MURCIA.- La Fiscalía de Murcia está preparando el recurso contra la sentencia
del 'caso Pasarelas', por la que el expresidente de la Comunidad Autónoma, Pedro
Antonio Sánchez, quedaba absuelto de los delitos de falsedad y
prevaricación por la prescripción de los plazos de instrucción de la
causa, así como M.L., arquitecto encargado del proyecto de
rehabilitación de la Rambla de Nogalte.
Así lo confirmó, en un contacto
con los periodistas, el fiscal superior del TSJ, José Luis Díaz
Manzanera, que puntualizó que el recurso se presentará este lunes o
martes, que es el plazo máximo.
En este sentido, el fiscal
superior insistió en la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal; «se ha pedido por parte de todas las
asociaciones de profesionales de jueces y fiscales».
Y es que,
explica, «la realidad es que si hay plazos tiene que haber plazas y si
no hay plazas, los plazos se deben regular de manera distinta para
evitar situaciones» como la ocurrida, que «por días se haya llegado a
esa conclusión de la Audiencia Provincial», de absolución,
«perfectamente respetable».
Por su parte, el delegado del
Gobierno, Diego Conesa, que mantuvo una reunión con Díaz Manzanera,
aseguró que «no nos podemos alegrar de sentencias exculpatorias por
cuestiones de plazos que socavan la confianza en la Justicia, ni tampoco
nos podemos alegrar de las necesidad materiales que pueda haber».
El
pasado mes de diciembre se conoció la absolución. Sin embargo, el
Ministerio Fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su
entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M.L., habían
cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en
la contratación en relación al 'caso Pasarela'.
En estas
actuaciones se investigaba la contratación de un arquitecto por parte
del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la elaboración de la
documentación técnica para una subvención de obra pública en el entorno
de la rambla de Nogalte.
Por estos hechos, la representación procesal
pedía para Pedro Antonio Sánchez cuatro años de cárcel y una multa de
20 meses, así como inhabilitación durante diez años para empleo o cargo
público por la comisión de un delito de falsedad documental.
Para
M.L. solicitaba una pena de diez años de inhabilitación para empleo o
cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación
administrativa, y la pena de dos años de prisión e inhabilitación
especial de diez años por un delito de fraude en la contratación, con el
pago de las costas procesales en ambos casos.
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