CARTAGENA.- La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha elevado un informe de deficiencias detectadas en los tres calabozos existentes en el edificio de los Juzgados de San Javier,
tras denunciarlo ante la Dirección General de la Guardia Civil, que
alegó "falta de competencia en esas instalaciones del Ministerio de
Justicia", ya que Murcia "no tiene transferida esa competencia
dependiendo actualmente del Estado".
El
informe de deficiencias requerido por el Decanato de los Juzgados de
San Javier es consecuencia de una primera denuncia de la asociación
profesional IGC, que supuso la apertura de un expediente gubernativo por
parte de ese organismo.
Las "deficiencias" que observa IGC se fundamentan en "las exigencias de la Secretaría de Estado de Seguridad que la Guardia Civil tiene que observar en sus propios calabozos".
Se han concretado en "la inexistencia o, al menos, desconocimiento de los guardias civiles del plan específico de medidas de emergencia y seguridad de los calabozos que debe estar integrado en el plan de emergencia del edificio de los juzgados, necesidad de que los detenidos permanezcan separados en celdas individuales, existiendo tan solo tres, y en caso de existir un número mayor de detenidos estos pueden permanecer juntos, hasta el límite de aforo recomendado, pero siempre y cuando no se haya ordenado la incomunicación de estos, o la peligrosidad de alguno de ellos con respecto a los otros desaconseje del todo esa medida".
"Además, no pueden estar en la misma celda detenidos comunes con miembros de las Fuerzas de Seguridad, Militares, funcionarios de prisiones, o personas de distinto sexo, mientras se encuentran en esa situación a la espera de ser pasados a presencia del juez, cada uno por la acusación de sus respectivos delitos", señala.
Esta necesidad de separación de los detenidos y el aforo de los calabozos, hacen que IGC "requiera de un mayor número, por el volumen de detenidos que, de común, esperan en las instalaciones del edificio de justicia a la espera de ser pasados a la presencia del juez de guardia que decida sobre su situación para ser puestos en libertad o ingresados en prisión preventiva".
Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su delegado en la comarca del Mar Menor, también denuncia ante el órgano de gobierno de los Juzgados de San Javier "la falta de sistemas de video vigilancia que además tengan posibilidades de grabación como elemento de control y seguridad, además de ser medio de prueba tanto en beneficio de las personas custodiadas como de los guardias civiles, para acreditar un delito y para evitar denuncias falsas sobre el trato que reciben los detenidos".
Además, la falta de cámaras "obliga a los guardias civiles a tener siempre a la vista las celdas, estando frente a los detenidos, cuando podrían hacerlo a través de las cámaras en dependencia anexa que evite esa continua exposición".
Los guardias civiles de esta organización profesional también requiere "la instalación de un video portero, lo que evitaría el desplazamiento de uno de los agentes que en ese momento custodian a los detenidos en vehículo oficial, para facilitar la entrada a edificio judicial".
"Este es un momento crítico que podría facilitar la huida de los detenidos, auxiliados por persona que espere en las inmediaciones de los juzgados, incluso desarmar a los guardias civiles, amenazados por el portador de escopetas u otras armas", dice.
Otra insuficiencia denunciada por Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que las celdas "se cierran con una cadena y un candado, en lugar de tener un sistema de cierre común, incluso automático, siendo que la propia cadena y el candado podrían ser empleados como medio de agresión si los detenidos consiguieran abrirlos, o quitárselo a los guardias civiles cuando proceden al cierre entre los barrotes de la celda".
Otro momento crítico para los guardias civiles es consecuencia de "estar el cuarto de aseo fuera de la zona de arresto de los detenidos, debiendo salir de la celda, tras abrir el candado con cadena por los guardias civiles, y desplazarse al lugar".
Además, la forma de construcción del aseo "lo hace incompatible con una vigilancia externa del lugar, no del concreto urinario". También IGC denuncia que "la instalación del aire acondicionado mediante un cable exterior conectado al enchufe le convierte en un elemento peligroso para la seguridad".
Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que se hagan rápidas inversiones por el Ministerio de Justicia, en la seguridad de los calabozos de las dependencias de los juzgados, al igual que se exige en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía.
Las "deficiencias" que observa IGC se fundamentan en "las exigencias de la Secretaría de Estado de Seguridad que la Guardia Civil tiene que observar en sus propios calabozos".
Se han concretado en "la inexistencia o, al menos, desconocimiento de los guardias civiles del plan específico de medidas de emergencia y seguridad de los calabozos que debe estar integrado en el plan de emergencia del edificio de los juzgados, necesidad de que los detenidos permanezcan separados en celdas individuales, existiendo tan solo tres, y en caso de existir un número mayor de detenidos estos pueden permanecer juntos, hasta el límite de aforo recomendado, pero siempre y cuando no se haya ordenado la incomunicación de estos, o la peligrosidad de alguno de ellos con respecto a los otros desaconseje del todo esa medida".
"Además, no pueden estar en la misma celda detenidos comunes con miembros de las Fuerzas de Seguridad, Militares, funcionarios de prisiones, o personas de distinto sexo, mientras se encuentran en esa situación a la espera de ser pasados a presencia del juez, cada uno por la acusación de sus respectivos delitos", señala.
Esta necesidad de separación de los detenidos y el aforo de los calabozos, hacen que IGC "requiera de un mayor número, por el volumen de detenidos que, de común, esperan en las instalaciones del edificio de justicia a la espera de ser pasados a la presencia del juez de guardia que decida sobre su situación para ser puestos en libertad o ingresados en prisión preventiva".
Independientes de la Guardia Civil (IGC), a través de su delegado en la comarca del Mar Menor, también denuncia ante el órgano de gobierno de los Juzgados de San Javier "la falta de sistemas de video vigilancia que además tengan posibilidades de grabación como elemento de control y seguridad, además de ser medio de prueba tanto en beneficio de las personas custodiadas como de los guardias civiles, para acreditar un delito y para evitar denuncias falsas sobre el trato que reciben los detenidos".
Además, la falta de cámaras "obliga a los guardias civiles a tener siempre a la vista las celdas, estando frente a los detenidos, cuando podrían hacerlo a través de las cámaras en dependencia anexa que evite esa continua exposición".
Los guardias civiles de esta organización profesional también requiere "la instalación de un video portero, lo que evitaría el desplazamiento de uno de los agentes que en ese momento custodian a los detenidos en vehículo oficial, para facilitar la entrada a edificio judicial".
"Este es un momento crítico que podría facilitar la huida de los detenidos, auxiliados por persona que espere en las inmediaciones de los juzgados, incluso desarmar a los guardias civiles, amenazados por el portador de escopetas u otras armas", dice.
Otra insuficiencia denunciada por Independientes de la Guardia Civil (IGC) es que las celdas "se cierran con una cadena y un candado, en lugar de tener un sistema de cierre común, incluso automático, siendo que la propia cadena y el candado podrían ser empleados como medio de agresión si los detenidos consiguieran abrirlos, o quitárselo a los guardias civiles cuando proceden al cierre entre los barrotes de la celda".
Otro momento crítico para los guardias civiles es consecuencia de "estar el cuarto de aseo fuera de la zona de arresto de los detenidos, debiendo salir de la celda, tras abrir el candado con cadena por los guardias civiles, y desplazarse al lugar".
Además, la forma de construcción del aseo "lo hace incompatible con una vigilancia externa del lugar, no del concreto urinario". También IGC denuncia que "la instalación del aire acondicionado mediante un cable exterior conectado al enchufe le convierte en un elemento peligroso para la seguridad".
Independientes de la Guardia Civil (IGC) considera oportuno que se hagan rápidas inversiones por el Ministerio de Justicia, en la seguridad de los calabozos de las dependencias de los juzgados, al igual que se exige en los cuarteles de la Guardia Civil y Comisarías de Policía.
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