TOTANA.- El ex alcalde socialista de Totana, Alfonso Martínez Baños, acusó hoy al intermediario en la operación de compra de terrenos en esta localidad por parte de la sociedad Inmonuar S.L, Emiliano Ovide, de haberlo utilizado "políticamente", al tiempo que aseguró haber recibido, tanto él como sus hijas, "presiones psicológicas". Y es que, el ex concejal fue la persona que grabó a Ovide y dicha grabación fue la que motivó finalmente una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
Martínez Baños, que prestó declaración ante el magistrado instructor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Julián Pérez Templado, quien reanudó hoy la toma de declaraciones en el marco de la operación 'Tótem' --en donde se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Totana--, afirmó que acudió en calidad de testigo "porque parece ser que lo ha pedido alguna de las defensas" al objeto de contar el contenido de la conversación que mantuvo con Ovide.
"He corroborado punto por punto mi declaración inicial y no he ampliado nada", insistió el ex edil socialista, quien dejó claro que, en ningún momento, tuvo "información privilegiada, ya que incluso cuando conocí el contenido del sumario fui el primer sorprendido al salir nombres y hechos que desconocía totalmente".
En lo que respecta a la conversación con Ovide, y de la que se desprende que éste era un intermediario urbanístico que captaba vendedores de suelo para desarrollar para la sociedad Inmonuar S.L., Martínez Baños confirmó esta conversación, ya que "fue pública, en un local"; razón por la que consideró que "es absurdo que la niegue, ya que se produjo y está grabada".
Tal y como cita Ovide, y consta en el sumario, éste habría mantenido una entrevista con el entonces alcalde de Totana, Juan Morales, en la que también estaba presente una amiga conocida suya, Juana López, y se acordaron condiciones para el desarrollo de un plan parcial.
Al hilo, Martínez Baños explicó que Ovide "tuvo una entrevista previa en el Parador de Albacete en donde puso al corriente al actual primer edil, José Martínez Andreo, y al consejero de la empresa municipal de Totana --'Promoción de suelo industrial y vivienda de Totana S.A' (Proinvitosa), elegido por el PP, Justo Salas, de lo que estaba pasando, ya que Ovide no quería perder su parte de la comisión".
Es por ello por lo que opinó que "inicialmente, intentó presionar a Martínez Andreo y después intentó utilizarme políticamente, ya que quería dar a entender" con ese encuentro que mantuvo en un local y del que consta la grabación, que "me había contado lo que sabía para presionar al entonces regidor totanero, Juan Morales".
Por otro lado, Martínez Baños reconoció haber recibido presiones y "no de personas anónimas", puesto que "vivimos en un pueblo de 25.000 habitantes y allí casi todos nos conocemos y lógicamente recibes una presión psicológica, ya que hay gente que deja de saludarte y considerarse amiga tuya".
"Incluso, argumentó, mis hijas han tenido algún tipo de presión psicológica, de insultarlas; y son personas con las que antes tenías un trato agradable y ahora te retiran el saludo o hablan mal de ti".
Preguntado sobre si esas presiones vienen del entorno del actual alcalde, confirmó que son de "gente que simpatiza con la oposición que ahora mismo tiene el primer edil", al tiempo que señaló que "no he sentido que Martínez Andreo haya mandado a que me presionen psicológicamente, para nada" pero "de su entorno, gente que está cercana a él o del PP, tienen una actitud contigo un poco extraña". "No he tenido nunca miedo, ya que he hecho lo que me correspondía", apostilló.
No obstante, puso de manifiesto que no se arrepiente de haber presentado la denuncia, y enfatizó que lo volvería a hacer, dado que "es mi obligación como ciudadano denunciar cuando creo que existe un hecho delictivo", tras lo que indicó que "a partir de la operación 'Tótem' hay una fractura social en Totana, con gente a favor y en contra y esto genera un clima desagradable del que espero que se pase página".
Y es que, resaltó, "a partir de ese hecho puntual que denuncio, la Guardia Civil descubre un entramado mucho más complejo". Sobre los hechos que se investigan, dijo esperar que "se haga justicia".
Pérez Templado también llamó a declarar al secretario de Proinvitosa, Fulgencio González, dentro de las diligencias sobre el caso 'Proinvitosa' al entender, según consta en el sumario, que este asunto "podría ser al menos un delito de fraude, otro de malversación de caudales públicos y de tráfico de influencias", por lo que comparecen representantes de la misma.
Sin embargo, González no permaneció más de media hora en la Sala de lo Civil y lo Penal ya que se cambió su condición de testigo a imputado, "como garantía procesal", según confirmó él mismo a su salida. Por ello, ha vuelto a ser citado el 6 de mayo.
Sobre ello, subrayó que se cambió su condición, "ya que una letrada lo ha pedido por si necesito asesoramiento legal que pueda hacerlo y tener acceso a las actuaciones judiciales", aunque puntualizó que "el fiscal ni ninguna de las acusaciones ha pedido mi imputación". El hecho que se le imputa en cuestión, dijo, es de "falsedad documental"; algo que negó en rotundo.
Así, dijo estar "tranquilo, puesto que el cambio de situación procesal lo que me va a permitir es obtener copia de todo lo que ha dicho la gente relacionada con este asunto".
Las comparecencias previstas durante estos días se han aplazado. En concreto, la de mañana martes, día 21, en la que se tenía previsto que declarasen el fundador de Proinvitosa, Juan José Cánovas; y el representante de la empresa 'Kappa Sotana S.L', Desmond O'Connor, se aplazan hasta el 4 de mayo, según informaron a Europa Press fuentes próximas al caso.
Igualmente, la del jueves, día 23, con el presidente del Consejo de Administración de Proinvitosa, José Miguel Martínez; y del consejero de la misma, elegido por el PP, Justo Salas, se producirá a finales de mes, el día 30; y la del día 29, con el consejero de Proinvitosa, José Agustín Romero, pasa al 6 de mayo.
La única que se mantiene en su día es la del 27 de abril, con la concejala del PP, consejera de Proinvitosa y presidenta de la gestora del PP de Totana, Isabelle Ivonne; y el concejal del mismo partido, Daniel Aroca.
El caso 'Tótem' investiga los presuntos delitos de cohecho, falsedad en documento público, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos, contra la intimidad y blanqueo de capitales.
En concreto, se trata de una operación, destapada a finales de 2007, contra una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales para construir en el término municipal de Totana.
El grupo gallego Nuaria habría adquirido las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales durante la pasada legislatura, lo que sería el mayor complejo residencial del municipio.
