VALENCIA.- Primeros pasos para la liberalización del peaje de la AP-7, explotada en la actualidad por Abertis
y cuya concesión vence el próximo 31 de diciembre. El Consejo de
Ministros tiene previsto sacar adelante este viernes la licitación de
cuatro contratos de servicios para la ejecución de operaciones de
conservación y explotación en la autopista entre Salou (Tarragona) y
Alicante por valor estimado de 129,17 millones de euros, según publica hoy valenciaplaza.com.
Unas
licitaciones para las operaciones de conservación y explotación de la
Red de Carreteras del Estado en los sectores de Tarragona, Castellón,
Valencia y Alicante, que suponen el principio del fin de la concesión.
El objetivo es conseguir a los contratistas antes de la reversión al
Estado de la gestión de este tramo de autopista, según detallan a este
diario fuentes del Ministerio de Fomento. Unos contratos que incluyen la
subrogación del personal que realiza las labores de conservación
actualmente en la autopista.
"Ese es nuestro compromiso", subrayan desde
el departamento que dirige José Luis Ábalos.
Entre
las actuaciones previstas están los trabajos de servicios de
comunicaciones, servicios de vigilancia, atención a accidentes,
mantenimiento de los elementos de la carretera, mantenimiento
sistemático de las instalaciones de suministro de energía eléctrica,
alumbrado, señalización variable y semaforización.
Además,
se incluyen las labores de inventarios y reconocimientos de estado,
agenda de información de estado y funcionamiento de la carretera,
programación, coordinación, seguimiento e información de la ejecución de
los trabajos, actuaciones de apoyo a la explotación, estudios de
accidentalidad e informes de seguridad vial.
También contemplan trabajos
de desbroce, fresados y reposición del firme, limpieza de cunetas, y en
general, todas las labores de conservación ordinaria de las vías a su
cargo.
Por sectores, el valor estimado
del contrato para la explotación del tramo de Tarragona, desde el punto
kilométrico 258+500 al 346+800, es de 29,83 millones de euros, mientras
que asciende a 36,71 millones de euros en Castellón desde el kilómetro
346+800 al 471+000.
A su paso por Valencia, desde el kilómetro 532+000
al 608+600, el valor estimado es de 28,75 millones de euros frente a los
33,88 millones previstos para el sector de carreteras número tres en
Alicante que incluye no sólo la Ap-7, desde el kilómetro 608+600 al
678+950, sino también varios tramos de la N-332.
Liberalización de la AP-7
A
medida que se aproximaba el fin de la concesión se ha generado un debate
con partidarios y detractores en torno a si la gestión pública será lo
más conveniente por el posible impacto que podría conllevar tanto a
nivel económico como medioambiental.
Su principal defensor ha sido el
propio ministro Ábalos que poco tiempo después de acceder al cargo en
2018 se comprometió con la recuperación de esta autopista por parte del
Estado, una hoja de ruta en sintonía con la del presidente de la
Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien se ha mostrado
tajante respecto a la gratuidad de esta vía que actualmente gestiona
Abertis, grupo actualmente controlado por ACS y su socio italiano Atlantia,
y por la que circulan cada día de media 20.071 conductores en el tramo
entre Tarragona y València y 19.205 en el trayecto Valencia-Alicante.
No
obstante, desde algunos sectores se ha puesto la voz de alarma sobre
las implicaciones que esta decisión tanto por el coste económico como a
nivel medioambiental y social.
Según un estudio publicado por EuroRAP, liberalizar
la autopista del Mediterráneo generará un déficit de más de 300
millones de euros en el periodo 2020-2030.
También el Instituto de
Estudios Económicos de Alicante (Ineca) advertía del aumento del tráfico en casi 20.000 vehículos más en 2030. Sin embargo, reconocía que se trata de una demanda social que genera un agravio comparativo frente a otras autonomías con autopistas totalmente gratuitas.
Ante este escenario, la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana proponía un "peaje blando" para destinar los recursos al mantenimiento de la infraestructura, mientras que desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), han planteado un
impuesto anual a los vehículos, conocido como la 'viñeta', como el que
tienen en Suiza cuyas autopistas son gratuitas y se paga 35 euros por
vehículo al año para el mantenimiento de las infraestructuras de ese
tipo.
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