El gran fraude de sus políticos al pueblo murciano (I)

MURCIA.- La crisis económica que afecta a nuestro país tiene una incidencia especial en la Región de Murcia, cuyo modelo de desarrollo, basado en el sector de la construcción, ha provocado el cierre de cientos de empresa y colapsado el juzgado de lo mercantil, que ve como se acumulan los concursos de acreedores.

De hecho, un reciente informe del Servicio de Estudios Económicos del BBVA advierte que la Comunidad Autónoma de Murcia será de las que más sufrirán para superar la crisis. Juegan en contra la caída del sector de la construcción, la bajada del consumo y el volumen de endeudamiento financiero.

Ante esta situación, que también hace más largas las colas del paro, 135.000 parados en una región de poco más de un millón de habitantes, los políticos murcianos hablan de austeridad, recortan las inversiones, aumentan los impuestos para garantizar los servicios públicos, pero mantienen unos privilegiados sueldos que si bien son legales, han sido tachados de inmorales por numerosas asociaciones y colectivos ciudadanos.

La palabra “congelación”, puesta en boca del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, consejeros, y alcaldes, es sinónimo de ejemplo de gasto contenido. Pero esa “congelación” encierra algunos de los sueldos más elevados e injustificados de la política nacional, según revela el periódico digital de la Vega Media.

Para muestra, varios botones. José Bolarín (PP), alcalde de Ulea, un pequeño municipio de 900 habitantes, se adjudicó un sueldo de 4.100 euros al mes. El ayuntamiento firmó convenios para la construcción de varios resorts con campos de golf y hoteles en una zona de gran valor histórico y paisajístico, que aumentaría la población en 60.000 habitantes, pero ninguno de los convenios ha llegado a su término.

De los cinco concejales del Partido Popular, además del alcalde otros tres perciben retribuciones entre los 1.000 y 2.000 euros mensuales, entre ellos Víctor Manuel López, primer teniente de alcalde. Un elevadísimo gasto que repercute negativamente en las arcas municipales de una localidad que por no tener no tiene ni panadería.

En la misma comarca del Valle de Ricote, el alcalde popular de Villanueva del Segura, José Luis López Ayala (PP), cobra 3.000 euros al mes. Una cantidad que compatibiliza con otros ingresos procedentes de negocios de hostelería, asesoría y ofimática, a pesar de su “dedicación exclusiva”.. Además, este ayuntamiento tiene partidas de 60.000 euros para publicidad, 40.000 euros para reuniones, o 40.000 euros para gasto telefónico. El primer edil también dispone de 54.000 euros para “atenciones protocolarias”.

El alcalde de Ricote, también del PP, un pequeña villa de poco más de 1.400 habitantes, aprobó una remuneración de 3.000 euros mensuales en 14 pagas, que compatibiliza con sus negocios de clínicas veterinarias. Un restaurante, tres bares, y un pequeño supermercado sustentan la principal actividad económica de este municipio.

En algunos casos, los políticos locales justifican estos sueldos porque le dedican al trabajo de alcalde “mañanas, tardes, noches y fines de semana”. Pero la agenda del munícipe está casi siempre vacía.

En localidades con mayor población, como Mazarrón, 35.000 habitantes, los sueldos no dejan de ser menos escandalosos. El alcalde de este pueblo costero, Francisco Blaya (PP), un agente de seguros, ha terminado por imponer los impuestos municipales más altos de la Región, tal vez necesarios para mantener el elevado tren de vida de su equipo de gobierno. Blaya recibe de las arcas municipales 83.000 euros al año más una cantidad similar por gastos de protocolo. Ha liberado a siete de sus concejales, con un sueldo de 46.000 euros anuales cada uno.

Estos sueldos se suceden pueblo a pueblo a lo largo y ancho de la geografía murciana. El alcalde de Molina de Segura, Eduardo Contreras,(PP), una ciudad de 60.000 habitantes, ingresa 83.000 euros al año, una cantidad similar a la del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, quien además dispone de casi 400.000 euros para “gastos de alcaldía”.

En plena crisis económica, Yolanda Muñoz, la concejal a de urbanismo de Las Torres de Cotillas, 20.000 habitantes, no tuvo pudor en aumentar el doble su sueldo, para pasar a cobrar 58.000 euros anuales.

La alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, decidió quedarse con su sueldo de diputada en el Congreso, pero palió su déficit personal municipal con una gratificación de 1.500 euros por cada asistencia a un pleno municipal.

Mientras, algunos proveedores municipales han iniciado acciones judiciales contra los ayuntamientos que antes pagaban tarde y mal, y que en muchos casos, han dejado de pagar, amparándose en la crisis. Algunas empresas, las más pequeñas, que trabajaban casi en exclusividad para la administración, han tenido que cerrar. Ya ha habido manifestaciones de empresarios y sus trabajadores en diferentes localidades de la Región, reclamando la deuda, la última de ellas en Archena.

Y si las empresas van a la quiebra, los políticos acumulan propiedades. Pisos en la costa, garajes, bajos comerciales, y coches de lujo son el símbolo del poder y la riqueza. Todoterrenos, BMW, Mercedes, Volswagen, mueven a los políticos murcianos. Aunque, por el que dirán, de forma muy ocasional con sus nuevos juguetes de motor.

Domingo Coronado, alcalde de Las Torres de Cotillas, llegó a ir su despacho de la alcaldía en un lujoso Mercedes descapotable, una acción que descartó en cuanto percibió las primeras críticas.

El gobierno regional no se queda atrás a la hora de exprimir el gasto ciudadano para que sus consejeros, directores generales y altos cargos disfruten de enriquecedores sueldos.

José Manuel Ferrer, director gerente del Ente Público del Agua (un organismo que se dedica a campañas de ahorro de agua), cobra oficialmente al año 90.000 euros, muy por encima de los cerca de 83.000 que se embolsa Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, aunque al número uno del Partido Popular en la región murciana hay que sumarle gastos de representación y dietas, por lo que sus ingresos pueden rondar muy bien los 120.000 euros anuales.

En el Instituto de Fomento de Murcia (INFO), que tiene 108 trabajadores en plantilla, hay 28 jefes que ganan más de 40.000 euros brutos al año, y otros 14 que cobran entre 60.000 y 75.000 al año. Es el caso del director del INFO, Juan José Beltrán, y cargos de confianza como Elena García Cartagena.

Sólo en personal, el INFO se deja 5,3 millones de euros al año. Es curioso que el salario medio de los trabajadores de la institución dedicada a la concesión de subvenciones a empresas sea de 1.000 euros limpios al mes.

Otro tanto ocurre con los salarios de la empresa pública que se dedica a hacer los hospitales en Murcia (Giscarmsa): tiene 6 trabajadores y todos ganan más de 60.000 euros brutos al año, a excepción de la jefa, que tiene el mismo sueldo que Valcárcel.

Aparte de esto, el Gobierno Regional se deja 2.000 millones de euros en sueldos y el año que viene, pese a que se mantendrán los salarios "congelados", algo subirán con los pluses de trienios, antigüedad, etc. Otros 50 millones de euros son para gratificaciones, asesores personales y llamadas de teléfono.

Todos estos datos del gobierno regional los ha aportado la diputada socialista Begoña García Retegui para matizar las declaraciones del presidente Valcárcel de que aquí reina la austeridad.

Otros, tras dejar la política regional, han sido premiados con suculentos sueldos en empresas afines al Gobierno Regional, como es el caso de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame) o la promotora urbanística Polaris.

El exconsejero de la Presidencia de Valcárcel, Fernando de la Cierva, pasó a ser empleado especial de Polaris World. Mientras que el exconsejero de Medio Ambiente Francisco Marqués pasó a Hefame, cobrando 600.000 euros al año, cien millones de las antiguas pesetas. Marqués fue detenido por la policía y es uno de los políticos murcianos que está siendo enjuiciado por los tribunales murcianos por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho por el caso La Zerrichera, de Águilas.

El Ejecutivo regional tendrá que apañarse el año que viene con 5.064 millones de euros: un 1,4% menos que en el presente ejercicio. Uno de los capítulos que más se resiente con la crisis es el de inversiones, que para 2010 ascienden a 725 millones de euros, o lo que es lo mismo: 200 millones de euros menos que este año (un 21,6% menos).