LOS ALCÁZARES.- Veinte Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Violenta (UDEV) del Cuerpo Nacional de Policía, con base en Madrid, registran desde primera hora de esta mañana, y por orden de la juez Eva María Algar, dependencias del Ayuntamiento de Los Alcázares, en el marco de una investigación relativa a la gestión del anterior equipo de gobierno y su relación con la conocida como "Operación Ninette".
Entre los primeros detenidos se encuentra el ex alcalde socialista Juan Escudero por sospechoso de malversación de caudales públicos y un blanqueo de capitales derivado de la corrupción urbanística. Ha sido trasladado a las seis de la tarde hasta las dependencias de la Policía Nacional, en Cartagena. Posteriormente fueron conducidos el ex secretario de la Corporación y el arquitecto municipal.
El citado registro estaría justificado por la supuesta relación de altos cargos y altos funcionarios municipales con casos de presunta corrupción urbanística local investigada desde hace quince meses por el juzgado nº 2 de San Javier tras dos denuncias del PP a la Fiscalía en 2005. En concreto también con tres presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación y fraude a entidad pública tras la adjudicación directa de dos fincas municipales en Los Narejos y Torre del Rame a la empresa de Inmaculada Camacho Escudero, cuñada del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, y prima segunda del ex alcalde y ex diputado regional socialista, Juan Escudero, bajo cuyo mandato se enajenaron.
Los agentes han detenido en la academia que regenta, tras registrarla también, al ex alcalde y secretario local del PSOE en el municipio, Juan Escudero, por su supuesta relación con una trama local de corrupción urbanística, y en su domicilio, al anterior secretario del Consistorio, Diego Sánchez Gómez, jubilado en diciembre. Y están requisando numerosa documentación con expedientes relacionados con varias empresas de familiares de Escudero. Los otros detenidos son el arquitecto municipal, su hermano, José Ignacio Ayuso, y dos conocidos promotores inmobiliarios locales, propietarios de "Construcciones Garcerán".
La alcaldesa socialista de Los Alcázares, Encarnación Gil Castejón, que accedió al cargo en las pasadas elecciones del mes de mayo, está facilitando su trabajo a los agentes, y "se muestra tranquila", según indicó un funcionario. Los acompaña en este registro, que se efectúa en las plantas segunda y tercera del Ayuntamiento, donde se encuentran los servicios de urbanismo, industria, personal y vía pública, entre otros. También está presente el concejal de Urbanismo, Alfredo Blanco, con un reducido grupo de funcionarios de estos negociados.
Un portavoz municipal confirmó que cuatro furgones policiales llegaron pasadas las diez de la mañana al edificio consistorial para comenzar las actuaciones, que desarrollan efectivos de la policía judicial. La intervención que realizan es llevada a cabo por unos quince agentes uniformados y otros seis de paisano. De entrada, se dirigieron al despacho de Urbanismo, al del arquitecto municipal Mariano Ayuso, al del técnico Salvador Galián y a la Secretaría del Ayuntamiento.
Los policías entraron en la Casa Consistorial pasadas las diez de la mañana, y su actuación se ha centrado en "pedir expedientes y discos duros de ordenadores", dijo un funcionario local. El testigo del registro dijo desconocer cual es el motivo concreto de la actuación policial porque, reveló, "los policías no sueltan prenda" sobre ese asunto. Y es que todo está bajo secreto de sumario por orden de la titular del juzgado nº 2 de San Javier , según informó posteriormente un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Murcia.
Esta juez, Eva María Algar, es quien ordenó el registro que hoy realiza la Policía Nacional en el Ayuntamiento de Los Alcázares, y las seis detenciones que se han producido en este municipio. La fuente del TSJ indicó que, dada la decisión de la juez, "este organismo no puede dar a conocer datos relativos al contenido de las actuaciones".
Los agentes han denegado el acceso al edificio a miembros de la Policía Local y a ciudadanos con el argumento de que el Ayuntamiento está cerrado temporalmente. De hecho, poco después de las 11.00 horas todo el personal que trabaja en la Administración local desalojó las dependencias, aunque la alcaldesa permanece allí, además de "la gente que se necesita", indicó otra funcionaria.
"Nos han dicho que los trabajadores podemos salir del Ayuntamiento si queremos y regresar mañana a las 8.00 horas", declaró la misma funcionaria, quien dijo que los agentes subieron directamente a la Alcaldía. La operación policial impidió una reunión de la comisión municipal de Urbanismo ya que la Policía Nacional impidió la entrada de los concejales que la integran.
La Delegación del Gobierno, y la Policía Nacional, en Murcia, dijeron no poder informar de esta actuación, en la que se han efectuado otros trece registros policiales en oficinas y domicilios particulares de los seis detenidos, inmovilizado cuentas bancarias, y por la que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas tras examinar toda la documentación intervenida en busca de los "errores" cometidos en la medición de las citadas fincas e irregularidades en sus escrituras.
A las ocho de la noche, varias cajas precintadas se apilaban en la puerta del Ayuntamiento de Los Alcázares y continuaban los registros policiales en la localidad que, hasta por lo menos el lunes, no conocerá de momento las causas de haber abierto hoy todos los informativos de España y protagonizar el inicio de todos los periódicos digitales.
El Ayuntamiento de Los Alcázares ha sido escenario durante la anterior legislatura de diversas actuaciones judiciales, que llevaron al entonces alcalde, el socialista Juan Escudero, a dimitir en septiembre de 2006 cuando se hicieron públicas las actividades económicas del asesor urbanístico de Marbella, Juan Antonio Roca, en este municipio del Mar Menor, en tanto que su sucesor, Antonio Martínez Meca, renunció a presentarse en las elecciones municipales de 2007, después de expresar en un pleno extraordinario que nunca había sido amigo, ni había hablado ni trabajado para Juan Antonio Roca.
El cartagenero Juan Antonio Roca tiene algunas propiedades y concesiones del Ayuntamiento de Los Alcázares: un hotel de cuatro estrellas en el municipio cercano al Mar Menor que el juez Torres, instructor del "caso Marbella" puso a la venta en abril de 2007 para saldar las deudas de Roca. El precio de salida fue de 24 millones de euros.
El cuñado de Roca, Antonio Jimeno, era el director de la oficina de La Caixa en Los Alcázares. En el sumario consta que la esposa y la hija del acusado ingresaron en esta oficina 646.033 euros en concepto de premios de lotería entre marzo y septiembre de 2005.
Posicionamiento del PSRM
Un portavoz del PSRM ha confirmado, poco después de la detención de Escudero, que "si Juan Escudero es imputado por presunta corrupción urbanística, el partido aplicará inmediatamente sus estatutos y procederá en consecuencia con este militante", lo que se traduce en suspensión inmediata de militancia.
Luego indicó que su partido tiene plena confianza en la Justicia y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y el registro de las dependencias municipales de Los Alcázares "demuestran que las instituciones funcionan".
"Los ciudadanos -añadió- pueden tener la certeza de que ningún militante del PSOE estará en un cargo público con una imputación de corrupción. Tenemos tolerancia cero con la corrupción".
Por la noche, desde el PSRM se confirmaba la expulsión del partido del ex alcalde y hasta hoy secretario general de la Agrupación Socialista de Los Alcázares, una vez que ingresó en los calabozos de la Comisaría de Policía de Cartagena.
Novedades en "Lo Poyo"
Por otra parte, y según "La Opinión", el juez del caso Malaya ha ordenado tomar declaración, en calidad de imputado, a Francisco Javier Arteche, uno de los propietarios de Lo Poyo, pero no ha accedido a la propuesta policial de proceder a su detención.
El tribunal investiga dos operaciones urbanísticas en una pieza separada del caso Malaya, en la que han sido imputados, entre otros, el ex asesor del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, y los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe.
El instructor, Óscar Pérez, ha abierto un procedimiento aparte de la causa en virtud de un informe policial sobre las vinculaciones del entramado societario de Roca con el empresario Francisco Javier Arteche, dueño del 50% de Lo Poyo, finca situada en Cartagena y que pertenece también a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).
El magistrado ordenó tomar declaración como imputados en relación con una operación urbanística en Marbella, además de a Roca, Arteche y Muñoz, a los empresarios Carlos Sánchez y Andrés Liétor, que tienen varios solares en Mazarrón, y al abogado Francisco Soriano -también procesados-, así como a Inés Soroeta y al tasador José Mora.
En relación con las actuaciones urbanísticas sobre otra parcela, denominada 'Francisco Norte', tendrán que comparecer como imputados Muñoz, Arteche, Segundo Pastor y Marisol Yagüe.
En el auto, se pide información urbanística al Consistorio marbellí. El magistrado señala que en la operación "Ave María" el Ayuntamiento firmó un convenio en septiembre de 2002 con la empresa CCF 21, propiedad de Sánchez y Liétor, por el que el consistorio cedió un aprovechamiento urbanístico por valor de más de 1,4 millones de euros a cambio de una finca cuyo valor no superaba los 30.000 euros.
El juez destaca que antes del convenio, en agosto de 2002, más de 9.500 metros cuadrados de aprovechamiento en la parcela 'Ave María', así como casi 900 en 'Los Verdiales', fueron vendidos por CCF 21 a la sociedad Masdevallía, propiedad de Roca, por más de 2,5 millones de euros. Un mes después Madevallía vendió los aprovechamientos urbanísticos de 'Ave María' a Obarinsa S.L., propiedad de Arteche, por más de 1,8 millones de euros.
El auto señala que además la finca que permuta CCF 21 con el Ayuntamiento la había obtenido en escritura pública de Inmuebles y Fincas Canopus, propiedad de Roca. Establece además que nueve días después de ratificarse dicha permuta en Comisión de Gobierno, en la contabilidad del ex asesor urbanístico se refleja un pago por un importe de 60.000 euros identificado con el acrónimo J.A., "sospechándose que pueda corresponder a Javier Arteche".
Progresa la "Tótem"
Finalmente, el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia será, con toda probabilidad, el encargado de instruir las diligencias de la Operación Tótem sobre presunta corrupción urbanística si finalmente el ex alcalde de Totana y actual diputado -y por tanto aforado- Juan Morales es imputado, según publica "La Verdad".
Fuentes próximas a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ confirmaron que el turno de reparto de asuntos que rige en este órgano ha hecho que, en estos momentos, sea Julián Pérez Templado el designado para hacerse cargo del asunto.
En concreto, explicaron que los cuatro magistrados que componen la Sala -Pérez Templado, el actual presidente del TSJ Juan Martínez Moya, y los jueces Manuel Abadía Vicente y Enrique Quiñonero Cervantes- llevan un turno específico para repartirse las ponencias de los asuntos que llegan -en el que entran los cuatro magistrados-, y otro turno que rige el reparto de los casos en los que debe designarse un instructor.
En este último caso, Martínez Moya no entra en la distribución de asuntos, con el fin de hacer posible que pueda presidir en todos los casos el tribunal que acabe juzgando esos asuntos. Y ello porque la ley impide que el mismo juez que instruye un caso sea quien lo juzgue más tarde.
Las consecuencias de esta decisión son, así, evidentes: Julián Pérez Templado será el instructor del caso Tótem y, si el asunto acaba llegando a juicio, el tribunal estará presidido por Martínez Moya y conformado además por Manuel Abadía y Enrique Quiñonero.
Para que todo ello llegue a producirse es preciso, sin embargo, que antes la Sala de lo Civil y lo Penal acepte los argumentos de la juez de Totana María Asunción Navarro y, asumiendo el contenido de su Exposición Razonada, acepte imputar al ex alcalde y actual diputado del Grupo Mixto de la Asamblea Regional, Juan Morales, por un presunto delito de cohecho. Esta decisión no será adoptada antes de la semana próxima.
La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ hizo llegar ayer este escrito al fiscal-jefe, López Bernal, con el fin de que éste redacte a su vez un informe sobre el asunto. Aunque la opinión del fiscal jefe no es vinculante, es de esperar que será analizada con detenimiento. Todo apunta a que López Bernal se mostrará favorable a la imputación de Morales, pues así lo ha hecho ya uno de sus fiscales, José Luis Díaz Manzanera, que es quien está siguiendo de cerca la investigación de la Operación Totem.
El fiscal jefe dispone de cinco días hábiles para analizar la Exposición Razonada de la juez y elaborar su propio informe. El plazo expira a mediodía del próximo miércoles.
Fuentes próximas al caso han confirmado que el escrito de la juez María Asunción Navarro «es muy denso y muy amplio» -tendría alrededor de medio centenar de folios- y han destacado la minuciosidad y rigor con la que fija los hechos que han sido investigados y las posibles responsabilidades penales que se deducirían de los mismos. «Ha hecho un gran trabajo, al margen del resultado que finalmente ofrezcan esas diligencias», han señalado esas fuentes.
En este sentido, el portavoz del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, ha manifestado que «si es cierto que los bienes acumulados en tres años por el ex alcalde de Totana, Juan Morales, son tan cuantiosos como señala el informe que la juez ha enviado al TSJ de Murcia, es que los hechos parecen ser tan graves como suponíamos».
«Si es verdad que Morales se ha hecho en tres años con un patrimonio difícil de justificar, quedaría demostrado que ha utilizado su cargo como alcalde para enriquecerse de forma ilícita», añadió Jara, quien se mostró convencido de que «la Justicia llegará hasta el final.
"La confianza en que el Estado de Derecho funciona es la mayor garantía para los ciudadanos, ante la repulsa que legítimamente pueden sentir ante casos como éste".
«El PSOE -concluyó- continuará exigiendo responsabilidades políticas, pues si la Justicia debe hacer su trabajo sin presiones, a los partidos políticos nos corresponde tomar una actitud beligerante contra la corrupción».
Plante del PP totanero
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Totana, José Antonio Valverde, aseguró hoy que "en el Gobierno municipal no va a dimitir nadie hasta que no haya sentencias firmes", al tiempo que acusó al PSOE e IU del municipio de "ser cómplices de una espiral mediática que está haciendo un daño irreparable e irremediable a los ciudadanos, persiguiendo a sus empresarios y poniendo en riesgo el futuro de miles de trabajadores y familias".
En relación a la operación 'Tótem', recordó que "de momento, ningún concejal del PP está imputado ni existe ninguna sentencia al respecto, mientras que, por el contrario, algunos concejales del actual grupo municipal socialista han repetido estando condenados por un delito contra el honor y la propia imagen".
Como ejemplo, recordó que "ya hubo un alcalde del PSOE en esta localidad, Alfonso Martínez Baños, que estuvo implicado en el caso 'Balsa Vieja' y no sólo no dimitió de su cargo público, sino que presentó su candidatura a la Alcaldía hasta que los tribunales dictaminaron una sentencia firme al respecto".
Así, comentó que "afortunadamente, los únicos que pueden inhabilitar son los tribunales conforme a la Ley", por lo que dejó entrever que "si todos los trabajadores imputados tuvieran que dejar su puesto de trabajo, sólo trabajaría en España quien quisiera el PSOE".
De este modo, el portavoz 'popular' en Totana lamentó que "este coleccionable mediático esté auspiciado por el PSOE e IU en la localidad" quienes, a su juicio, "mantienen una estrategia común de petición de dimisiones, y desde principios de diciembre que se inició la operación han ofrecido más de una treintena de ruedas de prensa sobre el caso".
Los acusó, por tanto, a los dirigentes del PSOE e IU de "la crispación y el enfrentamiento social promoviendo la fractura social que ya existe en este municipio, además de juicios paralelos, amenazas y coacciones a colectivos vecinales".
De hecho, criticó el hecho de que "ninguno de los dos partidos políticos en la oposición hayan presentado ni una sola propuesta interesante para los vecinos de Totana, ya que están, única y exclusivamente, centrados en la estrategia política de conspiración y desgaste del Gobierno municipal y del PP obviando el resultado de las urnas con el único fin de obtener rentabilidad política y electoral".
Es por ello por lo que recomendó a PSOE e IU que "no se entretengan tanto en criticar las supuestas incapacidades del Gobierno municipal participando del 'show Tótem' y contribuyan con ideas y propuestas a la gestión municipal si tanto interés tienen en los vecinos de Totana".
Por último, solicitó, de nuevo, que "se alce el secreto del sumario para evitar que se deteriore más la imagen del alcalde de Totana, José Martínez Andreo, contaminando la presunción de inocencia".
Petición de IU
El coordinador general de Izquierda Unida en la Región de Murcia (IURM), José Antonio Pujante, dijo hoy que "es urgente un pacto contra la corrupción en nuestra Región, no el silencio ante lo que ocurre, sino acciones decididas que permitan recuperar el prestigio perdido de las instituciones murcianas".
En un comunicado de prensa remitido por su partido, Pujante señaló que "el Pacto ha de implicar medidas políticas y legislativas que corten de raíz esta lacra que está perjudicando seriamente a nuestra Región. La confusión de negocio y política que algunos miembros del PP y del PSOE han hecho suya debe de acabar de una vez por todas."
Asimismo, manifestó que "hay que dejar actuar a la justicia en éste y otros casos sin crear plataformas de apoyo a los detenidos", al mismo tiempo que aseguró que "tanto el PP como el PSOE han de sacar las necesarias conclusiones políticas."
"Éstas no sólo han de conllevar medidas disciplinarias para los encausados sino fundamentalmente medidas políticas y legislativas contra la corrupción", concluyó el líder de IU en la Región.
