CARTAGENA/MURCIA.- El Tribunal Constitucional obliga
al PP y Cs a modificar la Ley de Aceleración Empresarial aprobada el 18
de octubre en la Asamblea Regional. El TC estima parcialmente el recurso interpuesto por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en
el Congreso de los Diputados, anulando la prima de edificabilidad a
hoteles, por un lado, y estableciendo la obligatoriedad de evaluación de
impacto ambiental de determinadas normas urbanísticas, por otro.
Los servicios jurídicos de la Cámara ya alertaron de la existencia de deficiencias en esta ley, a pesar de lo cual la misma fue aprobada por PP y Ciudadanos. Desde Podemos Región de Murcia, María Marín ha señalado que "no se pueden conceder licencias provisionales a las actividades que ya están funcionando sin licencia si no existe aprobada una normativa de planeamiento básico. Las actividades no pueden estar por encima de la protección del Medio Ambiente".
Igualmente, Marín ha destacado que "el varapalo que ha sufrido el PP y la Croem supone un éxito, ya que es la primera vez que se pone coto a su omnipotente poder político y económico en la Región de Murcia. Ni siquiera ellos están por encima de la ley. La victoria de Podemos en los tribunales demuestra nuevamente que no nos vamos a dejar avasallar por quienes creen que la Región es suya y que tienen patente de corso para aprobar medidas que favorezcan a sus amistades en detrimento del resto de ciudadanos y ciudadanas".
Por su parte, el diputado Rafael Esteban ha declarado que "las empresas incumplidoras, no podrá considerar una licencia provisional como un derecho adquirido, y si un plan urbanístico definitivo determina que conculcan normas medioambientales de uso de suelo u otras, podrá no conceder la licencia de actividad y adoptar las medidas oportunas para restablecer la legalidad".
Aunque la Ley de Aceleracion Empresarial no podrá ser aprobada tal y como la redactaron PP y Cs en la Asamblea, la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha considerado que el fallo del Tribunal Constitucional supone un "triunfo" de esa norma, puesto que apenas se han modificado algunos de sus preceptos.
Los servicios jurídicos de la Cámara ya alertaron de la existencia de deficiencias en esta ley, a pesar de lo cual la misma fue aprobada por PP y Ciudadanos. Desde Podemos Región de Murcia, María Marín ha señalado que "no se pueden conceder licencias provisionales a las actividades que ya están funcionando sin licencia si no existe aprobada una normativa de planeamiento básico. Las actividades no pueden estar por encima de la protección del Medio Ambiente".
Igualmente, Marín ha destacado que "el varapalo que ha sufrido el PP y la Croem supone un éxito, ya que es la primera vez que se pone coto a su omnipotente poder político y económico en la Región de Murcia. Ni siquiera ellos están por encima de la ley. La victoria de Podemos en los tribunales demuestra nuevamente que no nos vamos a dejar avasallar por quienes creen que la Región es suya y que tienen patente de corso para aprobar medidas que favorezcan a sus amistades en detrimento del resto de ciudadanos y ciudadanas".
Por su parte, el diputado Rafael Esteban ha declarado que "las empresas incumplidoras, no podrá considerar una licencia provisional como un derecho adquirido, y si un plan urbanístico definitivo determina que conculcan normas medioambientales de uso de suelo u otras, podrá no conceder la licencia de actividad y adoptar las medidas oportunas para restablecer la legalidad".
Aunque la Ley de Aceleracion Empresarial no podrá ser aprobada tal y como la redactaron PP y Cs en la Asamblea, la portavoz del Gobierno murciano, Ana Martínez Vidal, ha considerado que el fallo del Tribunal Constitucional supone un "triunfo" de esa norma, puesto que apenas se han modificado algunos de sus preceptos.
Así, ha señalado durante la rueda de prensa posterior al
Consejo de Gobierno, de los 37 artículos y 7 disposiciones adicionales
que tiene la ley, el Constitucional solo ha "matizado" algunos preceptos del artículo 9, por lo que en su opinión, el alto tribunal ha venido a avalar la norma.
En la misma línea, la diputada regional Valle Miguélez ha celebrado hoy que el Tribunal Constitucional rechace "el argumento de la anulación en su integridad que había esgrimido Podemos en su recurso".
En la misma línea, la diputada regional Valle Miguélez ha celebrado hoy que el Tribunal Constitucional rechace "el argumento de la anulación en su integridad que había esgrimido Podemos en su recurso".
Miguélez considera que la decisión del Tribunal Constitucional "avala el mecanismo propuesto por la ley",
aprobada el pasado 18 de octubre en el Hemiciclo con los votos a favor
de la formación naranja y el PP. "Es una norma necesaria, que nos va a
permitir sacar de un limbo legal a cerca de 20.000 empresas con más de
50.000 trabajadores", ha destacado la parlamentaria.
Sobre las anulaciones que el TC ha establecido, la diputada también considera que "son básicamente cuestiones mínimas de deslinde de competencias entre Estado y Comunidad Autónoma, pero en ningún caso se cuestiona el espíritu y los objetivos de la ley". El Constitucional "solo anula algunos incisos en dos preceptos muy localizados, en concreto sobre los incentivos a la renovación del parque hotelero y las evaluaciones ambientales y las normas transitorias urbanísticas".
Sin embargo, este último punto fue uno en los que más incidió el exsecretario general de Podemos, Óscar Urralburu, cuando admitieron a trámite el recurso en marzo de este año. La Ley de Aceleración dejaba la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, "algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra".
El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, que redactó el recurso, se mostraba sorprendido en redes sociales por las reacciones que ha provocado esta sentencia del TC en las instituciones murcianas afectadas por esta medida: "Esta Región vive una realidad paralela".
Sobre las anulaciones que el TC ha establecido, la diputada también considera que "son básicamente cuestiones mínimas de deslinde de competencias entre Estado y Comunidad Autónoma, pero en ningún caso se cuestiona el espíritu y los objetivos de la ley". El Constitucional "solo anula algunos incisos en dos preceptos muy localizados, en concreto sobre los incentivos a la renovación del parque hotelero y las evaluaciones ambientales y las normas transitorias urbanísticas".
Sin embargo, este último punto fue uno en los que más incidió el exsecretario general de Podemos, Óscar Urralburu, cuando admitieron a trámite el recurso en marzo de este año. La Ley de Aceleración dejaba la puerta para que las actuaciones de las empresas que solicitan informes de impacto puedan proseguir incluso durante la tramitación del expediente, "algo absolutamente contrario al carácter preventivo de los mismos. Nos preguntamos cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza que mientras se tramita un expediente se permita a una empresa contaminar el aire, el agua o la tierra".
El concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Maciá, que redactó el recurso, se mostraba sorprendido en redes sociales por las reacciones que ha provocado esta sentencia del TC en las instituciones murcianas afectadas por esta medida: "Esta Región vive una realidad paralela".
Él, al igual que el Gobierno regional, también se
siente satisfecho por la sentencia.
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