Abertis vende las máquinas de cobro de la AP-7 para instalarlas en autopistas de Estados Unidos

ALICANTE. Las modernas máquinas automáticas de cobro en los peajes de la autopista AP-7 tendrán una segunda vida tras la liberalización de la vía, que desde el 31 de diciembre por la noche es de libre acceso. La compañía concesionaria, Abertis, dueña de los aparatos, habría llegado a un acuerdo para venderlos a los Estados Unidos, que mantienen una importante red de autopistas interestatales de peaje. Al parecer, la autopista donde se instalarían los equipos atraviesa el estado de Arizona, revela hoy Alicante Plaza.

Las máquinas fueron instaladas por Aumar, filial de Abertis, para automatizar el pago del peaje en la AP-7 entre los años 2012 y 2013. Su instalación supuso la salida de más de 90 empleados que hasta entonces se dedicaban al cobro manual de los peajes. 

Precisamente, Aumar llevó a cabo la importante inversión en automatizar el cobro de sus autopistas en plena crisis económica, con el objetivo de poder reducir la masa salarial tras el desplome del tráfico diario en la vía de peaje. La mayoría de salidas que se produjeron entonces fueron pactadas, y en muchos casos a través de prejubilaciones.

Ahora, con la finalización de la concesión, la empresa busca rentabilizar esa inversión y, dado que las máquinas de cobro automático son de su propiedad y revierten a Abertis con el levantamiento de las barreras, ha negociado su venta a los Estados Unidos, según las fuentes consultadas. Si bien se desconoce el importe de la transacción, cada una de estas máquinas de última tecnología está valorada en aproximadamente 300.000 euros, según dichas fuentes.

En este sentido, cabe destacar que las autopistas de pago en Estados Unidos recurren casi exclusivamente al pago en efectivo, con cobradores manuales, aunque se ha habilitado también un sistema similar al Vía-T español que carga el importe directamente en la tarjeta de crédito al atravesar el punto de control. 

Así, la instalación de las máquinas de Abertis supondrá un importante salto tecnológico en la gestión de dicha vía, cuyo mantenimiento corresponde tanto al Gobierno federal como a los estados que atraviesa (además de con el peaje, se financian con cargo a las arcas públicas).

Adecuación de los accesos

Entre tanto, el funcionamiento de la autopista en sus primeros días libre de peajes se mantiene dentro de la normalidad aunque con un apreciable incremento del tráfico, que sigue siendo fluido, según ha podido constatar este diario. 

El personal de las contratas que se encargaban del mantenimiento y conservación de la vía para Aumar ha comenzado a prestar el mismo servicio directamente para el Ministerio de Fomento, titular ahora de la vía, a excepción de los empleados que se dedicaban a la limpieza de los peajes y oficinas de la concesionaria. 

En cuanto al personal propio de Abertis, la empresa firmó un acuerdo con los sindicatos a mediados de diciembre para llevar a cabo un ERE como consecuencia del fin de la concesión, que afecta a unas 140 personas entre la AP-7 y la andaluza AP-4.

El personal que sigue encargándose del mantenimiento (encomendado por Fomento a FCC para el tramo Alicante-Valencia) trabaja estos días en la adecuación de los troncos de los peajes, que tras el levantamiento de barreras tardarán aun unos meses en ser retirados, según fuentes de la empresa. 

El cálculo es que puedan pasar hasta ocho meses mientras se demuelen las estructuras, por lo que se trabaja en reducir el número de carriles habilitados para atravesarlos (en la salida de Benidorm, por ejemplo, se pasará de seis a tres) e instalar medidas para que los conductores minoren la marcha al llegar a la salida.

La AP-7 arranca con baches

VALENCIA.- La AP-7 entre Tarragona y Alicante ya no tiene peajes. Un vehículo puede circular entre Alicante y Tarragona sin pagar un euro. Las primeras horas de la nueva etapa han transcurrido sin incidentes, según la Dirección General de Tráfico. El tráfico ha sido fluido y no ha habido atascos en los kilómetros que atraviesan la Comunitat.

Pero el Ministerio de Fomento todavía tiene tareas pendientes en la AP-7, ya que una docena de actuaciones siguen sin ejecutarse. Los nuevos enlaces, las tareas de mantenimiento o la eliminación de los puestos de cobro son algunas de ellas.

Hasta ahora todo son promesas. Desde el Ministerio se ha asegurado que tiene la intención de invertir 21 millones en la conservación de la carretera a su paso por la Comunitat y cerca de 30 millones contando Tarragona. Por el contrario, tanto la administración autonómica como otras entidades exigen al Gobierno un esfuerzo destacada para que la vía reúna las condiciones necesarias para una circulación fiable y segura.

Una de las principales tareas pendientes del Ministerio es la adjudicación de los servicios de mantenimiento. La partida, si se contabiliza el coste de la AP-4 también liberalizada entre Sevilla y Cádiz, asciende a 145 millones de euros que es la cantidad que anualmente destinaba la concesionaria Abertis para su conservación.

Fomento ha tenido que recurrir al procedimiento de emergencia para sacar los contratos de mantenimiento de la AP-7, según han señalado fuentes del propio ministerio, que recordaron que es un trámite contemplado en la Ley de Contratos del Sector Público. Las partidas salieran a concurso público en noviembre por valor de 53,7 millones para un periodo de dos años.

Obras pendientes

Enlaces.

Oliva sur, Vinaròs, Vinaròs-Morella, Benicàssim y Vila-real, la mejora de la capacidad del by-pass en Valencia o conexiones con Alzira, Altea, Alfàs del Pi y La Nucía.

Contratos de mantenimiento.

Pendiente la adjudicación por valor de 53 millones de euros.

Eliminación de las barreras.

Es una tarea pendiente en todas las salidas.

Enlaces

Los nuevos enlaces son otra de las tareas pendientes. Los conductores que se dirijan a municipios como Oliva, Xeraco, Xàbia, Dénia, entre muchos otros, todavía tendrán que dar un amplio rodeo para llegar a su destino. El problema son los accesos que se precisan para aumentar la conectividad.

Para ello la Conselleria de Territorio ha diseñado una serie de actuaciones en colaboración con los municipios valencianos por los que atraviesa esta arteria y que el pasado verano se remitió al Ministerio de Fomento. El documento ha sido la base para la única reunión que hasta ahora han mantenido las administraciones para abordar el día después de la liberalización.

En este sentido, se está a la espera de la resolución del concurso del Ministerio de Fomento para redactar un estudio sobre la conectividad de la autopista ahora liberalizada y determinar la necesidad de nuevos enlaces y accesos.

Hasta el momento Fomento sólo ha activado dos actuaciones arrastradas desde hace un año. Una es la ampliación y reordenación de los accesos de la N-238 en Vinaròs, que incluye la adecuación de la conexión de la AP-7 con las N-340, CV-11 y CV-101, y que se aprobaba a finales de noviembre. El presupuesto rondará los 15 millones.

La otra es la construcción del acceso sur de Oliva, adjudicado en septiembre y cuyas obras (con un coste de 23,6 millones) estaba previsto que arrancaran antes de 2020.

En cualquier caso, el montante de las inversiones necesarias según la Generalitat y las administraciones locales rondaría los 220 millones: siete conexiones y tres acondicionamientos de carreteras nacionales. Entre las actuaciones reclamadas figuran nuevos enlaces en Vinaròs-Morella, Benicàssim y Vila-real, la mejora de la capacidad del by-pass en Valencia o conexiones con Alzira, Altea, Alfàs del Pi y La Nucía.

Por otro lado, están también pendientes la eliminación de las barreras. La apertura al tráfico libre se ha realizado manteniendo estos puntos de peaje que ahora tienen que ser retirados.

Desde Fomento se ha señalado que todas estas actuaciones se realizarán de forma progresiva en los próximos meses. 

 El Ministerio estima que circular por la red de carreteras del Estado de la Comunitat será un 93% más barato y supondrá un ahorro anual de 300 millones de euros para los usuarios después de la liberación de la llama Autopista del Mediterráneo.

Primer día sin peajes en el Levante español: ¿y ahora qué?

ALICANTE.- 15 minutos justos de reloj separan la salida del peaje de la AP-7 que va de la playa de Poniente de Benidorm hasta San Juan, en el centro de la provincia de Alicante. Hasta el pasado día 31 de diciembre a las diez de la noche el trayecto, de apenas 37 kilómetros, tenía un coste de 3,95 euros por vehículo. Esto supone un coste de 26 céntimos por minuto. Es decir, seis veces más de lo que se pagaría por estacionar en un parking en una de las ciudades más grandes de España, según la tarifa media calculada por la Organización de Consumidores (OCU), calcula hoy El Mundo.

Pasadas las tres y media de la tarde del 1 de enero, con el fin de la concesión privada tras más de 40 años y la decisión del Ministerio de Fomento de retirar los peajes en todo el Levante español, no puede decirse que la salida de Benidorm tenga más tráfico del habitual. Puede que no sea un buen baremo -al fin y al cabo hace apenas unas horas que las barreras están levantadas- pero no deja de ser la principal salida de una ciudad con 40.000 camas hoteleras, diez millones de pernoctaciones anuales y un 95% de ocupación en Nochevieja.

«La liberalización del peaje era ya un hecho y no se podía dar marcha atrás», señala la secretaria general de la patronal hotelera de Benidorm (Hosbec), Nuria Montes. 

«Lo importante es qué va a pasar a partir de ahora». Su asociación ha sido una de las más beligerantes contra la apertura total de la AP7, al asegurar que la falta de tramos alternativos en determinadas comarcas (como Las Marinas, ubicadas en la costa norte de la provincia) provocarán un colapso que restará competitividad al sector turístico, generador del 13% del PIB valenciano. 

 «La gente confunde gratis con que no cueste dinero. Y no es así. El mantenimiento hay que pagarlo, y ahora se va a multiplicar con el incremento de tráfico. La cuestión ya no es si se impondrá, sino cómo y cuándo lo hará».

En ese sentido se ha pronunciado también el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. La intención del Ejecutivo es reformular el sistema para financiar el mantenimiento de las autopistas de peaje que sea «igualitario» en todo el país. 

Con ese objetivo se licitaron el pasado mes de agosto dos estudios sobre la «distribución de demanda de tráfico tras supresión de peaje en Autopista AP-7», uno para el tramo Tarragona-Valencia y otro para el de Valencia-Alicante. 

Estos informes determinarán «las mejores soluciones para las actuaciones que se deban acometer para acomodar la demanda en la Red de Carreteras del Estado tras la redistribución de tráfico» y el nuevo escenario que se abre al no tener que pagar por los trayectos. 

Un movimiento que puede tener consecuencias en las siguientes carreteras donde se acaba el peaje, como la AP-2 que va desde Zaragoza hasta El Vendrell y cuya adjudicación vence el 31 de agosto de 2021.

La clave ahora está en ver cómo evoluciona el tráfico, pero lo cierto es que la autopista que recorre la costa tiene un margen importante hasta recuperar el volumen de antaño. 

Según los datos del Ministerio de Fomento, entre 2008 y 2018 el tramo que va desde Alicante a Tarragona perdió aproximadamente una cuarta parte de sus vehículos (unos 9.000 diarios de casi 40.000), principalmente por la existencia de otras alternativas como por ejemplo la Autovía del Mediterráneo, inaugurada en el año 2011 y que supone la manera más eficaz de llegar desde las comarcas alicantinas de interior hasta la provincia de Valencia. 

Ante esto, Montes destaca la necesidad de «acometer inversiones» para «reforzar las alternativas a la AP-7», algo que, en el caso concreto de Alicante, evidencia «el abandono de determinadas infraestructuras como la N-332» o, en un plano más general, la «ausencia de actuaciones concretas ya ejecutadas en el Corredor Mediterráneo».

Unas autopistas un 0,84% más caras

El precio medio del peaje de las autopistas que conforman la red estatal subió ayer un 0,84%. Este incremento se aplicó en todas las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, salvo en las nueve que fueron 'rescatadas' por el Estado al quebrar durante la crisis y que actualmente gestiona el Ministerio de Fomento. 

Estas nueve autopistas, que suman unos 700 kilómetros en total, son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que une la capital y el aeropuerto de Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda y los tramos de la AP-7 entre Cartagena y Vera, y la Circunvalación de Alicante. 

Seittsa, la firma pública que explota estas vías, lo hace a través de un contrato que no es de concesión, por lo que no se les aplica la subida fijada como sí sucede en el resto de carreteras españolas.

La autopista AP-7 incrementa el tráfico en el primer día sin peaje

SAGUNTO.- La autopista de peaje AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante ya es historia. Abertis levantó cuatro horas antes de la Nochevieja del 2019 las barreras de la treintena de peajes instalados en los 374 kilómetros de la AP-7 que atraviesa las provincias de Tarragona, Castelló, Valencia y Alicante, según informa el diario Levante-EMV.

Una anunciada y esperada decisión que obtuvo una respuesta inmediata durante las primeras horas del 2020. La antigua autopista ahora liberada experimentó un incremento del tráfico en el primer día sin peaje, según confirman fuentes del Ministerio de Fomento. Un aumento que, por ahora, no se puede cuantificar ya que con la concesión a Abertis la afluencia de vehículos se calculaba en función de los vehículos que abonaban el peaje. 

Al dejar de expedirse los tiques de abono desde las 20 horas del pasado 31 de diciembre, el Ministerio de Fomento deberá ahora instalar medidores de aforo para conocer con exactitud el nuevo tráfico que absorbe la AP-7. 

Tras la relativa calma por la celebración de la Nochevieja y Año Nuevo, los responsables de carreteras esperaban un pico de tráfico, a partir de las seis de la tarde de del miércoles, que esperaban se resolviera sin aglomeraciones.

De hecho la normalidad fue la tónica de las primeras horas de gratuidad en la AP-7. Un nombre que seguirá conservando, a pesar de que el peaje haya pasado a mejor vida, para evitar confusiones con la A-7, que discurre por el interior de la Comunitat Valenciana. 

El único incidente destacable se produjo en Alcalà de Xivert donde un vehículo se salió de la vía, aunque sin relación con el levantamiento de las barreras en las zonas de peaje. 

La Dirección General de Tráfico (DGT) también informó que desde el levantamiento de las barreras no se produjo ningún incidente circulatorio en la AP-7 y el tráfico se desarrolló con total normalidad. 

A pesar de ser jornada festiva, el incremento del tráfico de camiones por la AP-7 era evidente a partir del mediodía en la zona del antiguo peaje de Sagunto, según pudo comprobar este medio.

Alegría y alivio de los usuarios

Los viajeros que realizaban parada y fonda en el área de servicio de la capital del Camp de Morvedre celebraban la novedad de la gratuidad tras casi medio siglo de pagos por desplazarse a lo largo de esta franja del corredor mediterráneo viario. 

Era el caso de Pedro Salinas Pérez, vecino de la localidad murciana de Águilas que se dirigía a Toulouse. Una ruta que realiza "todos los años un par de veces" por lo que sólo al trayecto entre Tarragona y Alicante debía dedicar "unos setenta euros, aunque debería mirar las facturas porque uso telepeaje", aseguraba este vecino de Murcia que se dedica laboralmente a las piscifactorias. 

"Es un alivio para el bolsillo y viene bien. Es estupendo que sea gratuita, aunque está claro que ahora la pagaremos entre todos".

Adrián, un joven de Barcelona, volvía de pasar la Nochevieja en Valencia consciente de que la ida había sido de pago y la vuelta gratis total hasta Tarragona. "Ya lo teníamos en mente al planificar el viaje, al venir nos costó alrededor de 30 euros", explica mientras hacía un alto en el camino del área de servicio de Sagunto. 

Sobre la gratuidad de la AP-7 de Tarragona a Alicante, Adrián considera que "es una ayuda porque es un trayecto muy frecuentado para recorrer la costa y verlo tan caro echaba para atrás e intentabas hacerlo por otras vías. Ahora será mas viable coger el coche".

Quien desconocía la noticia sobre el fin del peaje era Andrea, un italiano de Bergamo, que viajaba de Murcia a su país natal. "En Italia siempre pagamos peaje en todas las autovías. Me gusta mucho que esta autovía sea gratuita porque así me incentiva para volver otras veces con el coche. Y me gustaría que fuera así en Italia".

Por último, Juan José, de Alicante, viajaba ayer  con su autocaravana desde Elda a Gerona "a pasar unos días y me alegré muchísimo al escuchar en las noticias que a partir de hoy era gratuita porque era un dinero. Hemos hecho esta ruta con peaje y sólo en este tramo se nos iban cincuenta euros". 

Una alegría que, añadía, no está motivada "solo pensando en mi, sino en los camioneros y en las personas cuyo trabajo es el  transporte por carretera. Eso me alegra más que el beneficio personal que yo obtenga, porque lo nuestro es esporádico y sólo nos beneficiamos cuando salimos de viaje".

Beneficio para los transportistas

Precisamente el sector del transporte por carretera serán uno de los más beneficiados tras la finalización del peaje en los 374 kilómetros entre Tarragona y Valencia. La gratuidad supondrá un importante ahorro para los transportistas que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha cuantificado entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo. Además, conllevará un mayor uso de una vía mejor, de alta capacidad y más rápida para los transportistas que cubren rutas de proximidad entre Valencia, Alicante y Castellón y que hasta ahora evitaban utilizar esta vía para ahorrarse el peaje.

Normalidad y tráfico fluido en el primer día de AP-7 gratis

VALENCIA.- La Autopista del Mediterráneo vivió ayer miércoles su primer día gratis desde 1971 sin incidentes significativos, con tráfico fluido y sin atascos en los kilómetros que atraviesan la Comunitat Valenciana, según la Dirección General de Tráfico (DGT).

Desde que se levantó el peaje, a unas horas de fin de año, la AP-7 es gratuita para los 20.124 conductores que la utilizan de media diariamente entre Tarragona y Alicante. El primer día de liberalización coincidió con el festivo de Año Nuevo y no registró accidentes ni colas de vehículos.

Finaliza así el plazo concesional de los tramos Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, que suman 374 kilómetros de longitud tras casi 50 años de peaje. La previsión del Ministerio de Fomento es que la circulación aumente alrededor de un 30% y no afecte al tráfico.

Se trata del mayor tramo de autopista liberado hasta la fecha, con lo que Fomento calcula que circular por la red de carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana será un 93% más barato y supondrá un ahorro anual de 300 millones de euros para los usuarios.

De cara al futuro, el Gobierno pretende invertir 21 millones de euros en la conservación de la carretera a su paso por la Comunitat y cerca de 30 millones contando Tarragona, con un aumento global del 38%, como anunció el ministro en funciones, José Luis Ábalos, a unas horas de que se levantaran las barreras.

Para el titular de Fomento, se trata de un "cambio radical" porque, hasta la fecha, tres de cada diez kilómetros de las vías de alta capacidad las pagaban directamente los usuarios. Da como resultado la casi total eliminación de los peajes de la Comunitat, que hasta ahora era la tercera autonomía en número de kilómetros de carreteras de pago.

El compromiso del Gobierno es que las concesiones cuyo plazo acabe en esta legislatura no se van a prorrogar ni a volver a licitar. El pasado 12 de noviembre se licitaron cuatro contratos de servicios para la conservación y explotación de la AP-7, uno para cada provincia (Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante), con un presupuesto conjunto de 53,7 millones (26,9 millones anuales).

Durante esta situación transitoria, hasta que se adjudique el contrato, Fomento ha previsto la ejecución de las operaciones de conservación y explotación, desmantelamiento de las instalaciones de los peajes y demolición de las playas de peaje de la autopista, que se realizarán progresivamente en los próximos meses.

Por parte de los transportistas, la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) valoró positivamente la liberalización de la AP-7 al suponer un ahorro "importante" para este colectivo laboral, entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo.

Fin del peaje en la AP-7: recorrer la costa mediterránea sin rascarse el bolsillo

VALENCIA.- "El peaje, es decir, el pago por utilizar la autopista, es práctica común en todo el mundo. Se trata de que sea precisamente el usuario quien pague por el servicio que recibe, y no el resto de la comunidad". Así explicaba el NO-DO en 1972, en pleno Desarrollismo franquista, la necesidad de pagar por circular por las nuevas autopistas construidas en régimen de concesión que ha estado presente en la vida de millones de habitantes de la Comunidad Valenciana y Cataluña desde diciembre de 1971 hasta hoy, según recuerda El Mundo. 

La autopista de peaje AP7, la autopista del Mediterráneo, que vertebra la costa de norte a sur es desde este 1 de enero una vía gratuita en los 337 kilómetros que van desde L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) a Alicante, una eterna exigencia que se ha convertido en realidad.

Vicent Grimalt no recuerda viajar a Valencia o a Alicante sin tener que pasar por la barrera del peaje y pagar 12 céntimos por cada kilómetro que recorra. Es alcalde de Dénia, capital de la comarca alicantina de la Marina Alta, justo a medio camino entre Alicante y Valencia. Sin conexión ferroviaria, la carretera es la forma de llegar de acceso a la localidad. 

A la suya y a otras tantas. "Somos una comarca mal conectada. Tenemos el mismo derecho que el resto de ciudadanos a poder desplazarnos sin pagar y llevamos haciéndolo casi medio siglo", explica el socialista.

El 9 de mayo de 1972, las Cortes Españolas aprobaron la Ley para la construcción, explotación y conservación de autopistas en régimen de concesión. El 23 de julio de 1971 y el 21 de diciembre de 1972 la sociedad Aumar (Autopistas del Mare Nostrum) logró la concesión de los tramos Salou (Tarragona)-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años, hasta 1998. 

El Régimen daba así cumplimiento a las recomendaciones del Banco Mundial, que en su informe El desarrollo económico de España en 1962 aseguraba que la única vía importante de nueva construcción que sería necesaria en un futuro inmediato era la autopista de Levante, "a lo largo de la costa del Mediterráneo, desde la frontera francesa hasta Murcia". 

La vía se convertiría en el acceso a poblaciones turísticas como Benicàssim, Gandía, Altea, Calpe o Benidorm y comunicaba importantes zonas industriales y agrícolas con Europa.

Esa concesión a Aumar, que sufragó el coste de 2.300 millones de euros de la construcción, se fue prorrogando con los sucesivos gobiernos democráticos de distinto signo. La empresa -hoy filial de Abertis y con mayoría accionarial de ACS, la empresa constructora de Florentino Pérez- obtuvo entre 1981 y 1982 una prórroga de seis y cuatro años más que alargó su concesión hasta 2004. 

Antes de que finalizara este periodo, en 1986 y bajo el Gobierno de Felipe González, se alargó hasta 2006, dos años más. Pero fue el popular José María Aznar quien en 1997 firmó la prórroga de 13 años que ha llegado hasta las 23:59 del 31 de diciembre de 2019. Anoche, desde las diez de la noche ya no había empleados en las cabinas de peaje para realizar los cobros y las barreras estaban abiertas.

En el peaje de Ondara (Alicante) el colectivo Fem Marina Alta organizó una cena de sobaquillo de fin de año en el área de servicio más cercana, donde tomaron las uvas y se pusieron en camino a Benissa. Por primera vez en 48 años sin pagar ni un céntimo. Son muchos los movimientos vecinales que llevan reclamando la eliminación de ese canon desde 1989, acompañados en muchos de los casos por los gobiernos municipales como los de Benissa, Oliva y Calpe y con eco en la última década en las redes sociales. 

"Va a ser una sensación especial la de atravesar el peaje y no tener que coger ticket o pagar. Un día de estos tendré que ir a Oliva para darme la satisfacción", bromea Vicent Grimalt, que considera "un mal menor" los 130.000 euros que perderá su presupuesto municipal en el capítulo de ingresos en concepto de IBI por las instalaciones de Aumar. Y es que los beneficiados son muchos. 

"Dénia somos la cabecera de comarca. Aquí están los juzgados, Hacienda, el hospital, la tesorería de la Seguridad Social... son muchos los ciudadanos que vienen a la ciudad y muchos los funcionarios que se desplazan a diario porque tienen residencia en otras ciudades cercanas", relata el alcalde. Sin hablar de que su población se multiplica en verano. Y el turista solo puede llegar por carretera con un coste que puede superar los 20 euros por un trayecto de ida y vuelta. "Casi nos costaba menos coger el ferry a Formentera que ir a Valencia", recuerda el alcalde.

Empresarios a favor y en contra

La liberalización es un alivio para los bolsillos particulares y para los transportistas, que huían de esta vía hasta el último tramo en Castellón por el alto coste. Para ellos, 14 céntimos el kilómetro. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) cifra el ahorro entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo al año. 

"El beneficio es para las rutas de largo recorrido, pero también para los transportistas que cubren rutas de proximidad, que antes evitaban esta vía para ahorrarse los costes del peaje", explica su presidente, Carlos Prades.

Sin embargo, la gratuidad tiene su lado oscuro. De hecho, no todos los colectivos afectados eran partidarios de la desaparición del peaje, sino que optaban por otras opciones como el 'peaje blando o nulo' para los residentes pero que se mantuviera para el resto de vehículos, una forma de contener el incremento del tráfico y también de sufragar las necesidades de mantenimiento, que ahora tendrá que asumir Fomento y que ya ha comenzado a licitar en algunos tramos. Destinará 26 millones de euros anuales, para tener a punto los 337 kilómetros liberados.

La Cámara de Comercio de Alicante y la patronal del turismo de la Costa Blanca (Hosbec) son los principales detractores de la gratuidad. Los empresarios incluso encargaron al Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) un estudio en el que se analizaban las opciones más recomendables para el futuro de la autopista. 

El trabajo, realizado por los profesores universitarios Joaquín Melgarejo, Armando Ortuño, Jairo Casares y Vicente Mateu, llegaba a la conclusión de que la liberalización era la peor de ellas. La transferencia de tráfico desde la N-332 hacia la autopista sería enorme y reduciría la fluidez de la vía, que pasaría según el estudio de unos 18.000 vehículos diarios de media (cifra que el Ministerio cifra en 27.000) a unos 39.000. Los costes, externos y de mantenimiento, se dispararían y ya no podrían ser compensados porque no se ingresaría nada a través del cobro del peaje.

El sector del turismo en la Costa Blanca también se ha mostrado contrario a la circulación gratuita por la AP7. "Es la única vía de comunicación de las comarca de la Marina Alta y Baja [donde se ubica Benidorm] con el aeropuerto y con Valencia, colapsaría la carretera», ha defendido siempre el presidente de Hosbec, Toni Mayor.

«Nos inquieta que los turistas que llegan por el aeropuerto puedan tardar entre hora y media y unas dos horas en llegar a las Marinas porque la AP-7 está colapsada. Lo ideal sería la conexión por tren desde el aeropuerto y desde la estación del AVE, pero hasta que eso llegue, no tenemos más vía de comunicación que la AP-7, que se puede saturar como ya lo están los by-pass de Alicante y Valencia», insiste.

Con la liberalización convertida en una realidad, los estudios y las previsiones pasarán a ser evaluados con datos de tránsito que acabe por demostrar si la gratuidad es una opción que se puede mantener o, por contra, la inversión pública necesaria para mantenerla obliga a volver a otras fórmulas.

Normalidad en la AP-7 tras su gratuidad desde hoy

ALICANTE/VALENCIA.- La autopista AP-7 ha vivido con normalidad las primeras horas de su gratuidad desde la pasada medianoche, tras 48 años de pago de peajes, y a su paso por la Comunitat Valenciana varias plataformas y movimientos ciudadanos han celebrado con cenas de fin de año y música en los propios peajes esta liberalización.

Con el levantamiento de las barreras sobre las 20.30 horas de este último día de 2019, el tramo de 374 kilómetros entre Tarragona y Alicante de la autopista AP-7 ha dejado de ser de pago y los vehículos las han atravesado sin parar y haciendo sonar sus bocinas.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), desde el levantamiento de las barreras no se ha producido ningún incidente circulatorio en esta vía y el tráfico se ha desarrollado con total normalidad.

La plataforma Fem Marina Alta había realizado una convocatoria en el peaje de Ondara, con música, cena y sorpresas, y varias personas se han reunido para cenar y comerse las uvas allí y poder atravesar luego el peaje sin necesidad de coger el habitual tiquet de una autopista, para ellos, "más que amortizada".

Para celebrar que por fin se ha cumplido una reivindicación de años también el movimiento AP-7 Gratuita Ja había invitado a los usuarios, a través de las redes sociales, a pasar con sus vehículos por las barreras levantadas y hacerse una foto para compartirla en las redes sociales.

También la plataforma Adeu AP-7 había convocado una cena en un peaje de la autopista recién liberalizada para celebrar la gratuidad de la vía y la entrada del año nuevo. El tramo liberalizado de esta autopista se integrarán así en la red estatal de carreteras de alta capacidad gratuitas y se gestionará bajo los mismos criterios que el resto.

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, visitó este martes, junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, el peaje de Sagunto (Valencia) y destacó que circular por la red de carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana ahora será un 93% más barato y supondrá un ahorro de 300 millones de euros para los usuarios.

La gratuidad supondrá un importante ahorro para los transportistas que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha cuantificado entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo. Además, conllevará un mayor uso de una vía mejor, de alta capacidad y más rápida para los transportistas que cubren rutas de proximidad entre Valencia, Alicante y Castellón y que hasta ahora evitaban utilizar esta vía para ahorrarse el peaje.

Menos importante será la denominación que se le dé para diferenciarla de la A-7, un cambio que se estudiará más adelante ya que ahora se mantendrá igual para evitar problemas en la cartelería pero que habrá que abordar porque no se pueden tener "dos A-7"

La AP-7 pasa a ser gratuita a las ocho de esta noche después de medio siglo de peaje

VALENCIA.- Con el levantamiento de barreras que se hace efectivo esta noche  de martes, último día de 2019, la AP-7 entre Tarragona y Alicante pasa a ser gratuita después de 48 años de pago de peajes. Las barreras se levantarán a las 20 horas.


Una liberalización por parte del Ministerio de Fomento que no solo supone un ahorro para los vehículos particulares, sino también para los transportistas y que ahora obliga a analizar la evolución futura de la demanda y planificar la movilidad, actuando para mejorar la conectividad de la AP-7 con los municipios que atraviesa.

Con una autopista totalmente gratuita, quedan trabajos pendientes como la retirada de las playas de peaje, que no impedirá la celebración de la Nochevieja convocada en el área de San Antonio para festejar la liberalización de una autopista "más que amortizada", según la convocatoria de Fem Marina Alta en las redes sociales.

Los 367 kilómetros de la autopista entre Tarragona y Alicante se integrarán así en la red estatal de carreteras de alta capacidad gratuitas y se gestionará bajo los mismos criterios que el resto, según indicó el secretario general de Infraestructuras, Julián López.

La liberalización de la AP-7 "culmina una lucha de muchos valencianos" por estar casi cincuenta años pagando, según el diputado en el Congreso por Compromís, Joan Baldoví, que ha agradecido su labor a todos los que a lo largo de los años han concienciado a la sociedad y han presionados a los políticos para lograr una vía libre de peaje.

"Son casi 50 años pagando, y ha habido tres ampliaciones, dos propiciadas por grupos socialistas y otra por Aznar", ha recordado Baldoví.

Ahora, según Baldoví, toca reivindicar todas las conexiones entre las ciudades y la AP-7 para hacer una autopista "aun más útil" a los valencianos y vertebradora.

Entre esas reivindicaciones está la creación de nuevos enlaces de conexión de la AP-7 con la N-332 y la N-340, y la mejora de la seguridad vial de los tramos que conectan los peajes con núcleos urbanos u otras carreteras, según especificaba un estudio de julio de 2018 elaborado por técnicos de la Conselleria de Obras Públicas y de los municipios por los que atraviesa la Autopista del Mediterráneo.

La gratuidad supondrá un importante ahorro para los transportistas que la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte (FVET) ha cuantificado entre 2.000 y 2.500 euros por vehículo.

Además, conllevará un mayor uso de una vía mejor, de alta capacidad y más rápida para los transportistas que cubren rutas de proximidad entre Valencia, Alicante y Castellón y que hasta ahora evitaban utilizar esta vía para ahorrarse el peaje.

Menos importante será la denominación que se le dé para diferenciarla de la A-7, un cambio que se estudiará más adelante ya que ahora se mantendrá igual para evitar problemas en la cartelería, pero que habrá que abordar porque no se pueden tener "dos A-7".

Para los camiones 63 euros de ahorro en el trayecto

La gratuidad de la AP-7 entre Alicante y Tarragona ahorrará unos 63 euros por viaje a los transportistas que utilizan la autopista para llegar a la frontera francesa. Los turismos dejarán de pagar unos 46 euros en este tramo de 375 kilómetros a partir de esta medianoche, una vez que caduque la concesión de la compañía Abertis. 

Los vehículos pesados están obligados a viajar por la AP-7 y no pueden salir a las carreteras nacionales durante el trayecto hasta Francia, por lo que la gratuidad supondrá un gran ahorro económico, aunque no evitará los problemas de saturación que encuentran los camiones en las áreas de servicio.


Por otra parte, los transportistas esperan que la eliminación de los peajes de las autopistas contribuirá a descongestionar las autovías y las carreteras nacionales de uso gratuito, lo que «aportará indudables ventajas para la mejora de la seguridad vial», según ha avanzado la patronal Fenadismer.

Esta organización prevé que la liberalización de la AP-7 permitirá «una mejor redistribución de los tráficos tanto privados como profesionales entre las carreteras nacionales y las autopistas paralelas de peajes», dado que la decisión de optar por una u otra vía por parte de los conductores ya no responderá «a criterios exclusivamente económicos como hasta ahora, sino a la distancia del trayecto a realizar o del destino del viaje.

Esto permitirá un importante trasvase de vehículos particulares que actualmente circulan por las carreteras nacionales a las autopistas de peaje por su mejor trazado y velocidad».


Fomento ha realizado una due dilligence (una auditoría o estudio pormenorizado) de la situación en la que se encuentra la AP-7 «para determinar las actuaciones que debe llevar a cabo la actual concesionaria para que el estado de conservación previo a su entrega sea adecuado», según adelantó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el pasado mes de julio.

Este informe se ha remitido a Abertis tras examinar la situación actual de la autopista, al que la concesionaria podrá alegar. «En general está en bastante buenas condiciones, salvo algún defecto que se requiere subsanar, aunque no está cuantificado cuánto puede costar», explicó el secretario general de Infraestructuras, Julián López.

El alto cargo de Fomento también precisó que «todas las autopistas tienen un inspector de explotación que elabora un informe sobre las condiciones exigidas en las concesiones. Se podrá reclamar a Abertis, aunque haya acabado la concesión. Aunque la AP-7 está bien conservada, excepto algún punto de discusión, pero el estado general es bastante bueno».

El Gobierno en funciones tomó la decisión de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vayan venciendo para que reviertan así al Estado y permitan su uso gratuito.

Por ahora seguirá siendo de pago el tramo de la AP-7 entre Crevillente y Pilar de la Horadada y entre Cartagena y Vera. En la primera de ellas el Ministerio de Fomento aplicará una subida de las tarifas del 0,84% a partir de esta medianoche, mientras que la Cartagena-Vera, que es una de las rescatadas por el Estado, se librará de la subida y seguirá siendo gratuita solo entre las 12.00 horas de la noche y las 6.00 horas de la mañana.

Última hora

Pasadas las 20:00 horas, la autopista AP7 entre Tarragona y Alicante libre de peajes es una realidad. A esa hora, la empresa concesionaria Abertis decidía levantar la barrera y, por tanto, dejaba de cobrar a los usuarios. 
Aunque en un principio, el levantamiento del peaje estaba previsto para las 22 horas, la empresa decidió adelantarlo para que los trabajadores del turno pudieran llegar con antelación a sus domicilios y celebrar la cena de Nochevieja. 
Desde este martes por la noche, la autopista está gestionada por el Ministerio de Fomento.

De esta manera, se pone fin a una infraestructura que se puso en marcha 1972, primero entre Tarragona y Valencia y más tarde entre Valencia y Alicante, que abrió sus primeros tramos en 1974 y que se puso la totalidad en servicio en 1985.

A lo largo de todo el día, los conductores han podido hacer sus trayectos con total normalidad. En los peajes, las barreras ya estaban quitadas en algunos puntos, mientras que en otros se ha retirado horas más tarde. 

Pasada media tarde ya se ha dejado de entregar el tícket de acceso y pasadas las 20:00 horas se ha dejado de cobrar. Mientras se han producido alguna pequeña aglomeración en algún peaje, como en Benidorm, donde pasadas las 19 horas había retenciones para salir. En el resto de la vía ha habido bastante normalidad y sobre todo, tráfico de turismos.

Fomento calcula que el tráfico aumentará en un 30% en la AP-7 a partir de mañana

BARCELONA.- Los usuarios de la autopista de peaje (AP-7) entre Tarragona y Alicante y los de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que desde mañana 1 de enero del 2020 dejarán de pagar por circular por esas vías de alta capacidad se ahorrará unos 290 millones de euros, según los datos que maneja el Ministerio de Fomento, a quien le corresponde a partir de ahora la gestión de los 468 kilómetros --374 de la AP-7 y 74 de la AP-4-- de esas autopistas, recoge hoy El Periódico. 

La mayor parte de esa cantidad (unos 230 millones) corresponde a la vía que transcurre por el litoral mediterráneo y 60 millones a la que une las capitales andaluzas, ambas gestionadas por Abertis por medio de Aumar hasta ahora. 

La mayor parte del impacto del levantamiento des peajes en la vía litoral se concentran en la Comunitat Valenciana: unos 175 millones; el resto (55 millones) corresponden al tramo catalán de la AP-7.  

No obstante, Fomento calcula que si se considera el incremento del tráfico que se producirá en estas dos vías: un 30%, el ahorro potencial para los usuarios podría alcanzar los 380 millones de euros, de los que 300 millones se producirán en la vía mediterránea .

Aunque el impacto económico se notará en el bolsillo de los usuarios y en las cuentas de la empresa concesionaria, su repercusión también se dejará notar en los presupuestos del Estado, ya que el Ministerio de Fomento se hace cargo, a partir de ahora, de las labores de conservación que hasta ese momento realizaba la empresa concesionaria con cargo a los ingresos por peajes. 

“Estas labores de conservación tienen un coste significativo, que debe ser asumido por el presupuesto destinado a carreteras del Ministerio”, ha puntualizado fuentes de Fomento. 

Fomento ha licitado cinco contratos de servicios para la conservación y explotación de ambas autopistas (uno por cada provincia afectada), por un importe de 32,4 millones anuales. No obstante, todavía no se han adjudicado. 

Además, se han licitado 12 contratos de concesión de servicios, para la gestión por cinco años, de cada una de las 12 áreas de servicio que existen en las autopistas que revierten (tres en la AP-4 y nueve en la AP-7). En este caso, será el adjudicatario el que deberá abonar al ministerio un canon por la explotación de estas áreas. 

Déficit en infraestructuras

En todo caso, son cifras que se suman al déficit que genera el mantenimiento y conservación de la red de carreteras del Estado y que desde algunos organismos, como la Cámara de Contratistas de Obras Públicas de Catalunya (CCOC) se cifra en más de 7.000 millones de euros. “El ministerio no tiene dinero para hacer frente al mantenimiento de todas las vías que deben volver al Estado”, ha comenta Joaquín Llansó, presidente de la CCOC. 

Desde Fomento no se confirma la cifra del déficit, pero se apunta que “el presupuesto de carreteras ha disminuido durante los últimos años”. La media desde el 2012 es de 850 millones de euros destinados a conservación, cuando antes de la crisis se destinaban 1.250 millones, y sin embargo, la red ha ido aumentando. 

“La reversión de autopistas de peaje es un ejemplo significativo, al tener que gestionar el Ministerio, en el plazo de  algo más de un año, 550 kilómetros más de autovías”. A estos, en teoría se le sumarían los 425 kilómetros de Acesa, cuando venza la concesión, el 31 de agosto de 2021. Se trata de los tramos de la AP-7 de La Junquera a Barcelona y de Barcelona a Cambrils, además del de Montmeló a El Papiol, así como el de la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo. Todos ellos de Abertis, como los 60 kilómetros del tramo Montgat-Palafolls y del de la C-33 Barcelona-Granollers. 

Efecto en el tráfico rodado

Con lo económico, el impacto de la supresión afectará directamente al tráfico rodado que discurrirá por esas vías. O como lo denomina Pere Macias, ex conseller de Política Territorial y presidente de la Fundación Círculo de Infraestructuras, “externalidad negativa de la eliminación de peajes: más tráfico y más emisiones de CO2”, sin contar los menores impuestos recaudados por Hacienda. 

Fomento espera que se produzca una redistribución del tráfico desde las carreteras convencionales que van paralelas a las autopistas, como la N-340 o N-332 en el caso de la AP7 o la N-IV en el caso de la AP-4. 

Este descenso mejorará sensiblemente la congestión y las condiciones de seguridad vial de estas vías paralelas y por otra parte, “la mayor intensidad de tráfico de las autopistas harán que sea necesario adaptarlas a las nuevas condiciones de explotación. Básicamente, habrá que analizar los niveles de servicio del tronco y de los enlaces para ver si es necesario aumentar su capacidad, también aumentar la conectividad con el territorio a través de nuevos”, considera Fomento. 

Los únicos datos sobre aumento de tráfico que tiene el ministerio tras la supresión de peajes corresponde a la experiencia de la única vía revertida, la AP-1 entre Burgos y Armiñón. Ha provocado que cada día casi 8.000 vehículos, en su mayoría camiones, hayan cambiado de carretera, desde la N-I a la autopista. Esto supone un incremento en la intensidad media diaria (IMD) de un 30%.

 Según Abertis, la intensidad actual del tramo Tarragona-Valencia de la AP-7 es de 12.023 vehículos y la del tramo sur es de 14.966.

Cuánto ha ganado 'Aumar' con la AP-7 en la última década

VALENCIA.- La autopista AP-7, que este 31 de diciembre, día de Nochevieja, pasará a ser gratis entre Tarragona y Alicante a las doce de la noche, ha reportado grandes beneficios a Aumar (empresa filial de Abertis).

La concesionaria ha obtenido en la última década 955 millones de euros de beneficios por la explotación de la AP-7. Y es que con una infraestructura más que amortizada, los pagos que realizan los usuarios por utilizar estas carreteras cubren de sobra los costes de personal y de mantenimiento hasta el punto de que la mercantil transformó el año pasado en ganacias uno de cada dos euros que ingresó.

El año pasado la sociedad declaró beneficios de 146,3 millones, casi un 25 % más que el año anterior con una cifra de negocio de 306,5 millones de euros. En la última década (en plena crisis), el año que menos ganó Aumar fue 2011 y obtuvo unos beneficios de 66 millones.

Concejales del PPRM quieren una AP-7 gratuita tambien en la Región

MURCIA.- El Partido Popular de la Región de Murcia va a exigir al Gobierno la "total gratuidad" de la autopista AP-7 a lo largo de todo su recorrido, tras el reciente anuncio del Ministerio de Fomento que permitirá que, a partir de este miércoles, ya sea gratuito el tramo entre Tarragona y Alicante tras caducar la concesión a Abertis después de 45 años de explotación comercial de la vía.

Concejales 'populares' de los ayuntamientos de Lorca, Cartagena, Águilas, Mazarrón, San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y La Unión han indicado hoy que se van a presentar mociones y propuestas en ese sentido en los municipios afectados de la Región de Murcia.
La AP-7 siempre fue gratuita en la Región de Murcia desde el límite con la provincia de Alicante hasta Cartagena. 
Sólo el tramo Cartagena-Vera, que ha sido este año rescatado por el Estado en cuanto a su concesión, goza de momento de un peaje blando durante el día con gratuidad por las noches.
El próximo 1 de julio, el tramo de la AP-7 Tarragona-La Junquera también pasará a ser gratuito.

La autopista AP-7 Tarragona-Alicante dejará de cobrar peaje el miércoles

MADRID.- Las autopistas AP-4 entre Sevilla y Cádiz y AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante suprimen a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 1 de enero, el cobro de peaje a sus usuarios.

Los conductores que diariamente circulan por estas vías, que con una media de entre 20.124 y 24.477 usuarios diarios figuran entre las más transitadas del país, dejarán de pagar tasa alguna desde la medianoche del martes.

La supresión de las barreras de peaje en estas autopistas es consecuencia de la conclusión del contrato de concesión de su explotación que actualmente tiene Abertis y su consecuente reversión al Estado.

Se trata de las segundas vías de pago en alcanzar el fin de su concesión, levantar el peaje y pasar a estar gestionadas por el Estado un año después de que lo hiciera la AP-1 Burgos-Armiñón, vía que gestionaba el grupo Itínere y que quedó libre de peaje el 1 de diciembre de 2018.

En todos los casos, es fruto de la decisión que adoptó el Gobierno actualmente en funciones de no prorrogar los contratos de concesión de autopistas de peaje que vencieran, para que reviertan así al Estado y dejaran de cobrar por su uso.

De esta forma, desde el miércoles los 467 kilómetros de longitud que suman estas autopistas quedarán libre de pago y pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Fomento.

La AP-4 Sevilla-Cádiz cuenta con 93,8 kilómetros de longitud por los que actualmente circulan una media de 24.477 conductores al día, si bien esta cifra se eleva a casi 35.000 vehículos en los meses de verano.

De su lado, los tramos de la AP-7 Tarragona-Valencia y Valencia-Alicante, cuentan con 225,32 y 148,5 kilómetros de longitud, respectivamente.

El primero de estos trazados registra un tráfico medio de 22.707 vehículos al día, mientras que el que une la capital del Turia y Alicante contabiliza 20.124 tránsitos, si bien también en los meses estivales superan la cota de los 36.000 usuarios diarios, según datos oficiales del Ministerio de Fomento.

Su mantenimiento pasa al erario público

Este Departamento, al hacerse cargo de estas vías, deberá encargarse también de su mantenimiento, que pasará a depender del erario público. Hasta ahora, lo costeaba Abertis a partir del peaje que cobraba a los usuarios de las vías.

No obstante, Fomento no ha podido resolver a tiempo el concurso público que lanzó para seleccionar la empresa a la que encargar estos trabajos de conservación y mantenimiento, estimado en 153 millones de euros.

Por ello, ha resuelto encomendarselo a través de 'contratos de emergencia' y hasta que se adjudique el contrato original a Sacyr, FCC y API Movilidad.

Estas empresas serán también las encargadas de desmontar las playas y casetas de cobro de peaje que hasta ahora la AP-4 y los referidos tramos de la AP-7 tienen instaladas.

Fomento no ha podido resolver el contrato dado que ha sido recurrido por Abertis ante las discrepancias que el grupo y el Ministerio mantienen sobre los trabajadores de la compañía que deben subrogarse en los trabajos de mantenimiento.

El grupo de autopistas ha pactado ya un ERE para 136 trabajadores de las autopistas, el 45,3% de su plantilla total, los ligados a la administración y cobro del peaje.

Estas dos nuevas autopistas levantan su peaje y vuelven al Estado mientras aún sigue pendiente el debate que el Ejecutivo ahora en funciones pretendía lanzar para consensuar un modelo de financiación de la red de carreteras, que pasa por sopesar la eventual articulación de una tasa por uso en toda la red de 12.000 autovías del país, una de las más extensas de Europa.

El fin de los peajes en la AP-4 y la AP-7 enfrenta a Abertis con el Gobierno

MADRID.- Casi 500 kilómetros de peaje pasarán a ser gratuitos el próximo miércoles. Se trata del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Alicante y de la AP-4, que une Sevilla con Cádiz, que levantarán sus barreras después de 46 años de peajes. La concesión de ambas carreteras finaliza con la llegada del nuevo año y el Gobierno, al igual que hizo con la AP-1, ha decidido no renovar su concesión, recuerda hoy Abc. 

El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ya anunció al poco de llegar al cargo su intención de liberalizar estas autopistas de peaje. La primera carretera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora le toca el turno a la AP-4 y a la AP-7 y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y el tramo norte de la AP-7.  

Lo que no está tan claro es cómo se mantendrán estas vías. El Gobierno tuvo que retrasar notablemente la adjudicación del contrato de mantenimiento de la AP-1, que no se firmó hasta diez meses después de su liberalización. Una demora que ahora se repite en la AP-4 y en la AP-7.

El Ministerio de Fomento licitó hace unos meses un contrato valorado en 153 millones para adjudicar estas tareas. Sin embargo, Abertis y los sindicatos han impugnado los pliegos, dejando este servicio en el aire apenas unos días antes de que ambas autopistas se liberalicen. Fuentes cercanas al proceso explican que el foco del enfrentamiento se encuentra en el número de trabajadores que se subrogarán cuando se levanten las barreras.

Según estas mismas fuentes, Fomento garantizó a los sindicatos y a Abertis, en manos de la italiana Atlantia y ACS que recolocaría a un número determinado de trabajadores. Teniendo en cuenta estos cálculos, la concesionaria lanzó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la filial que gestiona actualmente ambas vías.

Sin embargo, finalmente en los pliegos que sacó al mercado el Ministerio de Fomento el número de trabajadores subrogados era menor. Además, el Gobierno ha dejado fuera de este particular proceso a la concesionaria, que hasta el momento se había encargado del mantenimiento de estas carreteras.

Ante esta situación, la empresa ha decidido contraatacar e impugnar los pliegos, que ya no podrán ser adjudicados antes del 1 de enero, cuando se levantarán las barreras de la infraestructura. El Gobierno tendrá que recurrir a un contrato de emergencia para que ambas autopistas cuenten con servicios de mantenimiento, y no será al menos hasta mediados del primer trimestre cuando podrá adjudicar de forma definitiva este servicio.

La impugnación de este contrato representa una nueva batalla entre el Gobierno y Abertis, que ha perdido gran parte del negocio que tenía en España por la decisión del Ejecutivo de levantar las barreras de las autopistas de peaje.

La liberalización de estas autopistas coincidirá con un nuevo incremento de las autopistas de peaje en manos del Estado, que subirán un 0,84% de media para 2020. La excepción será la AP-6, cuyo precio se incrementará un 1,69%.

La AP-4 y la AP-7 se librarán de este incremento, al igual que las autopistas «rescatadas» (las radiales de Madrid R2, R3, R4 y R5 más la M-12 que une la capital de España con Barajas, la AP-41 Madrid-Toledo, la Cartagena-Vera, Circunvalación de Alicante y la AP-36 Ocaña-La Roda) que quedarán exentas de la subida del peaje.

A principios de año, el Ejecutivo decidió rebajar un 30% el peaje de estas infraestructuras, que pasaron a ser gratuitas entre las doce de la noche y las seis de la mañana.

Fomento encarga "de urgencia" a 'Sacyr' y FCC la conservación de la autopista AP-7 a partir del 1 de enero

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha encargado a FCC, Sacyr y API, a través de "contratos de emergencia", que se encarguen del mantenimiento de los dos tramos de la autopista AP-7 y de la AP-4 Sevilla-Cádiz a partir del próximo 1 de enero, fecha en que las vías concluyen su contrato de concesión con Abertis, vuelven al Estado y eliminan el cobro de peaje.

Fomento ha tenido que recurrir a encomiendas "de emergencia" ante el recurso que Abertis, actual concesionaria de las vías y de su mantenimiento, ha interpuesto contra el contrato que el Ministerio licitó en noviembre para buscar una empresa que realizara la conservación de las autopistas a partir del próximo año.

Así, ante la imposibilidad de tener resuelto y adjudicado este contrato para Año Nuevo, el pasado 4 de diciembre Fomento resolvió encargarlo a través de contratos declarados de "emergencia", según informaron fuentes oficiales del Ministerio.

En concreto, se encomendó a Sacyr el mantenimiento del tramo de la AP-7 entre Tarragona y Valencia, y a Matisa, filial de FCC, el correspondiente al trazado de esta autopista entre Valencia y Alicante. De su lado, API Movilidad asumirá los trabajos de conservación de la AP-4 Sevilla Cádiz.

Los contratos incluyen los trabajos de demolición de las playas y casetas de peaje de las autopistas y su conservación en tanto se resuelve y entra en vigor el contrato recurrido. Abertis ha recurrido el procedimiento de contratación de las empresas que asumirán el mantenimiento de las autopistas por el desacuerdo que mantiene con el Ministerio sobre el número de trabajadores actualmente encargados de estos trabajos que deben subrogarse en el nuevo contrato. 

Según Abertis, "existen ciertas discrepancias" entre el listado de trabajadores susceptibles de subrrogarse propuesto por Fomento y el planteado por el grupo controlado por Atlantia y ACS. 

"La compañía mantiene su postura de que todas las personas propuestas al Ministerio son subrogables y, por ello, decidió impugnar los pliegos del contrato de mantenimiento", según explicaron fuentes Abertis.

Ere para el resto de trabajadores

Este grupo alcanzó recientemente un acuerdo con sus sindicatos para aplicar un expediente de regulación de empleo (ERE) para 136 trabajadores de las dos autopistas. 

Se trata del personal encargado del cobro de los peajes, alrededor del 45,3% de la plantilla total, toda vez que se esperaba que los relacionados con el mantenimiento de la infraestructura se subrogaran en el nuevo contrato de conservación que firme Fomento.

El Ministerio logró 'luz verde' del Consejo de Ministros en agosto para sacar a concurso las labores de conservación de estas dos autopistas que vuelven al Estado, un trabajo estimado en 153 millones de euros. 

Se trata de la segunda ocasión en que dos vías de pago revertirán al Estado y dejarán de cobrar peaje por concluir su contrato de concesión, después de que hace justo un año ya ocurriera en el caso de la AP-1 Burgos-Armiñón. 

En ese caso, Fomento acordó con Itínere, la concesionaria de la vía, que se siguiera encargando de su mantenimiento hasta que se resolvió el nuevo contrato, dado que se licitó con una ajustada antelación.

El Gobierno da los primeros pasos para la liberalización de la AP-7

VALENCIA.- Primeros pasos para la liberalización del peaje de la AP-7, explotada en la actualidad por Abertis y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre. El Consejo de Ministros tiene previsto sacar adelante este viernes la licitación de cuatro contratos de servicios para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la autopista entre Salou (Tarragona) y Alicante por valor estimado de 129,17 millones de euros, según publica hoy valenciaplaza.com.

Unas licitaciones para las operaciones de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en los sectores de Tarragona, Castellón, Valencia y Alicante, que suponen el principio del fin de la concesión. 

El objetivo es conseguir a los contratistas antes de la reversión al Estado de la gestión de este tramo de autopista, según detallan a este diario fuentes del Ministerio de Fomento. Unos contratos que incluyen la subrogación del personal que realiza las labores de conservación actualmente en la autopista. 

"Ese es nuestro compromiso", subrayan desde el departamento que dirige José Luis Ábalos.

Entre las actuaciones previstas están los trabajos de servicios de comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes, mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica, alumbrado, señalización variable y semaforización.

Además, se incluyen las labores de inventarios y reconocimientos de estado, agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera, programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de accidentalidad e informes de seguridad vial. 

También contemplan trabajos de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su cargo.

Por sectores, el valor estimado del contrato para la explotación del tramo de Tarragona, desde el punto kilométrico 258+500 al 346+800, es de 29,83 millones de euros, mientras que asciende a 36,71 millones de euros en Castellón desde el kilómetro 346+800 al 471+000. 

A su paso por Valencia, desde el kilómetro 532+000 al 608+600, el valor estimado es de 28,75 millones de euros frente a los 33,88 millones previstos para el sector de carreteras número tres en Alicante que incluye no sólo la Ap-7, desde el kilómetro 608+600 al 678+950, sino también varios tramos de la N-332.

Liberalización de la AP-7 

A medida que se aproximaba el fin de la concesión se ha generado un debate con partidarios y detractores en torno a si la gestión pública será lo más conveniente por el posible impacto que podría conllevar tanto a nivel económico como medioambiental. 

Su principal defensor ha sido el propio ministro Ábalos que poco tiempo después de acceder al cargo en 2018 se comprometió con la recuperación de esta autopista por parte del Estado, una hoja de ruta en sintonía con la del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien se ha mostrado tajante respecto a la gratuidad de esta vía que actualmente gestiona Abertis, grupo actualmente controlado por ACS y su socio italiano Atlantia, y por la que circulan cada día de media 20.071 conductores en el tramo entre Tarragona y València y 19.205 en el trayecto Valencia-Alicante.

No obstante, desde algunos sectores se ha puesto la voz de alarma sobre las implicaciones que esta decisión tanto por el coste económico como a nivel medioambiental y social. 

Según un estudio publicado por EuroRAP, liberalizar la autopista del Mediterráneo generará un déficit de más de 300 millones de euros en el periodo 2020-2030. 

También el Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) advertía del aumento del tráfico en casi 20.000 vehículos más en 2030. Sin embargo, reconocía que se trata de una demanda social que genera un agravio comparativo frente a otras autonomías con autopistas totalmente gratuitas.

Ante este escenario, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana proponía un "peaje blando" para destinar los recursos al mantenimiento de la infraestructura, mientras que desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), han planteado un impuesto anual a los vehículos, conocido como la 'viñeta', como el que tienen en Suiza cuyas autopistas son gratuitas y se paga 35 euros por vehículo al año para el mantenimiento de las infraestructuras de ese tipo.

El Supremo evita que el Estado pague 1.500 millones a concesionarias de autopistas como la Alicante-Cartagena

MADRID.- El Tribunal Supremo ha decidido en dos sentencias que el Estado no tiene que abonar a las empresas concesionarias de autopistas Aumar y Ausur cerca de 1.500 millones de euros en concepto de "reequilibrio económico-financiero e indemnización por daños y perjuicios".

Las compañías habían solicitado sendas indemnizaciones, de 785 millones de euros en el caso de Aumar, que gestionaba tres tramos de autopistas de peaje, Tarragona-Valencia (AP-7 Norte); Valencia-Alicante (AP-7 Sur) y Sevilla-Cádiz (AP-4).

Ausur, que desde 1998 explotaba la autopista del Sureste (Alicante-Cartagena), reclamaba 748,9 millones de euros.

En ambos casos, las concesionarias alegaban que se había producido una "ruptura de la ecuación financiera del contrato", después de que se construyera una autovía paralela, funcionalmente equivalente a las que ellos gestionan y libre de peajes, lo que provocó una disminución de sus ingresos.

Pero la sala de lo contencioso administrativo considera que "en más de cuarenta años de explotación, la concesionaria no puede pensar ni pretender que las infraestructuras viarias en el entorno de sus 500 kilómetros de autopistas continúen sin desdoblarse y sin cinturones viarios que rodeen las ciudades".

En su opinión, pretender la "petrificación" de la red viaria próxima a sus autopistas de peaje desde el otorgamiento de las concesión, "a principios de los años 70 del siglo pasado", es algo "al menos, llamativo como argumento".

El alto tribunal destaca que no ha existido ninguna actuación de la Administración del Estado, "al margen de su normal y correcta actividad de mejora de la red viaria", que haya podido ocasionar a las concesionarias "consecuencias onerosas", de ahí que no sea necesaria la indemnización.

El Estado, prosigue la sentencia, ha actuado "en interés de los ciudadanos", al mejorar las infraestructuras viarias próximas a las autopistas, lo que constituye "un deber de la Administración; lo anómalo sería que durante cuarenta años no se procediese a mejorar la red viaria".

Podemos plantea no renovar las concesiones de las autopistas de peaje

MADRID.- Podemos ha incluido en su programa para las elecciones del día 28 una propuesta para que no sean renovadas las concesiones a las autopistas de peaje cuando lleguen a su vencimiento las que estén en vigor.

Así figura en el penúltimo de los 264 puntos del programa electoral de Podemos -que concurrirá en coalición con Equo e IU en la candidatura Unidas Podemos-, dado a conocer este viernes, en el que se propone que las autopistas que ahora explotan "grandes corporaciones" puedan ir incorporándose "al patrimonio común".

"Abaratándose o convirtiéndose en gratuitos" estos servicios una vez que sean públicos, indica Podemos, que añade: "Mientras tanto, se buscarán fórmulas para reducir o eliminarlos en aquellos tramos excesivamente caros o que, si se abrieran, permitirían reducir los accidentes".

El programa electoral tendrá que ser ratificado por los inscritos de Podemos en una consulta por internet que concluirá este domingo.

Otra propuesta incluida es que el Estado invierta en un plan de digitalización para Correos, para que "en combinación con otras empresas públicas, como Aena-Enaire y Adif-Renfe, sea un elemento clave de la logística en España".

La digitalización de Correos sería la forma de apostar "por un sector de reparto público con un empleo digno y estable", que "dispute espacios de mercado a las grandes corporaciones de la precaria economía de plataforma".

En el programa electoral del partido liderado por Podemos se proponen también "protecciones frente a la pobreza energética"; eliminar privilegios al "oligopolio eléctrico" -como un cargo para compensar la sobrerretribución-; no autorizar más licencias para la extracción de combustibles fósiles mediante fractura hidráulica ("fracking"), y poner fin a las centrales nucleares en 2024.

Podemos quiere una vicepresidencia del Gobierno dedicada a la transición ecológica, recuperar los 60.000 millones de euros del rescate bancario y que los VTC tengan un requisito temporal de dos horas para la precontratación de sus servicios, como forma de proteger al taxi.

Además, Podemos aspira a que el parque de vivienda pública destinada al alquiler a precio asequible aumente en 50.000 pisos al año y quiere "acabar" con las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis), por ser "mecanismos de elusión fiscal y de especulación".

También propone Podemos "poner coto a la excesiva proliferación de pisos turísticos" y prohibir los desalojos y desahucios sin alternativa habitacional.

El Gobierno autoriza aumentar el gasto para desviar camiones a la autopista AP-7

MADRID.- El Gobierno ha autorizado aumentar los compromisos de gasto para ampliar los descuentos que se ofrecen a los camioneros que se vean obligados a circular por la autopista AP-7 en vez de hacerlo por las carreteras nacionales gratuitas alternativas.

Así se establece en el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros de este viernes que amplía los límites de gasto para compensar a Aumar, firma de Abertis concesionaria de la autopista, por estos descuentos respecto al inicialmente aprobado por Real Decreto en agosto de 2018.

El objetivo del acuerdo es "ampliar el tramo en el que se aplican medidas de bonificación de peajes", según consta en las referencias del Consejo.

En virtud del Real Decreto aprobado en agosto de 2018, el Gobierno prohibió a los grandes camiones de transporte de mercancías circular por varios tramos de dos carreteras nacionales convencionales, la N-340 y la N-420, a su paso por Cataluña que pasaron a estar obligados a desviar su ruta por las autopistas paralelas AP-7 y AP-2, a cambio de rebajas de hasta un 50% en el precio del peaje.

Con esta medida se pretende mejorar la seguridad vial, rebajar la congestión y la contaminación, además de reequilibrar el tráfico entre las distintas infraestructuras, desplazando el tránsito de estos camiones de las carreteras convencionales, que soportan un "elevado tránsito de vehículos pesados", y hacia las autopistas para "maximizar" su uso, según detalló entonces el Ministerio de Fomento.

En concreto, la medida inicial afecta desde su aprobación a vehículos pesados de gran tonelaje (de cuatro o más ejes), que desde entonces no pueden circular por varios tramos de las carreteras N-340 y N-240 a su paso por Cataluña y hasta la frontera con Castellón.

Así, en estos trazados, los grandes camiones están obligados a realizar su viaje por las autopistas paralelas a los mismos, la AP-7 y la AP-2, ambas concesiones de Abertis, si bien contarán con rebajas de hasta el 50% en el precio del peaje. Fomento aporta después a la concesionaria el importe de la reducción.

Con el acuerdo adoptado hoy para auementar el gasto, el Ejecutivo podrá aumentar el número de tramos por los que los camiones tendrán prohibido circular y se verán obligados a desviarse a la autopista a cambios de estas rebajas de peaje.

Fomento reitera que la AP-7 Tarragona-Alicante levantará el peaje a fin de año

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha ratificado que las autopistas AP-7, en el tramo comprendido entre Tarragona y Alicante, y la AP-4 Sevilla-Cádiz levantarán su peaje y serán gratuitas para los conductores cuando termine este año, en concreto, a partir del 31 de diciembre de 2019.

Así lo ha reiterado el secretario general de Infraestructuras de este Departamento, Javier Izquierdo, a representantes de UGT, sindicato que le transmitió su preocupación por los 1.000 trabajadores que se emplean en estas vías, según informó en un comunicado.

Las dos autopistas concluyen en dicha fecha su actual contrato de concesión con Abertis, fecha en la que revertirán al Estado y levantarán su peaje, al igual que ya ocurrió el pasado 1 de diciembre con la AP-1 Burgos y Armiñón.

La medida se enmarca en el compromiso que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, adquirió cuando en junio de 2018 accedió al cargo, por el que aseguró que las autopistas que concluyeron su contrato de concesión en esta Legislatura volverán al Estado y dejarán de cobrar peaje.

Además de la AP-1, que ya se convirtió en la primera autopista de España en terminar su concesión y suprimir el peaje, en el caso de que se agote la actual Legislatura, el compromiso de Ábalos supondrá la vuelta al Estado y la supresión de las casetas de peaje de estas otras dos autopistas.

La futura gratuidad de estas vías, ambas gestionadas por Abertis, grupo actualmente controlado por ACS y su socio italiano Atlantia, beneficiarán la media de 20.071 conductores que cada día circulan por la AP-7 en el tramo entre Tarragona y Valencia y los 19.205 que lo hacen en el trayecto Valencia-Alicante.

En el caso de la AP-4 contabiliza unos 21.974 vehículos al día, según los datos del Ministerio de Fomento de cierre de 2018.

No obstante, en el caso de la AP-1, la supresión del peaje ha disparado el volumen de tráfico respecto al que tenía cuando era de pago.

Así, en diciembre de 2018, primer mes en el que la vía fue gratuita, su tráfico se disparó un 58,7%. En concreto, contabilizó una media de 26.516 vehículos diarios, frente a los 16.703 que registró el mes previo, el de noviembre, el último en el que cobró peaje.

La comparativa con el año anterior arroja un crecimiento del 40%, dado que en diciembre de 2017 la intensidad media diaria de tráfico de la autopista se situó en 18.899 vehículos.

En cuanto a UGT, en su reunión con el alto cargo de Fomento reclamó un plan de empleo para el sector, dado que la supresión del peaje en estas dos nuevas autopistas puede afectar "a cerca de 1.000 trabajadores". En la AP-1, Itínere, la firma que tenía su concesión, pactó un ERE para toda la plantilla de 111 empleados que tenía la vía.

En este sentido, el sindicato sugiere recolocar a todos estos trabajadores en el caso de que el Gobierno finalmente decida implantar peajes en toda la red de autovías en función de lo que, en su caso, determine al subcomisión del Congreso que debatirá sobre el futuro de la red de carreteras.

Los peajes de la autopista Alicante-Cartagena suben mañana en torno al 2,69%

MADRID.- Las tarifas de las autopistas de peaje dependientes de la Administración General del Estado subirán en torno al 1,67 % a partir de mañana, 1 de enero, ha informado hoy el Ministerio de Fomento. 


El Ministerio de Fomento, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades de Peaje, ha resuelto la actualización de las tarifas de las autopistas dependientes de la Administración General del Estado, con efectos de mañana, 1 de enero, y de acuerdo, fundamentalmente, al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC).

De esta subida están excluidas las autopistas en quiebra que han revertido al Estado y que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).

En el caso de esas nueve vías, los peajes bajan un 30 % y su uso será gratuito entre la medianoche y las 6.00 horas de la mañana.

Según la Orden Ministerial aprobada por Fomento, la subida en el resto de las autopistas oscilará entre el 1,71 % de la AP-66 Campomanes-León y el 1,65 % de la AP-7 en el tramo Estepona-Guadiaro.

Esta variación depende de la evolución del tráfico respecto al volumen previsto.

Tres autopistas (AP-7 Alicante-Cartagena, AP-9, y AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas) experimentarán una subida mayor, ya que se les añaden incrementos escalonados previstos anteriormente para financiar costes relacionados con excesos de valoración de expropiaciones, ejecución de obras o financiación de bonificaciones.

Las tarifas subirán un 2,69 % en la AP-7 Alicante-Cartagena y en la AP-46 Málaga-Alto de las Pedrizas, y un 3,51 % en la AP-9.
En la AP-7 Alicante-Cartagena, la subida anterior y la prevista por aplicación del Real Decreto 1609/2010, de 26 de noviembre supone que finalmente las tarifas variarán un 2,69%.