ZARAGOZA.- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) vuelve a exigir la derogación
del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que
acorta los plazos de la instrucción de las causas penales. Consideran
que suprimirlo será una «auténtica medida anticorrupción».
Esta es una de las conclusiones del 34º Congreso que la UFP
celebrado este fin de semana en Zaragoza, donde manifestaron la
necesidad, por «indispensable», de modificar el estatuto orgánico del
Ministerio Fiscal.
Respecto al artículo 324 de la LECrim, la UPF
cree que «no solo no ha cumplido los objetivos deseados, sino que más
bien, generando espacios de impunidad absolutamente intolerables en un
Estado de Derecho».
La aplicación de este artículo en asuntos
relacionados con la corrupción, como los casos Acal y Pasarelas en Murcia
-donde acaba de condicionar también la instrucción del de la
desalinizadora de Escombreras al ser declarada por extemporánea su
ampliación un año-, junto con el Nazarí y otros.
Estos precedentes
«permiten considerar su derogación como una auténtica medida anticorrupción», subraya esta asociación de fiscales.
De cara al nuevo Gobierno que pueda formarse, la UPF reivindica además un sistema de justicia digital eficiente
«que lejos de ser una fuente de desesperación, sea una útil herramienta
de trabajo», así como un incremento de la plantilla de la Carrera
Fiscal, una adecuada retribución de las guardias y la recuperación del
poder adquisitivo.
E insta al poder legislativo a que asuma «la
ineludible tarea» de abordar los «problemas estructurales» del proceso
penal español, acabe con la «obsoleta y dispar figura inquisitiva del
juez de instrucción y atribuya al Ministerio Fiscal, en condiciones de
efectiva autonomía, la dirección de la investigación penal».
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