se produjera, Illán dice que habló con del Toro para "proponerle una solución, que pasaba por retirar la autodesignación y someterse sin ningún tipo de presión a los órganos de gobierno de Croem", pero Del Toro "se negó en redondo y dijo que de ninguna de las maneras".

   A pesar de todo ello, el presidente de COEC dice que ha intentado mantener en reiteradas ocasiones "un diálogo con Del Toro que nunca se ha producido, ya que siempre hemos tenido la negativa por parte de Croem".

   Todo ello hasta que el pasado 3 de febrero, COEC mandó una notificación a Croem "instando una reunión paritaria en la que estuvieran presentes no sólo los dos presidentes, sino también algunos miembros más, como vicepresidentes".

   Sin embargo, dice que la Confederación Regional se negó alegando que COEC "había encargado un informe jurídico sobre las consecuencias de una posible escisión y que, en tanto en cuanto nosotros no tomáramos una determinación, él se negaba a recibirnos".

   COEC le indicó que hoy por hoy es "una Confederación integrada dentro de la Confederación Regional y que, por lo tanto, no puede negar el derecho a mantener esa reunión". Así pues, indicó que la negativa conduce a la Confederación Comarcal "únicamente a un camino".

   Illán reclama su "derecho a la representatividad que le otorgan los estatutos, tanto regionales como comarcales, y es lo que debe prevalecer por encima de todo", añadió. "Somos miembros de Croem, ocupamos una vicepresidencia dentro de Croem y nos legitima el derecho para defender los intereses no sólo comarcales sino también de toda la Región".

   En este aspecto se pronunció la Comisión creada a estos efectos en al COEC, instando a poner en marcha a partir de ese momento para poner en marcha toda la maquinaria para esa posible escisión.

Requerimiento a Zincsa

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha requerido a  la empresa cartagenerta Española del Zinc que remita de "forma inmediata" la declaración intermedia de gestión correspondiente al tercer trimestre de 2010, cuyo periodo de remisión finalizó el pasado 15 de noviembre, según figura este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
   Asimismo, el organismo supervisor solicita a la empresa que envie el informe financiero correspondiente al primer semestre de 2010, cuyo periodo de remisión finalizó el pasado 31 de agosto.
   Adicionalmente, el organismo supervisor demanda también que remita el informe especial de auditoria sobre la situación de las salvedades manifestadas por el auditor respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2009 que Española del Zinc debe adjuntar al informe financiero del primer semestre de 2010. 
   El BOE señala que "intentada por dos veces la notificación personal de los requerimientos" a Española de Zinc "sin que hayan podido practicarse", procede acudir al medio de notificación previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Los trabajadores de OSRM llevan meses sin cobrar por la falta de financiación del Gobierno regional

  MURCIA.-  Los trabajadores de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) llevan tres nóminas sin cobrar por la falta de financiación de la fundación, dependiente de la Consejería de Cultura y Turismo, algo que ha confirmado la propia organización, aunque ésta se encuentra inmersa en una operación financiera con una entidad bancaria por la que, aseguran, se le dará "por fin" estabilidad económicamente a la Orquesta. 

   A pesar de ello, el gerente de la OSRM, Pedro Navarro, ha desmentido el despido de ocho músicos, cuando en concreto, puntualizó, "se han extinguido relaciones externas con cuatro trabajadores, así como cuatro contratos de obra y servicios". Eso, apostilló, "no son despidos" y estas críticas vertidas en algunos medios de comunicación, desde su punto de vista, "obedecen al resentimiento de algunos".

   De hecho, explicó el gerente de la Orquesta "se ha hecho un plan de saneamiento pero esta misma semana se podrán poner las nóminas al día, todo lo más la próxima semana".

"No hay lugar para alarmarse dentro de la propia alarma que ya hemos tenido durante estos últimos meses", añadió.  

   Tras lo que aseguró que no está previsto despedir a "ningún" trabajador, "simplemente hay un plan de saneamiento para poder pasar el año 2011 lo mejor posible y dar estabilidad a los músicos", apuntó. Con lo que una vez que la operación concluya, afirmó, "todo funcionará con normalidad".

   La OSRM es una fundación dependiente de la Consejería de Cultura, a través de la que recibe una subvención anual para el desarrollo de su actividad y la difusión de la cultura, que se ha visto reducida en los últimos años --pasando de los 1,7 millones en 2009 a los 1,5 millones en 2010 y a los 1,4 millones en el actual ejercicio--, aunque también cuenta con el patrocinio de otras entidades.

   Así las cosas, la Orquesta Sinfónica de la Región asegura que los retrasos de las nóminas en sus trabajadores se deben al "batacazo" que ha sufrido la Comunidad Autónoma de endeudamiento "que nos ha afectado porque evidentemente hemos dejado de ingresar una cantidad muy importante con la que hubiéramos finalizado el año, la misma con la que hubiéramos pagado entre otras cosas las nóminas de octubre, noviembre y diciembre" a los músicos.

   En octubre, explicó, "la Comunidad cerró la caja y se nos quedó también una aportación importante que teníamos a final de año, y sin ese dinero no podemos funcionar. Así hemos tenido que hacer ajustes, tener una póliza de crédito para poder pasar los primeros meses del año 2011 y una serie de medidas encaminadas siempre a la continuidad de la Orquesta".

   Tanto los ex trabajadores como los empleados en la Orquesta esperan que la situación se resuelva "cuanto antes" porque de ello "dependen muchas familias" y desde el Comité de Empresa, Emilio Castellón, asegura, que si esto sigue adelante y no se les pagan las nóminas pendientes están planteando muchas medidas, también judiciales o reivindicativas, aunque aún sin decidir a expensas de un par de asambleas y reuniones que tiene previsto celebrar la próxima semana.

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia se constituye en septiembre de 2002 bajo el auspicio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, recogiendo la labor realizada por la Asociación Cultural Orquesta Sinfónica de Murcia desde su presentación en el Auditorio y Centro de Congresos de Murcia el 27 de enero de 1996.

   En el desarrollo de su actividad, la Fundación cuenta con el patrocinio de la Consejería de Cultura y Turismo de la Región de Murcia, Murcia Cultural S.A., la Fundación Cajamurcia y Caja Mediterráneo, así como la colaboración de las empresas Iberdrola, Hero España y El Corte Inglés.

   La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia está compuesta por una plantilla estable de 49 profesores que se ha ido reforzando a través de concursos públicos para cubrir las plazas vacantes existentes, todos ellos escogidos profesionales formados en su mayoría en los Conservatorios de la Región.

   José Miguel Rodilla es el director titular desde sus inicios.

   Ha realizado varias giras por numerosas ciudades de la Región de Murcia, y por distintas comunidades españolas. Desde el año 2002, es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Consumur alerta de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA

MURCIA.- La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur), integrada en FACUA-Consumidores en Acción, advierte de la retirada del mercado de un modelo de vaso de vidrio de la marca IKEA, por riesgo de provocar lesiones diversas al romperse con facilidad. 

   En concreto, el modelo retirado es RUND de 4 centilitros, 20 centilitros y 40 centilitros, que han sido incluidos en la red de alerta de productos industriales inseguros, que coordina el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través del Instituto Nacional de Consumo, con fecha de 24 de enero de 2011.

   El motivo ha sido el riesgo de provocar lesiones diversas debido a que el vaso se rompe con facilidad como resultado de las variaciones en el grosor del cristal, según informaron fuentes de esta asociación en un comunicado.

   La empresa IKEA España, tras le problema detectado en el producto, ha comunicado a las autoridades de consumo de Madrid las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en retirar el producto de la venta y recuperarlo de los consumidores que ya lo hayan adquirido.

   Consumur informa a los consumidores y usuarios que deseen recibir más información acerca de sus derechos, que acudan a la Asociación, en horario de 10.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, y de 17.00 a 20.00 horas los martes y jueves, así como a través de su Oficina Virtual, a disposición del consumidor y usuario las 24 horas del día en la dirección 'http://www.consumur.org' y en el teléfono '629-387278'.

Izquierda Unida ve "un montaje electoral" del PP en el proyecto Paramount

MURCIA.- El candidato de Izquierda Unida-Verdes a la presidencia de la Comunidad, José Antonio Pujante, ha dicho hoy que la instalación de un parque temático de la multinacional Paramount en Murcia forma parte de "un montaje electoral" del Partido Popular, quien, a su juicio, "ya no tiene nada que ofrecer".

    Pujante, que se ha mostrado escéptico de la viabilidad del proyecto desde que éste se anunció, ha recordado que quedan menos de cuatro meses para las elecciones y ha asegurado que hasta entonces "asistiremos a anuncios estrella de este tipo, que al final se quedan en propaganda".

   "Donde el consejero de Cultura -Pedro Alberto Cruz- tendría que comparecer para informar de la evolución del proyecto es en la Asamblea Regional", ha afirmado Pujante, tras insistir en que el PP de la Región de Murcia "ya no tiene nada que ofrecer, solo fracaso, paro y enfrentamiento con los empleados públicos".

Proyectos Emblemáticos Murcianos (Premursa), participada por el Gobierno regional y Santa Mónica Financial Services, propiedad de Jesús Samper, dice haber firmado este lunes la adquisición de 1,716 millones de metros cuadrados correspondientes a 15 fincas del municipio de Alhama de Murcia, donde desarrollar la futura construcción del parque temático de Paramount Pictures en la Región de Murcia.

   El consejero de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, el titular de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, y el propio Samper, accionista mayoritario del proyecto, escenificaron el simulacro en rueda de prensa sobre la virtual firma de la adquisición de estos terrenos que , según dicen, comparten dos kilómetros de fachada con la autovía RM-2, entre los municipios de Alhama de Murcia y Cartagena.

   La superficie, que ha supuesto un desembolso de más de 15 millones de euros, se encuentra a la altura del kilómetro cuatro de la autovía RM-2, en el cruce con la carretera MU-603, justo donde se encuentra la rotonda más grande de toda la Comunidad Autónoma. Las fincas, específicamente, se encuentran situados a la izquierda de la autovía, en sentido de Alhama de Murcia a Cartagena, siempre según su versión.

   Samper ha explicado que, para la elección de los terrenos, "ha sido fundamental el hecho de que tiene una fachada con la autovía, y que está en un área bastante despejada y muy próxima al nuevo Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia". Cruz ha ratificado que los terrenos, han sido "los más idóneos", y que la comunicación de ellos va a tener un resultado "exitoso".

   Respecto al calendario que seguirá el proyecto, Samper ha adelantado que, a finales de marzo y primeros de abril, Premursa hará la presentación conceptual del proyecto. Además, ha estimado que los trámites urbanísticos van a durar entre 12 y 15 meses, que aprovechará para buscar paralelamente los inversores necesarios para impulsar el parque, siempre según este imputado de la Justicia.

   Las empresas vendedoras o concedentes de estos terrenos son Infraestructuras Terrestres S.A., Gispafruit S.L., Sat Cancarin, Sierra Alhama Golf Resort y Desarrollo Antrade S.L., según ha explicado Cruz, quien ha garantizado que la superficie total seleccionada "es más que suficiente para el desarrollo completo del proyecto del parque".

   Asimismo, ha dicho que un estudio realizado por una empresa privada para Premursa sobre la demanda del Parque temático Paramount en la Región de Murcia, y con base a una serie de valores y de factores de análisis como, por ejemplo, la conectividad, climatología, entorno, turismo y competitividad en la Región, arrojan cifras "ciertamente ilusionantes", y todo sin sonrojarse.

   Según el estudio citado por Cruz, el umbral de influencia del parque en un radio de 50 kilómetros a la redonda es de 1,5 millones de clientes, que se elevan a 7,8 millones de clientes en un radio de 300 kilómetros. A una distancia de 850 kilómetros pasan a ser 59 millones de clientes, y la cifra crece hasta 200 millones de clientes potenciales en un radio de 1.700 kilómetros.

   Con base a estos estudios, la cifra de posibles clientes y visitantes por año se eleva a 4,5 millones, según Cruz, quien precisó que el Parque Paramount de la Región se convierte con estas cifras en "el más visitado de toda España" aún antes de proyectarse, que no ya construido.

 "Naturalmente, todo esto hay que verlo en creación de puestos de trabajo, de creación de riqueza y de desarrollo de turismo", añadió en un mensaje claro para bienpensantes susceptibles de convertirse en votantes.

   Respecto a la capacidad hotelera, el principal accionista del proyecto ha señalado que el propio parque dispondrá de una superficie suficientemente grande para prever una serie de hoteles en su interior que serán tematizados. No obstante, ha dicho que hay que contar con la capacidad hotelera del entorno, suponiendo el consejero que existen en realidad para los visitantes potenciales contabilizados.

   Samper especificó que el coste de la opción de compra será a coste cero durante un año que Premursa "no prevé agotar", aunque "siempre es bueno disponer de plazo por si fuera necesario". Además, determinó que con esta adquisición, Proyectos Emblemáticos "dispone de la autonomía y capacidad suficiente como para que pueda realizar todos los trámites necesarios hasta obtener todas las licencias para lograr la finalización del proyecto".

   Samper ha explicado que "continuamente llaman nuevos inversores en busca de información", pero la respuesta que obtienen por parte de Premursa es que "todavía es pronto, ya que un proyecto de esta naturaleza necesita preparar muy bien los ítems, valorarlos y evaluarlos para, una vez finalizado este proceso, hacer las presentaciones a los círculos de inversores", y todo lo anterior, también sin sonrojarse tras tomar por tontos de capirote a todos los murcianos, quienes ignoran la falta de credibilidad de este promotor.

   Previamente, ha señalado que hay que definir muy bien una estrategia y el grupo de inversores a los que hay que intentar presentar el proyecto porque "hay inversores en todo el mundo para hoteles, otros para parques temáticos, otros con carácter comercial y otros que invierten en gestión", y que no ha dicho, parecen estar esperando la oportunidad de su vida de la mano del dúo Valcárcel-Samper para hacerse aún más ricos.

   A este respecto, ha considerado "muy importante" la decisión del Gobierno regional de acoger en Murcia el foro de inversores árabes porque "sin duda, uno de los focos donde en estos momentos hay movimiento financiero suficiente es en China y en los países de los Emiratos Árabes", muy calmados y con un futuro político despejado, por otra parte, aspecto al que no ha aludido Samper ante su ansiedad e incertidumbre.

   "Es un mundo en el que se mueve gente con más ilusión y posibilidad que realidad", según el también presidente del Real Murcia, quien ha dicho que Premursa "tiene que asesorarse muy bien de cuáles son los fondos que suelen hacer sus inversiones y en qué", ha dicho simulando poner pegas según el origen del supuesto dinero que también supuestamente dice él que va a llover en Murcia.

   Samper ha concretado que, a partir de la presentación pública del parque "habrá definido un 95 por ciento definido el cuaderno de inversión, y a partir de ahí, en mayo o junio, Premursa podrá salir y buscar reuniones con los inversores al menos durante seis meses, porque el trámite urbanístico durará un tiempo", y todo eso, dicho como si fuera una verdad ioncuestionable y sin retorno.

   Y es que "hay que unir con un proyecto específico las 15 fincas, 13 de las cuales tienen un plan parcial aprobado, pero las otras dos no lo tienen todavía", precisó Samper, quien ha señalado que se trata de una gestión sencilla pero que lleva un plazo de 12 a 15 meses.

   Mientras duran estos trámites urbanísticos, ha dicho que "solo es necesario ir apalabrando los posibles inversores".

"Hay que presentar el proyecto y ser capaces de responder las preguntas, que suelen ser complejas y, a partir de ahí, tratar de cerrar los preacuerdos necesarios", apuntó Samper.

   Respecto a los posibles inversores, Samper ha considerado "complejo" encontrar un perfil de pequeño inversor para una actuación como ésta, que requiere una inversión de unos 700 u 800 millones de euros", por lo que ha adelantado que van a acudir a un mercado de grandes inversores porque "son capaces de poder invertir en mayor cantidad", y donde no dice, se puede encontrar con Carlos Egea buscando capital para su nuevo banco por el core capital que arrastra a ras del suelo de Basilea III.

   Finalmente el mentiroso consejero Marín manifestó que otro hito que generará confianza es que el proyecto "se va a declarar de interés empresarial y turístico en el ámbito de la Región, lo que a su juicio "va a suponer un espaldarazo más en el desarrollo del proyecto empresarial, a la hora de recibir apoyos de los diferentes inversores".

   En la propia Ley de Turismo, Marín ha dicho que hay una opción que permite declarar de interés empresarial, para captar inversores, se puede declarar de interés turístico, lo que supone "una mayor garantía para la consecución de apoyo nacional e internacional", mientras que Cruz ha aclarado que el papel de la Comunidad Autónoma en este aspecto es "sólo de gestión", intentando colar esta otra bola en la portería de los murcianos menos avisados.

   Este apoyo del Gobierno regional "es simplemente un sello de calidad de cara a todas aquellas ayudas o inversiones que pueda haber en el ámbito regional, nacional o internacional". Así, ha justificado esta impronta porque es un proyecto que "va a generar un empleo muy importante, impuestos y una retroactividad que es buena para todo el ámbito económico y empresarial de la Región y de España", todo en un claro mensaje final electoral como verdadero objetivo de esta rueda de prensa concebida y diseñada para incautos.