El TSJ recaba datos de cuatro jueces sobre incidencias sobre plazos en causas de corrupción

MURCIA.- La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia ha acordado "visitar" a los juzgados de Instrucción 5 de Murcia, Primera Instancia e Instrucción 2 y 3 de Caravaca; y 3 de Lorca para averiguar las incidencias en los plazos de instrucción de otras tantas causas de corrupción.

En concreto, el de Instrucción de Murcia investiga desde 2016 el denominado caso "La Sal" relacionado con los delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude, falsedad documental y delito societario en torno a la desaladora de Escombreras, mientras que el juzgado lorquino investigó el caso "Pasarelas" en el que quedó absuelto el expresidente Pedro Antonio Sánchez.
Los juzgados caravaqueños investigan los casos "Acal" y "King Kong" desde 2016 y 2017, el primero ya archivado y denominado así por el despacho Asesores y Consultores de la Administración Local que elaboró informes para expedientes urbanísticos del consistorio, y el segundo llamado de ese modo porque los vecinos, al quedar el teatro auditorio a medio construir, lo conocen como "la jaula de King Kong". También en este caso se superó el plazo legal.
La Sala de Gobierno pretende recabar datos sobre el control que en los citados órganos judiciales se realiza para el cumplimiento de los plazos máximos de instrucción previstos en el artículo 324 Ley de Enjuiciamiento Criminal, y su incidencia concreta en los procedimientos a los que se refieren los informes presentados a esta Sala de Gobierno.
De la información recogida se dará cuenta en la siguiente sesión de la Sala de Gobierno (reunión ordinaria de julio) para, en su caso, la adopción de los acuerdos pertinentes, según informa el TSJ en un comunicado de prensa.

La Unión Progresista de Fiscales pide derogar el artículo que acorta los plazos de la instrucción

ZARAGOZA.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) vuelve a exigir la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que acorta los plazos de la instrucción de las causas penales. Consideran que suprimirlo será una «auténtica medida anticorrupción». 

Esta es una de las conclusiones del 34º Congreso que la UFP celebrado este fin de semana en Zaragoza, donde manifestaron la necesidad, por «indispensable», de modificar el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

Respecto al artículo 324 de la LECrim, la UPF cree que «no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más bien, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un Estado de Derecho». 

La aplicación de este artículo en asuntos relacionados con la corrupción, como los casos Acal y Pasarelas en Murcia -donde acaba de condicionar también la instrucción del de la desalinizadora de Escombreras al ser declarada por extemporánea su ampliación un año-, junto con el Nazarí y otros. 

Estos precedentes «permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción», subraya esta asociación de fiscales.

De cara al nuevo Gobierno que pueda formarse, la UPF reivindica además un sistema de justicia digital eficiente «que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta de trabajo», así como un incremento de la plantilla de la Carrera Fiscal, una adecuada retribución de las guardias y la recuperación del poder adquisitivo. 

E insta al poder legislativo a que asuma «la ineludible tarea» de abordar los «problemas estructurales» del proceso penal español, acabe con la «obsoleta y dispar figura inquisitiva del juez de instrucción y atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal».

La Junta de Andalucía no renovará a los no colegiados de las unidades de violencia de género

SEVILLA.- El vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín, ha anunciado este jueves en su comparecencia en comisión parlamentaria que ha dado orden de no renovar los contratos o de prorrogar los que únicamente sean necesarios por el tiempo de convocatoria de una nueva licitación pública con equipos psicosociales.

Las nuevas contrataciones incluirán precios homogeneizados en todas las provincias, exigirán la colegiación de profesionales cuando lo recoja la normativa, una formación específica y que los trabajadores estén vinculados a las empresas por una relación laboral.

El vicepresidente del Gobierno andaluz ha avanzado que se ha elaborado un borrador de protocolo para “estandarizar” los informes de estos equipos externos.

Esta medida se produce meses después de que Vox, partido que apoyó la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta, demandara información sobre estas unidades ante sus denuncias de que desde ellas se “ideologizaba”.

El Gobierno andaluz -PP y C's-, que siempre ha negado que se haya puesto en cuestión a esos trabajadores, ha apostado por “dotarles de más medios”, y entre ellos ha apostado por la colegiación y para ello ordenó la colegiación obligatoria de este colectivo.

Precisamente, el Ejecutivo autonómico contestó hace casi un mes a una pregunta escrita del grupo parlamentario Vox en la que se le ofrecía los datos de colegiación de los profesionales de estas unidades de valoración y equipos psicosociales.

En aquel momento, los datos ofrecidos por el Gobierno andaluz era que el 60 por ciento de los empleados ya estaban colegiados, pero hoy en la comparecencia parlamentaria Marín ha ido más lejos y ha anunciado que “en equipos psicosociales solo el 12 % no están colegiados, mientras en el caso de los médicos forenses el porcentaje alcanza únicamente al 11 %”.

Tras la comparecencia de Marín en el Parlamento, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha criticado la decisión de no renovar los contratos de los trabajadores no colegiados y ha acusado a PP y a Ciudadanos de someterse al “chantaje de la extrema derecha”.

“Cuando un gobierno está dispuesto a pasar por el aro de la extrema derecha, a entregar algo tan sensible como es la protección de las víctimas, es evidente que estamos en el camino que no merecen los andaluces”, ha dicho Díaz en un audio remitido a la prensa.

Arancha Morales, fiscal delegada de Criminalidad Informática de la Región

MURCIA.- Arancha Morales ha sido nombrada fiscal delegada de Criminalidad Informática en la Región de Murcia. Así se recoge en un decreto en el que se refleja que la designación surge a propuesta del fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera.

 La resolución indica también que el nombramiento se ha llevado a cabo tras la renuncia presentada por el también representante del Ministerio Público, Antonio Vivó, que ha pasado a atender otras responsabilidades en la misma Fiscalía. La fiscal de Sala contra la Criminalidad Informática en la Fiscalía General del Estado no formuló objeción alguna al nombramiento.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) señala, por error, que la propuesta hecha por la fiscal-jefe de Zamora (no el de Murcia) estuvo suficientemente motivada y avalaba la idoneidad de la candidata.

Crean dos nuevos juzgados en la Región y otras dos plazas en la Audiencia y Fiscalía

MURCIA.- El Ministerio de Justicia, a través de dos reales decretos, ha creado dos nuevos juzgados en la Región de Murcia y ha aprobado una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial y una plaza más para la fiscalía de área de Cartagena.

Por una de esas disposiciones se acuerda la creación del juzgado de Primera Instancia nº 17 de Murcia y la del juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 7 de Molina de Segura.

Además, se dispone la creación de otra plaza en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, tribunal que preside el magistrado Abdón Díaz Suárez.

El acuerdo indica que la efectividad de esos acuerdos y la constitución de los nuevos órganos jurisdiccionales serán determinadas por el Ministerio de Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial.

Por el segundo real decreto se dispone la creación de una plaza de abogado fiscal en la fiscalía de área de Cartagena.

Revocan la orden que obligaba al secretario judicial a controlar todos los procesos

MURCIA.- La Sala de lo Contencioso ha estimado el recurso presentado por doce letrados destinados en las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) de la Oficina Judicial de Murcia, contra la resolución del Ministerio que respaldó la orden de controlar todos los procesos judiciales. 

En su recurso, los demandantes pidieron que se declarara la nulidad de la resolución de abril de 2017 del secretario general de la Administración de Justicia que avaló unos acuerdos de la secretaría de gobierno del TSJ que le imponía esa obligación.

En esos acuerdos, señalaba que ante los errores en los boletines estadísticos que se remiten al Consejo General del Poder Judicial se debía responder por la adecuada utilización del sistema de gestión procesal, con el fin de conseguir una correcta confección de la estadística. En su recurso, admitido por la Sala de lo Contencioso, los apelantes expusieron que la resolución no respetaba las competencias de organización, gestión, inspección y dirección propias de estos letrados.

Un sindicato policial denuncia deficiencias en los calabozos de los juzgados de San Javier

CARTAGENA.- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha elevado un informe de deficiencias detectadas en los tres calabozos existentes en el edificio de los Juzgados de San Javier, tras denunciarlo ante la Dirección General de la Guardia Civil, que alegó "falta de competencia en esas instalaciones del Ministerio de Justicia", ya que Murcia "no tiene transferida esa competencia dependiendo actualmente del Estado".

El informe de deficiencias requerido por el Decanato de los Juzgados de San Javier es consecuencia de una primera denuncia de la asociación profesional IGC, que supuso la apertura de un expediente gubernativo por parte de ese organismo.
Las "deficiencias" que observa IGC se fundamentan en "las exigencias de la Secretaría de Estado de Seguridad que la Guardia Civil tiene que observar en sus propios calabozos".
Se han concretado en "la inexistencia o, al menos, desconocimiento de los guardias civiles del plan específico de medidas de emergencia y seguridad de los calabozos que debe estar integrado en el plan de emergencia del edificio de los juzgados, necesidad de que los detenidos permanezcan separados en celdas individuales, existiendo tan solo tres, y en caso de existir un número mayor de detenidos estos pueden permanecer juntos, hasta el límite de aforo recomendado, pero siempre y cuando no se haya ordenado la incomunicación de estos, o la peligrosidad de alguno de ellos con respecto a los otros desaconseje del todo esa medida".
"Además, no pueden estar en la misma celda detenidos comunes con miembros de las Fuerzas de Seguridad, Militares, funcionarios de prisiones, o personas de distinto sexo, mientras se encuentran en esa situación a la espera de ser pasados a presencia del juez, cada uno por la acusación de sus respectivos delitos", señala.
Esta necesidad de separación de los detenidos y el aforo de los calabozos, hacen que IGC "requiera de un mayor número, por el volumen de detenidos que, de común, esperan en las instalaciones del edificio de justicia a la espera de ser pasados a la presencia del juez de guardia que decida sobre su situación para ser puestos en libertad o ingresados en prisión preventiva".
Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su delegado en la comarca del Mar Menor, también denuncia ante el órgano de gobierno de los Juzgados de San Javier "la falta de sistemas de video vigilancia que además tengan posibilidades de grabación como elemento de control y seguridad, además de ser medio de prueba tanto en beneficio de las personas custodiadas como de los guardias civiles, para acreditar un delito y para evitar denuncias falsas sobre el trato que reciben los detenidos".
Además, la falta de cámaras "obliga a los guardias civiles a tener siempre a la vista las celdas, estando frente a los detenidos, cuando podrían hacerlo a través de las cámaras en dependencia anexa que evite esa continua exposición".
Los guardias civiles de esta organización profesional también requiere "la instalación de un video portero, lo que evitaría el desplazamiento de uno de los agentes que en ese momento custodian a los detenidos en vehículo oficial, para facilitar la entrada a edificio judicial".
"Este es un momento crítico que podría facilitar la huida de los detenidos, auxiliados por persona que espere en las inmediaciones de los juzgados, incluso desarmar a los guardias civiles, amenazados por el portador de escopetas u otras armas", dice.
Otra insuficiencia denunciada por Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que las celdas "se cierran con una cadena y un candado, en lugar de tener un sistema de cierre común, incluso automático, siendo que la propia cadena y el candado podrían ser empleados como medio de agresión si los detenidos consiguieran abrirlos, o quitárselo a los guardias civiles cuando proceden al cierre entre los barrotes de la celda".
Otro momento crítico para los guardias civiles es consecuencia de "estar el cuarto de aseo fuera de la zona de arresto de los detenidos, debiendo salir de la celda, tras abrir el candado con cadena por los guardias civiles, y desplazarse al lugar".
Además, la forma de construcción del aseo "lo hace incompatible con una vigilancia externa del lugar, no del concreto urinario". También IGC denuncia que "la instalación del aire acondicionado mediante un cable exterior conectado al enchufe le convierte en un elemento peligroso para la seguridad".
Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que se hagan rápidas inversiones por el Ministerio de Justicia, en la seguridad de los calabozos de las dependencias de los juzgados, al igual que se exige en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía.

El CGPJ da libertad a los jueces para opinar sin pseudónimos en las redes sociales

MADRID.- La Comisión de Ética del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha emitido un dictamen al hilo de una consulta sobre el uso que los jueces hacen de las redes sociales en el que da libertad a sus señorías para opinar y participar en espacios como Twitter sin necesidad de usar un pseudónimo, aunque les pide “extremado cuidado”, “prudencia” y “cortesía” para no comprometer su apariencia de independencia, imparcialidad e integridad y la confianza ciudadana en la Justicia.

“Los jueces, en el ejercicio de su libertad de expresión, pueden expresar en las redes sociales sus opiniones particulares, ya tengan naturaleza jurídica o no, así como reaccionar ante publicaciones ajenas en las formas habitualmente utilizadas por los usuarios de las redes sociales”, concluye el dictamen.

El documento parte de que los jueces “han de tener en cuenta los riesgos que se generan en relación con el respeto a los principios de ética judicial, los cuales pueden verse afectados por su participación en redes sociales en todo caso, aunque no se identifiquen como jueces”.

En concreto, señala que la expresión de opiniones, comentarios y reacciones a terceros “puede afectar gravemente a la apariencia de independencia y de imparcialidad, además de ser reflejo de una conducta que ha de preservar la dignidad de la función jurisdiccional”, por lo que surge “el correlativo deber ético de ser extremadamente cuidadosos”, “siempre que exista la razonable posibilidad de que puedan ser reconocidos como integrantes del Poder Judicial”.

Así, la recomendación es que cada uno efectúe “una previa valoración ética sobre si su identificación en las redes sociales como integrante del Poder Judicial, bien de forma directa, bien de forma indirecta, en atención al contenido de su intervención, puede afectar a la percepción que los demás puedan tener de su independencia, imparcialidad e integridad”.

Misma conducta pide a la hora de participar e interactuar en la red, porque considera que esa valoración ética previa “puede condicionar los contenidos, opiniones o comportamientos que hagan públicos en dichas redes sociales, así como sus reacciones a publicaciones de terceras personas”.

“Será la elemental prudencia que debe presidir el ejercicio de la libertad de expresión del juez la que determine la valoración previa de su participación en las redes sociales y del modo en que se efectúe”, señala la Comisión, que incide, no obstante, en que el magistrado “jamás puede revelar datos de asuntos que hayan sido conocidos por razón de la función que desempeña”.

Con todo, no aprecia que exista “inconveniente ético” en que el juez utilice un pseudónimo en las redes, si bien “su utilización no legitima el desarrollo de un comportamiento éticamente reprobable al amparo de un pretendido anonimato”.

En esta línea, la Comisión de Ética Judicial no ve inconveniente en que opinen en redes o reaccionen a publicaciones de terceros, pero recuerda el “deber ético” del juez de “ser extremadamente cuidadoso”, especialmente cuando pueda ser reconocido como integrante del Poder Judicial.

Además, incide en que el tono y la forma de emitir opiniones o reacciones ante publicaciones ajenas por el juez “debe huir de las descalificaciones personales y del insulto y ha de evitar generar o incrementar la crispación”.

También les pide “prudencia” en cuanto a las relaciones con otros (personas a las que siguen o a las que agregan como ‘amigo’), pues si bien concluye que “no existe un deber ético ‘per se’ de limitar los contactos de los jueces en las redes sociales”, la pluralidad de contactos no anula el riesgo de que su participación “pueda ser malinterpretada por terceros” afectando su apariencia de imparcialidad.

La Unión Progresista de Fiscales exige que se deroguen por decreto los plazos de instrucción

MADRID.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe en la próxima reunión del Consejo de Ministros un real decreto que derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que acorta los plazos de instrucción en los procedimientos judiciales.

Este mismo martes, el grupo parlamentario Unidos Podemos ha decidido retirar su proposición de ley para derogar dicho artículo y ha urgido al Ejecutivo «a que proceda a remediar esta situación por la vía del real decreto, lo cual agilizaría el proceso», según manifestó la diputada morada Gloria Elizo.

La UPF explicó en un comunicado que «la necesidad» de derogar este artículo, aprobado en 2015 por el entonces ministro de Justicia Rafael Català, «no es urgente, es imperiosa» porque «la impunidad no puede seguir campando a sus anchas».

El citado artículo redujo a 6 meses la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para investigaciones más complejas, lo que tanto para asociaciones de jueces y fiscales como para algunos grupos parlamentarios desembocó en «la impunidad de sonados casos de corrupción política».

«El 'caso Pasarelas' en la Región Murcia -en el que fue absuelto el expresidente regional Pedro Antonio Sánchez- el 'caso Colina roja' en Granada, el 'caso Conservatorio' en Ceuta o el 'caso de la Federación Española de Baloncesto' son ejemplos de presunta corrupción que han quedado impunes como consecuencia de los plazos de instrucción», precisa el comunicado.

Para la UPF, en lo que queda de legislatura «hay tiempo suficiente para aprobar y convalidar un Real Decreto que se limite a derogar un precepto funesto para la justicia española».

Una pretasación sitúa en seis millones de euros el valor de los terrenos para la Ciudad de la Justicia de Cartagena

CARTAGENA.- Los terrenos de la Ciudad de la Justicia de Cartagena, que van a estar en la antigua Factoría de Subsistencias de la Armada, se sitúan en unos 6 millones de euros, según una pretasación, ha señalado la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, quién también ha dicho que el Ayuntamiento de Cartagena y el Gobierno de España firmarán un protocolo de actuación para la compra-venta del solar situado en la Avenida Reina Victoria en el mes de marzo.

Castejón, ha destacado la buena predisposición del Ministerio de Defensa para ceder los terrenos al Ayuntamiento. En el convenio que se va a firmar entre ambas administraciones, la primera edil afirma que "todo va a quedar muy claro: los plazos, calendario de pago, presupuesto..."

La edil ha afirmado que "nos encontramos en un momento muy importante, en el que vamos a seguir dando pasos para que Cartagena tenga Ciudad de la Justicia".

Sobre el coste del solar, la alcaldesa de Cartagena afirma que el coste pretasado es de 6 millones de euros.
Sin embargo, Ana Belén Castejón asegura que van a negociar con el Ministerio de Defensa el importe y los plazos, ya que Defensa adeuda al consistorio una cantidad pendiente de saldar, que se sitúa en torno al millón de euros.

Ayuntamiento y Defensa firmarán un protocolo

Ana Belén Castejón ha acordado con el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, la hoja de ruta para la adquisición del terreno.

La alcaldesa ha acordado la redacción de un protocolo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Cartagena para la compra-venta de la factoría de Subsistencias de la Armada.

“Seguimos avanzando sin pausa, tal y como me comprometí, para que Cartagena pueda tener la Ciudad de la Justicia que merece lo antes posible. La predisposición del Ministerio de Defensa es absoluta, algo que les agradezco. De hecho, nos hemos emplazado a preparar toda la documentación para que el protocolo esté firmado durante el mes de marzo”, ha destacado la alcaldesa, Ana Belén Castejón.

En dicho protocolo, el ministerio de Defensa pondrá de manifiesto su interés por vender la parcela en la que actualmente se encuentra la Factoría de Subsistencias, situada en la Avenida Reina Victoria, mientras que el Ayuntamiento reflejará su disposición a comprarlo para que el ministerio de Justicia pueda construir allí la demandada Ciudad de la Justicia.

“Hay que recordar que ésta es la ubicación que la mayoría de miembros de la Mesa de la Justicia, así como el Ministerio de Justicia, consideraron más adecuada. Cartagena sufre un serio déficit en esta materia y es nuestra obligación darle respuesta, como estamos haciendo”, ha precisado Ana Belén Castejón.

Tan pronto esté firmado el protocolo, ambas administraciones comenzarán a trabajar, a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied), en la redacción de un convenio en el que se fijará el precio definitivo del solar, las posibles compensaciones por deudas existentes entre el ministerio de Defensa y el Ayuntamiento, los plazos de pago y los plazos de traslado, entre otras cuestiones.

“De forma paralela, el Ministerio de Defensa está trabajando en el proyecto para el traslado de la Factoría de Subsistencias a La Algameca, que prevé tener terminado a mitad de año”, ha señalado Castejón.

El fiscal superior pide derogar los plazos de instrucción para evitar sentencias como la de PAS

MURCIA.- La Fiscalía de Murcia está preparando el recurso contra la sentencia del 'caso Pasarelas', por la que el expresidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quedaba absuelto de los delitos de falsedad y prevaricación por la prescripción de los plazos de instrucción de la causa, así como M.L., arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación de la Rambla de Nogalte. 

Así lo confirmó, en un contacto con los periodistas, el fiscal superior de la Comunidad, José Luis Díaz Manzanera, que puntualizó que el recurso se presentará este lunes o martes, que es el plazo máximo.

En este sentido, el fiscal superior insistió en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; «se ha pedido por parte de todas las asociaciones de profesionales de jueces y fiscales».

Y es que, explica, «la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas y si no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para evitar situaciones» como la ocurrida, que «por días se haya llegado a esa conclusión de la Audiencia Provincial», de absolución, «perfectamente respetable».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que mantuvo una reunión con Díaz Manzanera, aseguró que «no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco nos podemos alegrar de las necesidad materiales que pueda haber».

El pasado mes de diciembre se conoció la absolución. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M.L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación al 'caso Pasarelas'.

En estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla Nogalte.

Por estos hechos, la representación procesal pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de 20 meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo público por la comisión de un delito de falsedad documental.

Para M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa, y la pena de dos años de prisión einhabilitación especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el pago de las costas procesales en ambos casos.

Entra en funcionamiento en Cartagena la Oficina Fiscal

CARTAGENA.- La Fiscalía de Área de Cartagena funciona desde este viernes bajo la nueva organización que supone la Oficina Fiscal. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno, Diego Conesa, junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón o el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, entre otros.

Este modelo, diseñado por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado para mejorar el aprovechamiento de los recursos en las fiscalías, libera a los fiscales de la gestión administrativa del área lo que les permite dedicarse en exclusiva a las funciones que les son propias.

Diego Conesa ha recordado que se trata de una actuación liderada por la Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo tecnológico y Recuperación y Gestión de activos que ha establecido, como uno de sus principales objetivos a lo largo de este año, culminar la implantación de la Oficina Fiscal en la Región de Murcia, iniciada en 2015 en la Fiscalía de Murcia y las Secciones Territoriales de Cieza y Lorca. Está previsto que su despliegue se complete a lo largo del primer trimestre de este mismo año.

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Ana Belén Castejón, ha destacado la apuesta decidida del Gobierno de España en la mejora de las infraestructuras en materia de Justicia del municipio de Cartagena. 

«El pasado 31 de diciembre abrió por fin sus puertas el Juzgado de Familia que tanto habían demandado los colectivos judiciales en el municipio».

«Recientemente, el Ministerio de Justicia, a través de la subsecretaría de Infraestructuras, ha emitido un informe declarando idónea la Factoría de Subsistencias de la Armada como ubicación más idónea para albergar la futura Ciudad de la Justicia y hoy se ha puesto en marcha la Oficina Fiscal en la Fiscalía de área de Cartagena», ha informado la alcaldesa.

La puesta en marcha de la Oficina Fiscal en la Fiscalía de Área de Cartagena ha venido precedida de una «intensa» actividad preparatoria por parte de Justicia y el Ministerio Fiscal que ha incluido la creación de nuevos puestos singularizados y formación específica dirigida a los fiscales y funcionarios de los cuerpos generales.

Este sistema, que se inició en 2015 en la Fiscalía de Murcia y las secciones territoriales de Cieza y Lorca, está en marcha desde hoy también en Cartagena, culminando así su implantación en esta Comunidad Autónoma.

La ciudad de la Justicia de Cartagena se ubicará en la factoría de subsistencias de la Armada

CARTAGENA.- La subsecretaria de Justicia, Cristina Latorre, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo, y la subdirectora general de Obras y Patrimonio, Carmen Serrano de Haro, se han reunido este martes con la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, para abordar la futura ubicación de las sedes judiciales y fiscales de esta localidad.

Durante el encuentro, se han analizado las distintas opciones presentadas por el Ayuntamiento que ya habían sido objeto de estudio por la Subdirección General de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia. Estos servicios coinciden en que la opción de la parcela de Subsistencias de la Armada es la más adecuada para albergar los órganos judiciales y fiscales de Cartagena.

Diego Conesa ha asegurado que se trata de "una magnífica noticia para los cartageneros y cartageneras, así como para lograr un mejor emplazamiento de las sedes judiciales, lo que supone más medios para Justicia, algo que nos beneficia a todos y todas".

El Ministerio de Justicia ha expresado su apoyo al esfuerzo que viene realizando el ayuntamiento para impulsar los trámites necesarios a fin de que la parcela se adecúe a los condicionantes técnicos requeridos por esta infraestructura al tiempo que se culmina el proceso de adquisición de la misma al Ministerio de Defensa.

Valoración del Ministerio

El Ministerio de Justicia también valora positivamente la Factoría de Subsistencias de la Armada como lugar para acoger la Ciudad de la Justicia de Cartagena. Así se lo ha trasladado la subsecretaria de Estado de Justicia, Cristina Latorre, a la alcaldesa, Ana Belén Castejón, en una reunión que han mantenido este martes por la tarde, a la que también han asistido la secretaria general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Ramillo.

Durante el encuentro se han analizado las distintas opciones que habían sido estudiadas por los servicios de Obras y Patrimonio del Ministerio de Justicia y estos servicios coinciden en que la ubicación más adecuada es la de la Factoría de Subsistencias de la Armada. 

“Mi compromiso era trasladar a los responsables del Ministerio de Justicia la opción que mejor se valoró en la Mesa que convocamos el pasado 10 de enero, donde la mayoría de colectivos y partidos políticos vieron la Factoría de Subsistencias de la Armada como lugar ideal para albergar la Ciudad de la Justicia, y así lo he hecho”, ha explicado la alcaldesa.

La primera edil ha querido subrayar también que “lo importante es tener voluntad política y este equipo de Gobierno no ha parado de luchar por conseguir avanzar en la Ciudad de la Justicia, y tener un lugar definitivo para acogerla es esencial. Está más que demostrado que el Gobierno de España está de nuestra parte y así lo estamos viendo”.

Es importante recordar que se valoraron tres posibles emplazamientos, las inmediaciones del Centro Comercial Eroski, el Hospital Naval y la Factoría de Subsistencias de la Armada. Una vez que se desestimó la opción del Eroski, técnicos del Ministerio de Justicia visitaron el pasado mes de diciembre, el Hospital Naval y la Factoría de Subsistencias para valorar cuál podría ser el lugar más acertado para la Ciudad de la Justicia.

“Después de haberme reunido en numerosas ocasiones con personal del Ministerio para trasladarle la urgente necesidad de disponer de una Ciudad de la Justicia en Cartagena, parece que por fin podrá ser una realidad más pronto que tarde”, ha añadido la regidora.

Ana Belén Castejón también ha manifestado que “próximamente nos reuniremos con el Ministerio de Defensa para gestionar la cesión de la Factoría de Subsistencias y lucharemos para que se haga lo más ágil y rápido posible”.

Visos de presunta persecución interna contra la jueza del 'Pokemon'

MADRID.- El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha rechazado la petición del abogado de la magistrada Pilar de Lara Cifuentes en el expediente disciplinario abierto contra ella por dilaciones indebidas, de interrogar a los dos inspectores del CGPJ que llevaron a cabo la inspección sobre el Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo, del que es titular De Lara, según ha publicado Confilegal.

El letrado de la juez, Agustín Azparrén, recurrió el viernes la decisión de no aceptar los testimonios de los inspectores.

La magistrada fue denunciada ante el Consejo General del Poder Judicial a principios de 2018 por varios abogados, descontentos con su actuación profesional.

El pasado 30 de octubre, el promotor de la Acción Disciplinaria le abrió expediente disciplinario por la supuesta comisión de una falta muy grave, dos graves y una leve, previstas en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 y 418.16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).

El Juzgado de De Lara instruye macrocausas, como la ‘Carioca’, sobre redes de prostitución, o la ‘Pokémon’, sobre supuestas mordidas a políticos a cambio de concesiones públicas.

Azparrén también había solicitado que se interrogara a los “jefes” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan con Pilar de Lara.

Ha explicado que “junto al escrito de alegaciones al pliego de cargos, se habían propuesto una serie de pruebas; documentales y testificales, precisamente para justificar que esos retrasos” que se imputan son retrasos que están “justificados”. 

Y que mejor que los dos inspectores del Consejo General del Poder Judicial que han hecho las tres últimas inspecciones (entre 2013 y 2014), que hicieron un seguimiento del juzgado y que siempre tuvieron un juicio muy favorable al trabajo de Pilar de Lara”.

Azparrén ha indicado que la declaración de esos dos inspectores resulta “esencial” para justificar los retrasos en las instrucciones, además “de otras pruebas (testificales) de los jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han estado colaborando directamente con el Juzgado en las instrucciones”.

Dice que Conde ha determinado que no cabe recurso contra su decisión, pero que él considera que jurídicamente sí (cabe recurso), por lo que la ha recurrido.

Preguntado sobre si esto supone un “paso atrás” en el expediente, el abogado ha señalado que el Promotor de la Acción Disciplinaria “tiene seis meses de plazo para que no caduque el expediente, y el hecho de que a lo mejor haya pruebas testificales y señalar días puede, a lo mejor, hacer peligrar que se agote el plazo de seis meses”.

Ha denunciado que la decisión de Ricardo Conde “genera una indefensión a la expedientada”, y ha explicado que el hecho de presentar el recurso “inmediatamente”, aunque tenía más días de plazo, fue “para que no se piense que es una forma de retrasar el expediente”.

Las faltas graves se sancionan con suspensión, traslado forzoso o separación; las graves, con reprensión o multa; y las leves con advertencias o reprensión.

La muy grave consiste en “la desatención o el retraso injustificado y reiterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”, y las dos graves, en el “abandono del servicio o la ausencia injustificada y continuada por más de tres días naturales y menos de siete de la sede del órgano judicial en que el juez o magistrado se halle destinado“;  y “adoptar decisiones que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo en relación con los sistemas de medición fijados por el Consejo General del Poder Judicial“.

La leve está descrita como “el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución en cualquier clase de asunto que conozca el juez o magistrado”.

El fiscal superior del TSJ pide derogar los plazos de instrucción para evitar sentencias como la de PAS

MURCIA.- La Fiscalía de Murcia está preparando el recurso contra la sentencia del 'caso Pasarelas', por la que el expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro Antonio Sánchez, quedaba absuelto de los delitos de falsedad y prevaricación por la prescripción de los plazos de instrucción de la causa, así como M.L., arquitecto encargado del proyecto de rehabilitación de la Rambla de Nogalte. 

Así lo confirmó, en un contacto con los periodistas, el fiscal superior del TSJ, José Luis Díaz Manzanera, que puntualizó que el recurso se presentará este lunes o martes, que es el plazo máximo.

En este sentido, el fiscal superior insistió en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; «se ha pedido por parte de todas las asociaciones de profesionales de jueces y fiscales».

Y es que, explica, «la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas y si no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para evitar situaciones» como la ocurrida, que «por días se haya llegado a esa conclusión de la Audiencia Provincial», de absolución, «perfectamente respetable».

Por su parte, el delegado del Gobierno, Diego Conesa, que mantuvo una reunión con Díaz Manzanera, aseguró que «no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco nos podemos alegrar de las necesidad materiales que pueda haber».

El pasado mes de diciembre se conoció la absolución. Sin embargo, el Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M.L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación al 'caso Pasarela'.

En estas actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno de la rambla de Nogalte.

Por estos hechos, la representación procesal pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de 20 meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo público por la comisión de un delito de falsedad documental.

Para M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa, y la pena de dos años de prisión e inhabilitación especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el pago de las costas procesales en ambos casos.

IU exige transparencia sobre el proceso de adjudicación del Palacio de Justicia en Lorca

LORCA.- La concejala de Izquierda Unida-Verdes de Lorca, Gloria Martín, ha lamentado que las exigencias de la empresa adjudicataria de las obras del futuro Palacio de Justicia de Lorca, la mercantil gallega Construcciones San José, vayan a ocasionar un sobre coste a las arcas públicas y un retraso considerable para que Lorca cuente con la sede judicial que los vecinos y los profesionales de la Justicia llevan reclamando desde hace décadas.

"Ahora nos cuentan que se va a levantar un acta de suspensión temporal de las obras mientras se tramita el modificado del proyecto porque la empresa se niega a acometerlas en las condiciones pactadas en el contrato", explicó Martín, quien aseguró que la mercantil "conocía el proyecto y sabía que debía conservar las fachadas".

Al respecto, señaló que la conservación de la fachada de la calle Selgas fue una condición impuesta por el Ayuntamiento cuando realizó la cesión de los terrenos al Ministerio de Justicia, que tiene la obligación de someterse al Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral en el sector II del conjunto histórico artístico de Lorca (PEPRI), "como cualquier particular".

 "No entendemos bien eso de que ahora se vaya a tramitar un modificado del proyecto para que tenga cabida su mantenimiento, porque eso es algo que nunca ha estado en cuestión". Por ello, Martín ha pedido al alcalde que aclare sus manifestaciones públicas y exija a Justicia "transparencia" sobre la adjudicación, realizada durante el último mandato del gobierno del PP de Mariano Rajoy.

La concejala de IU también ha reclamado saber cuánto va a costar el modificado del proyecto y por cuánto tiempo va a demorarse el inicio de las obras para dar satisfacción a la mercantil gallega. 

 Al respecto, lamentó que el Ministerio se haya plegado a los intereses cicateros de una empresa, "a no ser que el proceso de adjudicación fuera una chapuza, en cuyo caso también queremos saberlo". Martín mostró su extrañeza porque el pliego de prescripciones técnicas del proyecto no esté publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público. 

"Si quieres acceder a esa información tienes que solicitarlo expresamente a la secretaría de la Junta de Contratación del Ministerio de Justicia, algo que ya hemos hecho". 

Esta opacidad y falta de transparencia es lo que lleva a IU a pensar que "aquí hay cosas raras".

Martín recordó que a dicho proceso se presentaron 24 empresas -tres de ellas lorquinas, otras tres murcianas y una cartagenera- y que fue Construcciones San José quien se llevó el "gato al agua" porque realizó la segunda oferta económica más baja (8.305.331 euros), sobre un presupuesto base de licitación de 10.049.451 euros. 

Por ese motivo obtuvo 40 puntos en los criterios de adjudicación. Para Martín, la baja que presentó la empresa adjudicataria podría ser "temeraria", lo que habría ido en detrimento de los intereses de aquellas que presentaron ofertas que sí estaban ajustadas al proyecto.

Por último, Gloria Martín ha mostrado la posición "inamovible" de Izquierda Unida de Lorca respecto a la ubicación del futuro Palacio de Justicia.

 "Queremos que esté en el casco histórico, tal y como propuso nuestra organización cuando empezaron a barajarse lugares, y que esté en funcionamiento lo antes posible", recordó.

El Rey subraya la "plena independencia y legitimidad" del Poder Judicial

MADRID.- El rey ha subrayado este martes la "plena legitimidad" e independencia del poder judicial en España y ha considerado que el respeto a sus resoluciones es una condición indispensable "en cualquier democracia que se precie de serlo".

Felipe VI ha apelado a ese respeto en su intervención en la entrega de despachos a la 68 promoción de la carrera judicial, donde ha estado acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado; el de Interior, Fernando Grande Marlaska; el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes; y la Fiscal General del Estado, María José Segarra.

Un acto que tradicionalmente se celebra en Barcelona pero que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido trasladar este año a Madrid con motivo del 40º aniversario de la Constitución.

A la espera del comienzo del juicio a los dirigentes independentistas del "procés" aunque sin citar en ningún momento la situación en Cataluña, el rey ha ensalzado el valor del texto constitucional y la necesidad de respetar las resoluciones judiciales.

La Justicia, ha recalcado, representa uno de los valores fundamentales de la sociedad por ser condición indispensable para la convivencia, y el Poder Judicial ha dicho que es la institución que permite hacer real y efectivo ese valor supremo.

Un Poder Judicial que ha asegurado que cuenta con "plena legitimidad" y del que ha destacado el valor de su independencia.

El jefe del Estado ha pedido a los integrantes de la 68ª promoción de la carrera judicial que tengan siempre presente que en el origen y la esencia de sus decisiones debe situarse la Constitución "como norma fundamental de nuestra convivencia que inspira el resto del ordenamiento jurídico y que nos asegura -ha dicho- un escenario cierto, sólido y fiable de derechos y libertades".

Tras recordar el 40º aniversario del texto constitucional, ha recalcado que su valor está no solo en el pacto de convivencia intergeneracional que representa, sino también y, sobre todo, en el hecho de ser la garantía de los valores supremos de una sociedad libre.

Unos valores sin los que ha asegurado que no sería reconocible como tal "porque encarna la máxima calidad democrática de una sociedad y ampara, a la vez que limita, el ejercicio del poder político".

Felipe VI ha resaltado que el Poder Judicial es pieza clave en el entramado institucional diseñado por los constituyentes y ha sido entonces cuando ha instado al respeto de sus resoluciones.

"La función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a un poder del Estado, independiente y plenamente separado de los demás poderes, así como el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales, son -ha subrayado- condiciones indispensables en cualquier democracia que se precie de serlo".

A su juicio, una sociedad moderna y avanzada como la española solo puede desarrollarse en paz y concordia si cuenta con un poder del Estado independiente y neutral para impartir justicia.

Por eso ha pedido a los nuevos jueces que contribuyan a mantener y reforzar la legitimidad del Poder Judicial actuando desde la independencia y la imparcialidad, con honradez, integridad y en beneficio de los ciudadanos, la sociedad y el país.

"España merece que todos y cada uno de nosotros, desde el papel que nos corresponde, estemos plena y permanentemente comprometidos con nuestros valores constitucionales, con la libertad y el pluralismo político, con la justicia, la igualdad y el respeto a la dignidad de las personas", ha añadido.

Asimismo ha resaltado la fortaleza de las instituciones españolas gracias a "la excelencia personal puesta al servicio del bien común" y, especialmente, en momentos de dificultad.

Felipe VI ha aprovechado para reconocer la labor que, "con valor, coraje y determinación", han realizado los profesionales de la Administración de Justicia durante los 40 años de la Constitución.

El presidente del TSJ evita pronunciarse sobre la absolución de Sánchez (PAS) en el 'caso Pasarelas'

MURCIA.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, evitó este miércoles pronunciarse sobre la sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial que el pasado día 10 absolvió al expresidente de la Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez en el 'caso Pasarelas'.

Preguntado sobre la cuestión tras la firma de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Murcia, Pasqual del Riquelme declaró que siempre mantiene «un respeto institucional por las resoluciones judiciales». 

Y añadió que en este caso hay una circunstancia que refuerza esa posición, y es la de que, como miembro de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ, el asunto puede llegar en apelación a la misma si la sentencia absolutoria es recurrida. 

«Por todas esas circunstancias, se comprenderá que debo ser prudente para que mi neutralidad no se vea comprometida».

Lo que sí explicó el presidente del TSJ es que la administración de Justicia necesita más medios humanos y materiales para dar una respuesta rápida a los asuntos que llegan a la misma, sin que se produzcan las dilaciones que se registran en numerosas ocasiones.

Para el máximo representante de la Justicia en la Región, no se pueden establecer plazos perentorios para la instrucción de los casos si esa medida no va acompañada de la dotación de los medios necesarios para evitar las dilaciones.

Unos tribunales que en Murcia, de forma especial, advirtió, «están muy cerca de la saturación y al borde de sus capacidades de respuesta», porque «intentamos dar respuesta puntual a esas necesidades y a la aplicación puntual de la ley, pero hay exigencias que si no van acompañadas de los recursos de los jueces, de las oficinas judiciales necesarias para su implementación, se convierten muchas veces en normas de muy difícil aplicación en esa situación de saturación».

Sobre si es partidario que se acoten los tiempos, apuntó que su opinión personal como profesional del derecho es que la existencia de plazos de instrucción o de respuesta en general «es algo que es difícil no apoyar». 

 «Naturalmente que la respuesta de los tribunales debe realizarse de la forma más pronta posible y toda aquella medida que redunde en que la respuesta sea pronta y evite dilaciones debe ser bienvenida y acogida», subrayó.

Sánchez fue absuelto de los delitos de prevaricación y falsedad por la adjudicación de las obras de construcción de las pasarelas construidas durante su etapa como alcalde de Puerto Lumbreras porque se rebasaron los seis meses que el juez de Lorca tenía para instruir el caso sin practicar diligencia alguna.

Además, ante de que expirara ese plazo, ni el fiscal pidió que se declarara la causa como compleja, que habría permitido extender el plazo de instrucción hasta 18 meses, ni el Juzgado llamó a declarar ni a Sánchez ni al segundo investigado, el arquitecto Martín Lejárraga.

La nueva Ciudad de la Justicia de Cartagena estará ubicada en el hospital Naval o la factoría de la Armada

CARTAGENA.-El Ministerio de Justicia contempla como posible ubicación de la Ciudad de la Justicia de Cartagena el hospital Naval o la factoría de subsistencias de la Armada, tras desestimar las inmediaciones del centro comercial cercano a la rambla de Benipila, Eroski. 

Funcionarios ministeriales visitaron este miércoles esos emplazamientos junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón; el delegado del Gobierno central en la región murciana, Diego Conesa; el presidente del Tribunal Superior de Justicia autonómico, Miguel Pasqual del Riquelme, y representantes del Colegio de Abogados de Cartagena.

Castejón anunció que convocó la Mesa de la Justicia el próximo 10 de enero para informar a los grupos políticos y a los agentes sociales los avances de los informes de Justicia y de las negociaciones con el Ministerio de Defensa.
Pasqual del Riquelme recordó que la nueva sede judicial es imprescindible para que el sistema «no colapse» y «este servicio público tenga las instalaciones que merece».  

Los abogados apuestan por la factoría de la Armada por su cercanía a su colegio, al de Procuradores, a los juzgados actuales y a la comandancia de la Guardia Civil.

Diego de Ramón, Pardo-Geijo y José Luis Mazón, los tres abogados más mediáticos de Murcia en España en 2018

MURCIA.- Los abogados murcianos Diego de Ramón, Raúl Pardo-Geijo y José Luis Mazón han sido en este año 2018 los tres más mediáticos de la Región y, en parte en España, según coinciden en señalar editores y periodistas independientes de esta Comunidad Autónoma consultados personalmente uno a uno la última semana.

Diego de Ramón, veterano y curtido letrado de 65 años, es conocido por la lucha jurídica constante y permanente en diversas instancias en relación a la desamortización de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y otros varios asuntos de trascendencia político-económica con respecto al poder de la Región como el de la desaladora de Escombreras y otros más en los juzgados y tribunales murcianos. Siempre se ha personado como acusación popular en los casos de presunta corrupción política, que han llegado a causar gran alarma social entre la sociedad murciana, en calidad de colaborador leal y desinteresado de la Fiscalía.

El jóven Raúl Pardo-Geijo, todavía en la treintena temprana, no ha dejado de ser noticia a lo largo de los meses debido a sus triunfos profesionales indiscutibles y reiterados en el campo del Derecho Procesal y Penal, con casos tan relevantes como los que afectaban a la ex alcaldesa de Cartagena y senadora del PP, Pilar Barreiro, o el de 'Cala Cortina' que incriminaba a varios policias nacionales, ambos resueltos con una indiscutible pericia por el hijo del legendario José Pardo-Geijo, hoy retirado de la actividad jurídica profesional, con alguna excepción muy puntual con clientes vip.

Finalmente, el brillante abogado de 59 años nacido en Orihuela y ahora con bufete abierto en Madrid para atender a unos crecientes clientes de postín, José Luis Mazón, ha destacado un año más por su lucha abierta y pública contra la corrupción judicial y por el relieve de los casos que ha venido llevando a lo largo del año, incluso todavía algunos desde su despacho de Murcia. Uno de sus principales clientes y más emblemático sigue siendo Mario Conde, abogado del Estado en excedencia. Es un letrado español muy respetado en la Corte Internacional de Estrasburgo, donde ha cosechado grandes éxitos.

Los tres han tenido un protagonismo indiscutible en los medios de comunicación y, no sólo en los de la Región de Murcia, por la proyección nacional indiscutible de los asuntos que han sacado adelante con gran repercusión en la esfera de la Abogacía española estos ases de absoluta identidad murciana.