Tan imperiosa debía de ser la necesidad de contar con esos 'parkings', que hasta ahorrarse unas pocas semanas eludiendo el procedimiento ordinario, aunque fuera a cambio de empezar a soportar críticas, parecía más que justificado para los gobernantes del Consistorio. Veinte días contados se dio a las sociedades interesadas para que presentaran sus ofertas, y eso ya escamó de entrada a la oposición y a las propias empresas del sector, que no entendían a qué venían tales prisas tratándose de una obra de tamaña envergadura, y que murmuraban que difícilmente podía elaborarse en ese plazo un proyecto de garantías, «a no ser que alguien tenga información privilegiada», según revela 'La Verdad'.
Cuatro años y medio después, con la perspectiva que da el tiempo, difícilmente se pueden entender tamañas urgencias. Y si encima se analiza el fin que ha tenido el proyecto, bien sería de aplicación aquí el dicho popular que sostiene aquello de 'arrancada de caballo y parada de burro'.
Briosa arrancada de caballo, desde luego, sí tuvo el proyecto. Seguros de sí mismos los jinetes populares, con el capitán Miguel Ángel Cámara a la cabeza, y siempre al lado suyo el oficial Antonio Sanchez Carrillo, tomaron a galope una senda tortuosa que, pese a que por aquel entonces nadie pudiera sospecharlo, ha acabado por no conducir a sitio alguno.
Ignorando a la oposición, a los vecinos y, aparentemente, también las formas, el munícipe convocó nada menos que para el 3 de agosto la Junta de Gobierno que habría de aprobar la adjudicación provisional de ambos aparcamientos subterráneos. Cabe imaginar que nunca antes en la última década se hubiera celebrado esa reunión en pleno periodo vacacional y dando con ello pábulo a todo tipo de sospechas: la principal de ellas, el aparente deseo de que pasara lo más desapercibida posible una decisión que, finalmente y a fuerza de despropósitos, dimes y diretes, mentidos y desmentidos, ha acabado arrastrando durante casi un lustro la mayor polémica urbanística que se recuerda en la historia reciente de la capital murciana.
Ni siquiera se convocó ese día una rueda de prensa para explicar las decisiones tomadas, y el alcalde se marchó a visitar las obras del túnel de Las Atalayas, que estaba construyendo La Generala. Debió de pensar que adjudicar dos aparcamientos subterráneos en pleno centro de Murcia no era tan importante como para convocar a los periodistas y contarles lo que se había decidido.
Diez ofertas se presentaron. Y resultó ganadora la que más sospechas y críticas podía acabar generando: una UTE (unión temporal de empresas) constituida por La Generala, sociedad que en pocos años ha experimentado un vertiginoso despegue, con numerosas adjudicaciones de obra pública por parte de administraciones 'populares', y la firma Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A., creada apenas mes y medio antes y al frente de la cual, como administrador y socio único, figura Manuel Abadía Martínez. El hecho de que este empresario, sin experiencia conocida en el mundo de los aparcamientos subterráneos, fuera vicesecretario general del PP en Orihuela, y además pariente del controvertido promotor Trinitario Casanova Abadía, impulsor de la urbanización La Zerrichera de Águilas y ahora imputado en el asunto judicial del mismo nombre, no contribuyó lógicamente a que los rumores, especulaciones y sospechas de todo tipo se vieran disipadas.
Tampoco acabó con todo ello las afirmaciones de Cámara asegurando no conocer a Manuel Abadía; las de Manuel Abadía, manifestando por su parte no saber quién era Cámara, ni las de Sánchez Carrillo, quien terció señalando que lo de menos era quién construyera el aparcamiento, ya que lo único que le importaba es que lo construyera bien. Una opinión muy respetable, pero con la que no comulgaba el PSOE, ni tampoco alguna de las empresas que concurrió al concurso, un creciente número de vecinos de la zona ni los dueños de los puestos de 'hippies', que veían ya fantasmas por todos lados y se habían conjurado para dar la batalla ante los juzgados y ante la opinión pública.
Tampoco parecía demasiado de acuerdo con las apreciaciones de Sánchez Carrillo el propio presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luis Valcárcel, quien uno de aquellos días se vio obligado a pronunciarse sobre la adjudicación: «A mí no me gusta que un miembro del PP en Orihuela forme parte de la empresa concesionaria de uno de los aparcamientos. Sinceramente, no me gusta». Y aunque mostró su confianza en que el proceso había sido limpio, reconoció que había llamado al alcalde Cámara para pedirle explicaciones. «Me ha mandado un tocho así de gordo sobre el expediente para que tenga información sobre el proceso», explicó el presidente, dándose al parecer por satisfecho con esa respuesta.
No todos los datos sobre el proceso de adjudicación trascendieron entonces y, de haberlo hecho, no habrían contribuido sino a generar más controversia. Uno de ellos, bastante llamativo, radicaba en el hecho de que la UTE ganadora del concurso, esto es, La Generala y Gestión de Aparcamientos y Estacionamientos S.A., era una de las sociedades que menos compensación económica ofrecía al municipio -la tercera por abajo- por hacerse con el monumental negocio.
Así, con un canon de sólo 650 euros por cada plaza que iba a construir, ofrecía pagar al Consistorio algo más de un millón de euros, frente a los 2,5 millones de euros de Iniciativa de Infraestructuras y Servicios y Ploder; los 2,5 millones bien contados de otra UTE encabezada por Promociones Diseño y Calidad SA; los 3 millones largos de New Capital 2000, los 2 millones de Excelsior SL y los más de 5,5 millones de euros con los que Infraestructuras Terrestres SA (Intersa) ofrecía compensar a los murcianos si se llevaba el concurso. Cinco veces más, en este último caso, que la oferta ganadora.
Puede pensarse que el equipo municipal de gobierno optó por recibir menos dinero a cambio de que a los vecinos de la zona, a quienes debía reservarse al menos el 70% de las plazas, les salieran éstas más baratas. Habría sido una buena razón... de haber sido la buena. La realidad es que en este caso tampoco la oferta de los ganadores resultaba irrechazable. Esta UTE proponía venderlas a 24.000 euros más IVA, en la línea de lo recogido por el pliego de condiciones y de la mayor parte de sus competidoras, aunque bastante por encima de ofertas como la de Parquigrán SL, que las pensaba vender a 18.000 euros, o la de Promociones Diseño y Calidad y sus socios, que las ofertaban a 21.900, en ambos casos, con el IVA aparte.
Desde el Ayuntamiento se informó entonces de que cuatro propuestas habían sido rechazadas por «razones técnicas», entre ellas, el hecho de que las plazas propuestas tenían una anchura inferior a los 2,5 metros exigidos en el pliego de condiciones. No se dijo a qué empresas correspondían tales ofertas, ni por qué razones se excluyó a otras que parecían ofrecer condiciones más ventajosas.
De cualquier forma, algo más de un millón de euros quizás resulte una magra compensación para un negocio que, según un estudio que el PSOE hizo por aquel entonces, iba a generar a la firma ganadora unos beneficios de 3,6 millones de euros el primer año, y de 180 millones en los 40 años por los que se otorgó la concesión. Otro dato curioso es éste de los 40 años de plazo para explotar el negocio si se tiene en cuenta que la Comunidad Autónoma, propietaria del jardín de San Esteban, cedió el terreno al Ayuntamiento para que construyera un 'parking', pero con la condición de que recuperara el suelo público a los 30 años.
Como ha ocurrido en los últimos tiempos, en los que el Consistorio se ha amparado en todo momento en las decisiones de los técnicos de la Dirección General de Bellas Artes para asegurar que el aparcamiento era perfectamente compatible con los restos árabes encontrados -así ha sido hasta que Valcárcel decapitó muy recientemente el proyecto con una decisión política tomada 'manu militari'-, también entonces el equipo de gobierno municipal se encogió de hombros ante la polémica adjudicación, insistió en que lo mismo le daba una empresa que otra y se limitó a indicar que había seguido las recomendaciones de una comisión de expertos.
La citada Mesa, en la que no figuraba arquitecto ni ingeniero alguno, estaba constituida por la concejal de Contratación, Patrimonio, Vivienda y Régimen Interior, María José Velasco, como presidenta; el director de los Servicios Jurídicos; la Interventora General; el director del área de Vía Pública; el jefe de sección de Contratación y Responsabilidad Patrimonial y el jefe del Servicio de Contratación, Suministros y Patrimonio. Lo que no se dijo es que sus consideraciones no eran vinculantes y que la responsabilidad última de la adjudicación recaía, como así ocurrió, en la Junta de Gobierno que preside el alcalde. «Hemos seguido a los técnicos», se insistía, como en un mantra.
La polémica duró meses, pero lo cierto es que, salvo momentos puntuales en los
que volvía a recrecer, fue diluyéndose ante la imposibilidad de la oposición de mantener el tono de sus críticas y denuncias y ante la pérdida de crédito de la plataforma ciudadana antiparking, que recibió un mazazo bestial cuando se conoció que el marido y los hijos de la portavoz de esta asociación, Ana Fernández, habían solicitado cuatro plazas del futuro aparcamiento. «Lo han hecho para descubrir las razones por las que en la empresa adjudicataria figura un alto cargo del PP de Orihuela», argumentó entre lágrimas.
Una excusa poco creíble, sobre todo porque para hacer esa extraña labor de 'investigación' les hubiera bastado con pedir una sola plaza. Al final, Fernández acabó confesando que «no creo que (mi marido y mis hijos) cojan las plazas si se las adjudican. Pero, si son un chollo, como dice el PP, ¿por qué no?». A partir de ese instante, el movimiento vecinal quedó reducido a escombros; nada ya sobrevivía al margen de los ímprobos y poco eficaces esfuerzos de los dueños de los puestos 'hippies' por recabar la solidaridad y las firmas de apoyo de la población. Acabaron arrumbados en el Paseo del Malecón, donde parece que van a seguir por los restos.
Pero si por algo se desinfló el globo fue porque las numerosas denuncias ante el Tribunal de Cuentas, los juzgados de lo Contencioso-Administrativo y hasta la Fiscalía Antirrupción -por presunta prevaricación- que interpusieron la oposición y Parquigrán S.L., una de las empresas que había concurrido al concurso sin éxito, todas ellas sin excepción pincharon en hueso y se archivaron (hasta once resoluciones se han dictado) sin encontrar responsabilidad alguna del equipo de gobierno por la adjudicación del aparcamiento. La vía judicial parecía definitivamente enterrada.
Después de tantas prisas iniciales para sacar a concurso el aparcamiento, luego resultó que durante más de dos años, en concreto, 26 meses, el proyecto estuvo paralizado. Fue el tiempo que empleó el Ayuntamiento en responder al millar largo de alegaciones que se presentaron, así como en recuperar una cierta tranquilidad de espíritu para, con el archivo de las diligencias judiciales, decidirse a darle un último empujón al asunto.
El 3 de octubre del 2007, la Junta de Gobierno dio la autorización definitiva al proyecto, sin que ya nadie dijera esta boca es mía. Sólo el incansable profesor García del Toro, considerado un 'friki' por muchos de sus detractores, advertía de que en esa zona iban a aparecer importantes vestigios arqueológicos y que el aparcamiento no se podría construir.
Por supuesto, nadie le hizo ni caso, salvo quizás una parte de la prensa, hasta que las excavaciones empezaron a dejar a la luz algo más que cuatro muros destrozados y tomó forma, pese a las tupidas vallas con las que la empresa se empeñaba en ocultar la evidencia, el perfil de un sorprendente barrio árabe del siglo XIII, valioso sobre todo como conjunto arquitectónico y por su llamativa cloaca.
Después de meses manteniendo contra viento y marea, y contra las opiniones de algunos de los más reputados expertos del país, que la mayor parte de los restos no tenían valor alguno, y que aquéllos que lo tenían bien podían ser desmontados y vueltos a montar una vez construido el aparcamiento, fue Valcárcel quien el pasado día 8, desde Bonn, decidió cortar por lo sano, telefoneó a Cámara y le dijo: «Olvídate del aparcamiento». «Lo tengo claro», contestó el munícipe.
Esa misma mañana, la Consejería de Cultura había autorizado el inicio del desmonte de los restos, un numeroso grupo de cuidadanos había bloqueado con sus cuerpo el paso de los camiones al yacimiento, la Fiscalía había intervenido con urgencia presentando una denuncia por presunta prevaricación y bienes al patrimonio histórico, y una juez había dictado un auto paralizando cualquier actuación sobre las ruinas árabes.
Algo que, lógicamente, restó credibilidad a las afirmaciones de Valcárcel y Cámara en el sentido de que ambos ya habían decidido veinte días antes que el aparcamiento no se iba a construir. Si así lo hablaron, hacia el 20 de noviembre debió de ser, nadie les hizo mucho caso. A lo que se ve, ni siquiera el propio Cámara tuvo en cuenta la conversación con el presidente, ya que el día 26 de noviembre el Pleno municipal reiteró que el aparcamiento se construiría tras desmontar los restos árabes.
Sea por las razones que fueran, por la presión ciudadana, por la amenaza de un nuevo proceso judicial, por sentido común o por sentido de la oportunidad política, el proyecto de aparcamiento de San Esteban, el más polémico proyecto urbanístico de Murcia, está ya hoy bien muerto y enterrado. Tan enterrado como lo han estado durante siglos las ruinas del barrio árabe y su particular cloaca. Un conjunto arqueológico, qué curioso, que será ahora lo único que recupere su olvidado esplendor.
