CARTAGENA.- Ciudadanos ha retirado la Ley de Buen
Gobierno presentada el pasado mes de julio en la Asamblea Regional para
luchar contra la corrupción. Fuentes de la formación naranja han
explicado que una de las razones de la retirada es incluir en la
propuesta legislativa la regulación de los 'lobbies', con el objetivo de
que la actuación de los grupos de presión tenga que someterse a las
pautas establecidas.
Según
explicó el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el pasado mes de julio,
cuando se presentó la Ley de Buen Gobierno en la Asamblea Regional, el
texto legislativo suponía «una actualización y ampliación decisiva y
ambiciosa de la actual Ley de Transparencia. «Contempla la protección
para los funcionarios y ciudadanos que denuncien comportamientos
irregulares o corruptos en el seno de las administraciones públicas.
Además, amplía a las administraciones locales las obligaciones de
transparencia y garantiza la independencia y autonomía del órgano
encargado de velar por el cumplimiento de la normativa», según avanzó CS
hace dos meses.
Fuentes de Cs han explicado que la
formación naranja ha retirado ahora la proposición de ley con el
objetivo de añadirle la regulación de los 'lobbies'. Esta normativa
obligaría a crear un registro en el que tendrían que inscribirse los
grupos de presión que pretendan relacionarse con la Administración
regional y los órganos de la Comunidad Autónoma.
Juan
José Molina, portavoz del Grupo Parlamenario, ha destacado que esta
modificación "solucionará las deficiencias de la vigente ley de
Transparencia y Participación Ciudadana autonómica y, muy especialmente,
la imposibiidad actual en los ayuntamientos de presentar una
reclamación de derecho de acceso ante el Consejo de la Transparencia".
El
portavoz naranja también ha adelantado que el remozado proyecto sumará
modificaciones en el régimen del Estatuto del Alto Cargo, que data de
1994, "para adaptarlo a la legislación actual y a los nuevos tiempos, ya
que su contenido ha quedado ciertamente superado".
En este sentido, el
nuevo texto potenciará "la redacción de las incompatibilidades y el
régimen de conflictos de intereses de los altos cargos".
"Nuestro
objetivo con esta futura ley es potenciar y consolidar la ética y la
integridad pública", ha añadido Molina, quien considera que su fin
último "es someter la actuación de los representantes públicos a pautas
no solo jurídicas, sino también morales y éticas".
Entre
otras novedades, el portavoz liberal ha adelantado que la nueva
legislación contendrá la regulación de los grupos de interés y presión
-los conocidos como 'lobbies'-, así como la puesta en marcha de un
registro de estos grupos.
"Es una medida de regeneración democrática que
pretende prevenir e informar de su influencia en el diseño y ejecución
de las políticas públicas y la toma de decisiones de la Administración
pública", ha añadido Molina.
Por
otra parte, Cs ha retirado también la moción a la Ley del Estatuto del
Presidente de 2004, en la que proponía ampliar a los consejeros la
limitación que impide al jefe del Ejecutivo regional permanecer más de
ocho años en el cargo.
Esta
propuesta instaba al Gobierno murciano a modificar la ley que regula la
figura del jefe del Ejecutivo para extender la limitación de mandatos a
los miembros del Consejo de Gobierno que introdujo Alberto Garre cuando
era presidente de la Comunidad Autónoma.
Cs
pretende que la redacción definitiva establezca un plazo máximo de ocho
años en lugar de establecer dos mandatos, dado que el nombramiento de
los consejeros no siempre coincide con el inicio y la terminación de las
legislaturas. De esta forma, los miembros del Gobierno podrían
permanecer en el cargo más de dos legislaturas, si son incompletas.
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