jueves, 5 de noviembre de 2009

La católica y conservadora Murcia lidera la tasa de abortos en España

MADRID.- Murcia, con 16,59 abortos por cada mil mujeres, Cataluña (16,49) y Madrid (15,79) lideran las tasas de interrupciones voluntarias del embarazo en España, según los datos correspondientes a 2008 hechos públicos hoy por el Ministerio de Sanidad.

Las tasas más bajas se registran en Ceuta y Melilla (3,26) y Galicia (3,53).

También registran tasas inferiores a la media (situada en el 11,78 abortos por cada mil mujeres) Cantabria (6,09), Extremadura (6,11), Navarra (6,13), Castilla y León (6,78), el País Vasco (7,02), Asturias (8,07), Castilla La Mancha (8,54), La Rioja (9,22), Canarias (10,03) y la Comunidad Valenciana (10,75).

Por encima de la media, además de Murcia, Cataluña y Madrid, se sitúan Baleares (14,13), Aragón (12,60) y Andalucía (11,29).

En 2007 era Madrid la comunidad que encabezaba la lista.

En números absolutos, el mayor número de interrupciones voluntarias del embarazo se registró en 2008 en Cataluña (25.379), Madrid (22.126) y Andalucía (20.574).

Andalucía fue la comunidad donde hubo más abortos entre las menores de edad (1.389).

En el siguiente cuadro se incluye el número total de abortos en cada comunidad autónoma, la tasa por cada mil mujeres, y el número de abortos en menores de edad.

CCAA /TOTAL /TASA /MENORES

Andalucía 20.570 11,29 1.389

Aragón 3.280 12,60 137

Asturias 1.679 8,07 59

Baleares 3.387 14,13 171

Canarias 4.882 10,03 308

Cantabria 728 6,09 31

C-La Mancha 3.655 8,54 238

C y León 3.336 6,78 226

Cataluña 25.379 16,49 988

C.Valenciana 11.580 10,76 704

Extremadura 1.383 6,11 118

Galicia 1.981 3,53 132

Madrid 22.126 15,79 896

Murcia 5.350 /16,59/ 283

Navarra 765 6,13 50

País Vasco 2.996 7,02 109

Rioja 597 9,22 17

Ceuta y Melilla 102 3,26 11

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TOTAL 115.812 11,78 5.868

10.000 menores

Un total de 115.812 mujeres se sometieron a una interrupción voluntaria de embarazo (IVE) en el año 2008, un 3,27% más que el año anterior, y de ellas 10.221 eran menores entre 15 y 18 años, ha informado Sanidad.

Estos datos reflejan "una tendencia a la estabilización" en el número de interrupciones voluntarias de embarazo, según ha valorado Sanidad en un comunicado, ya que el incremento de más de tres puntos está muy por debajo del 10,3% de 2007 y de los incrementos superiores al 6% registrados desde 2004.

Entre las adolescentes (edad menor o igual a los 18 años), la cifra de IVE en 2008 de 10.221 supone un 1,27% menos que la registrada en 2007, cuando hubo 10.353 IVE.

La tasa global de IVE en 2008 indica que por cada mil mujeres entre 15 y 44 años (considerada la edad fértil) abortaron 11,54 de ellas, mientras que en 2007 lo hicieron 11,49. En las menores, dicha tasa fue el pasado año de 10,91, y en 2007 de 10,92 por cada mil.

La franja de edad entre los 20 y 24 años es la que más IVE registra en 2008, con el 21,05%, seguida por la de 25 a 29 años, con el 16,49%.

En cuanto a las semanas de gestación, el 62,90% de IVE se llevaron a cabo en las 8 semanas o menos, el 25,8% entre las 9 y 12 semanas, y el 6,11% entre la 13 y la 16 semana.

Respecto a la distribución porcentual del número de abortos realizados, según motivo de la interrupción, el 96,96% fue por la salud materna, y el 2,86% por riesgo fetal.

Sólo el 2% de los IVE en 2008 se llevaron a cabo en hospitales públicos, aunque Sanidad tenía contabilizados un total de 137 centros notificadores de IVE, los mismos que en 2007.

Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía son las regiones con mayor número de IVE, con más de 20.000 en cada caso.

El 68,23% de las mujeres que se sometieron a IVE el año pasado eran solteras frente a un 23,56% de casadas, el 3,30% estaban divorciadas y el 3,90% separadas.

El 61,56% de estas mujeres eran asalariadas y el 15,04% estaban en paro.

Además, el 62,19% de ellas tenían pareja asalariada y el 13,25% no tenía pareja.

Casi la mitad de las mujeres que se acogieron el año pasado a IVE -el 47,31%- no tenía ningún hijo, el 25,94% tenía un hijo y el 18,15% dos hijos.

Por otra parte, el 66,24% no había sufrido ningún aborto anteriormente (en 2007 el 67,57%), el 23,47% se había sometido a un IVE una vez en su vida, el 6,70% en dos ocasiones, y el 2,5% en tres.

Las nacidas y residentes en España suman el 54,5% de las IVE practicadas en 2008 (63.211 mujeres) frente al 43,6% (50.569) de las mujeres procedentes de otros países y residentes en España, a las que se sumaría el 1,75% (2.031) de las no residentes, sean españolas o extranjeras.

Estos datos en función de residencia y nacionalidad, que se ofrecen por primera vez, reflejan que el número de mujeres suramericanas que abortaron en 2008 en España duplican al de las europeas: 26.538 mujeres de América del Sur y 12.781 de Europa.

Los datos de IVE en 2008 en España por otros continentes son: África (6.149), América del Norte, Central y Caribe (3.328), Asia (1.730), Oceanía (12), y 31 sin localizar.

miércoles, 4 de noviembre de 2009

Corrupción en España / Antoni Domènech *

Con Bartomeu Muñoz, el alcalde socialista de la importante ciudad de la conurbación industrial barcelonesa que es Santa Coloma de Gramenet el pasado 29 de octubre, llevamos ya en poco más de tres años diecinueve alcaldes detenidos por corrupción en España: 7 del PP, 5 del PSOE, y otros "independientes" de pequeños partidos o agrupaciones electorales locales o regionales. Tenemos esta semana, además, la imputación en casos de corrupción de un antiguo presidentes del PP de la Comunidad Balear, Cañellas, y la investigación judicial sobre otro presidente balear del PP, Matas, así como los escándalos del "caso Gürtel", que afectan al presidente de la Comunidad valenciana, Camps, y a un creciente rimero de personalidades y altos cargos del PP en buena parte de la geografía nacional, señaladamente en la Comunidad de Madrid.

La detención del alcalde de Santa Coloma –una ciudad obrera, en la que su alcalde socialista no se molestaba en dormir: vivía en un barrio alto de Barcelona— forma parte de un caso que afecta también a otros antiguos altos cargos del partido de la derecha nacionalista catalana, CiU y en el que andan de por medio, al alimón, turbios negocios inmobiliarios con blanqueo de capitales a través de una agencia del segundo banco español (el BBVA) que operaba en el paraíso fiscal de la Isla británica de Jersey. Y ese caso catalán ha venido a añadirse al que estalló hace no muchas semanas, conocido por el nombre de "caso Palau de la Música", un caso de espectacular saqueo –más de 20 millones de euros- en beneficio privado de su presidente –un prohombre del patriciado barcelonés, condecorado hace años con la Creu de Sant Jordi— y allegados, así como de partidos afines a los saqueadores, de una entidad cultural emblemática de la ciudad de Barcelona, sostenida con aportaciones públicas y con donaciones privadas altruistas.

Nadie espera que la cosa termine aquí. El antiguo presidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, se ha avilantado hace unos días, en una entrevista concedida a un programa televisivo de gran audiencia, a aconsejar que no se tirara mucho de la manta, porque el hedor (farum) podría llegar a ser insoportable para todos. (Algo parecido debió pensar en su día el presidente español José María Aznar cuando, ante el caso seguramente más alarmante de corrupción política registrado hasta ahora en España, la compra por parte del negocio inmobiliario madrileño de dos diputados autonómicos madrileños del PSOE para que no votaran la investidura de quien había ganado las elecciones autonómicas de mayo de 2003 (el candidato socialista, apoyado por Izquierda Unida), impidió que el fiscal de Madrid –el socialista Fernández-Bermejo— investigara el asunto. Hubo que repetir las elecciones. Y ganó el PP. Y no hubo más.)

Cuatro reacciones del establishment político-mediático

Cuatro son las reacciones más comunes a lo que algunos, acaso sin exageración, llaman ya epidemia de corrupción política extendida por España. Las que siguen, que no son necesariamente excluyentes:

1 Está, primero, la reacción miope nacida de la obnubilación política sectaria: sí, nosotros también, pero vosotros más, mucho más.

2 Viene, luego, el cierre de filas de quienes aceptan ya sin rubor el formar parte de una "clase política" que, estupefacientemente, se identifica con el conjunto del "sistema democrático" y aun con los valores democráticos mismos: hay que defender del descrédito a un sistema político democrático creciente y peligrosamente amenazado por la pérdida de crédito ante la población. El grueso de la "clase política" es honrada, y el interminable rimero de escándalos de corrupción política afectaría, en realidad, a una minoría. Toda la "clase política" debería olvidar sus (legítimos) enfrentamientos partidistas, para unirse en ese mensaje a la población, si es necesario, con nuevas y más duras medidas legislativas y administrativas.

3 Otra reacción común es el escándalo farisaico de la antipolítica. La política como servicio público y como representación fiduciaria de los distintos y encontrados intereses de la vida social sería pura ilusión. No habría tal. La política sería, siempre, un negocio, y quienes a ella se dedican, necesariamente, unos negociantes que están ahí "para forrarse" (como dijo textualmente una vez en una conversación privada que acabó transcendiendo públicamente el expresidente de la Generalitat valenciana y exminisro de José María Aznar Eduardo Zaplana).

4 Cuarta reacción, y última aquí inventariada: el recurso al cinismo antropológico; la corrupción estaría en la "naturaleza humana". Lo dijo Alan Greenspan, acaso el principal responsable político de una de las eras de codicia y corrupción económica más desapoderadas del último siglo. Ahora lo están repitiendo muchos comentaristas políticos en España.

Esas cuatro reacciones, tan distintas, tienen, sin embargo, en común la pretensión de despolitizar el problema de la corrupción política:

1 La obnubilación sectaria, por la vía de una hipermoralización partidista elemental: los nuestros son necesariamente más honrados: o porque, siendo de "izquierda", se les suponen valores morales incompatibles con la puesta en almoneda de sus actos de servicio público; o porque, siendo gentes de viso y de "derecha", se les supone con suficiente patrimonio personal como para resistir al soborno.

2 La despolitización dimanante del cierre de filas viene de suponer, acaso sin advertirlo, que la política democrática es algo más que, y acaso metafísicamente superior a, la representación fiduciaria de intereses y voluntades existentes en nuestra vida social, y de intereses y voluntades las más veces pugnaces y encontrados. Viene, esto es, de ignorar que lo único que tienen en común los representantes políticos es la obligación de defender los intereses y las voluntades de sus representados en el marco de una deliberación pública realizada con argumentos dimanantes de razones públicamente defendibles y atenidos al interés general (nadie puede proponer una ley con el argumento, dimanante de una razón privada, de que esa ley le favorecería en sus negocios o favorecería a sus amigos y parientes). Y parte esencial del interés general en una sociedad escindida en clases y grupos de interés es el reconocimiento político, con todas sus consecuencias, de esa escisión social de base y de la legitimidad de sus expresiones y manifestaciones en la vida política. Patentemente, es la ignorancia de eso lo que permite a muchos políticos aceptar hoy con un donaire digno de mejor causa el constituir nada menos que una "clase política", es decir, un grupo de individuos unidos por intereses privados propios, y en esa medida, seccionados, desgajados como casta o como "clase", del pueblo supuestamente "soberano".

3 El escándalo farisaico niega directamente la posibilidad de la política democrática. O bien porque cree que el mejor modo de promover el interés público es tener políticos codiciosos y corruptibles –no han faltado voces en España en estos últimos años que han sugerido que la corrupción política es también un saludable índice de dinamismo y prosperidad económicos—, una versión posmoderna del viejo ideologema de Mandeville: vicios privados, virtudes públicas. O bien porque, y tal vez en el otro extremo, ha llegado a creer que la representación política fiduciaria de intereses y valores socialmente existentes es tarea de antemano condenada al fracaso: la "política" es y será siempre una mierda, y los políticos, sea cual fuere su signo ideológico, un hatillo de hipócritas y mangantes; de gentes que, ¡qué diablos!, como todo el mundo, van a la suya.

4 El cinismo antropológico despolitiza el específico fenómeno de la corrupción política por la vía de la banalización inespecífica: no hay un problema de corrupción política, distinto del problema de la corrupción administrativa, distinto del problema de la corrupción económica privada, etc., sino que la naturaleza humana, en general, sería pronta al soborno. Consuelo para políticos corruptos o irresponsables y pretexto para las protestas de agudeza de tertulianos y columnistas de grandes absolvederas, el planteamiento político del problema de la corrupción política es substituido por la reafirmación de la doctrina paulina de la corrupción general de la naturaleza humana como consecuencia de la caída de nuestros padres en el pecado original:

"Porque sabemos que la ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. / Porque lo que hago, no lo entiendo; ni lo que quiero, hago; antes lo que aborrezco, aquello hago. / Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. / De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. / Y yo sé que en mí (es a saber, en mi carne) no mora el bien: porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. / Porque no hago el bien que quiero; mas el mal que no quiero, éste hago. / Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. / Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley: Que el mal está en mí." (Pablo, Romanos, 6, 14-21)

Corrupción, política, administrativa y económica [El fenómeno de la corrupción política, visto políticamente]

Para ver políticamente el fenómeno de la corrupción política, lo primero es distinguirla de otras formas de corrupción socialmente significativas, como la corrupción económica privada y la corrupción administrativa.

La corrupción económica privada afecta a las instituciones y a los agentes económicos privados, y a las relaciones de agencia fiduciaria entre ellos, entre los que actúan como agentes propiamente dichos y los que actúan como principales: un ejecutivo es un agente fiduciario de su principal, que son los accionistas propietarios de la empresa; un abogado de empresa es un agente fiduciario de su principal, que son los directivos de la empresa; un bróker financiero es un agente de su principal, que es el inversor financiero o bolsístico. Las relaciones entre principales y agentes están marcadas siempre por una asimetría informativa que hace que, objetivamente, las posibilidades de que el agente traicione la confianza puesta en él por el principal sean enormes, es decir, que hay un amplio espacio para que el agente se deje interferir en su labor por intereses propios o de que se deje corromper y sobornar por intereses privados que no son los de su principal. La regulación pública de la actividad económica privada tiene en buena medida que ver con la yugulación legislativa de aquellas posibilidades, con la restricción radical del espacio social e institucional que permite el fraude en las relaciones de agencia. No hará falta insistir en que el incremento espectacular de la corrupción económica en el mundo en las pasadas décadas, señaladamente en el sector financiero, tiene que ver con la desregulación pública de la actividad económica privada.

La corrupción administrativa afecta a los funcionarios públicos, es decir, a agentes que, a diferencia de los representantes políticos, guardan con el "pueblo soberano" una relación muy mediata. O bien son cargos de confianza de políticos electos (así pues, agentes fiduciarios del político electo, que es su principal, el cual, a su vez, es agente fiduciario del "pueblo soberano"), o bien son funcionarios de carrera, y entonces la relación de agencia con la ciudadanía es aún más remota: en general, viene dada por los criterios legalmente establecidos de selección para entrar en la carrera del servicio público y por los criterios, legalmente establecidos también, para sancionar al funcionario público que falta a su deber de probidad. El descrédito de la función pública que ha acompañado al auge del "neoliberalismo" en las últimas décadas ha jugado un papel de primer orden en la degradación de ambas cosas: ha habido una bien documentada relajación en los criterios de selección de funcionarios (con la admisión de zorros como guardianes del gallinero: como el estafador Madoff presidiendo el Comité de directores de la agencia regulatoria NASDA): culpa in eligendo; y ha habido una política de gestión y de sanciones, importada del mundo de la empresa privada e impropia del sector público (todos serían corruptos y holgazanes, hasta que se demuestre lo contrario), como el llamado New Public Management, que ha traído consigo, entre otras cosas, una desmoralización general de los trabajadores públicos: culpa in vigilando.

Huelga decir que el caso más interesante de corrupción administrativa es el que trae su origen causal en la vida económica privada, es decir, la corrupción de funcionarios públicos por grandes (o pequeñas) empresas privadas. El incremento de la corrupción administrativa en las pasadas décadas, señaladamente en los países en vías de desarrollo, ha sido sencillamente espectacular. También porque ha sido instrumento capital del saqueo de esos países por las grandes empresas del hemisferio norte en el orden neoliberal de la "globalización". Peter Eigen, el fundador de Transparency International, con sede en Berlín, lo resumía así en enero de 2000:

"La magnitud de los sobornos pagados por corporaciones internacionales en los países en desarrollo es a gran escala. Las acciones emprendidas por la mayoría de los gobiernos de los países industrializados para luchar contra la corrupción internacional son modestas. Los resultados se traducen en mayor pobreza en los países pobres, un persistente socavamiento de las instituciones democráticas, y cada vez más distorsiones en el comercio internacional honrado."

La corrupción política es particularmente lacerante, porque afecta a una relación de agencia fiduciaria directa entre el supuesto "pueblo soberano", como principal, y los partidos y los representantes políticos como meros agentes suyos, formadores y canalizadores de las voluntades y los intereses populares. No suele observarse que los distintos partidos políticos no sólo representan distintos intereses sociales –lo que es una obviedad—, sino que las relaciones fiduciarias de los distintos partidos con sus bases sociales (y más en general, con los intereses sociales que supuestamente representan) son también muy distintas. El marxista Gramsci popularizó la idea de que los intelectuales y los políticos de un determinado signo social, político o ideológico pueden ser más o menos "orgánicos en" sus respectivas bases. Y observó con gran perspicacia que para los dirigentes y representantes de las clases y estratos subalternos de la población la "organicidad" en, es decir, la miríada de vínculos capilares de retroalimentación con, sus bases sociales es mucho más difícil de mantener que en el caso de los representantes y los agentes fiduciarios de las elites sociales y económicas tradicionales. No sólo porque resulta harto más difícil encontrar buenos representantes y calificados dirigentes entre quienes están obligados a vivir por sus manos, y desde luego, no de renta; no sólo porque, una vez encontrados, es más difícil substituirlos por otros, lo que da a esos agentes un gran margen de chantaje autoritario sobre sus bases ("si no os gusta, me voy": como Felipe González, cuando obligó a un PSOE mayoritariamente reluctante a "abandonar el marxismo" en 1979; o como el propio Felipe González, cuando en 1986 obligó a un pueblo abrumadoramente pacifista como el español a entrar en la OTAN); también porque, una vez con cargos y aupados al núcleo del funcionamiento del sistema político, con todas su pompas y vanidades, tienden espontáneamente a desarrollar una nueva identificación con los hábitos de sus colegas bienhabientes, tienden, esto es, a sentirse más "clase política" que representantes de su fábrica, de su barrio o, en general, de las gentes menudas de cuyas filas proceden o a las que, al menos, declaran representar. Así que, en punto a corrupción política, el partido de izquierda que no sea especialmente sensible a esas realidades, va listo: quien no vive según piensa, termina pensando según vive. El alcalde de Santa Coloma detenido por corrupción la pasada semana –dicen que un socialista aficionado a los buenos restaurantes, a los buenos automóviles y a las buenas compañías de gente con estilo—, que regía con mayoría absoluta una de las ciudades obreras más importantes del cinturón industrial de Barcelona, ni siquiera vivía en Santa Coloma, sino en uno de los barrios altos de la Ciudad Condal.

Eso no quiere decir que las elites políticas o ideológicas de la derecha hayan de tener siempre mayor "organicidad en" sus bases, o más facilidad para lograrla. Los numerosos casos –en realidad, ampliamente mayoritarios— de corrupción política de la derecha tradicional en la España de estos últimos años son buen ejemplo de ello. Pero es interesante observar que la pérdida radical de organicidad en sus bases sociales de las elites ideológicas y políticas conservadores se da fundamentalmente en momentos históricos dominados por la mentalidad rentista, es decir, en épocas de hegemonía social y cultural de los estratos y capas sociales que viven fundamentalmente de rentas: de rentas inmobiliarias, de rentas dimanantes de grandes patrimonios financieros y de rentas monopólicas desapoderadas, derivadas de posiciones de abuso de poder en los mercados. El rentista no produce nada, no crea nada, no genera valor, ni riqueza, sino, a lo sumo, apariencia de ella; el rentista es, básicamente, un saqueador; un expoliador de bienes comunes y de bienes privados ajenos; y un activo buscador de rentas a través de mecanismos políticos, que no puede ver en la vida política representación de interés social alguno, sino oportunidad de negocio y cabildeo. Lo que en Alemania ha dado en llamarse "puerta giratoria" entre la política y el mundo de los negocios (el hecho de que grandes fortunas entren como si nada en el juego de la vida política –Berlusconi— y, a la inversa, grandes dirigentes políticos vayan a parar al mundo de los negocios luego de abandonar su cargo –Schröder con Gazprom, Felipe González con Carlos Slim, Aznar con Rupert Murdoch—), un fenómeno relativamente reciente, expresa bien esa realidad.

No es por casualidad que uno de los clásicos de la ciencia social contemporánea, La teoría de la clase ociosa (1898), del economista noruego-estadounidense Thorstein Vebblen se escribiera en plena Era de la Codicia norteamericana, un período, por tantos conceptos, muy semejante al que hemos vivido en las últimas décadas. En Veblen puede encontrarse un atisbo de explicación al hecho de que precisamente políticos sin la menor organicidad en intereses sociales objetivos de ningún estrato social relevante –basta ver la pinta, involuntariamente cómica, de un Ricardo Costa, el de los relojes de 6.000 euros y los coches de 60.000—, y enfangados hasta el cuello en asuntos de corrupción política, como en Madrid, como en Valencia, o como en Santa Coloma de Gramanet, puedan jactarse de lograr una y otra vez mayorías absolutas:

"… la institución de una clase ociosa opera en el sentido de hacer conservadoras a las clases inferiores al privarles, hasta donde es posible, de los medios de subsistencia, reduciendo así su consumo, y, por ende, de la energía de que pueden disponer, hasta el punto de hacerlas incapaces del esfuerzo exigido para el aprendizaje y adopción de nuevos hábitos mentales. La acumulación de riqueza en el extremo superior de la escala pecuniaria implica privaciones en el extremo inferior. (…) El efecto inhibitorio directo de la desigual distribución de la riqueza está secundado por otro indirecto que tiende al mismo resultado. (…) El mantenimiento del consumo ostensible como uno de los elementos principales del patrón que mide el decoro en todas las clases, no es, desde luego, atribuible por entero al ejemplo de la clase ociosa adinerada, pero la práctica y la importancia que se le da se robustecen, sin duda, por el ejemplo de la clase ociosa."

La percepción de la corrupción económica, administrativa y política. El caso de España.

A pesar de la epidemia de corrupción política que aparentemente se ha abatido sobre España, es muy notable que, en la percepción de los españoles –y como saben todos los estudiosos del fenómeno de la corrupción, suele haber, ceteris paribus, una elevada correlación positiva entre la percepción de la misma y su realidad objetivamente medida— la corrupción económica del sector privado resulta ser mucho más importante que la corrupción de los partidos y de los representantes políticos. Según el informe de 2009 de Tranparency International, mientras que en países como Argentina, Grecia, Israel, Italia o Reino Unido lo más destacado en la percepción ciudadana es la corrupción de los partidos políticos; mientras que en países como los EEUU, Indonesia y Panamá se destaca la corrupción de todo el poder legislativo (las cámaras parlamentarias); mientras que en países como Chequia, Japón y Rusia se destaca la corrupción administrativa; en España, en cambio –como en Hong Kong, Islandia, Países Bajos y Noruega—, se destaca la corrupción empresarial.

En contra de los sermones casi unánimes de los políticos españoles de estos días, el crédito popular de la "democracia", del sistema de partidos políticos y de los representantes políticos electos no está por ahora gravemente amenazado, a pesar de la que está cayendo. Diríase, en cambio, que la población española tiene una percepción bastante clara del origen causal de los males de la política en los males de una vida económica –de un "modelo de crecimiento", como se dice con tecnocrática unción— fundada, no en la creación de riqueza o de valor, sino en la inflación de activos (inmobiliarios y financieros), en la inclemente destrucción del patrimonio común natural (el caso de las costas españolas es particularmente llamativo, y ahora ha saltado dramáticamente a la luz el caso de los humedales de las Tablas de Daimiel), en el saqueo y privatización de patrimonio público del Estado (una política de privatizaciones iniciada por Felipe González y seguida luego por Aznar, pero a la que, inicialmente, se oponía hasta la derecha política tradicional), en la asombrosa sobreexplotación de una mano de obra calificada (el 63% de los asalariados españoles es "mileurista"), en un Estado social raquítico, en el volumen de desempleo estructural más crecido de los países de la OCDE y en el insostenible endeudamiento de las empresas y de los trabajadores españoles.

Si comparamos con Italia, el contraste es notable. Mientras en España un 29% considera que el sector más corrompido es el de la empresa privada, en Italia sólo un 7% cree eso. Es verdad que en España un 27% creen ya que son los partidos el sector más corrompido (cerca, pues, de la empresa privada), pero en Italia tenemos un abrumador 44% de ciudadanos que lo cree. Ese 27% registrado en 2009 podría crecer; visto lo visto estos días, y lo cierto es que si la pregunta es cuán corrompido está un sector (no qué sector es el más corrompido), en España ganan ya los partidos políticos con una puntuación de 3,4 (en contraste con el 3,3 que se da a las empresas, el 3,1 que se da al parlamento, o el moderado 3,0 –el más bajo— que se da a los funcionarios. (Por seguir con el contraste: en Italia la puntuación más alta de descrédito en materia de corrupción se la llevan también los partidos, pero con un 4,1, seguidos de los funcionarios, 3,9, del poder judicial, 3,5, y de los medios de comunicación, 3,4; la empresa privada queda en un 3,3, al mismo nivel que el Parlamento).

Y si la izquierda institucional no reacciona políticamente a esos males básicos de la vida económico-social de nuestro país, si no logra al menos acompasar sus percepciones básicas a las percepciones del común de la ciudadanía, entonces sí podría empezar a temerse muy en serio en España una generalización à la italiana de la antipolítica.

(*) Antoni Domènech es el editor de SinPermiso.

Los negocios inmobiliarios y de aeropuertos de CCM no se integrarán en la unión con Cajastur

MADRID.- La Corporación Caja Castilla-La Mancha (CCM), 'holding' en el que la entidad agrupa participaciones inmobiliarias y de infraestructuras, entre otras, no se integrará en la unión con Cajastur, al tratarse de los activos no financieros más problemáticos.

Concretamente, los activos de Corporación CCM no se traspasarán a Banca Liberta, filial de banca privada de Cajastur en la que se integrarán los activos y pasivos financieros de la entidad castellano manchega, que contará con una participación del 25% en ella.

Este 'holding' de participaciones no financieras de CCM incluye la participación del 10% en el aeropuerto de Ciudad Real y concentra la fuerte exposición de la caja al sector promotor y de la construcción, hasta suponer el 40% de la inversión crediticia total.

En la actualidad, las principales inversiones en el sector inmobiliario de CCM se materializan en financiaciones para la compra de suelo por 2.163 millones de euros y para la promoción inmobiliaria en curso de ejecución o venta por 3.144 millones de euros, a los que se suman otros 860 millones de euros correspondientes a otros riesgos relacionados con el sector.

Además, existen importes pendientes de disponer de promociones en curso de ejecución y venta por 1.077 millones de euros, y también existe una inversión accionarial en sociedades con actividad inmobiliaria por 298 millones de euros, realizada a través de CCM Corporación.

La tasa de morosidad de Caja Castilla-La Mancha (CCM) se disparó hasta el 17,33% en junio de 2009, lo que significa duplicar la del 9,32% existente seis meses antes, debido a la revisión al alza de activos dudosos hasta un total de 3.492 millones de euros, frente a los 1.848 millones anteriormente declarados.

Por otro lado, las operaciones del aeropuerto de Ciudad Real han elevado el riesgo de los recursos propios del grupo al 45,5%, mientras que la normativa del Banco de España establece que ningún cliente o conjunto de clientes que constituya un grupo económico puede alcanzar un riesgo del 25% de los recursos propios.

Ante este escenario, la integración con Cajastur incluye una especie de seguro para contrarrestar los efectos de la morosidad denominado 'Esquema de Protección de Activos' que incluye garantías sobre éstos y establece que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) responda con sus recursos en caso de que se produzca un deterioro.

Los términos del proyecto aprobado por el Banco de España para que Cajastur se haga con el control de CCM también establecen la devolución de 1.300 millones de euros de ayudas del FGD, que asumió dicho importe de emisión de cuotas participativas.

Paralelamente, se realizarán otras dos emisiones por el mismo importe, una de cuotas participativas por 900 millones de euros, y otras de participaciones preferentes por importe de 400 millones de euros, precisaron las fuentes financieras consultadas.

Los empresarios valencianos creen que la fusión entre Bancaja y la CAM será "buena" a largo plazo

CASTELLÓN.- El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Francisco Pons, aseguró hoy que la fusión entre Bancaja y la CAM será "buena" a largo plazo, pero ahora ambas entidades "deben resolver muchos problemas".

Pons realizó estas declaraciones antes de mantener una reunión con el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, y tras ser preguntado sobre su opinión respecto a una posible fusión entre ambas entidades bancarias.

Según recordó, AVE publicó en julio un documento "en el que decíamos que, en ese momento, no veíamos la fusión, pero -dijo- es evidente que el tiempo y las situaciones económico-financieras podrían cambiar aquella opinión".

No obstante, Pons explicó que "en el corto plazo, cada entidad financiera tiene que resolver muchos problemas, y meterse en una fusión ahora es distraerse durante dos o tres años de una manera notable".

"Nos puede parecer bien una fusión en un momento de tranquilidad, de calma y que se prepare bien", aseguró el presidente de AVE, quien aclaró que "no estamos ni a favor ni en contra de la fusión, creo que, a largo plazo, será buena, aunque en estos momentos las dos organizaciones tienen que resolver de la mejor manera posible qué es lo que hay que hacer ahora".

Caixanova no confirma contactos con cajas de otras comunidades

SANTIAGO DE COMPOSTELA.- El presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, evitó este miércoles confirmar contactos de esta entidad con cajas de otras comunidades autónomas para analizar posibles alianzas ante el rechazo a una fusión con Caixa Galicia, pero aseguró que la caja con sede en Vigo trabaja "por los intereses de Galicia".

A preguntas de los periodistas acerca de una posible operación entre Caixanova, Cajastur y Caja Murcia, tras la presentación de un convenio entre la entidad gallega y la Universidade de Santiago de Compostela, Gayoso se limitó a apelar nuevamente a la "discreción", tras señalar que ignora si el proceso "va para corto o para largo".

No obstante, a su llegada al Colexio de San Xerome, admitió a los medios de comunicación que el proceso puede dilatarse. "Me temo que sí", respondió al ser preguntado sobre si será mucho el tiempo que tardarán en finalizar las negociaciones.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, se reunieron el pasado lunes con la dirección de Caixanova, que habría expresado reservas a una fusión con Caixa Galicia y manifestó sus preferencias por vías con cajas de otras comunidades que eviten renunciar a su marca y a sus órganos de gobierno, como podría ser la alternativa del sistema institucional de protección (SIP).

Por su parte, el martes la responsable de Facenda recibió al director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, quien planteó las alternativas que baraja con entidades de fuera de la comunidad ante la posibilidad de que fracase la opción prioritaria de la fusión de las dos cajas gallegas.

Cajamurcia reconoce contactos "y no negociaciones" con Caixanova enfocadas a una integración virtual

MURCIA.- Cajamurcia reconoció hoy que ha mantenido conversaciones o contactos, "pero no negociaciones" con Caixanova enfocadas al sistema institucional de protección (SIP), "al igual que hemos hablado con otras cajas sobre este asunto", según confirmó un portavoz de la entidad financiera.

En este sentido, explicó que el SIP es un sistema que permite poner en común un apoyo mutuo entre entidades, que desde Cajamurcia se ve con buenos ojos, por cuanto "las alianzas son buenas porque fortalecen".

No obstante, desde Cajamurcia insistieron en que todos los contactos mantenidos con Caixanova y otras cajas al respecto carecen de formalidad, al tiempo que reiteraron que "afortunadamente la caja no necesita fusionarse con nadie".

Estas declaraciones se producen tras las palabras del presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, quien hoy evitó confirmar contactos de esta entidad con cajas de otras comunidades autónomas, como Cajamurcia, para analizar posibles alianzas ante el rechazo a una fusión con Caixa Galicia, pero aseguró que la caja con sede en Vigo trabaja "por los intereses de Galicia".

A preguntas de los periodistas acerca de una posible operación entre Caixanova, Cajastur y Cajamurcia, tras la presentación de un convenio entre la entidad gallega y la Universidad de Santiago de Compostela, Gayoso se limitó a apelar nuevamente a la "discreción", tras señalar que ignora si el proceso "va para corto o para largo".

El Consell valenciano insta a abrir "un periodo de reflexión" sobre la fusión de las cajas valencianas

VALENCIA.- El vicepresidente tercero del Consell y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, aseguró hoy que "el Gobierno valenciano ha propuesto a través de su vicepresidente económico y conseller de Economía, Gerardo Camps, que debe abrirse un periodo de reflexión" sobre la fusión de las cajas de ahorro valencianas porque los momentos actuales son "diferentes a los que estábamos hace unos años, cuando esto se planteó".

Cotino se pronunció así, tras la presentación del libro 'Pymes familiares: un estudio en la provincia de Valencia', en la que estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, Arturo Virosque, al ser preguntado por los medios de comunicación por las declaraciones que, el pasado domingo, realizó el conseller de Economía, en las que aseguró que el Consell "no descarta ninguna fusión" entre las cajas de ahorro de la Comunitat Valenciana, ni tampoco entre entidades valencianas y otras de fuera.

Según apuntó, ya existen propuestas en este sentido que "se están llevando a cabo en otras autonomías" y consideró "importante" que "se abra un periodo de reflexión sobre qué tenemos que hacer en unas cajas con entidad tan importante como Bancaja, CAM, Caixa Ontinyent y la posibilidad también de otras cajas de comunidades próximas a la nuestra".

Preguntado sobre si considera que debe haber acuerdo entre las fuerzas políticas para el proceso de renovación de las asambleas de las cajas, puesto que la próxima semana se aprobará en las Corts la lista de los consejeros que conformarán este órgano en Bancaja y Caixa Ontinyent, manifestó que "siempre hay que intentarlo", pero matizó que "luego la realidad de la vida es que, a veces es posible, y otras veces no lo es".

Al respecto, aseguró que "el PP siempre lo ha intentado y lo seguirá intentando", aunque instó a "valorar no sólo la parte del que tiene que proponer el acuerdo sino del que tiene que querer también aceptar". En esta línea, aseveró que alcanzar acuerdos es "difícil" porque "el PSPV está un poco en las barricadas".

No obstante, auguró que "cuando se reúna el pleno de las Corts" la próxima semana, en el que debe decidir la lista de los consejeros que formarán parte de las asambleas de Bancaja y Caixa Ontinyent, el parlamento valenciano "decidirá lo que sea más oportuno".

La nueva autovía del Norte unirá Caravaca con Jumilla tras invertir 325 millones

MURCIA.- El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel, presentó este miércoles los estudios para la construcción de la Autovía del Norte, que conectará Andalucía y Valencia por el interior de la Región como una alternativa a los desplazamientos a través de la Autovía del Mediterráneo (A-7) y que reduciría a la mitad el tiempo actual de viaje entre Caravaca de la Cruz y Jumilla.

Para ello está previsto que la Comunidad invierta 325 millones de euros acudiendo a una "fórmula extrapresupuestaria", como ya hizo con la Autovía del Noroeste.

Valcárcel indicó que esta nueva infraestructura permitirá unir seis las comarcas del Noroeste y del Altiplano, desde Caravaca de la Cruz a Jumilla, a través de una vía de alta velocidad.

Se completa toda una red de comunicaciones, incluidas las autovías que conectan el interior con el litoral y la comarca del Guadalentín, que según indicó Valcárcel, "vertebran toda la Región", ya que, aseguró, "el objetivo político de este Gobierno tiene como bandera la vertebración de toda la Región, para los ciudadanos y como herramienta de desarrollo económico".

La Autovía del Norte, que se incluye en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Comunidad Autónoma, tendrá una longitud total de 68 kilómetros y vertebrará las comunicaciones del Norte de la Comunidad Autónoma mediante su conexión con tres importantes autovías, la del Noroeste, la de Murcia-Albacete y la futura A-33 hacia Valencia. Está previsto que las obras se inicien dentro de dos años y concluyan, aproximadamente en cuatro, a finales de 2013.

De esta manera, la Autovía del Norte se conformará como eje central de comunicaciones entre las comarcas del Norte de la Región de Murcia, atendiendo de forma directa a los municipios de Caravaca de la Cruz, Cehegín, Calasparra, Cieza, Jumilla y Yecla.

La ejecución del proyecto se llevará a cabo mediante el desdoblamiento de la actual carretera RM-714, de Caravaca de la Cruz a Jumilla, que se transformará en una autovía de cuatro carriles, con mediana, arcenes y vías de servicio a ambos lados de la calzada.

La autovía mejorará la seguridad vial de una carretera por la que actualmente circulan cerca de dos millones de vehículos al año, aunque se podrá alcanzar hasta un tráfico diario de diez millones de vehículos con este nuevo corredor. Además, potenciará la importante actividad económica de la zona, en sectores como la agricultura o el turismo.

Esta obra ha sido dividida en dos tramos: Caravaca-Calasparra y Calasparra-Jumilla. El primero de ellos fue aprobado inicialmente en mayo del año 2008 y en la actualidad se está redactando el correspondiente proyecto de trazado. Este tramo, que presenta una longitud de 23 kilómetros, se inicia en la conexión con la Autovía del Noroeste, en las cercanías de Cehegín y Caravaca de la Cruz.

Respecto al segundo tramo, la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha finalizado la redacción del estudio informativo. El tramo Calasparra-Jumilla cuenta con una longitud total de 45 kilómetros y un total de ocho enlaces en su recorrido.

En el trazado destaca el enlace previsto para conectar la autovía con la carretera que da acceso a Cieza y con la zona industrial y de servicios existente. Posteriormente, la autovía pasará bajo las vías del ferrocarril y salvará la rambla del Agua Amarga, cuyo viaducto actual será ampliado.

Otro punto importante es la conexión de esta autovía con la A-30, que conecta Murcia con Albacete, una vía de gran importancia para los habitantes de la zona que mejorarán sus comunicaciones con la capital de la Región y con Madrid. El tramo finaliza en Jumilla, donde se ha previsto una variante por el suroeste que cruzará la rambla del Judío. Así se evitará el paso por la localidad y enlazará con la futura autovía A-33.

Preguntado por si hay dinero para construir la autovía, Valcárcel señaló que "siempre hay dinero porque este Gobierno ha hecho los deberes en tiempos de bonanza, somos el Ejecutivo con mayor capacidad de endeudamiento porque no hemos despilfarrado ni un sólo euros cuando los tiempos eran buenos y por eso hoy somos el Gobierno que más déficit alcanzamos".

"Somos la segunda comunidad autónoma menos endeudada", insistió, con lo cual "hay capacidad, margen para endeudarnos", a parte de todo, explicó el presidente, "hay sistemas extrapresupuestarios que no computan como endeudamiento y que te permiten afrontar obras de estas características".

"Lo mismo ocurrió con la Autovía del Noroeste", recordó, "y ahí está, fue muy criticada al principio, pero la cuestión es cuantos beneficios está reportando esa autovía desde que se inauguró, si hubiéramos esperado a tener dinero ésta no estaría hecha, menos polígonos industriales y perspectivas de futuro, hoy ya presentes". Es decir, añadió, "es una herramienta de crecimiento que ha permitido impulsar y alegrar la economía de la zona".

De hecho, puntualizó, los hospitales del Mar Menor y Cartagena se están construyendo también mediante sistemas extrapresupuestarios, "si hubiera que esperar a disponer de esos recursos o hacerlo 'a pulmón' en presupuesto ordinario esos centros no estarían cuando uno está prácticamente finalizado y al otro no le queda mucho".

"Estos son mecanismos y que el político al final tiene que tomar, si nos equivocamos ya se nos castigará, si acertamos ya se tendrá en cuenta, al final lo que interesa es que repercuta en beneficio de los murcianos", concluyó el presidente, quien remarcó que para el próximo año ya hay presupuestados algo más de un millón de euros para la futura autovía del Norte e incluso unos 100.000 euros por si hubiera que adelantar una parte del presupuesto de haber corrido los plazos necesariamente".

Sala dice que la CAM no tiene "ninguna noticia" sobre la propuesta de Camps de estudiar una fusión con Bancaja

ALICANTE.- El presidente del Consejo Territorial de CAM en Alicante, Armando Sala, aseguró hoy que la entidad no tiene "ninguna noticia" sobre la propuesta del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Gerardo Camps, quien consideró el pasado domingo "irresponsable para el Gobierno valenciano e irresponsable para los órganos de administración de las distintas cajas" no plantearse una posible fusión con Bancaja y Caixa Ontinyent.

Armando Sala, se refirió así, preguntado por los medios de comunicación, a la posibilidad de que CAM y Bancaja estudien la propuesta de Gerardo Camps hizo el pasado domingo en Alicante.

Armando Sala manifestó: "nosotros no tenemos ninguna noticia al respecto y, por lo tanto, no puedo añadir nada más". De este modo, se remitió a sus declaraciones del pasado lunes, en las que dijo que el vicepresidente económico "habló de una cosa que a él le podría gustar" y que "no se ha planteado".

Preguntado por la situación parecida de una posible fusión entre Caja Galicia y Caixa Nova, entre las que también podría haber duplicidad de oficinas, Armando Sala indicó que es "un buen ejemplo" pero, según insistió, dijo no poder "añadir nada más" a lo que dijo "el otro día" porque "estamos en un momento, no de impasse, pero estáis preguntando o nosotros respondiendo a una serie de preguntas como consecuencia de unas declaraciones de Gerardo Camps", indicó.

El PSOE advierte que los Presupuestos regionales para 2010 no permitirán cumplir el Pacto por la Educación

CARTAGENA.- El responsable de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Jesús López, declaró hoy en rueda de prensa que los Presupuestos de la Comunidad para 2010 en materia de Educación "no permitirán cumplir el Pacto firmado en el mes de mayo por el Gobierno regional con las diferentes fuerzas sociales, en sus aspectos más relevantes".

A su juicio, "esto era algo que ya deberían haber sabido los responsables del Gobierno regional en aquel momento".

López señaló que en materia de Infraestructuras, "se habló de 171 millones de euros para los cuatro años y sólo se han previsto 17,3 millones (frente a 24 el año anterior) que, además, corresponden a compromisos incumplidos u obras contratadas".

Por tanto, remarcó, "la aportación al Pacto del Presupuesto regional para 2010, en materia de Infraestructuras, es de cero euros". Corresponderían, según explicó el socialista, en todo caso, al compromiso para 2009, "ya que el pacto abarca de 2009 a 2012".

Por ejemplo, explicó, el IES de las Torres de Cotillas "ya se incluyó en el presupuesto de 2009 y está previsto que lo construya el Ayuntamiento por convenio. Después de un año de trámites, en octubre se modificó el pliego de condiciones y salió de nuevo a licitación". También se incluye en el Presupuesto de 2009 la ampliación del CEIP 'Carolina Codorniú', que está en obras y el IES de LLano de Brujas, en ampliación, que ya salió a licitación en septiembre de 2009.

Además, el nuevo CEIP de Los Nietos (Cartagena) se licitó en julio por un importe de 1.420.799 euros, "ahora sale en el Presupuesto por 749.000 euros, en aquel momento se dijo que se iba a hacer en cuatro meses, y mientras los alumnos están en aulas prefabricadas". También lo están, añadió, alumnos de Lorca, que esperan al nuevo IES que se creó por decreto en abril de 2008 y se delegaron competencias para su construcción por el Ayuntamiento del municipio en diciembre de 2009.

Al hilo, López destacó que bajo la denominación de 'Inversiones financiadas extrapresupuestariamente' crean un "cajón de sastre de escasa credibilidad en el que incluyen viejas promesas, segundas fases de colegios que aún no se han empezado a construir y ampliaciones dotadas con cantidades ridículas" y, así "hasta un total de 52 actuaciones que suman una cantidad de 22,6 millones de euros".

"Se trata de una auténtica quimera, no sólo porque se desconoce en qué consiste esa financiación, sino por el carácter meramente simbólico de los fondos que prevén para cada actuación", reprochó.

En concreto en este apartado advirtió López en rueda de prensa aparecen varios centros de Alcantarilla y Cartagena "con obras prometidas reiteradamente y no realizadas", así como el CEIP 'Vicente Ros' de Cartagena, donde existe "un convenio con el Ayuntamiento por 322.697 euros del mes de abril pasado y ahora aparece por 100.000 euros".

Otro compromiso destacado en el Pacto Social, destacó el socialista, era una inversión de 155 millones de euros en el II Plan de FP, "que no se refleja en el Presupuesto de la Comunidad para 2010", subrayó. Por el contrario, añadió, "desaparecen 1.900.000 euros que en el Presupuesto del año pasado figuraban para el I Plan de FP, y que no se ejecutaron".

López reconoció, no obstante, el esfuerzo en dotación de personal docente llevado a cabo, en especial, en Educación Primaria, que permitirá satisfacer el compromiso en alguna de las líneas de calidad previstas en el pacto; "y algún otro gesto meramente testimonial, en materia de reconocimiento de la labor docente".

También se incluyen en estas Cuentas cantidades en centros concertados que "pueden hacer posible la dotación en los mismos de determinados recursos para atención a la diversidad", explicó. A pesar de ello, sentenció el socialista, los Presupuestos para 2010 son "una auténtica decepción".

El Ayuntamiento de Murcia aprueba el Plan especial 'Estación del Carmen' que permite iniciar fase de gestión urbanística

MURCIA.- El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, informó hoy al finalizar la Junta de Gobierno de la aprobación del Plan especial de reforma 'Estación del Carmen' junto al Programa de Actuación que permite iniciar la fase de gestión urbanística con lo que se da luz verde tanto al primer instrumento de planteamiento como de gestión.

Con este nuevo paso, señaló el alcalde, el Ayuntamiento "cumple sus compromisos adquiridos en el protocolo de colaboración" y para ello indicó que ha encargado a la sociedad Murcia Alta Velocidad, cuyo director general, Juan Esteban Sánchez, se encontraba presente, la redacción de los proyectos de reparcelación y urbanización, quien explicó que en principio estarían disponibles para la licitación a finales de 2011.

De este modo, manifestó el alcalde, una "nueva Murcia, moderna y vanguardista está a punto de nacer en el sur de la ciudad", con el proyecto de transformación urbana "más importante que tendrá lugar en la ciudad en los últimos 100 años", puesto que se modernizará "un espacio urbano actualmente degradado y dominado por la existencia de las vías del tren" en un área que será "ejemplo de urbanismo sostenible, con grandes corredores peatonales y zonas verdes".

Y esto será debido, continuó, a que se producirá la conjunción de dos hechos fundamentales, por un lado la desaparición del tendido ferroviario, que históricamente ha limitado el crecimiento y desarrollo de la ciudad por el sur, y, en segundo lugar, y como consecuencia de ello, el nacimiento de una zona urbana diseñada para las personas, con amplios espacios ajardinados, aceras, paseos peatonales y amplias avenidas.

En definitiva, de su ejecución urbanística se derivará la generación de zonas verdes, habitables, más modernas y residenciales, que provocarán nuevos focos de atracción y un cambio en la movilidad en la ciudad.

El ámbito de actuación, señaló, va a afectar a 207.290 m2 de superficie, cuya ordenación diferencia dos ámbitos, siendo uno de ellos, al norte, con una gran parcela de 16.594 m2 destinada a uso ferroviario, junto a la que se disponen los usos terciarios a oficinas y hoteles limitando la altura máxima a 19 pisos; el otro corresponde a la gran manzana residencial situada al sur, conectada a otras construcciones de viviendas.

La ordenación prevista en el plan especial asigna 161.000 m2 que se destinarán a uso residencial y permitirán la construcción de 1.400 viviendas, de ellas el 20 por ciento, es decir, 300, de protección pública.

Además, se crearán 40.300 m2 de zonas verdes, 19.500 m2 de equipamientos locales y de la estación intermodal, mientras 121.236 m2 se reservarán para viario. Asimismo, se construirá un gran aparcamiento público bajo rasante que dará servicio a las necesidades de la nueva estación.

En cuanto al coste de la operación, el director general de Murcia Alta Velocidad, explicó que el documento aprobado en 2006 señalaba 195 millones de euros, de los que 84 millones se financiarán mediante las plusvalías urbanísticas que se obtendrán de la operación y los 111 millones restantes serán aportados por las tres administraciones: el 66 por ciento el Ministerio -entre 66 y 68 millones de euros-, el 26 por ciento la Comunidad Autónoma - unos 26 millones- y el 8 por ciento el Ayuntamiento de Murcia -aproximadamente 9 millones-.

Pero el último documento aprobado señaló un coste de 257 millones de euros a los que igualmente hay que ver la financiación de las plusvalías urbanísticas, manteniéndose iguales los porcentajes correspondientes a cada administración.

Por otra parte, la intervención ferroviaria se desarrollará en una longitud de 7,8 kilómetros de red ferroviaria, de los que 4,7 kilómetros serán soterrados, e incluye la remodelación de los accesos ferroviarios, adaptados a la llegada de la alta velocidad y compatibles con la red existente.

También supone el soterramiento del pasillo ferroviario entre la futura Ronda de Barriomar y el inicio de la Variante de Reguerón en la zona de Los Dolores; la depresión del pasillo ferroviario a la cota del tramo soterrado entre la futura ronda de Barriomar y el núcleo urbano de Nonduermas, en el que se cubrirá un tramo aproximado de 500 metros.

De igual modo se sustituirá la actual estación del Carmen por una estación intermodal -ferrocarril y autobuses-, en la que se deprimirá la totalidad de la vía y andenes y se adecuará la actual estación de mercancías de Nonduermas a los requisitos de un nuevo control de tráfico. Todo ello va a suponer la actuación urbanística sobre los suelos ferroviarios liberados y otros usos privados con una superficie total de 20 hectáreas.

El inicio de este complejo proceso explicó el alcalde, dio comienzo cuando hace algo más de tres años, en junio de 2006, se firmó el protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento, el Administrador Estatal de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia para el soterramiento de la red ferroviaria a su paso por la ciudad de Murcia y el establecimiento de la Alta Velocidad.

Durante este tiempo, informó, cada una de las partes ha realizado sus respectivos cometidos que, en el caso del Ayuntamiento de Murcia y de la Comunidad Autónoma se ha basado en la aprobación de la necesaria modificación del PGOU.

Por último indicó que a partir de ahora, se remitirá a todos los organismos oficiales y propietarios del suelo para que conozcan el expediente y presenten alegaciones si lo estiman oportuno, así como cuando se resuelvan las sugerencias, el Pleno aprobará el plan especial de forma definitiva, algo que podría tener lugar dentro de seis meses.

El cuñado del alcalde de Águilas se resiste a devolver unas ánforas romanas provenientes de una donación al municipio

ÁGUILAS.- La Agrupación Vecinal Aguileña-AVA-Foro Ciudadano de Águilas ha entregado en el Registro General del Ayuntamiento un escrito dirigido al alcalde para que se averigüe el paradero de las ánforas romanas que un pescador asegura haber entregado para que fuesen expuestas en el Museo Arqueológico local.

"Esta iniciativa de la Agrupación Vecinal es consecuencia del testimonio expuesto por un vecino de Águilas, Pedro Escarabajal, quien asegura que hace varios años hizo entrega personalmente al concejal Juan Pérez García de varias ánforas sacadas del fondo del mar, con la promesa de que iban a ser expuestas en el Museo Arqueológico.

Al no encontrarse las piezas en dichas instalaciones, ni conocer el paradero de las ánforas, su propietario ha solicitado de forma infructuosa al citado edil que se las devuelva.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que puede tratarse de restos de valor arqueológico, protegidos por la Ley de Patrimonio Histórico, A.V.A. solicita al alcalde que investigue lo sucedido al objeto de que las ánforas en cuestión sean localizadas y entregadas de inmediato al órgano regional competente en materia de patrimonio cultural de la Región.

Todo ello sin perjuicio de que lo sucedido sea puesto por la citada Agrupación Vecinal en conocimiento de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, así como del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil", según reza un comunicado remitido por AVA.

El citado concejal es cuñado del alcalde, barbero de profesión y pretendido experto en arte, además de un conocido coleccionista y marchante comarcal.

El PSOE pacta con la oposición aumentar al 125% el límite para el endeudamiento de los ayuntamientos

MADRID.- El Grupo Socialista alcanzó anoche en el Congreso un acuerdo con PP, ICV y CiU para registrar una enmienda conjunta a los Presupuestos Generales del Estado para 2010 por la que se amplía del 110% al 125% de los ingresos liquidados en el ejercicio precedente el límite de endeudamiento a partir del cual los ayuntamientos deben pedir permiso al Estado para poder solicitar más préstamos a las entidades financieras.

La enmienda, a la que se han adherido el resto de grupos, trata de dar respuesta a las reclamaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que exigía que este umbral máximo llegara al 130%. Asimismo, se mantiene el carácter excepcional y exclusivo para el año 2010 de la medida, hasta que se apruebe la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

La portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Marta Gastón, aseguró que esta enmienda es coherente con el apoyo prestado por los socialistas a los municipios en el actual contexto de crisis económica.

En este sentido, recordó que durante el trámite de Ponencia, los socialistas introdujeron una enmienda que incrementa en 20 millones, hasta los 30 millones, el fondo especial para los municipios de población no superior a 20.000 habitantes, creado en el ejercicio anterior.

A esta cantidad se sumaron otros 60 millones destinados a las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares, comunidades autónomas uniprovinciales, así como a los ayuntamientos de Ceuta y Melilla en concepto de aportación a la financiación de las inversiones de las entidades locales, dentro de las líneas de cooperación económica local del Estado.

martes, 3 de noviembre de 2009

Asi piensa la patronal valenciana sobre las fusiones de cajas de ahorro

CASTELLÓN.- El presidente de Cierval, Rafael Ferrando, aseguró hoy que las entidades financieras de la Comunitat Valenciana deben ser las que lideren actuaciones de otras y no ser absorbidas "porque perderíamos en nuestra Comunitat la parte importante de lo que supone una entidad financiera".

En este sentido, consideró que lo importante es que no se "pierda" la referencia de "ser social" y que las empresas valencianas tengan resuelta la financiación.

Ferrando se pronunció así tras la celebración del Comité Ejecutivo de Cierval en la Confederación de Empresarios de Castellón, tras ser preguntado por la posibilidad de fusión de Bancaja y la CAM.

Al respecto, señaló que dentro de Cierval hay "distintos criterios, pero son con matices", y subrayó al respecto que, lo que han sostenido "siempre" es que las entidades financieras de la Comunitat Valenciana "deben ser las que lideren actuaciones" de otras cajas y no ser absorbidas "perderíamos en nuestra Comunitat la parte importante de lo que supone una entidad financiera".

Por ello, manifestó que seguirán apostando por tener "entidades fuertes" que "respondan a las necesidades de la sociedad y de los empresarios". Así, indicó que "si la fusión de las cajas valencianas se produce y contribuye a todo lo que he dicho, lo veríamos bien, pero no es cuestión de fusión sí o fusión no, sino que nuestras empresas deben tener bien resuelta la financiación con las entidades valencianas y que esa referencia de ser social no se pierda".

Piden garantías de empleo, empresariales y sociales de cara a la posible fusión de Bancaja, CAM y Caixa Ontinyent

VALENCIA.- La Federación de Servicios Financieros y Administrativos (Comfia) de CCOO-PV exigió hoy garantías en materia laboral, económica y empresarial, y social, de cara a una posible fusión entre Bancaja, Caja Mediterráneo (CAM) y Caixa Ontinyent.

En un comunicado, el sindicato respondió en estos términos a las declaraciones efectuadas por el vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Economía, Gerardo Camps, "instando públicamente" a las tres cajas de ahorro a que "empiecen a estudiar su fusión para absorber a Cajamurcia".

CCOO trasladó un "mensaje de tranquilidad" a las plantillas de estas entidades y recalcó que "ante un planteamiento de una fusión, de forma previa a emitir cualquier valoración global, es preciso conocer los pormenores de la misma, así como el plan de viabilidad, modelo de empresa, garantías en materia de empleo y cohesión laboral, y aspectos institucionales y sociales", entre otros.

Al respecto, el sindicato precisó que estos detalles deben trasladarse "en primer término, a sus órganos de gobierno y a los diferentes grupos de representación presentes en los mismos, incluyendo los empleados".

En cuanto a la exigencia de garantías en materia laboral, subrayó que "la prioridad en cualquier fusión es el empleo", por lo que se opondrá "a cualquier fusión que ponga en riesgo el mismo y en la que no se garanticen los intereses de las plantillas a través de la firma de un Acuerdo Laboral de Fusión que garantice los puestos de trabajo de las cajas y sus grupos empresariales, así como la cohesión laboral, a través de la homogeneización de las condiciones laborales".

Además, en materia económica y empresarial, CCOO reivindicó que "cualquier proyecto de fusión debe demostrar su solidez a futuro" y exigirá así "la presentación de un proyecto viable, basado en aspectos puramente económicos y de utilidad social para su entorno de actuación".

Desde el sindicato reclamarán asimismo "estudios profesionales que demuestren la complementariedad de balances, redes y mercados de las posibles entidades que participasen en la fusión", al tiempo que consideran "fundamental" que se defina "un modelo de dirección basado en la profesionalidad y la independencia".

En cuanto a las garantías en materia social, en opinión de CCOO, la entidad resultante "deberá garantizar la concepción de la caja como una entidad de propiedad social, conformando de forma consecuente sus órganos de gobierno, obra social y código de Conducta desde una premisa de responsabilidad social para con el conjunto de la sociedad, sus clientes y trabajadores".

Las exportaciones regionales crecerán hasta un 60% con el Corredor Mediterráneo, aunque habrá que invertir 8.000 millones

MURCIA.- La Región de Murcia pasará a formar parte de las principales plataformas logísticas de Europa, pudiendo incrementar las exportaciones de productos regionales hasta un 60 por ciento con el desarrollo del corredor Mediterráneo de Mercancías. Aunque para ello, está previsto que la Región invierte entre 7.000 y 8.000 millones de euros en los próximos 15-20 años.

Así lo aseguró el secretario general de Ferrmed, Joan Amorós, quien presentó hoy en Murcia, una semana después de hacerlo en Bruselas, las conclusiones del estudio europeo 'Supply anda Demand, Technical, Socio-ecoomic, and Environmental Global Study of the Ferrmed Great Axis Rail Network and its are of influence' sobre el desarrollo del gran eje ferroviario de mercancías Escandinavia-Rin-Ródano-Valencia-Murcia-Algeciras.

En concreto, explicó, se han estudiado unos 22.000 kilómetros de vía férrea para analizar cuál era el mejor camino para llevar las mercancías desde Algeciras hasta Estocolmo; concluyendo que tal y como está, aseguró Amorós, "el ferrocarril no gana cuota", por lo tanto "necesita ser mejorado".

Es decir trenes más argos, unificación de ancho de vía, rampas que no pasen del 12x1.000, gálibo de cargas superior para que podamos poner contenedores marítimos, libre competencia o tener la posibilidad de que los trenes de mercancías puedan funcionar los siete días de la semana y las 24 horas del día y tener dos líneas paralelas en los grandes corredores.

De tal forma, continuó, "el ferrocarril puede iniciar una progresión importante y se pone a nivel del 24-28 por ciento del tráfico terrestre de larga distancia, comprendido entre los 500 y los 1.000 kilómetros". Con este escenario Ferrmed, añadió Amorós, "el ferrocarril recupera cuota respecto a la carretera y además logramos una reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera".

En concreto, advirtió, "en el periodo comprendido entre 2016 y 2045 sería de un orden de 135 millones de toneladas que ahorraríamos y esto representa un 10 por ciento de las emisiones que hoy en día tenemos con el sistema de transporte terrestre".

Lo que significa unas inversiones de 177.764 millones de euros, "con una tasa de rentabilidad interna del 11,09 por ciento, lo cual es realmente muy bueno". Al hilo, señaló, que la inversión española rondaría los 35.000 millones de euros del total y en la Región de Murcia, unos 7.000 u 8.000 millones.

En concreto, "lo deseable" es que el 50 por ciento de la inversión del proyecto sea gestionada por los gobiernos nacionales, el 30 por ciento por la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversión y el 20 por ciento restante por las PPP (capital público privado).

Aquí, insistió, "no hemos escatimado en nada, se refuerzan o ponen nuevas líneas, sino también las terminales, las barreras acústicas para impedir que el ferrocarril sea molesto a los vecinos, la remodelación de los vagones e incluso las subestaciones eléctricas para reforzar la potencia de las líneas".

El estudio de Ferrmed también contempla mejorar las terminales portuarias, ya que los puertos del norte de Europa tienen una cuota en el mercado actual del 76 por ciento mientras que "nosotros nos quedamos con un 24 por ciento en el sur". Con este modelo "pasamos al 27 por ciento, pero de pasar al 35 por ciento nuestros puertos podrán absorber mucho más tráfico".

Los beneficios, remarcó Amorós, serían de más de 525.000 millones de euros en el periodo de 2016-2045, lo que "pone de manifiesto la importancia de este eje", subrayó.

Así, entre las acciones incluidas en el estudio para la mejora del transporte de mercancías en la Región destaca la conexión de Murcia con AVE hacia Valencia y Andalucía, la instalación de doble vía de ancho internacional electrificada para trenes de alta velocidad de pasajeros a 300-350 km/h y de otra para trenes de mercancías a lo largo de todo el Eje, la construcción de un by-pass que evite el paso de mercancías peligrosas por la ciudad de Murcia, la mejora del acceso al Puerto de Cartagena y la construcción de terminales intermodales de gran capacidad en los núcleos de comunicación Murcia-Cartagena y Lorca-Puerto Lumbreras, entre otras.

El corredor Mediterráneo tiene capacidad para absorber el 35 por ciento del tráfico terrestre de larga distancia. Se trata de un eje estratégico que representa, respecto al conjunto de España, el 50 por ciento de la población y del PIB, cerca del 60 por ciento de las exportaciones a Europa y la mayor parte del tráfico intercontinental con Asia y el Norte de África.

De hecho, ejemplificó Amorós, mercancías procedentes de Asia que se descarguen en el puerto de Cartagena puede llegar a su destino en Frankfurt unos tres o cuatro días antes de lo habitual.

Al respecto el consejero Ballesta aseguró que este informe, en el que han participado 12 de las consultoras más importantes de Europa y de once países distintos, "viene a avalar la necesidad de este Corredor Mediterráneo de Mercancías, que desde el ámbito político se viene defendiendo en la Región de Murcia desde hace muchos años".

Y subrayó que "las conclusiones han de ser el punto de partida de un plan de inversiones urgente en la red ferroviaria del eje Mediterráneo y su área de influencia, que debe comenzar con la declaración de proyecto prioritario por parte de la Comisión Europea".

"De esta forma, la Región quedaría integrada en una plataforma de comercio internacional de primer orden y se favorecería la apertura de nuestra comunidad a los mercados europeos, potenciando la competitividad de los diferentes sectores productivos de la economía regional, impulsando el comercio exterior y la creación de empleo a través una conectividad total con el mercado único europeo", añadió.

Aunque reconoció que "el Gobierno de España finalmente, a través del Ministerio de Fomento, ha apoyado este Corredor en toda su extensión, abarcando las comunidades andaluza, valenciana, catalana y murciana". Y es que, subrayó, "trabajamos para la siguiente generación de murcianos y europeos".

Esto, insistió, "supone un factor determinante en el desarrollo de la economía de nuestro país y de la Región por su elevada incidencia socioeconómica e intermodal, el gran potencial de interconexión a través de los enlaces en red y las conexiones intercontinentales, el aumento de la inversión y la disminución de las emisiones de dióxido de carbono, que podrían reducirse hasta 900.000 toneladas al año en Europa".

El secretario general de Ferrmed aseguró a preguntas de los medios que este es el "momento más oportuno" para llevar a cabo un proyecto de tal magnitud, al tiempo que advirtió que "si realmente queremos salir de la crisis es momento de invertir en la economía productiva, que es lo que hace que los países funcionen".

La economía productiva "no funciona sin unas buenas infraestructuras desde la Educación a los sistemas de transporte, pero es ahí donde tenemos que invertir y sobre todo donde podamos sacar la mayor rentabilidad socio-económica".

En España, subrayó Amorós, "esa rentabilidad está en el Mediterráneo, porque tenemos el 50 por ciento de la población, del PIB, del valor de la producción agrícola y un porcentaje superior del valor de la producción industrial y permitiría en que toda esta zona se convirtiera en la gran plataforma logística".

Y es que, hoy en día sólo 23 trenes de mercancías cruzan la frontera franco española en el Mediterráneo y algunos menos en el Atlántico, tras lo que se preguntó "esto es un gran tráfico". Estas líneas bien remodeladas podrían absorber del orden de 230 trenes al día", concluyó.

El paro sube en 3.018 desempleados en octubre en la Región de Murcia, un 2,62% más

MURCIA.- El número de parados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en la Región de Murcia alcanzó en octubre la cifra de 118.286 desempleados, lo que supone un aumento de 3.018 parados más respecto a septiembre, informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En términos relativos, el aumento del paro al término del mes de octubre en la Región de Murcia fue del 2,62 por ciento respecto al mes anterior. En relación a octubre de 2008, el paro se incrementó en 37.309 personas, un 46,07 por ciento.

La afiliación media a la Seguridad Social en Murcia aumenta en 72 trabajadores en octubre

MURCIA.- La afiliación media a la Seguridad Social en la Región de Murcia se situó en octubre en 529.438 personas, que supone en términos absolutos un aumento de 72 personas con respecto al mes anterior (0,01 por ciento), según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

En términos medios la afiliación se redujo en 37.178 personas en los últimos 12 meses (-6,56 por ciento).

De las 529.438 personas afiliadas a la Seguridad Social en la Región, 357.957 pertenecen al Régimen General, 96.828 al Régimen de Autónomos, 65.344 al Agrario, 1.072 a Trabajadores del Mar, 8.237 a empleados del Hogar y ninguno a Minería y Carbón.

La Justicia trata de poner fin a la aventura urbanística de 'Trampolin Hills'

MURCIA.- El horizonte se perfila muy negro para Trampolín Hills. Las malas noticias para la empresa no vienen solas, sino de dos en dos. La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Mula dictó ayer un auto en el que se le exige a Antonio Martínez y Rafael Aguilera, promotores de la fallida macrourbanización en Campos del Río, 30 millones de euros de fianza a fin de responder a las responsabilidades civiles que les reclaman numerosos afectados por este proyecto, y que ya han presentado sus querellas por un presunto delito de estafa en el juzgado muleño.

El auto alerta de que, si este importe no se entrega en un plazo de 24 horas, se procederá al embargo de bienes, según recoge 'La Verdad'.

Esta resolución judicial explica que, a tenor de las diligencias practicadas hasta el momento, «existen indicios suficientes» de que, al menos desde marzo del 2005, Trampolín Hills vendió numerosas viviendas en el Paraje del Barril de Abajo de Campos del Río en terrenos calificados como rústicos, «sin las debidas licencias y antes incluso de suscribir convenio urbanístico con el Ayuntamiento».

La juez afirma, además, que la empresa lo hizo cuando contaba con un capital social de sólo 3.000 euros, careciendo de patrimonio y financiación por entidad crediticia.

En los contratos firmados en esas fechas, explica el auto, «se hacía constar una sucinta descripción capciosa de la calificación urbanística de los terrenos» y del estado de las negociaciones con el Consistorio. Nada que dejara entrever a los clientes que algo andaba mal en ese proyecto.

Para los primeros clientes, la empresa puso a su disposición una cuenta en La Caixa, en la que realizaban sus ingresos y éstos quedaban cubiertos por el aval de la caja. Este modo de operar, sin embargo, varió en los meses posteriores, tal y como recoge el auto.

«Posteriormente Trampolín Hills, huyendo del control de la entidad garante y del coste que el aval implicaba, empezó a utilizar otros modelos».

A partir de ese momento, los clientes, o bien no consignaban su dinero a ninguna cuenta, o lo hacían en una cuenta que, creían era la exigida, pero que no era más que una cuenta corriente ordinaria.

Trampolín comenzó a disponer del dinero de sus clientes para sus gastos. «Utilizaban las sumas entregadas como medio de financiación».

Pese a que las obras en Campos del Río estaban totalmente paralizadas, los clientes siguieron acometiendo sus pagos «ante las explicaciones de los comerciales de Trampolín sobre la viabilidad del proyecto y la falta sólo de unos pequeños detalles». La realidad es bien diferente. Trampolín sigue, cinco años después de lanzar el proyecto, sin licencia de obras.

Para lograr la confianza del cliente, los promotores de Trampolín aseguraban, en el contrato, que las entregas monetarias estaban «garantizadas por la garantía empresarial» de la empresa o bien por un aval de Swiss Finantial Corporation.

Las dos opciones resultaron ser cortinas de humo. La juez considera, en el auto, que Martínez y Aguilera sostenían esa argumentación conscientes de que su empresa «no podía garantizar cantidad alguna y para lograr una aparente solvencia» y de que Swiss Finantial carece de autorización para trabajar en España. Movimientos presuntamente conscientes con el fin de que los clientes siguieran abriendo sus billeteras.

Esta reclamación judicial no fue, sin embargo, el único susto de la jornada para estos empresarios. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Murcia ha decidido declarar a Trampolín Hills en concurso de acreededores ante sus muchas deudas. Una decisión judicial que podría suponer el golpe definitivo para un proyecto que arrastra más de cinco años de tribulaciones y polémicas.

¿Riesgo de fuga?

Los letrados Francisco Valdés Albistur y Antonio José Madrid, que defienden los intereses a decenas de afectados por la compra de viviendas en la urbanización Trampolín Hills Golf Resort, no discreparon ayer de la decisión de la juez instructora de fijar una fianza de 30 millones de euros, pero sí del hecho de que haya rechazado dictar auto de prisión preventiva contra el promotor Antonio Martínez.

«Consideramos -explicaron los letrados- que el hecho de que se haya establecido esa fianza, nada menos que de 5.000 millones de pesetas, a una sociedad que se constituyó con una capital social de 3.000 euros, pone de manifiesto la gravedad del asunto del que estamos tratando. No dictar auto de prisión en este caso, sin que se haya encontrado el dinero y con la gran cantidad de afectados que hay, supone un agravio comparativo respecto de otros empresarios que, con mucho menos, han ido a la cárcel».

Los abogados consideran además que «existe un riesgo evidente de fuga de esa persona», toda vez que el dinero a cuenta que entregaron los clientes, y que suma unos 52 millones de euros (casi 9.000 millones de pesetas), no ha aparecido.

Cinco años de polémica

Septiembre del 2004: El primer paso hacia Trampolín Hills Golf Resort se da el 1 de septiembre del 2004. La empresa compra 1.240.480 metros de suelo no urbanizable.

Noviembre del 2004: Trampolín solicita al Ayuntamiento la modificación de las normas subsidiarias municipales para convertir el terreno en urbanizable.

Noviembre del 2005: El Pleno de Campos del Río suspende la recalificación de ese terreno.

Enero del 2008: Trampolín Hills asegura que «prácticamente casi todas las viviendas, unas 2.700, están ya vendidas». Miguel Navarro pide a los concejales del PP en la oposición aprobar por unaminidad el convenio urbanístico con Trampolín.

Abril del 2008: Trampolín carga contra la Comunidad y el PP por el parón a 2.575 viviendas.

Mayo del 2008: La empresa garantiza que todo el dinero entregado a cuenta por sus clientes está avalado, por lo que podrán recuperarlo si el proyecto fracasa. Los clientes empiezan a presentar denuncias contra Trampolín.

Junio del 2008: Los avales emitidos por la compañía Swiss Finantial Corporation en favor de Trampolín Hills para garantizar la devolución del dinero entregado a cuenta por los clientes no tendrían validez legal.

Octubre del 2008: El Pleno municipal aprueba levantar la recusación contra el alcalde, Miguel Navarro, lo que le permite votar a favor del proyecto y desbloquea la construcción de 2.500 viviendas.

Enero del 2009: El Ayuntamiento aprueba definitivamente el proyecto de Trampolín Hills.

Mayo del 2009: El promotor de Trampolín Hills, Antonio Martínez, asegura que, pese a todos los problemas, levantará en un mes las casas.

Noviembre del 2009: Trampolín entra en concurso de acreededores.

La Sanidad de Valcárcel sigue sin pagar a sus provedores los 370 millones de euros que les adeuda

MURCIA.- Sanidad anunció hace ya más de cuatro meses la medida salvadora que resolvería, al menos en parte, las enormes dificultades que encuentra el Servicio Murciano de Salud (SMS) para pagar a sus decenas de proveedores. La palabra mágica era confirming, una fórmula financiera que consistía básicamente en que un grupo de bancos y cajas de ahorro asumiría los pagos a estas empresas y cobraría después las facturas a la Comunidad Autónoma a un bajo interés, según recuerda 'La Verdad'.

El SMS conseguiría así saldar parte de su déficit con los proveedores a cambio de endeudarse con las entidades financieras. La solución parecía plausible: Croem y los empresarios vieron los cielos abiertos, mientras en Sanidad respiraron aliviados.

La Consejería de Hacienda se hizo cargo de la negociación con bancos y cajas, y desde entonces nada más se ha vuelto a saber del confirming. Los proveedores han perdido la paciencia. Temen que no haya resultados hasta enero, con la entrada en vigor del nuevo ejercicio presupuestario.

Fuentes empresariales confirman que representantes de la patronal harán llegar en los próximos días su malestar al presidente Ramón Luis Valcárcel.

Sanidad mantiene, al menos en público, su apuesta por una solución que llegue lo más pronto posible. Sin embargo, distintos responsables de la Consejería admiten que están fuera de la negociación y que es Hacienda quien tiene la última palabra. Al hermetismo se suman los mensajes contradictorios entre los distintos departamentos implicados. La semana pasada, un portavoz de Sanidad aseguró a La Verdad que se sigue negociando el confirming.

Ese mismo día, desde Hacienda se apostaba por «otras fórmulas distintas de financiación a través del Instituto de Crédito y Finanzas». En otras palabras, la solución final podría pasar por un préstamo al Servicio Murciano de Salud a través de este Instituto, recientemente creado por la Comunidad Autónoma.

Así, mientras que en el confirming los bancos pagarían directamente a los proveedores, con esta otra opción las entidades financieras inyectarían dinero en el SMS para que éste pueda hacer frente a sus compromisos. La operación podría suponer un mayor endeudamiento de la Comunidad en los Presupuestos que en estos momentos se están elaborando.

En cualquier caso, Hacienda asegura que el confirming no se ha desechado por completo. Sea una u otra la fórmula finalmente elegida, el asunto está en «stand-by» a la espera de que «se le encuentre encaje en los presupuestos».

Algunos empresarios dan por hecho que la Comunidad ha decidido posponer a enero cualquier solución. También el PSRM-PSOE duda de que vaya a haber solución antes de las uvas. La diputada Begoña García Retegui ya acusó a la consejera de Hacienda, Inmaculada García, de ser la responsable de que el confirming no haya llegado a buen puerto.

Ahora, Retegui asegura que el Instituto de Crédito y Finanzas todavía está prácticamente «sin plantilla», con lo que «difícilmente puede gestionar préstamos con los bancos en este momento». De momento, la deuda a los proveedores asciende a 370 millones de euros.

lunes, 2 de noviembre de 2009

Concurso para cubrir ocho plazas de fiscales en la Región de Murcia

MADRID.- El Ministerio de Justicia ha convocado un concurso para cubrir cuatro plazas de fiscales y otras cuatro de abogados fiscales en la Región de Murcia.

Tres de las plazas de fiscales de segunda categoría serán para el Área de Cartagena, y la cuarta, para la sección territorio de Cieza.

Las de abogado fiscal son para Murcia, Cartagena, Lorca y Cieza.